Y la sociedad civil responde a los hechos violentos en Cadereyta

Esta tarde el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), a través de un comunicado de prensa, dio su postura sobre los hechos violentos registrados la noche del lunes y el martes en el Penal de Cadereyta.

En el comunicado, el CCINLAC lamenta la pérdida de vidas y condenan los hechos que evidencian el poco control que existe por parte de las autoridades estatales en los penales del estado.

Por otro lado, recuerdan que este no es el primer suceso de este tipo en el estado y durante esta administración comandada por Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, mismos que suman un total de 73 muertes a comparación de los 67 muertes durante la administración pasada.

Lo sucedido este martes, 10 de octubre, en Cadereyta hace evidente la crisis penitenciaria y el problema estructural que enfrenta Nuevo León, y se suma a cuatro sucesos más registrados en los tres penales de la entidad durante los últimos dos años.”, expresa el Consejo Cívico en el comunicado.

El Consejo Cívico, en representación de la sociedad civil organizada, recomienda y exige al gobierno estatal de Nuevo León, garantizar la integridad física y dignidad de las personas internadas en los penales. Además, proporcionar información a los familiares de los presos, de manera oportuna y clara. También exigen una investigación a los hechos ocurridos, con el fin de deslindar responsabilidades.

Por último, recuerdan que el estado enfrenta una crisis penitenciaria que ha sido un tema reiterado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), por lo que solicitan la total atención del gobernador y su gabinete en el asunto, en lugar de estar recolectando firmas para una campaña presidencial.

 

La novela de la Reforma Electoral en Nuevo León sigue… Pero ya se le ve final…

Dado que el Partido Acción Nacional había impuesto un recurso para la resolución de la Comisión Estatal Electoral en materia de la Ley Electoral y con ello dar respuesta a la orden impuesta por el TEE, el día de ayer se dio a conocer la respuesta por parte de la OPLE Nuevo León, donde se tomó la decisión puntual que el inicio formal del año electoral iniciará con la primera sesión del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el próximo 6 de octubre.

Por su parte Mario Garza Castillo, consejero presidente de la CEE explicó que lo establecido en la resolución está marcado en el acuerdo CG11 construido desde abril, en donde se dejaba en claro el proceso a seguir para el año electoral, el cual se había construido en tiempo y forma.

Esta resolución pertinente surge tras la virtud del transitorio quinto de la reforma a la Ley Electoral, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 29 de junio, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de julio de este año, en el cual se “validaba” la Reforma a la Ley Electoral del Estado.

Hay que resaltar que el poder legislativo se había blindado ante una posible resolución de esta magnitud tras “aprobar” los dos transitorios que advertían que la reforma entraría en vigor al momento de su aprobación, la cual fue el pasado 29 de junio.

Tras esto, la CEE realizó un análisis exhaustivo y determinó que la legislación electoral aplicable para establecer el día del inicio del proceso electoral es la contenida en el decreto número 180 expedido por la LXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, por el cual se expidió la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León en 2014.

Parte de la discusión surge tras la imposición del TEE a la CEE, por lo cual esta última estimó que es necesario determinar si el contenido del decreto 286 el cual fue aprobado el pasado 29 de junio del 2017 es aplicable para el proceso electoral 2017-2018, puesto que tal decreto se encuentra en una controversia constitucional con el expediente 83/2017, 88/2017 y 89/2017.

Considerando estrictamente los criterios señalados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la publicación del decreto 286 en el Periódico Oficial el 10 de julio de 2017, sin la anticipación de los 90 días previos al inicio del proceso electoral; y estar controvertido mediante diversas acciones de inconstitucionalidad, la CEE concluyó que la norma aplicable para dicho asunto, es la establecida en los artículos 91 y 92 de la Ley Electoral para el Estado, que señala que dicha sesión deberá tener verificativo en la primera semana del mes de octubre del año anterior al de las elecciones ordinarias.

La aprobación se dio tras la sesión de la Comisión Estatal Electoral, donde se acordó el resultado con cuatro votos a favor y tres en contra. Los votos otorgados por los Consejeros a favor fueron de: Sara Lozano, Claudia de la Garza, Miriam Hinojosa y Mario Alberto Garza mientras que los tres en contra fueron de: Gilberto de Hoyos, Javier Garza y Luigui Villegas.

Los Diputados reaccionan… bien y mal

Héctor García García, diputado del PRI, señaló que la Comisión Estatal Electoral estaría violando la ley si decreta que el proceso electoral inicia a principios del mes de octubre.

