#Kleroterion: “Justicia para nuestros policías”

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En este cierre de periodo y apunto de terminar los trabajos para esta legislatura, la Cámara de Diputados avaló con 320 votos a favor y uno en contra, el Dictamen que permite la reincorporación de agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la federación, estados y municipios, separados de sus cargos y demuestren en un juicio su inocencia o despido injustificado, lo anterior se logró modificando la fracción XIII del apartado B, del artículo 132 Constitucional.

Entendamos que esto no significa la permanencia de policías que infrinjan la ley, sino únicamente velar por el fortalecimiento de las corporaciones, otorgando estabilidad en el empleo a elementos que cumplan con su cargo.

El principal motivo de esta iniciativa es la dignificación de todos los servidores públicos que pertenecen a instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, destacando que la mayoría de los integrantes de estas instituciones se manejan con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Recordemos que la reforma de 1999 impidió la reinstalación del policía cuando no cumplieran los requisitos que las leyes en ese entonces señalaran para permanecer en tales instituciones, después, en 2008, se estableció la prohibición a la reincorporación aún cuando la autoridad judicial determinara que la separación fuera injustificada.

Antes de esta reforma, la no reinstalación del policía luego de obtener resultado a favor en el juicio o medio de defensa promovido, lo único que reflejaba era el deterioro de la familia del servidor público, perjudicando su núcleo social pasando a un estado desprovisto de los medios para solventar las necesidades básicas, además de no ser bien visto ante la sociedad por tratarlo como una persona sin respeto y valores y por supuesto no hablemos cuando se presentan a solicitar empleo, ya que por la misma circunstancia se ven imposibilitados de obtener otro.

Sin embargo, es importante señalar que durante varios meses e incluso años, en todos los sectores de la población se habló acerca del asunto de la militarización en el país, aunado a los debates arduos de la Ley de Seguridad Interior, es por esto que dentro de mi agenda legislativa me propuse adoptar este tema tan sensible e importante y por el que nadie se preocupaba, los agentes del ministerio público, los cuerpos policiacos de cualquier índole o rango, así como cualquier individuo que tenga labores relativas a la seguridad en el país. Considerando la premisa de que el sustento de sus familias lo obtienen como producto de su actividad de servicio público, con esfuerzo, dedicación y en ocasiones cubriendo horarios extremos.

Todos hablaron de temas de seguridad, pero nadie entendía que para poder lograrlos era necesario apoyar a los trabajadores con estas labores, ya que son los principales actores para que cualquier ley relativa pueda ejecutarse, nadie los tomó en cuenta, nadie habló de mejorar o formar policías, pero sobre todo nadie habló de brindarles certeza y protección laboral, porque hasta la propia Constitución los tenía en el olvido, así como los Partidos Políticos sin excepción, Gobernadores y Fiscal General o Procurador, por lo que existía un notorio y preocupante abandono hacia ellos.

Es así que, con esta iniciativa, se les da dignidad, logrando que en caso de que sean despedidos injustificadamente pueden ser reinstalados en su empleo. Estoy convencido que con esto se logra pagar una deuda histórica que tenemos con nuestros policías y cuerpos de seguridad, se dio un gran paso para recuperar la seguridad a nuestras familias y un avance fundamental para que en México por primera vez, se fortalezcan las instituciones públicas, entendamos que estas personas se juegan la vida diariamente, con una sola finalidad, cuidarnos a todos nosotros, por lo que es nuestra obligación protegerlos en todos los aspectos.

En conclusión, en una sociedad como la nuestra es imperativo fortalecer a nuestras instituciones, no podemos hablar de seguridad y justicia, si tenemos desprotegidos a nuestros cuerpos policiacos, una ciudad segura debe tener una policía segura, pero esto sólo se logra, no con buena voluntad, sino con reformas como éstas que protegen al servidor público, al policía honesto, valiente e incorruptible, al ministerio público justo y equitativo, al perito virtuoso y capaz de su labor, así como aquel trabajador en el ámbito de seguridad pública comprometido con su país y con respeto hacia su sociedad.

