Rechazan que Parque Fundidora este en quiebra

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El presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Artemio Garza, aseguró este miércoles que dicho parque cerró por instrucciones de la Secretaría de Salud y no porque esté en quiebra.

Al comparecer ante los diputados locales de la Comisión de Presupuesto, Garza aseguró que el organismo está listo para operar, por lo que tiene estado reabrir hasta el 1 de septiembre, día que preven que la Secretaría de Salud lo permita.

“Parque Fundidora cerró sus puertas por la contingencia sanitaria, no hay otra razón. El día en que las autoridades sanitarias nos lo instruyen, Parque Fundidora abrirá las puertas con las medidas que se requieran”, dijo el funcionario.

“Cuando a mediados de marzo se cerró el parque por la campaña de ‘Quédate en Casa’ pensamos que el 1 de julio íbamos a poder abrir, situación que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo, ahora estamos estimando que todo julio y agosto vamos a tener que mantener el cierre y esperamos que a partir del 1 de septiembre podamos abrir. Estamos listos”, aseguró.

Por otro lado, indicó que no se ha despedido personal y que sólo se redujo de 6 a 3 días la jornada laboral de las 305 personas en nómina durante los meses de julio y agosto. Además, durante este tiempo el personal podrá pedir adelanto de su ahorro para compensar la reducción que tendrán del 50% en su salario derivado de que sólo laborarán 3 días.

Cabe destacar, que Garza aceptó que sí requieren de que el Estado apoye con 60 millones de pesos paras que el Parque Fundidora pueda terminar el año, esto debido a que el año pasado tuvieron ingresos por 221 millones 101 mil 999 pesos, pero que ahora se estima serán de apenas 78 millones 813 mil 589 pesos, es decir un 64.35% menos que el 2019.

Detalló que por concepto de eventos en ese espacio público recibieron el el 2019 poco más de 62 millones 171 mil pesos y en el actual ejercicio sólo serán 9 millones 359 mil 533 pesos.

Artemio Garza señaló que los ingresos de años anteriores permitieron tener un superávit de alrededor de 41 millones de pesos y, en contraste, este año podrían cerrar con un déficit por 93 millones de pesos.

Cabe mencionar que el funcionario dijo que aunque el Estado sí ha aportado algunos recursos al pasarle al parque la administración de La Pastora, La Macroplaza y La Huasteca, de sus recursos ha tenido que invertir en estos unos 10 millones de pesos en mejoras.

(Con información de Grupo Reforma)

El sueño de transparencia y rendición de cuentas en el Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El sistema anticorrupción de México no podrá rendir frutos si no cumple con dos condiciones: Una, que si bien existe una instancia nacional de coordinación encargada de delimitar una política nacional anticorrupción, es en los estados y municipios en donde debe ponerse mayor énfasis en la prevención, combate y sanción de los hechos de corrupción; y dos, que la actuación de todos los órganos y estructuras anticorrupción se sometan a un escrutinio público reforzado bajo los principios de máxima divulgación, máxima eficacia y transparencia activa (Castilla Juárez 2012). La presente colaboración se centrará en esta segunda condición, particularmente respecto del carácter de sujeto obligado a transparentar y rendir cuentas de sus decisiones y procedimientos del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León (SEANL).

En mayo de 2018 publiqué una colaboración relacionada con este tema (https://altavz.com/2018/05/11/la-designacion-de-la-magistratura-anticorrupcion-en-nuevo-leon-una-oportunidad-perdida/). La colaboración de ahora es el segundo capítulo de esta historia de opacidad y falta de rendición de cuentas.

Una vez concluido el procedimiento para la configuración de la lista de personas aspirantes al cargo de la Magistratura Anticorrupción a cargo del Comité de Selección del SEANL, para que el Congreso del Estado designara a quien desempeñaría dicho cargo, se formularon solicitudes de acceso a la información al referido Comité peticionando, entre otra información, lo siguiente: : (i) los criterios, parámetros o ponderación para la evaluación y el análisis de perfiles de las personas aspirantes y (ii) las razones y fundamentos legales de la integración final de la lista de aspirantes al cargo de Magistratura Anticorrupción que se propuso al Congreso. 

