Seguirlo intentando

En días recientes concluyó para mí un proceso sumamente intenso y de gran aprendizaje (de cosas buenas y malas). Con la legitimidad que me da el mejor título de todos, el ser ciudadano, aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

No entraré en los motivos de la decisión. En buena medida son públicos y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones y, en su caso, si así lo deciden, exigirle a quien corresponda pagar el costo político de dicha decisión.

Quisiera centrarme más bien en una reflexión personal a la que me ha llevado todo esto y que tiene más que ver con el desánimo que una cosa de estas puede producir en cualquier ciudadano de bien, que sueña y aspira a tener un país mejor. Es una reflexión personal a partir, precisamente, del desánimo que me invadió –que todavía por momentos me invade– por el resultado final de este proceso.

…aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

Fui propuesto a ese cargo, porque resulté vencedor en una especie de concurso público y transparente para seleccionar al mejor aspirante. Un concurso público en el que un comité plural, técnico, evaluó los méritos de cada aspirante, el plan de trabajo y su postura respecto de diversas problemáticas relacionadas con derechos humanos y/o el trabajo de la Comisión.

Al resultar vencedor en ese proceso, un amigo posteo algo en Facebook en el sentido que por fin había triunfado la meritocracia en el acceso a la función pública. Ojalá al final hubiera tenido razón. Faltaba, sin embargo, la ratificación por parte del Congreso y ahí, desafortunadamente, no son los méritos, las capacidades, los planes de trabajo, sino muchos otros factores políticos los que determinan si te dan su apoyo o no.

Ante ello, el panorama para cualquier ciudadano que aspira legítimamente a participar en la función pública se vuelve sumamente gris. En muchos ámbitos del sector público no importa cuan preparado estés, no importa que tan buenas ideas tengas, no importa todo el interés que tengas en cambiar las cosas, en hacerlas mejor, en erradicar los enraizados males del sector público. Para muchos de quienes deciden si accedes o no a una determinado puesto público esas más que cualidades, son defectos, riesgos que hay que evitar a cualquier costa. Y se valen de todo para hacerlo: amenazan, hablan mal de ti, te inventan cosas, utilizan medios de comunicación a modo, cualquier cosa que sirva para evitar que un ciudadano de esas características acceda a la función pública.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia.

La segunda opción es seguirlo intentando. Seguir aprovechando cada ventana que se nos abra a los ciudadanos para participar en el ámbito público, seguir insistiendo en que los principales requisitos de ingreso al sector público deben ser el mérito, la capacidad y la honestidad. Seguir exigiendo nuestra liberación del secuestro de lo público del que somos víctimas.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia. La segunda opción es seguirlo intentando.

Lo que he podido reflexionar en estos días, después de esta experiencia, es que si optamos por la primera opción, todo esta perdido, nada cambiará y todo irá a peor. En cambio, el optar por la segunda opción no solo implica mantener la esperanza, implica también elevar cada vez más el costo político de bloquear a los buenos ciudadanos que quieren contribuir con su trabajo a tener un mejor país, implica vender cada vez más cara la derrota, implica que el día en que termine efectivamente triunfando la meritocracia estará más cerca. Al final es una guerra de resistencia, que termina ganando quien se mantiene en pie después de muchas batallas.

Desde luego cada quien es libre de optar por una u otra. Yo he decidido optar por la segunda. Por mí, por Eugenia, Eduardo y el resto de mi familia, por Cecilia, Andrés, Juan Jesús, Gerardo, Gaby, Carlos y todos los demás amigos que me han brindado su apoyo y su aliento para seguir adelante. Porque quiero un mejor país y porque no estoy dispuesto a seguir siendo cómplice de su desmoronamiento.

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Dimes y Diretes: “Estado paralizado”

El “no” del día de ayer por parte de los diputados locales a la designación de Eduardo Román como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no es sólo el rechazo del primer ciudadano que iba a presidir la CEDH, es también una muestra del peligro que corre el Estado de quedarse paralizado por la pelea constante entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.

Dejemos algo en claro: ni el Gobierno de “el Bronco” ni en Congreso se quieren. ¿Quién es de culpar? Los dos lados se tienen que culpar, porque la verdad no están haciendo su chamba de negociar uno con otro.

Dejemos algo en claro: ni el Gobierno de “el Bronco” ni en Congreso se quieren. ¿Quién es de culpar? Los dos lados se tienen que culpar, porque la verdad no están haciendo su chamba de negociar uno con otro y simplemente solo están viendo como se grillean y destruyen la imagen del otro.