Cabe mencionar que con esta iniciativa cumplo al 100% mi agenda legislativa que me propuse al comienzo de la legislatura, por lo que me quedo sin ningún pendiente en la cámara de diputados, esperando que esto abra la brecha para un sin fin de reformas que beneficien a los buenos servidores públicos, ya que estoy convencido, que son más los honestos, por eso puedo decir que como legislador de la LXIII Legislatura, “los miembros de las instituciones policiales no son, ni fueron olvidados”.

Pide Anaya periodo extraordinario para eliminar del fuero

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El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se pronunció a favor de que el Senado realice un periodo extraordinario de sesiones para sacar temas pendientes como la eliminación del fuero.

“Estaría bien que se hiciera un periodo extraordinario, ahí quedó un pendiente muy importante, que es la eliminación del fuero”, comentó el frentista en Durango al ser cuestionado al respecto.

Sin mencionar directamente al PRI, partido que intentó atribuirle la eliminación del fuero a su candidato José Antonio Meade, Anaya consideró que la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados fue un engaño.

“A mí francamente me parece lamentable que engañen a la gente, presentando iniciativas, cuando después se niegan a votar la eliminación del fuero“, lanzó Anaya.

“Nosotros llevamos 19 años peleando por la eliminación del fuero y lo vamos a seguir apoyando”.

A su juicio, no existen pretextos para que los senadores no realicen un periodo extraordinario.

Previo a un evento masivo en instalaciones de la Feria Nacional de Durango, el candidato de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano defendió su promesa de bajar los precios de las gasolinas y dijo que no se trata de una medida populista.

“Nuestra propuesta es una propuesta seria. Hoy, casi el 40 por ciento de lo que la gente paga por un litro de gasolina son impuestos, nosotros votamos en contra de buena parte de esos impuestos”, explicó el ex dirigente del PAN.

“Estamos convencidos de que es una carga económica absolutamente excesiva para la gente y bajar el precio de la gasolina implicaría un gran alivio para la economía de los mexicanos“.

Al llegar a Durango, Anaya se reunió con el Gobernador, José Aispuro, y el presidente del PAN, Damián Zepeda.

Sin fiscales y el fuero pendiente, Congreso cierra periodo

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El Congreso de la Unión cerró el último periodo ordinario de la LXIII Legislatura con pendientes como la eliminación del fuero constitucional y el nombramientosde los fiscales General de la RepúblicaAnticorrupción.

El Senado de la República dejó abierta la posibilidad de abrir un periodo extraordinario para discutir los temas pendientes, según información de Reforma.

Cabe recordar que la minuta remitida por la Cámara de Diputados para quitar el fuero quedó atorada en comisiones.

“Quiero advertirle a mis compañeras y compañeros, si hay un dictamen de aquí al 31 de agosto, que es el último día en que debemos trabajar, habrá periodo extraordinario… Y aquí estaremos como siempre discutiendo, debatiendo, analizando y aprobando lo que se nos someta”, dijo Emilio Gamboa, Desde la tribuna, coordinador de la bancada del PRI.

Por su parte, Fernando Herrera, líder de los senadores del PAN reclamó que el PRI y sus aliados se hayan negado a discutir la reforma al artículo 102 constitucional para crear la Fiscalía General de la República y designar al Fiscal Anticorrupción.

El coordinador del PTManuel Bartlett, arremetió contra la administración de Enrique Peña Nieto y la falta de correctivos desde el Senado.

“Ese es el legado del régimen que se extingue, ese es el legado del régimen de Peña Nieto que se extingue apoyado en la legislación sin correctivos, sin ningún correctivo desde este Senado“, afirmó.

En tanto, la Cámara de Diputados también clausuró el periodo ordinario de sesiones en medio de reproches al Senado por no aprobar la eliminación del fuero, que incluía al presidente de la República.

Fin de la impunidad, o atole con el dedo

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Fuero; un original intento por asegurar el equilibrio de poderes e impedir persecuciones y abusos políticos a la oposición, que resultó en el envilecimiento de la figura para solapar los actos ilícitos de altos funcionarios públicos. 

Contemplado bajo el artículo 111 constitucional, el fuero ha avalado la inmunidad procesal de diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia, y diversos funcionarios públicos. A lo largo del tiempo, el fuero se ha convertido en el aliado predilecto de funcionarios públicos inmiscuidos en un sinfín de actos indebidos, alejándose cada vez más de su propósito original. 