“No sé cómo la Comisión Estatal Electoral definió que sería para principios del mes de octubre el proceso electoral, sería totalmente violatorio, porque hay una ley que ya está en vigor, que ya fue publicada, es la ley que nosotros aprobamos para la elección del 2018, es una ley que habla que el inicio del proceso inicia en el mes de noviembre”, expresó.

A el discurso se sumó Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del PAN, el cual indicó que, si la CEE decide respetar el acuerdo administrativo apegándose a la ley de 2014, estarían incurriendo en inaplicación de la ley que entró en vigor el 2017.

De igual forma el diputado Salinas Wolberg expresó que resulta preocupante que la CEE se tome atribuciones que no le corresponden y pretenda ejercer un control constitucional sobre los actos del Congreso. No obstante, el legislador impactó su mensaje con la declaratoria que posiblemente el Gobernador Jaime Rodríguez sea quien estuviera influyendo en la CEE, dado que Garza Castillo había declarado antes de tiempo la posible resolución y acción puntual.

Para Samuel García Sepúlveda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano argumenta que la Ley de 2017 no entró en vigor en las fechas establecidas en los transitorios y por lo tanto no está vigente en el estado, en cambio la norma de 2014 sí.

* Sea cual sea el veredicto de la Comisión Estatal Electoral, el resolutivo final sobre el inicio del proceso electoral para el próximo año lo definirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. *

Siete periodistas atacados en Guerrero

Este sábado 14 de mayo sufrieron un ataque siete periodistas que viajaban por la carretera Iguala-Alamirano en Acapetlahuaya, Guerrero, donde un grupo de hombres armados habían colocado un retén. Los reporteros estaban en Guerrero para cubrir la entrada de fuerzas federales y estatales en el municipio de San Miguel Totolapan, debido al grupo de autodefensa que formaron los locales para protegerse de conjuntos delictivos como Los Tequileros.

Los reporteros atacados fueron Pablo Pérez García de Posty , un medio Hispano, Sergio Ocampo Arista, corresponsal de distintos medios entre ellos la Agence France-Presse, Hans Musielik colaborador alemán de ViceNews México, Yahir Cabrera Torres de La Jornada Nacional, Ángel Misael Galeana de Grupo Imagen, Jorge Alberto Martínez Dionicio de Quadratín Guerrero y César Alejandro Lorenzo Ortiz corresponsal de Bajo Palabra y W Radio.

Aunque los siete resultaron ilesos, fueron despojados de sus equipos que consistían en cámaras, computadoras y celulares, además les quitaron una de las dos camionetas en las que viajaban, sus tarjetas bancarias y pasaportes.

Sergio Ocampo, perteneciente a la Agence France-Presse, comentó que trataron de negociar con los atacantes pero esto no resultó. Frente a lo ocurrido, este Domingo 14 de Mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) comenzará una investigación de los hechos. Por otro lado, el gobierno de Guerrero mencionó que los principales sospechosos del ataque son La familia Michoacana, otra banda delictiva que se encuentra en el área.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también se hizo presente este domingo condenando los hechos y anunciando que dará acompañamiento frente a lo ocurrido, sin embargo no específico en que consistiría este.

Con información de Notimex y AFP.

 

Sin protesta no hay democracia

La protesta social pacífica es un derecho constitucional y sobre todo, un mecanismo de desahogo para la ciudadanía ante los agravios y malos resultados de los gobiernos que sirve para exigir reivindicaciones sociales.




Estamos a favor de la protesta social siempre y cuando esta sea legal y pacífica. No obstante, los actos vandálicos, agresiones a los trabajadores de los medios, y daños al patrimonio público y privado, (ocasionados por unos cuentos) ocurridos el 5 de enero de este año intentaron opacar la significativa movilización de miles de nuevoleonenses que se concentraron en la macroplaza. Por ello, el gobierno central afirmó adelantar una investigación judicial para dar con los responsables de actos vandálicos.

El día 25 de febrero, Nuevo León se enteró de que estaban giradas órdenes de aprehensión contra dos activistas que participaron en la protesta del pasado 5 de enero, se les acusa de incitación a la violencia y daños al patrimonio público y privado.

Cabe recordar que los hechos derivaron en el marco de una serie de errores que iniciaron con la ausencia y luego con la inacción de la policía, la ausencia de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros.