El referido Comité de Selección del SEANL jamás respondió a dichas solicitudes de acceso a la información. Esto es, el Comité incumplió con su deber constitucional no solamente de permitir el acceso a información pública, sino, sobre todo, de justificar la integración de la lista que remitió al Congreso, es decir, incumplió con su obligación de rendir cuentas para poder ser “monitoreado y vigilado.” (Schedler 2011, 81).

En contra de la falta de respuesta del Comité de Selección se interpuso el recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI). En esta instancia, la COTAI resolvió que el Comité de Selección del SEANL no contaba con el carácter de sujeto obligado porque, desde su perspectiva, “no reciben recursos públicos, pues su encomienda es de calidad honorífica”; además, porque “[t]ampoco ejercen recursos públicos” y en razón de que “dicho Comité, tampoco realiza actos de autoridad.” (RR/45/2018, 25-6. Énfasis en el original).

Afortunadamente, el pasado 22 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación resolvió que, efectivamente, el Comité de Selección del SEANL sí tiene el carácter de sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, de acuerdo con la Ley de Transparencia del Estado, porque, claramente, dicho órgano del SEANL: 

(i) Realiza actos de autoridad cuando genera y envía al Congreso del Estado la lista de candidatos que cumplen los requisitos para el cargo de Magistratura Anticorrupción, y con base en dicha lista el órgano legislativo elige a quien ocupará el cargo; (ii) este acto es equivalente al de una autoridad porque afecta los derechos de quienes participan en la convocatoria, dado que la conformación de la lista se elabora de forma unilateral, obligatoria y sin intervención de la voluntad de las personas aspirantes al cargo; y, finalmente, (iii) porque el Comité de Selección del SEANL, como autoridad, impone su voluntad hacia los particulares sin necesidad de que dicha voluntad sea refrendada por algún tribunal y, en ese sentido, las personas a quienes se incluye en la lista tienen una expectativa de derecho y, por otro lado, a quienes no se incluye en la lista, pierden su posibilidad de acceder al puesto. (746/2018, 13). 

Esto es, cuando el Comité de Selección conforma la lista para que el Congreso del Estado designe a quien ocupará el cargo, actúa como autoridad y, por consecuencia, es sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información. Más aún si se tiene en cuenta su importante función en el sistema anticorrupción: Permitir designaciones transparentes, abiertas y competitivas que logren la implementación de una política orientada “a la generación de capacidades centradas en el mérito, la legalidad, la certeza y la igualdad de oportunidades como el antídoto para evitar la captura de los puestos públicos…” (CIDE-RRC 2018, 7).

En este caso fue inconcebible que el Comité de Selección del SEANL se abstuviera de responder las solicitudes de acceso a la información y de rendir cuentas de sus decisiones; también resultó increíble que la COTAI, a pesar de los argumentos que se le presentaron en el recurso de revisión, concluyera que el Comité de Selección no tenía el carácter de sujeto obligado. 

Ojalá pudiera concluir que esta historia ha terminado y que, como manifestó el Juzgado de Distrito, la COTAI ha resuelto el asunto ordenando al Comité el acceso a la información solicitada hace un año y medio y rendir cuentas de sus decisiones, pero no, de forma decepcionante, y contrario a su función de órgano garante de nuestro derecho humano de acceso a la información y en contra de su función de defensor de uno de los pilares de la democracia en Nuevo León, la Comisión de Transparencia ha decidido prolongar más el asunto y ha combatido la sentencia del Juzgado de Distrito. Al no abstenerse de interponer la revisión de la sentencia, la COTAI está contribuyendo a que la transparencia y la rendición de cuentas en el Sistema Anticorrupción en Nuevo León sea solamente un sueño.

Fuentes consultadas.

Castilla Juárez, Karlos A. 2012. Libertad de expresión y derecho de acceso a la información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México: CNDH.

CIDE-RRC. 2018. Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública. (documento preliminar). México: CIDE.

COTAI. Resolución recaída al recurso de revisión RR/45/2018. 03 de agosto de 2018. 

Poder Judicial de la Federación. Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Sentencia recaída al Juicio de Amparo Indirecto 746/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Monterrey, N.L. 22 de noviembre de 2019.

Schedler, Andreas. 2011. ¿Qué es la rendición de cuentas? En Transparencia y rendición de cuentas, comp. José Sosa, 77-106. México: BBPAdf/Siglo XXI.

La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

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Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.