Así, todos tienen que ver con ella. Esa figura constitucional controvertida y repudiada por la sociedad en su conjunto, al ser la máxima manifestación del privilegio de la clase política. Un privilegio que va en contra del más básico y fundamental principio de igualdad jurídica. En el momento que un funcionario asume su cargo, pareciera que pierde no su condición de ciudadano, pues deja de ser igual ante la ley y es elevado a un peldaño en donde no puede ser juzgado a menos que se de autorización expresa de ello. 

Aunque no nos hemos distanciado por completo de esa época de privilegios políticos, el jueves de la semana pasada dimos un grandísimo primer paso. La aprobación unánime de la eliminación del fuero constitucional en la Cámara de Diputados es sin duda alguna un evento histórico. No obstante, habrá quien diga (y en efecto se dijo) que eliminar el fuero en México, es como escupir para arriba. Y sí, hablar de la eliminación del fuero en nuestro contexto actual, es un arma de doble filo. No hay que pasar por alto que las instituciones de nuestro país responden a intereses políticos, no ciudadanos; que la impartición de justicia es selectiva, no imparcial; y que la impunidad es la regla, no la excepción.

Para los mexicanos, la eliminación del fuero puede sentirse como una victoria social; la terminación de un privilegio político que finalmente pone a los funcionarios en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos, uno que les permite ser juzgados igual que al resto de nosotros. Sin embargo, la eliminación del fuero no es equivalente a la eliminación de la impunidad. Esta iniciativa tiene que ser parte de una serie de medidas que fortalezcan la procuración de justicia y la eliminación de la corrupción, empezando por garantizar la autonomía de la Fiscalía, así como la designación del Fiscal Anticorrupción, de lo contrario, la eliminación del fuero habrá sido una medida más para darnos atole con el dedo.

Diputados avalan desaparición de fuero

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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente, y lo turnó al Senado de la República para su análisis,

Se detalla que se aprobó en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional.

La reforma establece que el presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria, agrega Forbes.

La reforma aplicará para el presidente, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, secretarios de despacho de dependencias federales, el fiscal general de la República, los consejeros electorales del INE, gobernadores, diputados locales, magistrados estatales, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de todo el País.

El fuero evitaba que servidores públicos de alto rango pudieran ser procesados judicialmente por la comisión de algún delito durante el periodo de su encargo, como una garantía para la gobernabilidad del País.

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, los funcionarios protegidos por esta figura sólo pueden ser llevados ante la justicia civil mediante un proceso de “desafuero”, mientras que al presidente de la República únicamente el Senado puede destituirle de su cargo y bajo circunstancias específicas como “traición a la patria”.

Asegura AMLO que ganará elección con 10 millones de votos de diferencia

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El candidato a la Presidencia de México por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante un mitin en Ensenada, Baja California, que ganará las elecciones del próximo 1 de julio por una ventaja de 10 millones de votos, algo que tiene preocupados a sus contrincantes.

“Tenemos arriba de 20% de ventaja, vamos a ganar con más de 10 millones de votos de ventaja. Así están las cosas y eso tiene nerviosos a los camarines, a los de la mafia del poder, porque se va a acabar el bandidaje oficial”, aseguró el tres veces candidato presidencial.

Por otro lado, López Obrador subrayó la necesidad de que haya “voto parejo” para tener la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados y “evitar problemas” en caso de que gane la elección.

“Vamos muy arriba, pero necesitamos ganar no sólo la Presidencia, también la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores porque si no, los de la mafia del poder ahí se van a atrincherar y van a estar poniendo obstáculos”, dijo López Obrador.

De acuerdo al ex Jefe de Gobierno de la CDMX, se debe de garantizar la independencia del nuevo Poder Legislativo con el fin de que no se dejen comprar con “moches” en la negociación del Presupuesto.

“Diputados y senadores se venden, reciben moches para votar a favor de leyes o para aprobar el presupuesto, por eso les pido voto parejo”.