Pero a los que totalmente no se les da gusto con nada es a los líderes de las bancadas de PRI y PAN, pues parece que ya es su labor que cada cosa que propone el gobierno estatal, lo tienen que tirar. Vamos a hacer un recuento breve de los últimos días:

A los que totalmente no se les da gusto con nada es a los líderes de las bancadas de PRI y PAN, pues parece que ya es su labor que cada cosa que propone el gobierno estatal, lo tienen que tirar.

1. Cuando “el Bronco” propuso simplificar el aparato gubernamental y fusionar algunas secretarías con otras, ¿qué dijeron los coordinadores? Que seguramente “el Bronco” estaba haciendo todo para que haya mas corrupción y que había algo que el gobierno estatal estaba ocultando. Nos hubiera gustado que Marco González hubiera dicho eso cuando trabajaba con su compadre Rodrigo Medina.

2. Cuando se anunció que por fin se investigará el caso de KIA, caso que interpuso SEDEC hace unos meses ante la Fiscalía Anticorrupción, salió Arturo “la Manzanita” Salinas a decir que lo único que estaba haciendo el gobierno era asustar a la inversión extranjera. Apuesto mucho dinero a que si Felipe de Jesús Cantú hubiera hecho lo mismo, “Manzanita” andaría aplaudiéndole y presumiendo.

La última ya la dije, el rechazo a la propuesta del gobierno estatal para que Eduardo Román presida la CEDH. Qué lastima que no sea Román el que la presida, que tal vez en algún momento se prestó para que sucediera esto, puede ser, pero esa situación no debió haber afectado su designación, debido que es una persona que cumplía con el perfil.

¿Habrá consecuencias a esta acción de los diputados? Ya lo veremos más adelante.

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Comentario Aclaratorio a Javier Náñez Pro

El día de ayer (jueves) se publicó en esta misma página, una colaboración de Javier Náñez Pro referente a “Lo sucedido en el Congreso ante la visita de Manuel González”. No es la primera vez que el Coordinador Jurídico de la Consejería Jurídica del Gobernador se dirige a otras personas de una manera soez y políticamente incorrecta.

En sus redes sociales (Facebook específicamente) ha mencionado que Donald Trump es un “simio”, acusa a los Senadores de la República de “exhibirse” al criticar la crisis del penal de Topo Chico, hasta los Organismos No Gubernamentales se han llevado su tajada de negativismo por declaraciones, pero como dicen por ahí “La actitud descalifica el argumento”.

Pero bueno, regresemos al punto central. El procedimiento para elegir al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), se dio de manera ciudadana al invitar a Universidades (ITESM, UANL, UDEM, U-ERRE, Universidad Metropolitana, Facultad Libre de Derecho), la asociación civil Visión DH y funcionarios estatales. Los 15 candidatos comparecieron durante 15 minutos ante la presencia de los asistentes en el Salón Rojo. Así, se obtuvieron los tres candidatos finalistas sobresalientes que son Eduardo Román González, Magda Yadira Robles y Sofía Velasco Becerra.

El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón enviaría la propuesta al Congreso del Estado el 15 de enero de 2016, junto a los vetos a la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Antitabaco. Cabe mencionar que el Congreso Estatal se encontraba en receso y su segundo periodo ordinario de sesiones iniciaría hasta el 1ro de Febrero.

Tampoco es por defender a los Diputados Locales, que suficiente chamba tienen. Pero lo que hizo el Secretario Manuel González, incluso el video de 55 segundos que subieron a facebook (Por si no lo vieron: https://www.facebook.com/jnpro/posts/1102779819741200?ref=notif&notif_t=like) es una intromisión a las labores del ejercicio legislativo, decir que “solicitamos estar ausentes hasta que toquen el tema por el cual estamos aquí” y los Diputados al afirmar que son sesiones públicas, González asegura que “no queremos estar, no nos puedes obligar (risas)” porque no se va a tratar su asunto inmediatamente, hasta el tercer tema. Y que no me diga el joven Javier N.Pro que Manuel González “realizó sus planteamientos de la forma más cortés, civilizada y cordialmente posible”, porque si me llegan a hacer eso en mi lugar de trabajo es una forma grosera e irrespetuosa de interrumpir mis actividades laborales ¿o no, señores Diputados?
La manera de hacer grilla de este joven jurista es decir “no quisiera especular… aunque una diputada dice” y con los usos y costumbres de su jefe “El Bronco” de preguntar la opinión de solo lo que les conviene: gasto en comunicación social, predial, policías municipales y hasta la ¡eliminación de visa para ir a Canadá! Esto es grilla, grilla y más grilla.