Lo anterior llama la atención por tratarse de una magna investigación que dio con los presuntos responsables tan solo 22 días después de los hechos (documentos mostrados por los afectados muestran que las órdenes judiciales fueron fechadas el 27 de enero).

Desconocemos si se ha garantizado el debido proceso a los ciudadanos involucrados en estos incidentes, la autoridad tiene la obligación de hacerlo y ellos el derecho de reclamarlo.

Hacemos un llamado para que así como se actúa de forma expedita para unos casos, se actúe para otros. Es preciso recordar que para la resolución del Cobijagate, el Ejecutivo de Nuevo León tardó 216 días y por si fuera poco, se desconoce el resolutivo final de este acto de daño al erario, debido a que fue reservado por la Contraloría.




Asimismo, esperamos que las investigaciones y/o sanciones que se deriven del caso de Nepotismo en la Procuraduría Estatal, procedan de manera pronta y oportuna.

Rotundo NO a la criminalización de la protesta social pacifica,

Sin protesta no hay democracia.

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Dimes y Diretes: “Derechos Humanos Politizados”

Todo parece indicar que los diputados de nuestro Congreso local nos dan gusto por un lado y nos decepcionan por el otro. Pues ayer fue un día muy productivo para los legisladores ya que por fin las bancadas se pusieron de acuerdo para integrar a la Ley de Participación Ciudadana la revocación de mandato para diputados y alcaldes, contrario a lo que se había mencionado antes que iba a aplicar solo para el Gobernador.

En otra acción positiva, rechazaron las cuentas públicas de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita “Margara” Arrellanes, claro esto después de la presión de la ciudadanía, ahora solo hay que esperar que también echen para atrás las cuentas del ex gober Rodrigo “Golden Boy” Medina. Recordemos que el Auditor Superior del Estado dijo que no encontró ningún detalle en las cuentas de ambos, muy extraño que no encontró nada, pero pues ya los diputados se encargaron de echar todo para abajo.

El tema de la presidencia del CEDH ha sido uno de los mas politizados en lo que va de la administración de “el Bronco” y la actual legislatura…

Pero con lo que no se midieron es con interponer una controversia constitucional al nombramiento de Sofía Velasco como Presidenta de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos de Nuevo León. Pues según argumenta Arturo “la Manzanita” Salinas que la ley estipula claramente que nadie que haya participado como consejero electoral, como lo fue Velasco, puede ocupar un puesto en algún órgano de las elecciones en las que participó durante los dos años siguientes a que concluya su gestión.

En otra acción positiva, rechazaron las cuentas públicas de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita “Margara” Arrellanes, claro esto después de la presión de la ciudadanía, ahora solo hay que esperar que también echen para atrás las cuentas del ex gober Rodrigo “Golden Boy” Medina.

El tema de la presidencia del CEDH ha sido uno de los mas politizados en lo que va de la administración de “el Bronco” y la actual legislatura, pues no olvidemos que los diputados no se pudieron poner de acuerdo para votar por la primera opción que fue Eduardo Román González y mucho menos para la segunda siendo esta la de Magda Yadira Robles.

Es lamentable observar que un órgano que presume ser autónomo al gobierno en turno y al aparato legislativo este hoy por hoy manipulado por las fuerzas políticas y al mismo tiempo casi paralizado. Los rumores apuntan a que la CNDH ha dado la recomendación de que se deje a la presidenta interina con el fin de darle fluidez al órgano.

¿Qué opinas?

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Sobre la designación de la titular de la CEDH

En un acto de total congruencia por parte del Poder Ejecutivo al procedimiento de designación de quien fuera a asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concebido por éste, y puesto en marcha desde diciembre del año pasado, finalmente después de más de tres meses desde la presentación del primer candidato al Congreso para iniciar con el procedimiento establecido por la Constitución Local, Nuevo León ya tiene ombudsperson, en la persona de Sofía Velasco Becerra.Recordemos que su designación fue producto de un proceso transparente, ciudadano e inédito al que libremente se sometió el Gobernador de Nuevo León, en consonancia con el particular estilo de participación ciudadana que ha imperado desde octubre del año pasado.