Durante su visita a Baja California, AMLO prometió construir un hospital en San Quintín, con el fin de que se ofrezca servicios de salud pública a los habitantes de la zona y a los jornaleros agrícolas que trabajan las tierras. También aseguró que respetará todas las religiones.

Comunicación Social: Ley de Publicidad

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Esta semana se aprobó con el apoyo de las bancadas del PRI, PVEM y PANAL en la Cámara de Diputados la controversial ley de publicidad oficial también apodada por los activistas como “Ley Chayote”. En resumen, lo que busca esta nueva normatividad es poner orden a los tres niveles de gobierno, en sus 3 poderes y a los órganos autónomos en sus gastos de comunicación social para que se cometan menos abusos con gastos en ese rubro. La ley establece que toda comunicación social debe cumplir con varios criterios de eficacia, economía, veracidad, transparencia y honradez. Se obliga a las instituciones a elaborar un programa anual de comunicación social, el cual debe incluir medios de comunicación que estén incluidos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación que también se crea con el mismo fin de tener un mayor control.

Cientos de asociaciones civiles y organizaciones de activistas ciudadanos se expresaron en contra de la polémica ley, al argumentar que no resuelve de tajo el problema ya que no establece topes ni en cantidad, ni en porcentaje en los gastos de comunicación social que en muchos casos son exagerados y representan un “boquete” para las finanzas de la nación y de muchos estados y municipios. La ley no define tampoco criterios de que tipo de espacios se pueden o no contratar ni limita la aparición de funcionarios públicos, no mete el gasto de comunicación social dentro de los informes anuales de labores ni promueve la diversidad y el pluralismo de medios, al contrario lo centraliza en la SEGOB presentando un posible riesgo para medios que no sean afines a ciertos grupos.

Para nadie es secreto que la libertad de expresión en nuestro país ha ido evolucionando de manera acelerada, en las últimas décadas con el surgimiento de la competencia política y la maduración de la democracia en nuestro país, pero también ha traído consigo retos como el hecho que México es el primer o segundo país (sin guerra, dependiendo del año) con más periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. No está de más la frase que los medios de comunicación representan un cuarto poder, su influencia es tal que pueden construir o destruir reputaciones e influir elecciones a su criterio o al criterio del mejor postor. Al final aunque si bien los medios son un negocio por la publicidad, también debería existir (y muchos medios lo tienen, tampoco hay que generalizar) un sentido de responsabilidad en el ejercicio del periodismo en nuestro país.

Yo no creo que sea justo calificar a esta ley como mala o como buena, soy un convencido que debemos reconocer que representa un primer paso hacía un mayor control en el gasto gubernamental en publicidad (sin entrometerse en el ejercicio periodístico), pero aún falta mucho por hacer para evitar los abusos por parte de ciertos gobernantes que en 3 o 6 años quieren hacerse más famosos que Luis Miguel, por decirlo de manera coloquial. Vigilar el gasto de publicidad no solamente en gobiernos sino también en campañas es muy importante, cuantos candidatos no hay que se quejan de que si no pagan a tal o tal medio no salen en ningún lado, en ese caso los medios están en su derecho de cobrar por publicidad pero tampoco hacer un cobro excesivo, que inclusive por debajo del agua pudiese ser hasta mayor que el propio tope de gastos del candidato.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.

Nombran al nuevo Auditor Superior de la Federación

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El Pleno de la Cámara de Diputados nombró a David Rogelio Colmenares Páramo como el nuevo Auditor Superior de la Federación, en sustitución de Juan Manuel Portal Martínez, quien terminó su periodo el 31 de diciembre de 2017.

La elección del nuevo Auditor se dio a través del voto secreto de los legisladores, según un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política en la que todos los coordinadores parlamentarios tienen derecho a voz y voto.

Colmenares Páramo obtuvo 377 votos a favor; se depositaron 64 votos nulos de diputados del PAN y PRD.

En la terna aprobada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación estuvieron Arturo Salim Orci Magaña, quien obtuvo un voto, y José Trinidad Saldívar, le favorecieron con 3 votos.

Ramo 23, el “cajón de gastos” del gobierno, que aumenta en elecciones y se usa para “castigar”

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El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.

Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.

Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política.

En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó.

Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso