“Nosotros no la filtramos”, le responde el INAI a AMLO

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El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, señalo que no se ordenó a Presidencia de la República entregar como respuesta a la solicitud de transparencia de un particular.

El INAI también aclara que ellos no faltaron la lista al periódico Reforma, que señala a Joaquín López Dóriga, Callo de Hacha, Enrique Krauze, Adela Micha, Daniel Moreno y otros periodistas como los principales beneficiarios de mil millones de pesos de recursos públicos, que ha encendido el debate en torno al ejercicio de dinero público en publicidad oficial durante la administración de Enrique Peña Nieto, toda vez que, por ley, no puede entregar “trocitos de información”.

El pasado 18 de mayo el INAI ordenó a la Oficina de Presidencia entregar a un particular toda la información que explique contratos y remuneraciones a personas físicas o morales en el ámbito de los medios de comunicación, explicó el comisionado del INAI a Mesa para Todos de MVS Noticias. Esta información no es una lista, sino una enorme cantidad de documentos relacionados con contratos.

“El INAI no hablaba de una lista sino de una enorme cantidad de información que pueden ser contratos, pagos por conceptos diversos que engloba la publicidad oficial, es decir, campañas publicitarias, publicidad directa y asesorías”, dijo Acuña.

INAI recibió de Presidencia un correo electrónico la noche del 22 de mayo a las 21:07 horas con una “una relación muy amplia de ligas con diversa información”, subrayó el comisionado.

“Antier a las 9 de la noche recibimos de Presidencia una relación muy amplia de ligas, no listas, con diversa información. Es una relación muy grande que para estar conformes de que se trata de la información que pidió el solicitante tendremos que verificar. Nosotros no hacemos ni lo hemos hecho jamás andar dando trocitos o incompleta la información que todavía no se ha verificado”, detalló el comisionado.

Por ahora, el instituto no puede dar por buena o por mala la información entregada por Presidencia al particular ni al INAI porque se encuentra en proceso de revisión. Será hasta el miércoles 29 de mayo cuando se informe si Presidencia cumplió con lo que el solicitante demandó a través de transparencia o si el solicitante considera que no y la información deberá ampliarse. 

“Nosotros no hacemos estimaciones, pero el recurso es de una enorme información. No es de una relación que por muy larga o corta que parezca permitiera pensar a cualquiera que esa es la información completa. El INAI sí busca cuando resuelve una controversia que se entregue la información completa. Cuanto se haya pedido y cuanto haya motivado la intervención del INAI. Cuando no se ha concluido la parte de verificación, nosotros no podemos ser por buena o mala onda que se diga o parezca ser o pueda ser información que pudiera ser parte de la información en genérico que ordenamos que se entregara”.

(Con información de SDP Noticias)

Crónica de un Centralismo Anunciado

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Durante el sexenio anterior se creó la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y los Municipios, la cual representó la centralización tributaria del país. Dicha centralización se fundamentó en los problemas derivados de la discrecionalidad y falta de transparencia en el uso de recursos públicos, sobreendeudamiento de las entidades y escándalos de corrupción en gobiernos locales, así como bajos índices de recaudación local. Resultó controversial entonces que, en lugar de crear incentivos para impulsar la recaudación estatal y municipal y fortalecer organismos autónomos de fiscalización transparente, el Gobierno Federal optó por la centralización y control por medio de diversas acciones relacionadas con financiamiento externo y el otorgamiento de recursos a través de transferencias federales, las cuales actualmente representan alrededor del 80% de los ingresos totales por entidad. 

En la actualidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece querer continuar con la misma línea en materia de centralización, esta vez a través de la creación de los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo o superdelegados. La figura de los superdelegados ya fue aprobada por ambas Cámaras y actualmente figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se establece que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, con funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las  dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población. 