Una solución a la Pobreza Alimentaria

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La pobreza alimentaria es un problema de distribución, no de falta de alimentos. Me atrevo a decir esto debido a que el 37% de los alimentos en México se desperdician por falta de infraestructura, una mala coordinación y falta de cultura del cuidado de los alimentos. 

Para poner este número más a la realidad, este 37% de alimentos desperdiciados representa 120 mil toneladas de comida al año, es decir, 328.7 toneladas diarias. A pesar de que se han generado esfuerzos de parte de la SEDESOL junto con el Banco de Alimentos de México para recuperar parte de estos alimentos, solamente se recupera lo equivalente a 4 días de lo que se desperdicia al año. El restante que no se recupera equivale a 120 mil millones de pesos según datos de la SEDESOL.

No hay un solo lugar en donde no se desperdicien todos estos alimentos; sucede en el campo debido a tecnología retrasada, la industria al procesar los alimentos, los supermercados, ya que los alimentos que no se venden los tiran, las centrales de abasto, al no manejarlos adecuadamente, tienden a ser putrefactos más rápido y en los hogares al tirarlos aunque aún sean comestibles.

En el Congreso del Estado de Nuevo León, con una iniciativa presentada por el Dip. Marcelo Martínez y Dip. Daniel Carrillo, se está buscando que los supermercados y comercializadoras desperdicien la menor cantidad de alimento posible. Se está trabajando con el Banco de Alimentos de México para crear la Ley del derecho a la alimentación adecuada y combate contra el desperdicio de alimentos.

En esta Ley se busca que los supermercados y comercializadoras de alimentos, estén obligados a donar la comida, a los bancos de alimentos que ya no pueden vender por su estado físico, pero que aún son consumibles. La comida donada será vendida al consumidor final a un 10% de su valor original, para apoyar a las familias con el costo sin crear un programa clientelar y mantener las actividades de los bancos de alimentos.

Se pretende dar incentivos a los supermercados, sin embargo, si no cumplen con la ley se les castigara con multas que ascenderán si continúan infringiendo la ley.

Si esta iniciativa se aprueba, tendremos una ley que permitirá reducir el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro estado, nos permitirá redistribuir el alimento y ser un estado más sostenible.

Todos merecemos una alimentación digna.

Legítima defensa y monopolio de la violencia legítima

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El Titulo Segundo, Capítulo II del Código Penal para el estado de  Nuevo León en su Artículo 17, establece causas de justificación del delito, una de estas es la legítima defensa, a la letra el texto actual dice  “iii. Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:  primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.  segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.  tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y  cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa”.

Este artículo, es consistente con el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por propia mano, toda vez que está previsto que una persona tiene derecho a defenderse cuando es víctima de una agresión o cuando sus bienes están en riesgo inmediato, en evidencia se trata de una agresión a la que no asiste el derecho, se trata en cambio de la decisión de una persona agredir los bienes, vida u honor de otra. El Código Penal prevé las condiciones en que esta justificación no aplica; sin embargo, por diferentes motivos se han dado circunstancias en que cuando una persona se defiende en su domicilio o ante una agresión directa a sus bienes debe enfrentar un proceso penal.

Esto al parecer está en la base de la justificación legislativa en el Congreso del estado de Nuevo León para aprobar un reforma al artículo 17 que antes se cita, señalándose que la victima podrá “lesionar” o “privar de la vida” al agresor; se señala en medios de comunicación que otro razonamiento es que un padre de familia tiene derecho a esta defensa, que no debe ser sujeto de proceso penal, que el cauce legal debe ser la legítima defensa previa investigación en todos los casos, se señala el trauma que viven las familias cuando ante un robo o una agresión en su casa a manos de la delincuencia; y finalmente algunos actores retoman el contexto de inseguridad que se vive en algunas zonas del estado de Nuevo León para subrayar las virtudes de la reforma.

Sin embargo, conviene señalar que si bien es un derecho la legítima defensa, esta no se da en el vacío, sino en un contexto de inseguridad en el estado de Nuevo León y por tanto de temor e incertidumbre ciudadana; segundo que la legitima defensa es una justificación a un determinado delito que para este caso pudieran ser lesiones y homicidio; tercero que privar de la vida a una persona pudiera resultar no proporcional, en lo absoluto, al daño que pretendía cometer; cuarto, que cada persona habría de conocer el contenido completo de la legislación porque existen circunstancias de tiempo, modo y lugar en que no podría justificarse la legítima defensa; quinto, que el populismo jurídico suele ser bien recibido cuando se trata de la vida y de los bienes, pero al enfrentarse a la realidad enfrenta mayores problemas que los que pretendió resolver; sexto, una persona debe saber la diferencia y relación entre agresión, violencia y conducta delictiva o de  otro modo terminará disparándole a la persona que entró al patio de la casa a recoger un objeto; séptimo, es por demás complejo pedirle al ciudadano que considere la proporcionalidad de la defensa en función de la agresión y el factor de la violencia.

