Rechaza Colosio selección de titular para la CEDH

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Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, reiteró su rechazo hacia la terna que se presentó ante el Pleno para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) por considerar que carece de legitimidad y emitió su voto en contra.

Tras el proceso de comparecencias, la presidencia de la Comisión presentó este jueves una terna con los perfiles mejor calificados tras un amplio análisis y discusión en conjunto con la sociedad civil.
Sin embargo, de último momento, diputados miembros de la Comisión, presentaron una propuesta diferente con perfiles no aptos, pues carecen de sustento y están ligados a fracciones parlamentarias, la cual fue aprobada durante la sesión del Pleno de este viernes.

“En ningún momento fue escuchado durante la sesión la exposición de por qué, la nueva terna era más apta que la presentada por la presidencia de esta Comisión, o bajo cuáles parámetros esas personas cumplían con los requisitos de elegibilidad, de idoneidad”, arremetió Colosio.

Tras aprobar la terna, el Congreso local designó por mayoría como titular de la CEDHNL a Olga Susana Méndez Arellano, quien está ligada a la fracción del PRI, pues ha sido asesora de la diputada Karina Barrón Perales durante las últimas dos Legislaturas.

El nombramiento de Méndez Arellano fue aprobado por mayoría con 32 votos a favor, mientras que Xóchitl Francisca Loredo Salazar tuvo cinco votos a favor, y se registraron cinco votos nulos.

“Nuestra bancada no votará a favor de este dictamen, puesto que no podemos ser cómplices de este tipo de acciones. No debemos permitir que los órganos vigilantes y autónomos sean tomados por grupos de poder político”, comentó el diputado.

Pide CEDH a autoridades en Nuevo León a reconsiderar medidas restrictivas

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió medidas precautorias dirigidas a las secretaría de Salud y Economía del gobierno estatal, por el cierre de negocios dedicados a la distribución de alimentos durante tres sábados y domingos a partir del sábado, con el propósito de reducir defunciones y contagios por COVID-19,

La CEDHNL solicitó al Gobierno estatal reconsiderar las disposiciones sobre los días y horarios de operación de dichos establecimientos, a fin de garantizar el acceso física, social y económico a dichos bienes básicos en todo momento.

Por otro lado, señala que las recientes medidas sanitarias, derivadas de la contingencia por el coronavirus, adoptadas por las autoridades estatales, guardan relación con el derecho a la alimentación.

“La restricción o suspensión de derechos humanos debe estar fundada y motivada dentro de los términos previstos por la Constitución”, se lee en el comunicado de la dependencia.

Por último, pidió a las secretarías de Salud y Economía evitar cualquier restricción que atente contra la igualdad y genere discriminación hacia las personas que ejercen el comercio.

Dimes y Diretes: “Derechos Humanos Politizados”

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Todo parece indicar que los diputados de nuestro Congreso local nos dan gusto por un lado y nos decepcionan por el otro. Pues ayer fue un día muy productivo para los legisladores ya que por fin las bancadas se pusieron de acuerdo para integrar a la Ley de Participación Ciudadana la revocación de mandato para diputados y alcaldes, contrario a lo que se había mencionado antes que iba a aplicar solo para el Gobernador.

En otra acción positiva, rechazaron las cuentas públicas de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita “Margara” Arrellanes, claro esto después de la presión de la ciudadanía, ahora solo hay que esperar que también echen para atrás las cuentas del ex gober Rodrigo “Golden Boy” Medina. Recordemos que el Auditor Superior del Estado dijo que no encontró ningún detalle en las cuentas de ambos, muy extraño que no encontró nada, pero pues ya los diputados se encargaron de echar todo para abajo.

El tema de la presidencia del CEDH ha sido uno de los mas politizados en lo que va de la administración de “el Bronco” y la actual legislatura…

Pero con lo que no se midieron es con interponer una controversia constitucional al nombramiento de Sofía Velasco como Presidenta de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos de Nuevo León. Pues según argumenta Arturo “la Manzanita” Salinas que la ley estipula claramente que nadie que haya participado como consejero electoral, como lo fue Velasco, puede ocupar un puesto en algún órgano de las elecciones en las que participó durante los dos años siguientes a que concluya su gestión.

En otra acción positiva, rechazaron las cuentas públicas de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita “Margara” Arrellanes, claro esto después de la presión de la ciudadanía, ahora solo hay que esperar que también echen para atrás las cuentas del ex gober Rodrigo “Golden Boy” Medina.