De acuerdo a lo enunciado por el Presidente, los superdelegados combatirán la corrupción, llevarán a cabo programas sociales del Gobierno Federal y contribuirán a la disminución de la burocracia gubernamental de las dependencias, sustituyendo delegados federales de múltiples organismos. Es prudente puntualizar que este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales -organismo autónomo que busca fortalecer la transparencia- recibió 37 millones de pesos menos que el ejercicio fiscal anterior, mientras que los programas sociales, que en gran medida serán operados por los superdelegados, recibieron 2 mil millones adicionales en comparación con 2018. Adicionalmente, hace algunos días, el Ejecutivo comunicó por medio de un memorándum que no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones estatales, por lo que, en caso de cumplirse, será el superdelegado, apoyado por 4 subdelegados y el personal operativo de base, quien desempeñe la función de representante estatal de todas las instituciones del Gobierno Federal.

Derivado de lo anterior surgen cuestionamientos sobre la verdadera intención para crear la figura de los Delegados, tomando en cuenta que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo reportará directamente al Presidente y que  no existe un perfil definido para ocupar el cargo siendo que los actuales Delegados son expresidentes de los Comités Directivos del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en sus estados, candidatos a gobernador por el mismo partido, senadores y diputados en funciones con distinta formación profesional y trayectoria. 

La burocracia federal en oficinas de representación existe y un cambio estructural era necesario, pero el problema surge al realizar un recorte generalizado, sin un estudio previo de las consecuencias de reducir y/o eliminar dichas plazas para designar funcionarios sin perfiles definidos y responsabilizarlos de ejecutar programas y proyectos en diversos sectores específicos para los cuales no tienen conocimiento previo.

La concentración del poder en materia fiscal y política, traducida en el manejo y distribución de los recursos y en la imposición de figuras como los superdelegados, aunado al control con el que cuenta el Presidente en ambas cámaras legislativas y congresos locales, deriva en el manejo del poder centralizado con muy pocos, o prácticamente nulos, contrapesos. La recentralización del poder nacional podría representar un atraso en materia de democracia si las figuras de los Delegados Estatales de Desarrollo interfieren en las acciones de Gobernadores elegidos democráticamente por los habitantes de cada entidad federativa. 

FCH y EPN condonaron 400 mmdp de impuestos

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Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se condonaron 400 mil 902 millones de impuestos a contribuyentes, entre 2007 y 2018.

La titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que, del total, 161 mil millones de pesos de condonaciones corresponden al sexenio de Calderón y 238 mi millonesl al de Peña Nieto.

La funcionaria federal no reveló los nombres de los beneficiarios, aunque el Mandatario adelantó que toda la información sería entregada al INAI y al Poder Judicial. La titular del SAT, detalló que entre 2007 y 2018, el 54% de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes, de los cuales, 45 que ampararon para que no se diera a conocer la información relacionada con sus condonaciones, que ascienden a 102 mil millones de pesos, otro 43 contribuyentes se vieron beneficiados por las condonaciones en los últimos dos sexenios.

La semana pasada, López Obrador, dio a conocer que se revelaría la información sobre condonaciones de las multas tres administraciones. Sin embargo, no se dieron a conocer los números e la Administración de Vicente Fox.

En la conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño firmó un decreto en el que renunció a su facultad de condonar impuestos, a pesar de que asnillos los establece el Código Fiscal Vigente.

El mandatario aseguro que ha ocurrido en otros sexenios con las condonaciones equivale a un “huachicol con cuello blanco”.

“Se va a eliminar, acabar con privilegios fiscales, hacer valer la ley en la letra y el espíritu. Tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, tienen que contribuir más quienes tienen más ingresos y, en este caso, muy al contrario, los de mero arriba, en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía”, comentó AMLO en su conferencia de prensa.

Anuncia AMLO decreto para eliminar condonación de impuestos

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana emitirá un decreto para eliminar la condonación de impuestos a funcionarios públicos y otros beneficiados por gobiernos anteriores.

“Durante el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos a los que han sido privilegiados, allegados al régimen y que les han condonado muchísimo dinero”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario dijo que dará a conocer cuánto dinero se le condonó durante los últimos tres sexenios; y recordó que durante la administración de Vicente Fox el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) realizó algunos amparos para que no se dieran a conocer estos montos.

“Ya he tomado la decisión porque es una facultad que tengo como presidente de condonar impuestos, entonces voy a renunciar a esa facultad con un decreto primero y luego en septiembre que envíe la ley de ingresos para el año próximo, se elimina. Pero voy a hacer el compromiso que durante el sexenio no haya condonación de impuestos para beneficio de una minoría”, detalló el político tabasqueño.