Náñez Pro finaliza echándoles la culpa a los legisladores por “polemizar el tema” y desprestigiar la legislatura y el retraso legislativo. Pero me permito aclararle que durante esta Legislatura se ha tratado de reducir el rezago legislativo, sobre todo en el tema de las Cuentas públicas que pueden ser hasta de 2006. Así que hay que ser más objetivos a la hora de criticar y empezar a repartir culpas.

Efectivamente, existe una crisis de Derechos Humanos, sobre todo con la situación del Penal de Topo Chico que ocurrió hace unos días. Pero esto no se soluciona aventándole la bolita a los diputados o al Gobierno Federal, porque durante los últimos 100 días de gobierno es lo que han hecho, decir que la culpa es de alguien más y no propiamente de Gobierno del Estado y de los ciegos que se niegan a ver la situación real, de creer que todo es por atacarlos y que están a la defensiva.

Me sorprende que el Lic. Homero Cantú Ochoa se preste a estos “teatritos” y que el Dr. Eduardo Román González busque el respaldo de los funcionarios estatales cuando se “supone” que la actuación de la CEDHNL debe estar desligada del Ejecutivo Estatal.
Solo para recordarles: ¡Señores, ya no están en campaña! Pónganse a trabajar.

Derechos en pausa: el nombramiento de la presidencia de la CEDH

Hace unos días recibí un mensaje de un grupo de Whatssap en el que una compañera de la Universidad preguntaba si Eduardo Román era ya el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Muchos de mis colegas y ex compañeros de la licenciatura pronto respondieron “creo que sí” “lo nombraron desde hace mucho” “me parece que sí”, entre otras afirmaciones similares.

Y claro, sus respuestas parecían bastante lógicas en el entendimiento de que hace más de un mes Román resultó victorioso como primer candidato a la presidencia elegido por la academia y la sociedad civil. Habiendo transcurrido tanto tiempo y sin tener noticias de lo contrario, asumo que mis compañeros no fueron los únicos que llegaron a pensar que el Congreso le habría dado prioridad al tema y que, seguramente, la CEDH ya contaba con nuevo dirigente.

Sin embargo, el caso es muy distinto y aún no está claro el panorama sobre el futuro de la Comisión.

Para poner un poco en contexto a quien no está familiarizado con el tema, profundizaré en algunos puntos:

El proceso

Para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se lleva a cabo un proceso idéntico al establecido para la designación de Magistrados. Éste, se encuentra descrito en la Constitución del Estado en el artículo 99.
Explicado de manera muy sencilla, el Poder Ejecutivo manda al Congreso local una propuesta para ocupar el puesto. La candidata o el candidato deberán comparecer ante los diputados y para el nombramiento, deberán contar con una aprobación de dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

Si el Congreso decide rechazar o abstenerse de resolver la propuesta, o bien, no reúne la votación necesaria, el Ejecutivo mandaría una segunda opción para someterse a consideración de los diputados. Si la segunda opción vuelve a ser rechazada, el Ejecutivo podrá designar de manera directa a una tercera opción, que deberá ser distinta a las anteriormente propuestas.

Transparencia y Participación Ciudadana

El 16 de diciembre de 2015, el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, inició con este proceso de designación lanzando una convocatoria abierta para atraer los perfiles de quienes estuvieran interesados en fungir como titulares de la CEDH. Una acción congruente con el discurso de transparencia y gobierno abierto que ha manejado el gobernador independiente desde su campaña.

Adicionalmente, se realizaron dos ejercicios de comparecencias, en donde 15 interesadas e interesados expusieron ante académicos y representantes de la sociedad civil, sus propuestas y motivaciones para ocupar el cargo.

El 12 de enero de 2016, se dieron a conocer las tres mejores opciones elegidas por el jurado: Eduardo Román González, Magda Yadira Robles Garza y Sofía Velasco Becerra. Las propuestas se mandarían en este orden para ser avalados por el Congreso del Estado de Nuevo León.

La polémica

1.Los tiempos

El artículo 99 de la Constitución establece que el Congreso del Estado deberá votar el nombramiento del titular de la Comisión, cinco días después de su comparecencia y, de no estar sesionando en periodo ordinario, convocar a una reunión de carácter extraordinario.

Sin embargo, esta comparecencia ni si quiera se ha llevado a cabo, después de más de un mes de que el Ejecutivo propusiera a Eduardo Román para el puesto.