El tema de la presidencia del CEDH ha sido uno de los mas politizados en lo que va de la administración de “el Bronco” y la actual legislatura, pues no olvidemos que los diputados no se pudieron poner de acuerdo para votar por la primera opción que fue Eduardo Román González y mucho menos para la segunda siendo esta la de Magda Yadira Robles.

Es lamentable observar que un órgano que presume ser autónomo al gobierno en turno y al aparato legislativo este hoy por hoy manipulado por las fuerzas políticas y al mismo tiempo casi paralizado. Los rumores apuntan a que la CNDH ha dado la recomendación de que se deje a la presidenta interina con el fin de darle fluidez al órgano.

¿Qué opinas?

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La lucha por nuestra integridad

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“El reconocimiento de los derechos humanos depende del momento histórico que se esté contando”, me dijo alguna vez una maestra. La lucha por los derechos humanos ha sido muy larga, dolorosa y sobre todo constante. A lo largo de nuestra historia hemos vivido acontecimientos atroces que nos han marcado profundamente, dejando un rastro de indignación imborrable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó un mundo adolorido, espantado y con poca esperanza.Por esta razón, los países decidieron unirse y realizar un compromiso: reconocer y respetar los derechos humanos, entendiéndose estos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; considerándolos universales, inalienables, independientes e indivisibles.

Durante las últimas semanas en Nuevo León, se ha suscitado un debate entre el poder ejecutivo y legislativo, en contra de los criterios implementados por el Poder Judicial. Algunos Alcaldes y legisladores han realizado un llamado de advertencia, en especial al Magistrado Arenas Bátiz (Presidente del TSJNL), considerando sus criterios como ineficientes para la implementación de justicia, trayendo como consecuencia la liberación de “delincuentes”.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad.

A través de este conflicto, me ha tocado escuchar diferentes opiniones, pero la que más me llamó la atención, fue la siguiente: “los derechos humanos para algunas cosas están bien, pero para otras no, como por ejemplo cuando dejan delincuentes sueltos”. Entonces: ¿La culpa es de los derechos humanos o de las autoridades encargadas de realizar el proceso?

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia. Se estima que por lo menos 80.000 personas son victimas de actos violentos relacionados con las detenciones realizadas por el Ejercito, La Marina o la policía [1]. En el año 2014 se presentaron más de 7.000 denuncias de personas que afirmaron haber sufrido tortura durante su detención y sólo 7 tuvieron una condena por un tribunal federal [2].

En Nuevo León la tortura por parte de las autoridades, no es un tema exento, sino todo lo contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo LeónCEDHNL– emitió en el año 2015, 116 recomendaciones [3] , de las cuales más del 80% son sobre casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. La autoridad responsable de detener al presunto delincuente, en principio tiene la costumbre de no contar con una orden de aprehensión, pues se determina que han sido detenidos al momento de cometer el delito. Asimismo es una conducta reiterada no poner a la persona a disposición del Ministerio Público más cercano, la autoridad decide la mayoría de las veces llevarla a una casa abandona, lote baldío o en el mismo carro de la autoridad, para proceder al más viejo método de investigación –aceptado por muchos–, el cual consiste en proporcionar: patadas, puñetazos, asfixia (con bolsas de plástico o trapos de tela), toques eléctricos (en los genitales de la persona), y hasta en algunas ocasiones se llega al extremo de la violación sexual; con la finalidad de obtener una confesión y/o infringir un castigo.

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia.

Si para algunas cosas están bien los derechos humanos y para otras no ¿Entonces no dejarían de ser derechos humanos?, la propia definición lo dice, no están sujetos a ninguna condición. Ahora respecto a los comentarios de un Alcalde, en donde manifiesta que no se está haciendo justicia, yo le diría que si la justicia significa ir en contra de la dignidad humana, no respetar la integridad del acusado, así como no aplicar los derechos constitucionales e internacionales respecto al debido proceso, entonces no sé de qué tipo de justicia estamos hablando, al momento de no respetar el principio de presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir y salvaguardar.

