Dimes y Diretes: “Denuncian a Medina y a Nati, ¿ahora qué?”

El día de ayer el Diputado local de Movimiento Ciudadano, Samuel García, denunció junto a su compañera de bancada, Concepción Landa, a los ex gobernadores Rodrigo “Rorro” Medina y Natividad “Rati” González Parás, ¿pero ahora qué?

El motivo de la denuncia de García es, porque, como también ayer lo mencionó el periódico “El Norte”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca aprobar las cuentas públicas de Natividad y también las de Rodrigo Medina, pues según el diputado Eugenio Montiel Amoroso quien preside también la Comisión de Hacienda en el Congreso, no existen irregularidades en la cuentas de los ex gobernadores, esencialmente para Montiel Amoroso las cuentas están limpias y deben de ser aprobadas, fuera de algunos “detallitos” que le se encontraron por cuestiones administrativas y normativas, pero que no llevan a denuncia penal.

El motivo de la denuncia de García es, porque, como también ayer lo mencionó el periódico “El Norte”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca aprobar las cuentas públicas de Natividad y también las de Rodrigo Medina…

En otras palabras los diputados del PRI buscan que tanto Natividad y Medina se vayan en blanco y así regresarle en específico a Medina el favorcito de haberlos puesto como candidatos a Diputados Locales. No nos hagamos tontos, otra vez nos quieren ver la cara y están a nada de poderlo lograr.

Aunque Samuel García interpuso la denuncia, ahora falta que varios factores jueguen a su favor, como la comprobación de pruebas y no solo “presunciones” y que para eso tomará algo de tiempo, mientras que las cuentas públicas van a ser aprobadas en las próximas dos semanas, es decir, el tiempo está en contra de la ciudadanía.

El PRI tiene 16 diputados dispuestos a votar a favor de que pasen las cuentas, en el “limbo” es decir que no sabemos si están a favor o en contra están los tres diputados independientes, dos del Partido Verde Ecologista (que probablemente estén a favor de que se aprueben), un diputado del partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo tiene uno.

Aunque Samuel García interpuso la denuncia, ahora falta que varios factores jueguen a su favor, como la comprobación de pruebas y no solo “presunciones” y que para eso tomará algo de tiempo, mientras que las cuentas públicas van a ser aprobadas en las próximas dos semanas, es decir, el tiempo está en contra de la ciudadanía.

Mi plan es el siguiente, al igual que como lo propuse con la #Ley3de3, debemos ahora tupir a los Diputados Locales, en específico a los del PRI, PVEM, Panal y PT para que escuchen lo que les pide la ciudadanía y no se aprueben las cuentas públicas ni de Natividad, ni de Medina. Hay que mandarles correos electrónicos, mensajes por sus redes sociales y si es posible incluso marcarles a sus oficinas en el Congreso.

¿No sabes quién es tu diputado? Ingresa a este portal web y búscalo: http://www.sigueatudiputado.nl

En ese portal web podrás ubicar rápidamente a tu diputado local e incluso sacar toda la información para hacer contacto con el mismo.

Recuerden solo así podremos evitar la aprobación de las cuentas públicas dudosas.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La minimización de los errores de la Ley de Participación Ciudadana

Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.

Los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.

Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.

Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece: “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: la única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación.

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”