Es fácil decir que uno pude agredir y matar el que entre a su casa, la pregunta es, si esta propuesta en realidad obedece al déficit de seguridad pública, o la afirmación de la legítima defensa; pedirle al ciudadano que en una situación de tensión analice si el robo simple debe ser considerado una agresión suficiente para privar de la vida a una persona es un asunto mayor. El monopolio de la violencia legítima es del Estado, la violencia legítima es necesaria, pero también lo es que esta no sea la vía para justificar el déficit institucional del propio Estado, transfiriéndole al ciudadano la potestad de proteger su vida y bienes.

Tláloc Cantú asegura que Ernesto Canales lava dinero

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Tláloc Cantú, diputado por el PRI en el Congreso del Estado de Nuevo León, acusó a Ernesto Canales, el Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León, de lavar dinero por medio de asociaciones altruistas.

Cantú, también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad agregó que Canales debería ser investigado por el SAT ya que ha cometido actos irregulares.

El diputado local comentó que tiene información de muchas denuncias sobre como las asociaciones civiles de Canales lavan dinero y también que “hacen un montón de cosas para que los ricos no paguen impuestos”.

Tláloc añadió que algunas de las asociaciones involucradas son Renace y Pronatura,

Así mismo, el priista dijo que Canales mintió al decir que la denuncia por despojo de un inmueble era una cuestión de hace treinta años ya que realmente es del 2010,  además de que cuando fue a comparecer al Congreso, dijo que no tenía ningún proceso abierto en su contra lo cual resultó ser mentira.

Cantú añadió que en Nuevo León la justicia no es aplicada de la manera correcta ya que al ser denunciado Canales el proceso se congela.

Además, Cantú solicitó que Canales le entregara sus pruebas de control y de confianza ya que cree que ni si quiera las ha realizado.

 

Con información de El Norte

 

 

Más amor a México, por favor

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En los pasados días en el Estado de Nuevo León, llegamos para mi gusto a un límite. Es el colmo que un Diputado quiera darnos la espalda a los ciudadanos, seguir sin ninguna pena queriendo reelegirse en el 2018 y buscando el menor golpeteo político posible, esto para mi gusto es una verdadera aberración.




Este sábado en la madrugada en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, se aprobó mantener la tenencia y subir el predial en algunos municipios, “dando un solo golpe, en la noche cuando la ciudad duerme y los medios no están al pendiente”, como diría Arturo Salinas coordinador de la fracción panista de dicho Congreso, él no contaba con que desde dentro de sus filas se avecinaba una traición tremenda y se dieran a conocer sus palabras.

Todos lo hacen es la verdad, todos buscan apegarse a sus intereses y salir lo menos golpeteados posible. No sé si tengan un poco de vergüenza estos tipos y sepan lo mal que se ven repartiendo la culpabilidad de unos partidos contra otros, dándose golpes de pecho en la tribuna más importante del Estado sabiendo que es pura simulación.

No han entendido que es un honor representar a su Estado en ese recinto, no han entendido que son una vía para que nuestro México mejore, no han entendido que el lugar que ocupan es para servir y no para ser servidos.

Pero ¿hasta cuándo?, hasta cuándo vamos a seguir votando por administradores públicos que sirvan a un jefe y no sirvan a su pueblo, que velen por sus intereses antes que por su gente, nosotros los colocamos en esa posición, sin nuestro voto no estarían ellos ahí, debemos tomar nuestra responsabilidad, dejar a un lado el típico “La política es una basura y por eso no me enroló” nos están jodiendo por ese pensamiento, nos están acabando poco a poco desde hace ya más de 80 años, no somos capaces de organizarnos para exigir resultados, para que se ejerza una verdadera democracia y se nos hace fácil culpar siempre al gobierno que nosotros elegimos, que nos merecemos.