El problema no lo tienen los derechos humanos, no lo tienen los jueces y tampoco la ley, el problema lo tienen las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, negadas a ir conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, las cuales siguen rigiendo por las practicas inhumanas y arraigadas de un sistema que lo único que han conseguido es tener a más gente inocente adentro. Si existen presuntos delincuentes libres sólo se puede traducir a la baja capacidad investigadora de los policías y el Ministerio Público en México, si se desea que las personas que han cometido un delito, vayan a la cárcel para cumplir su condena, entonces deberían de exhortar a sus policías en realizar una investigación integra, conforme al marco jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad [4]. Es inadmisible que se tome el estereotipo – en este caso de criminales – como método de justificación de la tortura, para conseguir una supuesta justicia.

[1] Amnistía Internacional, “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, 2014, pág. 10. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf

[2] Amnistía Internacional, Op.cit. págs. 11-12.

[3] Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Recomendaciones 2015. Disponible en: http://www.cedhnl.org.mx/recomendaciones.html

[4] Amnistía Internacional, contra la tortura. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/

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Seguirlo intentando

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En días recientes concluyó para mí un proceso sumamente intenso y de gran aprendizaje (de cosas buenas y malas). Con la legitimidad que me da el mejor título de todos, el ser ciudadano, aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

No entraré en los motivos de la decisión. En buena medida son públicos y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones y, en su caso, si así lo deciden, exigirle a quien corresponda pagar el costo político de dicha decisión.

Quisiera centrarme más bien en una reflexión personal a la que me ha llevado todo esto y que tiene más que ver con el desánimo que una cosa de estas puede producir en cualquier ciudadano de bien, que sueña y aspira a tener un país mejor. Es una reflexión personal a partir, precisamente, del desánimo que me invadió –que todavía por momentos me invade– por el resultado final de este proceso.

…aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

Fui propuesto a ese cargo, porque resulté vencedor en una especie de concurso público y transparente para seleccionar al mejor aspirante. Un concurso público en el que un comité plural, técnico, evaluó los méritos de cada aspirante, el plan de trabajo y su postura respecto de diversas problemáticas relacionadas con derechos humanos y/o el trabajo de la Comisión.

Al resultar vencedor en ese proceso, un amigo posteo algo en Facebook en el sentido que por fin había triunfado la meritocracia en el acceso a la función pública. Ojalá al final hubiera tenido razón. Faltaba, sin embargo, la ratificación por parte del Congreso y ahí, desafortunadamente, no son los méritos, las capacidades, los planes de trabajo, sino muchos otros factores políticos los que determinan si te dan su apoyo o no.

Ante ello, el panorama para cualquier ciudadano que aspira legítimamente a participar en la función pública se vuelve sumamente gris. En muchos ámbitos del sector público no importa cuan preparado estés, no importa que tan buenas ideas tengas, no importa todo el interés que tengas en cambiar las cosas, en hacerlas mejor, en erradicar los enraizados males del sector público. Para muchos de quienes deciden si accedes o no a una determinado puesto público esas más que cualidades, son defectos, riesgos que hay que evitar a cualquier costa. Y se valen de todo para hacerlo: amenazan, hablan mal de ti, te inventan cosas, utilizan medios de comunicación a modo, cualquier cosa que sirva para evitar que un ciudadano de esas características acceda a la función pública.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia.

La segunda opción es seguirlo intentando. Seguir aprovechando cada ventana que se nos abra a los ciudadanos para participar en el ámbito público, seguir insistiendo en que los principales requisitos de ingreso al sector público deben ser el mérito, la capacidad y la honestidad. Seguir exigiendo nuestra liberación del secuestro de lo público del que somos víctimas.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia. La segunda opción es seguirlo intentando.

Lo que he podido reflexionar en estos días, después de esta experiencia, es que si optamos por la primera opción, todo esta perdido, nada cambiará y todo irá a peor. En cambio, el optar por la segunda opción no solo implica mantener la esperanza, implica también elevar cada vez más el costo político de bloquear a los buenos ciudadanos que quieren contribuir con su trabajo a tener un mejor país, implica vender cada vez más cara la derrota, implica que el día en que termine efectivamente triunfando la meritocracia estará más cerca. Al final es una guerra de resistencia, que termina ganando quien se mantiene en pie después de muchas batallas.

Desde luego cada quien es libre de optar por una u otra. Yo he decidido optar por la segunda. Por mí, por Eugenia, Eduardo y el resto de mi familia, por Cecilia, Andrés, Juan Jesús, Gerardo, Gaby, Carlos y todos los demás amigos que me han brindado su apoyo y su aliento para seguir adelante. Porque quiero un mejor país y porque no estoy dispuesto a seguir siendo cómplice de su desmoronamiento.

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