Tras un estire y afloje importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema (así como internamente entre los mismos diputados que no pudieron llegar al consenso en ninguna de sus dos votaciones plenarias sobre el tema), finalmente queda resuelto este episodio en la historia de nuestro estado…

Ya explicado en anteriores colaboraciones en este sitio, el procedimiento inicia con una convocatoria abierta en donde cualquier ciudadano podía postularse para participar en el procedimiento, y donde el jurado para determinar las propuestas a enviarse al Congreso era mayoritariamente compuesto por representantes de universidades y ONGs (5 personas) y minoritariamente por funcionarios públicos del estado (3 personas), en donde los ganadores del mismo fueron, en este orden: Eduardo Román González, Magda Yadira Robles (ambos académicos de universidades locales) y la actual Presidenta de la CEDH.

Se preguntarán: ¿Por qué los primeros dos lugares no fueron los designados? Al establecer la Constitución Local que el Congreso del Estado podía legítimamente rechazar las primeras dos propuestas que enviara el Ejecutivo (pues indica que la tercera es por designación directa del mismo), ante la falta de consenso de los legisladores, estos dos primeros lugares fueron refutados, al ser las primeras dos propuestas enviadas, lo cual resultó en que quien obtuvo el tercer lugar fuera la designada para este cargo debido a la procedencia de una designación directa.

… que se note la diferencia cuando una designación se basa en el dedazo del Gobernador (como sucedió en la administración anterior) y cuando se basa en el consenso de la sociedad civil organizada de Nuevo León.

Tras un estire y afloje importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema (así como internamente entre los mismos diputados que no pudieron llegar al consenso en ninguna de sus dos votaciones plenarias sobre el tema), finalmente queda resuelto este episodio en la historia de nuestro estado, en cuya conclusión destaca la recepción personal del coordinador de la bancada del PRI el día sábado a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno que acudimos a entregar el nuevo nombramiento, que se efectúa en un ambiente de cortesía dentro de un procedimiento que inició generando bastante rispidez entre ambos poderes.

Enhorabuena por que prevalezcan los lazos y acuerdos por encima de las polémicas, y mis mejores deseos para la gestión de Sofía Velasco en la CEDH; que se note la diferencia cuando una designación se basa en el dedazo del Gobernador (como sucedió en la administración anterior) y cuando se basa en el consenso de la sociedad civil organizada de Nuevo León. Del éxito o fracaso en ello, se asentarán precedentes torales para los procedimientos ciudadanos del futuro en nuestro país.

A mucha responsabilidad, mayor voluntad y esfuerzo en el trabajo; que así lo sea.

PIÉ DE PÁGINA: Si son aficionados de la franquicia “DC COMICS”, no vayan a ver Batman v Supermán si no quieren salir decepcionados con las personalidades que equivocadamente le pusieron a la mayoría de los protagonistas. Si lo hacen, no digan que nadie les avisó.

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Seguirlo intentando

En días recientes concluyó para mí un proceso sumamente intenso y de gran aprendizaje (de cosas buenas y malas). Con la legitimidad que me da el mejor título de todos, el ser ciudadano, aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

No entraré en los motivos de la decisión. En buena medida son públicos y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones y, en su caso, si así lo deciden, exigirle a quien corresponda pagar el costo político de dicha decisión.

Quisiera centrarme más bien en una reflexión personal a la que me ha llevado todo esto y que tiene más que ver con el desánimo que una cosa de estas puede producir en cualquier ciudadano de bien, que sueña y aspira a tener un país mejor. Es una reflexión personal a partir, precisamente, del desánimo que me invadió –que todavía por momentos me invade– por el resultado final de este proceso.

…aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

Fui propuesto a ese cargo, porque resulté vencedor en una especie de concurso público y transparente para seleccionar al mejor aspirante. Un concurso público en el que un comité plural, técnico, evaluó los méritos de cada aspirante, el plan de trabajo y su postura respecto de diversas problemáticas relacionadas con derechos humanos y/o el trabajo de la Comisión.

Al resultar vencedor en ese proceso, un amigo posteo algo en Facebook en el sentido que por fin había triunfado la meritocracia en el acceso a la función pública. Ojalá al final hubiera tenido razón. Faltaba, sin embargo, la ratificación por parte del Congreso y ahí, desafortunadamente, no son los méritos, las capacidades, los planes de trabajo, sino muchos otros factores políticos los que determinan si te dan su apoyo o no.