Incluso, a pesar de que los mismos legisladores establecieron en su Agenda Mínima para el primer periodo de su legislatura desahogar el nombramiento de la presidenta o el presidente para la Comisión (periodo que concluyó en diciembre). Lo cual puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/1oul9De

Esta semana, el secretario de Gobierno, Manuel González, fue personalmente al Congreso a solicitar la atención necesaria al nombramiento. Por su parte, los diputados miembros de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública declararon que el funcionario interrumpió la sesión y “atropelló la autonomía de poderes”. Se dice que este hecho entorpecerá aún más el proceso ya estancado.

2.Cambios legislativos

El 19 de diciembre de 2015, el Congreso local aprobó en primera vuelta una reforma a la Constitución Estatal para modificar el proceso de designación del ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La reforma presentada por la panista Eva Margarita Gómez Tamez abstrae la Facultad del Poder Ejecutivo para realizar esta tarea.

Personalmente, considero que la iniciativa del PAN es congruente con el proceso que se sigue para el nombramiento quien ocupa la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que tiene que ser una propuesta que prospere en nuestro Estado.

Estos cambios seguramente serán positivos para los futuros procesos, sin embargo, el tema del nombramiento de un titular para la Comisión de la que hablamos, merece la prioridad de los legisladores respetando el proceso que ya dio inicio desde diciembre del año pasado, días antes de que se sometiera a discusión esta Iniciativa en Pleno.

Sobre todo, es estrictamente necesario que se atienda la coyuntura actual, golpeada por los recientes hechos presentados en el Penal del Topo Chico. Una Comisión que atiende dicha investigación no puede ni debe quedar acéfala mientras se resuelve la lucha de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Además, aunque el actual proceso no es el óptimo, sí se debe de reconocer el esfuerzo del Poder Ejecutivo por realizar un ejercicio distinto y sin precedentes de manera transparente y en completa colaboración con la ciudadanía, dándoles voz y voto para el impulso de propuestas.

Aunado a esto, considero que la terna de finalistas propuestos por la ciudadanía y enviados por el Ejecutivo está consolidada por perfiles que cuentan con una trayectoria profesional sólida, y , sobre todo, que han demostrado poseer un fuerte compromiso con el tema de los derechos humanos.

Por lo que uno se pregunta ¿qué es lo que está deteniendo el proceso?

Como ciudadana, me uno a las voces que han externado su preocupación por el estancamiento de esta designación de tanta relevancia para nuestro Estado.

Lo sucedido en el Congreso ante la visita de Manuel González

Doblemente mal quedaron los diputados del Congreso de Nuevo León a raíz de la visita del Secretario General de Gobierno al recinto parlamentario el lunes de esta semana.

Como expuse en columnas pasadas, se llevó a cabo el primer procedimiento abierto, ciudadano y transparente para elegir la propuesta que el Ejecutivo habría de enviar al Congreso para definir a la próxima persona a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), mismo en el que participaron como mayoría absoluta universidades del área metropolitana de Monterrey y una organización de la sociedad civil, frente a una minoría en representación del Gobierno del Estado. Al haber sido el ganador del procedimiento de selección, la propuesta del Dr. Eduardo Román como titular de dicha dependencia por parte del Ejecutivo se realizó el día 15 de enero del presente año, mientras el Congreso se encontraba en uno de los dos periodos de receso que tienen de manera anual.

Dicho imperativo constitucional nunca se cumplió, y llegó a terminarse el receso y entrar al periodo ordinario sin que siquiera se le diera trámite al asunto.

Al respecto, es de destacarse lo que establece el artículo 99 de la Constitución del Estado de Nuevo León sobre el momento en que se hace la propuesta del Titular de la CEDH: “(…) Si el Congreso no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones”. Dicho imperativo constitucional nunca se cumplió, y llegó a terminarse el receso y entrar al periodo ordinario sin que siquiera se le diera trámite al asunto.

Por razones que no quisiera especular ante carencia de pruebas (aunque una diputada dice que el retraso fue causado por diputados del PAN), llegó a pasar todo un mes desde la presentación de la propuesta sin que llamaran a comparecer al candidato, en una completa violación por omisión en modalidad de tracto sucesivo de los dispositivos constitucionales, ante lo cual el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, en compañía de funcionarios públicos de la dependencia a su cargo, optó por acudir al Congreso a solicitar un pronunciamiento formal por parte de los diputados acerca de la propuesta, pues era inminente la necesidad de contar con un Titular de la CEDH para colaborar en la restauración penitenciaria que el Gobernador ha puesto en marcha en Nuevo León.