Más amor a México por favor, ya basta de la burla que nos hace nuestro gobierno a los ciudadanos, a todos niveles es igual, que Peña Nieto no ensaye sus discursos y diga una que otra sarta de tonterías es una burla, como si no le importara el pueblo, que nos digan que roban poquito, que manejen una red de prostitución desde dentro de dependencias de gobierno es una magna burla, no son los partidos, los partidos es una forma de organización y estoy seguro que si leyéramos sus estatutos con más de uno comulgaríamos.

Son las personas que hay en los partidos que se olvidaron de que México siempre va por encima de sus intereses personales o de sus compromisos, es nuestro deber encontrar a esos mexicanos que que amen a México y enrolarlos en la política pública, nosotros mismos informarnos y no ser indiferentes a las decisiones de cada 3 o 6 años.

Creo que hoy más que nunca México nos necesita, nos necesita despiertos y ser mexicanos siempre, no sólo cuando la selección de fútbol juega, o cuando ciertos personajes irreverentes nos quieran construir un muro, México nos necesita aquí y ahora para poder transformarlo.

Más amor a México por favor.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Tiene NL oportunidad histórica para el combate a la corrupción

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Los ciudadanos y organizaciones reunidos en la Coalición Anticorrupción hemos seguido de cerca la aprobación de las leyes que crean el Sistema Nacional Anticorrupción y queremos que, al adecuarse a Nuevo León, nuestro Sistema Estatal Anticorrupción se configure aún mejor que el sistema federal.

Para ello, en la Coalición identificamos 15 puntos nodales que deben guiar el desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción, mismos que fueron consensuados con el Congreso. Con estos puntos nodales como base, nos hemos acercado al Congreso del Estado de Nuevo León para proponer trabajar de manera coordinada en el impulso de las reformas legales que tendrán que darse para materializar este nuevo sistema en nuestro estado.

Antes de finalizar este 2016, la Comisión de Puntos Constitucionales presentará al pleno el  dictamen de  la reforma constitucional en materia anticorrupción. Este primer paso es de gran importancia para plantear principios rectores del nuevo sistema estatal anticorrupción.

Por ello, la Coalición ha analizado a detalle la propuesta presentada por el Diputado Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y hemos pedido a los presidentes de las Comisiones unidas en materia de anticorrupción que se incluyan los siguientes puntos en la reforma constitucional:

  1. Que todos los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción funcionen bajo los principios de máxima transparencia y difusión pública de sus acciones.
  2. Que se garantice la protección de denunciantes y se otorguen estímulos para presentar denuncias por hechos de corrupción.
  3. Que en cualquier momento puedan recuperarse bienes a favor del Estado (extinción de dominio), independientemente de cualquier otro procedimiento.
  4. Que se establezca la corresponsabilidad de particulares y empresas cuando participen en hechos de corrupción.
  5. Que se establezca como sanción por delitos graves de corrupción la muerte civil: que es la imposibilidad de ocupar un cargo público en el futuro.
  6. Que los servidores públicos y los candidatos a cualquier puesto de elección popular estén obligados a presentar su declaración “3 de 3” (fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses).
  7. Que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, formado por ciudadanos, determine los requisitos para los siguientes puestos, participe en la evaluación y selección de candidatos, y proponga una terna para:
  • Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del sistema
  • El auditor superior del estado
  • El Fiscal general
  • El fiscal anticorrupción
  • El fiscal de asuntos electorales
  • El magistrado de la nueva Sala de Responsabilidades Administrativas
  1. Que se conforme una asamblea civil honorífica, plural, integrada por miembros de la sociedad civil organizada, para realizar la convocatoria y elegir a los 9 ciudadanos del Comité de Selección.
  2. Que los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana formen parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el principal órgano de decisión. Las decisiones de este Comité Coordinador deberán ser vinculantes.
  3. Que el Auditor Superior del Estado esté obligado a investigar y actuar en casos de corrupción.
  4. Que el Fiscal General sea autónomo e independiente, nombrado para un periodo de 4 años, con posibilidad de reelección.
  5. Que el Fiscal Anticorrupción tenga autonomía funcional y presupuestal.

Reconocemos que, a la fecha, hemos encontrado disposición de los diputados Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; Yanira Gómez, presidenta de Comisión Anticorrupción; Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación; y Samuel García, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, en tomar en cuenta las propuestas de la Coalición, y estudiar a fondo nuestros argumentos.