Por otro lado, mencionó que es completamente injusto porque quienes pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) son los asalariados. Y recordó que cuando era parte de la oposición siempre lo buscaban porque según no pagaba sus impuestos por sus libros escritos, pero “siempre estuve al corriente y pagaba mis impuestos”.

“No es posible que todos paguemos impuestos, todos, porque yo estando en oposición siempre me buscaban para encontrarle que no pagaba yo mis impuestos de los libros que escribía y siempre estuvo al corriente y pagaba mis impuestos y ahora pago mis impuestos, pero no es mi caso, son todos los trabajadores. ¿Quienes pagan más impuestos sobre la renta en México? Los asalariados”, comentó AMLO.

Pemex concluye la compra de 612 pipas para el transporte de gasolinas

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Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara a Petróleos Mexicanos (Pemex) dar a conocer los contratos y facturas con las que se adquirieron autotanques como parte de la estrategia contra el robo de combustible, el gobierno de México detalló que se adquirieron un total de 612 pipas, 59 unidades menos que las anunciadas el pasado 23 de abril.

Un particular, detalló el magistrado Joel Salas ante el pleno del INAI, solicitó a Pemex, los expedientes, contratos y facturas para la adquisición de 550 autotanques que habrían de suplir las tareas de traslado de los combustibles.

Pemex no proporcionó la información afirmando que no fue responsable de la adquisición y señaló a su filial, la empresa III Servicios S.A. de C.V. como la responsable de la operación.

El magistrado del INAI afirmó que Pemex es un “sujeto obligado” porque cuenta con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el transporte de combustible en autotanques, además de señalar que la empresa productiva del Estado no turnó la solicitud de información a todas las unidades administrativas competitivas y que al encontrar información relativa a persona morales, no clarificó cuál era ni la comunicó al particular.

El magistrado Joel Salas Suárez explicó que el 24 de enero se anunció la adquisición de 671 pipas para el traslado de 143 mil 958 barriles diarios de combustible, costo estimado por el gobierno en un aproximado de 92 millones de dólares. Investigaciones periodísticas, detectaron la operación de solo 69 pipas a finales de marzo de 2019.

INAI pide a Fiscalía General castigar a funcionarios involucrados en operación del software Pegasus

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El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió este miércoles dar vista al Organo Interno de Control en la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que determine si los servidores públicos a cargo de operar el software Pegasus incurrieron en responsabilidades administrativas.

Asimismo ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos ante la celebración de los contratos de 2016 y 2017 para la actualización de la licencia de uso del sistema Pegasus, con el que, según una investigación de The New York Times, se utilizó para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y profesionales de la comunicación, cuando su propósito era detectar posibles amenazas a la seguridad nacional.

En un comunicado, el órgano de transparencia dijo que, tras concluir el proceso de verificación que inició de oficio en noviembre de 2018, determinó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Lo anterior, porque la instancia judicial no contaba con una bitácora de uso sobre el tratamiento de datos personales vinculado al software. Tampoco acreditó contar con un sistema de gestión y con un documento de seguridad; así como haber llevado a cabo el borrado seguro del sistema, tras su desinstalación.

Según el INAI, la PGR también mintió sobre los contratos y licencias del software, ya que la pasada administración habló sólo de la existencia del contrato suscrito en 2014 para la adquisición del software, sin embargo apenas el lunes pasado la ahora Fiscalía General informó que existían otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017, para actualizar la licencia de uso del sistema.

Bajo estas consideraciones, y luego de que la dependencia manifestó que actualmente ya no tiene instalado el software, el Pleno del INAI instruyó a la Fiscalía implementar las siguientes medidas:

Acreditar, de manera formal, que el software denominado Pegasus ha sido desinstalado del equipo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y de cualquier otro equipo en posesión de la Fiscalía.

-Precisar las políticas, métodos y técnicas que dan cuenta de la desinstalación del software, considerando la irreversibilidad, seguridad y confidencialidad; así como, acreditar fehacientemente que no es factible instalar nuevamente el software adquirido en algún equipo en posesión de la ahora Fiscalía General.

