Entrevista a Javier Náñez Pro: Veto a la Ley de Bienestar y Protección Animal

En entrevista el Secretario Técnico de la Secretaría General de Gobierno, Javier N. Pro, nos explica cual es el futuro de la Ley de Bienestar y Protección Animal y porqué el veto que fue presentado la semana pasada en el Congreso de Nuevo León.

Revocación Vetada

Últimamente, en el Congreso del Estado y el Palacio de Cantera, las cosas están tensas. Mientras que por un lado los diputados están presentando una buena propuesta de ley de participación ciudadana, con algunos puntos que caen al doble sentido, hasta unos muy fuertes y contundentes que definitivamente cambiarán el rumbo político de nuestro estado como lo es: la revocación de mandato.

El Gobernador no sabe lo que esto significaría para su mandato y de todos los que están en la mesa del poder público, ya que con esto pueden quitarlo si su “raza” sigue decepcionándose del mesías democrático por el que votaron la pasada elección.

Pero, del otro lado, el Gobernador no sabe lo que esto significaría para su mandato y de todos los que están en la mesa del poder público, ya que con esto pueden quitarlo si su “raza” sigue decepcionándose del mesías democrático por el que votaron la pasada elección (no quieren al PRI y votan por un expriista), ante los malos resultados. Pero las sacadas de vuelta y las excusas forzadas ya no son del agrado de sus electores porque ni cárcel a Medina, ni metro gratis, pero sí tenencia. Esto es una factura muy cara que está cargándose al no cumplir con los ramos de promesas que entregó en campaña.

Entre declaraciones que retan al poder legislativo, Jaime Rodríguez, en lugar de mostrar fuerza política, denota una verdadera falta de sentido común, madurez y experiencia al querer hacer a un lado al congreso, y olvidarse de la división de poderes.

Desde el inicio de su mandato, la relación con los diputados no ha sido del todo amigable. Entre declaraciones que retan al poder legislativo, Jaime Rodríguez, en lugar de mostrar fuerza política, denota una verdadera falta de sentido común, madurez y experiencia al querer hacer a un lado al congreso, y olvidarse de la división de poderes; en fin. El “pero”, ahora, es que los diputados pueden iniciar un procedimiento contra alcaldes y gobernador para la revocación de mandato; sin embargo, no especifica cómo se hará para diputados, o sea, como el juez se juzgara a sí mismo. Un buen ejercicio sería por parte de los ciudadanos de su distrito, a propuesta de otros partidos políticos, de líderes sociales, o inclusive de su propio partido, pero tener esa razón para vetar toda una ley completa significa que alguien está preocupado por la revocación y al día de hoy nada ocupado por enfrentar a la raza y resolverles lo que demandan, porque en Tabasco, Tamaulipas o donde se meta con sus precampaña, perdón, conferencias, allá, no nos resuelve nada.

Hay que recordarle que, si la Ley de Participación Ciudadana se aprueba, esto no será un castigo para los gobernantes, sino un derecho para las personas. Ahora la raza sí manda. Y para eso, no hay veto.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dimes y Diretes: “Ley de Participación Ciudadana a la congeladora”

Como era ya de esperarse, y como el diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, lo había adelantado, es muy probable que la Ley de Participación Ciudadana quede en la congeladora. El viernes pasado, el gobierno estatal decidió vetar esta ley que había sido aprobada por el congreso local el diciembre del año pasado. ¿La razón? Muchos errores técnicos en la ley que el gobierno estatal quiere que se corrijan, pues según alega “el Bronco” y su gabinete que benefician a los diputados y no a la ciudadanía en verdad.

La respuesta ayer de Marco González del PRI es que el gobierno estatal ni se moleste en enviar un proyecto de ley, pues lo mandarán a la congeladora.