Estamos ante una oportunidad histórica de sentar las bases sólidas de un sistema que podrá actuar contra actos de corrupción y castigar a todos los involucrados. Esperamos que el resto de los diputados tenga a bien respaldar las propuestas de esta Coalición Anticorrupción, sustentadas en los puntos nodales consensuados previamente con ellos, y que estas mismas se vean favorecidas en la primera y segunda ronda de votación de la Reforma Constitucional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dilemas normativos de la reelección

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En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Para quién son los puentes peatonales?

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‘Quedamos muy lejos, mejor damos otra vuelta para buscar un estacionamiento más cerca’. Esa es una frase común al buscar estacionamiento y no encontrarlo frente al lugar que se visita.

Sin embargo, al ver un peatón cruzar una avenida también es común escuchar dentro de un auto, muchas veces a exceso de velocidad: ‘mira nada más, que flojo, por no usar el puente peatonal que está allá a varias cuadras se cruza corriendo’.




En días pasados, casi al mismo tiempo que nos enteramos que los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León se autorizaban la compra de 22 autos nuevos, escuchamos su exhorto para hacer obligatorio el uso de los puentes peatonales y solicitar a los ayuntamientos colocar mallas ciclónicas y muros de concreto ya que se ven a diario peatones víctimas de atropellos por no usar los puentes peatonales y su “falta de pericia”.

Para entender un poco mejor los puentes peatonales realizamos un ejercicio para medir la distancia que recorre un peatón por un puente peatonal y comparemos con la distancia que recorrería si lo hiciera a nivel de calle. 45 metros a nivel de calle contra 203 metros usando el puente peatonal con rampas de pendiente cansada y superficie derrapante.

Para tomar una iniciativa dentro del Congreso o en cualquier ámbito de trabajo, se deben hacer una serie de cuestionamientos que den fundamentos sólidos más allá de los hechos.

Primero me preguntaría si los que hicieron y avalaron la propuesta son usuarios de transporte público, caminan a diario y usan los puentes peatonales. De no serlo, con una semana que lo hagan les dará una buena perspectiva y sensibilidad del tema y podrán ver las cosas como automovilistas y como peatones. Quizás vean que el problema está en la infraestructura que se le brinda al peatón y no en su uso.

Después preguntaría si investigaron ¿cuántos de los accidentes mortales en avenidas en las que se involucran peatones se registran a exceso de velocidad o alguna otra falta al reglamento de tránsito?




Y después haría una serie de preguntas que den valor a la propuesta, como puede ser si la iniciativa proporcionará facilidades de manera obligatoria a las personas con discapacidad y de la tercera edad.

También preguntaría si conocen las distancias y condiciones de banquetas en las que los usuarios de transporte público tienen que recorrer desde su lugar de origen a una parada de transporte público y de nuevo de una parada de camión al puente y de ahí a su lugar de destino.

Ya que se habla de hacer el uso obligatorio preguntaría si esto incluye los puentes que indebidamente están en calles que cuentan con semáforos, velocidad restringida y sirven sólo como anuncios publicitarios generando contaminación visual a la ciudad.

Y ya por último ¿revisaron el reglamento homologado de tránsito que está a punto de entrar en vigor para no estar duplicando propuestas o generar otras que no vayan en su contexto?

Desde la caída del muro de Berlín la tendencia es eliminar barreras y no crear nuevas. Hacemos burla de la iniciativa del candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump por su propuesta de un muro fronterizo para evitar el paso a quienes considera indeseables mientras localmente los encargados de hacer las leyes proponen muros a los más desfavorecidos para dar tranquilidad y libre paso a los autos que muchas veces circulan sin respetar los límites de velocidad.

Estoy consciente que el tema siempre es polémico y que habrá casos en que la existencia de los puentes se justifique, pero también es un tema digno de tratar para cambiar la visión del modelo de ciudad actual por el de una mejor planeada que considere al peatón en lugar de limitarlo y ponerle barreras.

También hay una gran tarea de análisis para generar propuestas con una visión de largo plazo donde las iniciativas estén enfocadas a crear y no a parchar, limitar y discriminar.

Una atenta invitación a buscar mejores alternativas para generar cambios efectivos en temas de movilidad.

Si se sigue pensando de la manera actual, no duden que pronto se exhorte a que las mallas y los muros sean pagados por los peatones.

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