Ante esta visita, algunos diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acusaron públicamente al Secretario de “irrumpir en la sesión” que estaba desarrollándose, de “atropellar la autonomía de los poderes”, y hasta le llamaron “troglodita”. En pocas palabras, los diputados desviaron la atención de su retraso injustificado rasgándose las vestiduras casi como si hubieran entrado personas armadas a amenazarlos.

Ante esta visita, algunos diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acusaron públicamente al Secretario de “irrumpir en la sesión” que estaba desarrollándose, de “atropellar la autonomía de los poderes”, y hasta le llamaron “troglodita”.

Sorpresa la que se llevaron cuando en las redes sociales del Secretario (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1102779819741200?ref=notif¬if_t=like) se publicó un video del suceso en donde los mismos diputados dicen que es un honor recibirlo, lo saludan de beso, abrazo y hasta le abren la puerta del cuarto en donde desarrollaban la sesión para que exponga sus ideas, lo cual puso en evidencia que además de ser indubitablemente invitado a la sesión, realizó sus planteamientos de la forma más cortés, civilizada y cordialmente posible.

Por culpa de los legisladores que polemizaron el tema, vuelve a desprestigiarse la legislatura al quedar exhibido un importante retraso legislativo y por quienes se rasgaron las vestiduras, disminuye la confianza ciudadana en los diputados partidistas que ya de por sí, están muy desprestigiados.

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Transparencia e información como garantía democrática: El procedimiento para la CEDHNL

El próximo 1° de febrero, el Congreso del Estado iniciará el segundo período ordinario de su primer año legislativo. Entre otros pendientes de la agenda legislativa se encuentra la designación de la persona que deberá fungir por los próximos cuatro años como titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

Estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

El 14 de enero pasado, el Ejecutivo estatal remitió al Congreso su primera opción como propuesta: el profesor Eduardo Román González. En segunda posición, está la también profesora universitaria Magda Yadira Robles y, como tercer lugar, la actual consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral, Sofía Velasco. Aunque por razones profesionales estimo que el mejor perfil es justamente el del profesor Román, estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

Tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

Afirmo que el resultado del procedimiento no solamente es constitucionalmente sólido, sino, además, y tal vez más importante aún, que el resultado de dicho procedimiento; por primera vez en la historia de la integración del organismo protector de derechos humanos en nuestro estado, se ha permitido que todas las personas antes referidas sean una garantía de seriedad, conocimiento, profesionalismo y honradez en la encomienda de presidir la CEDHNL. En otras palabras, sostengo que tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

En efecto, conforme a modelos de democracia participativa o de autonomía democrática, una de sus características fundamentales es un sistema abierto de información con el fin de garantizar decisiones informadas acerca de todas las cuestiones públicas (Held, Modelos de democracia, 1992). Pues bien, el procedimiento delineado en la convocatoria publicada el 16 de diciembre pasado, así como su implementación y posteriores decisiones, fue transparente y permitió, notablemente, que las personas contáramos con información relevante del perfil, trayectoria, plan de trabajo y habilidades de los aspirantes registrados. Valga un solo ejemplo, la etapa de desempate que se realizó entre el profesor Román y la Doctora Robles, resultó un ejercicio de apertura democrática sin paralelo. Todo el procedimiento mismo, ojalá sea considerado para futuras designaciones de órganos públicos con relevancia constitucional.

Por otra parte, el fundamento de la convocatoria misma es un adelanto en la práctica constitucional de nuestro país que no puede tener marcha atrás. Me explico: uno de los fundamentos de la convocatoria es el artículo 102, apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada el 10 de junio de 2011 (Diario Oficial de la Federación), y en él se estableció que los “titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.” En los artículos transitorios de la señalada reforma se fijó un plazo de un año a fin de que las legislaturas estatales realizaran la adecuación correspondiente: si el Congreso del Estado no realizó la reforma pertinente, ¿significaba esto que no era constitucionalmente válido realizar un procedimiento de consulta abierto y transparente? Me parece que en un régimen democrático la Constitución es la guía principal en la actuación de las autoridades. Estimo que si la Constitución es en verdad normativa, el procedimiento y su resultado son jurídicamente correctos.

En suma, Constitución y democracia son términos inescindibles. En este sentido, la convocatoria, el procedimiento y el resultado obtenido para la propuesta del Ejecutivo a fin de integrar la Presidencia de la CEDHNL son, a no dudarlo, una garantía objetiva y democrática para las personas que vivimos en Nuevo León. Quien aún tenga dudas al respecto sólo debe analizar los perfiles y trayectorias de las tres personas que llegaron a la terna final. Estoy seguro que cualquiera realizará una excelente labor en la protección de los derechos humanos en nuestro estado.

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