La respuesta ayer de Marco González del PRI es que el gobierno estatal ni se moleste en enviar un proyecto de ley, pues lo mandarán a la congeladora. No me sorprende la reacción de Marco ya que como sabemos es el “Gato de Medina”. Ellos lo que quieren es que sea su propuesta de ley, que fue vetada, la que se apruebe por el ejecutivo. Nuevamente y sin que me quede ninguna duda los diputados del bipartidismo están jugando con los ciudadanos. Cuarenta errores técnicos tiene la Ley de Participación Ciudadana. ¡CUARENTA! Me parece increíble que los diputados quieran seguir adelante con una ley que esta defectuosa y que claramente apoya los intereses de sus partidos.

El tono de las discusiones entre el congreso local y el gobierno del estado están subiendo de tono, el día de ayer después de que Milenio Monterrey diera a conocer que tienen 395 expedientes de cuentas publicas del 2011, 2012 y 2013 sin atender, “el Bronco” les mando decir a los diputados un “a jalar que se ocupa”, pues les pidió ser mas productivos y sacaran adelante esos expedientes. Esta vez coincido con el gobernador, parece ser que muchos diputados como Marco González, son buenos para grillar, pero malos para ponerse a chambear.

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La minimización de los errores de la Ley de Participación Ciudadana

Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.

Los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.

Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.

Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece: “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: la única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación.

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

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¿Tenencia vs Municipios: 1+1=0?

En las últimas semanas se han propuesto cambios importantes desde el interior del Congreso de Nuevo León. Desde la disminución gradual de la tenencia hasta, más recientemente, la propuesta de cambios relacionados con la distribución de algunos fondos que se destinan a los municipios. De concretarse estos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal se esperan fuertes implicaciones para las finanzas públicas de Nuevo León.

Es indudable que los ingresos de los municipios deben de ser fortalecidos, pero no es concebible que esto tenga como origen el debilitamiento de las finanzas del Estado. La perspectiva que se tiene sobre la situación económica de los diferentes órdenes de gobierno para 2016 obliga a que todas las decisiones que se tomen sean analizadas a fondo y se calculen los impactos financieros que tendrán en las ya debilitadas finanzas públicas.

La derogación de la tenencia no sólo afectará al Estado, también los municipios se verán afectados.

La propuesta del Congreso de disminuir gradualmente la tenencia pretende dar respuesta a un supuesto reclamo de la población que se ha pronunciado en contra de este pago. Sin embargo, lo anterior debe de hacerse en el momento adecuado, cuando la estabilidad de las finanzas públicas no esté en riesgo, ya que privará a Nuevo León de un recurso habitual de gran importancia que coadyuda a solventar el déficit. La derogación de la tenencia no sólo afectará al Estado, también los municipios se verán afectados.

El Congreso no sólo debe de analizar los beneficios que tendrán los municipios con el cambio en la distribución de fondos, también es importante que estime el impacto negativo que tendrá esto para el Gobierno del Estado y sus dependencias.

El Congreso ha mencionado que la disminución de los ingresos de los municipios, derivada de los cambios en el impuesto de la tenencia, será solventada con las otras modificaciones propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal. El Congreso no sólo debe de analizar los beneficios que tendrán los municipios con el cambio en la distribución de fondos, también es importante que estime el impacto negativo que tendrá esto para el Gobierno del Estado y sus dependencias. En esencial, la generación de un debate en torno a cambios tan importantes, donde cada afectado pueda exponer las implicaciones derivadas de un cambio en la legislación y sea posible encontrar no sólo la mejor alternativa, sino también el momento idóneo para tomar las decisiones.
Más allá de buscar cómo repartir un recurso del que ya depende el Estado, se deben de buscar alternativas para generar mayores ingresos y contener el gasto no prioritario. Opciones para mejorar la eficiencia recaudatoria y mecanismos alternos de financiamiento como las APPs deben de estar sobre la mesa de discusión. Con el panorama del próximo año de bajos ingresos participables y la disminución del gasto federalizado, no es momento de prescindir de fuentes de ingresos.

Con el panorama del próximo año de bajos ingresos participables y la disminución del gasto federalizado, no es momento de prescindir de fuentes de ingresos.

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