Ante ello, el panorama para cualquier ciudadano que aspira legítimamente a participar en la función pública se vuelve sumamente gris. En muchos ámbitos del sector público no importa cuan preparado estés, no importa que tan buenas ideas tengas, no importa todo el interés que tengas en cambiar las cosas, en hacerlas mejor, en erradicar los enraizados males del sector público. Para muchos de quienes deciden si accedes o no a una determinado puesto público esas más que cualidades, son defectos, riesgos que hay que evitar a cualquier costa. Y se valen de todo para hacerlo: amenazan, hablan mal de ti, te inventan cosas, utilizan medios de comunicación a modo, cualquier cosa que sirva para evitar que un ciudadano de esas características acceda a la función pública.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia.

La segunda opción es seguirlo intentando. Seguir aprovechando cada ventana que se nos abra a los ciudadanos para participar en el ámbito público, seguir insistiendo en que los principales requisitos de ingreso al sector público deben ser el mérito, la capacidad y la honestidad. Seguir exigiendo nuestra liberación del secuestro de lo público del que somos víctimas.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia. La segunda opción es seguirlo intentando.

Lo que he podido reflexionar en estos días, después de esta experiencia, es que si optamos por la primera opción, todo esta perdido, nada cambiará y todo irá a peor. En cambio, el optar por la segunda opción no solo implica mantener la esperanza, implica también elevar cada vez más el costo político de bloquear a los buenos ciudadanos que quieren contribuir con su trabajo a tener un mejor país, implica vender cada vez más cara la derrota, implica que el día en que termine efectivamente triunfando la meritocracia estará más cerca. Al final es una guerra de resistencia, que termina ganando quien se mantiene en pie después de muchas batallas.

Desde luego cada quien es libre de optar por una u otra. Yo he decidido optar por la segunda. Por mí, por Eugenia, Eduardo y el resto de mi familia, por Cecilia, Andrés, Juan Jesús, Gerardo, Gaby, Carlos y todos los demás amigos que me han brindado su apoyo y su aliento para seguir adelante. Porque quiero un mejor país y porque no estoy dispuesto a seguir siendo cómplice de su desmoronamiento.

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Dimes y Diretes: “Estado paralizado”

El “no” del día de ayer por parte de los diputados locales a la designación de Eduardo Román como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no es sólo el rechazo del primer ciudadano que iba a presidir la CEDH, es también una muestra del peligro que corre el Estado de quedarse paralizado por la pelea constante entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.

Dejemos algo en claro: ni el Gobierno de “el Bronco” ni en Congreso se quieren. ¿Quién es de culpar? Los dos lados se tienen que culpar, porque la verdad no están haciendo su chamba de negociar uno con otro.

Dejemos algo en claro: ni el Gobierno de “el Bronco” ni en Congreso se quieren. ¿Quién es de culpar? Los dos lados se tienen que culpar, porque la verdad no están haciendo su chamba de negociar uno con otro y simplemente solo están viendo como se grillean y destruyen la imagen del otro.

Pero a los que totalmente no se les da gusto con nada es a los líderes de las bancadas de PRI y PAN, pues parece que ya es su labor que cada cosa que propone el gobierno estatal, lo tienen que tirar. Vamos a hacer un recuento breve de los últimos días:

A los que totalmente no se les da gusto con nada es a los líderes de las bancadas de PRI y PAN, pues parece que ya es su labor que cada cosa que propone el gobierno estatal, lo tienen que tirar.

1. Cuando “el Bronco” propuso simplificar el aparato gubernamental y fusionar algunas secretarías con otras, ¿qué dijeron los coordinadores? Que seguramente “el Bronco” estaba haciendo todo para que haya mas corrupción y que había algo que el gobierno estatal estaba ocultando. Nos hubiera gustado que Marco González hubiera dicho eso cuando trabajaba con su compadre Rodrigo Medina.

2. Cuando se anunció que por fin se investigará el caso de KIA, caso que interpuso SEDEC hace unos meses ante la Fiscalía Anticorrupción, salió Arturo “la Manzanita” Salinas a decir que lo único que estaba haciendo el gobierno era asustar a la inversión extranjera. Apuesto mucho dinero a que si Felipe de Jesús Cantú hubiera hecho lo mismo, “Manzanita” andaría aplaudiéndole y presumiendo.

La última ya la dije, el rechazo a la propuesta del gobierno estatal para que Eduardo Román presida la CEDH. Qué lastima que no sea Román el que la presida, que tal vez en algún momento se prestó para que sucediera esto, puede ser, pero esa situación no debió haber afectado su designación, debido que es una persona que cumplía con el perfil.

¿Habrá consecuencias a esta acción de los diputados? Ya lo veremos más adelante.

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