-Remitir al Instituto los documentos con los que compruebe haber comunicado a sus unidades administrativas que desarrollan actividades sustantivas de investigación criminal, la necesidad de adoptar las medidas mencionadas en la operación de todos y cada uno de los sistemas que impliquen el tratamiento de datos personales.

-Y, a propuesta del comisionado Oscar Guerra Ford, el Pleno ordenó a la Fiscalía publicar en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la versión pública de los contratos celebrados en 2016 y 2017, para la actualización de la licencia de uso del software.

FGR se niega nuevamente a transparentar caso Odebrecht

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tramito tres amparos para no dar a conocer información del caso Odebrecht, información requerida por ya en varias ocasiones por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En un comunicado de prensa, la FGR detalló que mediante la resolución del 29 de enero de 2019, “el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva para que no se dé la información solicitada en los autos del Juicio de Amparo 1386/2018-V, promovido por la agente del Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los comisionados del INAI se abstengan de exigir el cumplimiento de la solución del 3 de octubre de 2018”.

Por otro lado, se señaló que en los otros dos casos pendientes, se encuentras ante la autoridad Jurisdiccional del Amparo 9 y 12 en materia Administrativa para su resolución definitiva.

El Ministerio Público Federal señaló que ha recibido 121 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la investigación, protegidos en razón del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en 1 se proporcionó la información solicitada por tratarse de datos estadísticos.

De las 10 reservadas anteriormente, en tres hubo resoluciones del INAI a los recursos de revisión que interpuso el solicitante de información, que no es posible obsequiar por las reservas legales señaladas, razón por la cual, el Agente del Ministerio Público promovió Juicio de amparo, a lo que está obligado como consecuencia del texto legal ya señalado.

(Con información de López-Dóriga Digital)

AMLO continua con sus criticas hacia órganos autónomos

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó e insistió en que el INAI negó la apertura del caso Odebrecht.

“La oficina de transparencia del Instituto De Transparencia negó la apertura del caso de Odebrecht en mucho tiempo, se abrió sobre todo luego de la elección del 1 de julio porque nosotros lo veníamos denunciando”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Por otro lado, informó que ya se prepara el decreto para la apertura de expedientes de la antigua Policía Federal y del Cisen.

“Ellos argumentan que no quieren afectar lo del llamado debido proceso, pero yo soy partidario de la transparencia y ademas hay que pensar hasta en modificar la ley, pero poner por encima la transparencia ayuda mucho en el combate a la corrupción, en el combate a abusos de autoridad. Estamos ya por dar a conocer el decreto para abrir expedientes de la antigua Policía Federal y del Cisen”.

Agregó, que antes de abrir los expedientes, están revisando que no se vaya a afectar a terceros, a inocentes, niños, y familias, pero que se abrirá toda la parte política.

INE descarta un rebase en elección de Monterrey

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ningún candidato rebasó el tope de gastos de campaña en la elección extraordinaria para renovar la Presidencia Municipal de Monterrey.

Por lo tanto, la victoria del priista Adrián de la Garza no podrá ser anulada, como solicitó el PAN ante el Tribunal Electoral federal, por un presunto rebase en el tope de erogaciones permitidas.

El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que, en total, los candidatos a la Alcaldía regia tuvieron en conjunto 6.7 millones de pesos de ingresos y 6.9 millones de pesos en gastos de campaña.

Nacif agregó que, en sus indagatorias, la Unidad Técnica de Fiscalización halló 300 mil pesos que, en conjunto, no fueron reportados por los partidos y candidatos, por lo que el INE impondrá 337 mil pesos en multas.

“El resultado de la revisión, ningún contendiente rebasó el tope de gastos establecido en 2.1 millones de pesos”, aseveró Nacif, quien no desglosó los gastos e ingresos por candidato.

El INE aprobó hoy los dictámenes de fiscalización de la pasada elección extraordinaria de Monterrey, donde triunfó el priista Adrián de la Garza, y además resolvió distintas quejas en materia de fiscalización.

Con la oposición de los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña, el INE bateó distintos recursos presentados por el PAN en donde se denunciaban irregularidades en los gastos del PRI, así como la entrega de tarjetas para coaccionar el voto.

Pese a que el INE declaró infundada la queja sobre la entrega de la tarjeta regia, la consejera San Martín expuso que ese caso debería ser investigado a profundidad pues se trata del mismo modo de operación que el tricolor aplicó en las elecciones de 2017 en Coahuila y el Estado de México.

San Martín recordó que, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás las resoluciones del INE, que buscaban sancionar y prohibir el reparto de esas tarjetas, aún no hay una jurisprudencia al respecto, por lo que el Instituto debería seguir firme con el criterio que sanciona ese tipo de prácticas.

“Lo discutimos cuando fue la elección del Estado de México, de Coahuila, el tema de las que entonces se denominaban tarjetas rojas y ahora en la elección de Monterrey tuvimos ya no las tarjetas rosas, sino las Tarjetas Regias“, sostuvo la consejera.

El consejero José Ruiz Saldaña propuso, asimismo, darle vista al INAI debido a que, durante la entrega de las Tarjetas Regias, se solicitaban datos personales de la ciudadanía.

Además del caso de las tarjetas, la consejera San Martín se opuso a que se declarara infundada una queja en la que se alegaba que el PRI evadió reportar el pago a representantes de casilla en la jornada electoral.

Ruiz Saldaña pidió que tanto el PRI como las demás fuerzas políticas sean investigados de manera más detallada por este caso, pues resulta sospechoso que el 23 de diciembre, un día antes de Navidad, los partidos hayan declarado que sus representantes trabajaron de forma gratuita y desinteresada.

Carlos Bonnin, comisionado del INAI, cayó de un quinto piso; confirma INAI

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El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Carlos Bonnin, cayó de un quinto piso, informó este martes Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del órgano.

Agregó que la Procuraduria General de Justicia de la CDMX investiga la muerte de Bonnin.

El lunes, el INAI había informado que la causa del descenso fue un infarto cardiaco.

“Comisionados y personal del INAI lamentamos profundamente el deceso del Comisionado de este InstitutoCarlos Bonnin Erales, compañero y amigo entrañable quien esta mañana falleció a causa de un infarto cardiaco. Nuestros pensamientos y solidaridad acompañan a sus seres queridos”, publicó el lunes en su cuenta de Twitter el instituto.

De acuerdo con el expediente de la PGJ de la CDMX iniciado en la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, los hechos ocurrieron en el edificio ubicado en Insurgentes Sur, número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.

Según el expediente CI-FCY/COY-1/UI-1/CD/04398/11-2018, iniciado por lesiones culposas por caída (homicidio culposo) el hecho ocurrió poco después de las 8:30 horas, aproximadamente, cuando el comisionado se encontraba en un área descubierta para fumadores.

Según los videos que ya se analizan, el comisionado realizó una llamada telefónica y repentinamente “brinca” unos arbustos y se pierde visión de él.

Fue hasta las 14:00 horas cuando el Ministerio Público dio intervención a la Policía de Investigación para la investigación.

Los agentes se entrevistaron con Pablo Francisco Muñoz Díaz, quien permitió la revisión de los videos del edificio donde se aprecia que el comisionado fallecido llegó.

“Se aprecia que el ahora occiso arriba al edificio aproximadamente a las 08:30 y sube directo al área de fumadores en donde se aparecía realizaba una llamada telefónica y repentinamente a las 08:38 brinca unos arbustos y se pierde la visión de los videos”, dice el expediente.

Destalla que también se aprecia el área libre de cualquier otra persona y se tiene video únicamente cuando va cayendo, siendo trasladado al Hospital Ángeles donde determinan muerte por infarto al miocardio.

Bonnin era comisionado apenas desde abril de 2018 para un periodo de 7 años.

Era licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional y previo a ser comisionado fue el responsable del área de Transparencia del Senado.

Fue titular de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, secretario particular de la Procuraduría General de la República durante el tiempo que Arely Gómez fue la titular, y director general adjunto de la Secretaría de Salud.

Asimismo, fue asesor Jurídico de proyectos especiales en Grupo Financiero Vector, Coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, asesor jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como asesor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Organización de los Estados Americanos.