Declaraciones patrimoniales de ingenieros del AIFA serán públicas según fallo de la SCJN

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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha instado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a entregar la información solicitada en relación a las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Con una mayoría de seis votos a favor y dos en contra, el Pleno de la SCJN ha determinado la falta de fundamento en el recurso de revisión en temas de seguridad nacional, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este recurso fue promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Esta decisión contradice la resolución del 6 de julio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que se ordenó a la SFP proporcionar la versión pública de las declaraciones patrimoniales e intereses de los 23 ingenieros militares asignados al AIFA.

El ministro Javier Laynez Potisek, quien lideró este caso, enfatizó que los documentos disponibles no evidencian que la entrega de las declaraciones patrimoniales e intereses de los ingenieros militares del AIFA afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional o revele datos que puedan ser utilizados para evaluar la capacidad de reacción del Estado Mexicano, ni a través de pruebas directas ni indirectas.

Los ministros han llegado a la conclusión de que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, como servidores públicos, están sujetos al marco legal de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, están obligados a presentar declaraciones patrimoniales e intereses, que deben hacerse públicas de acuerdo con las disposiciones normativas.

En relación a los argumentos presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los ministros han subrayado que no se presentaron pruebas directas ni indirectas que demuestren que la divulgación de los documentos suponga un riesgo concreto, demostrable e identificable para la seguridad nacional.

En este sentido, la Corte ha confirmado la resolución emitida por el Pleno del INAI en el recurso de revisión el 6 de julio de 2022.

Los ministros Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Roberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo y Laynez han respaldado el proyecto, mientras que el ministro Arturo Zaldívar y la ministra Yasmín Esquivel han votado en contra.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

El INAI queda a la deriva mientras el Senado se va de vacaciones sin consenso sobre los nuevos comisionados

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El Senado de la República no logró llegar a un acuerdo para proponer nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales antes de Semana Santa.

Debido a la falta de consenso entre la bancada de Morena y sus aliados, el INAI quedará inoperante con sólo cuatro de sus siete integrantes del Pleno.

El Bloque de Contención, formado por las fracciones opositoras, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, presionó para presentar las candidaturas mejor evaluadas para designar al menos a un comisionado y mantener el quórum del INAI para continuar con las sesiones.

Sin embargo, los senadores de Morena dijeron que debían primero ponerse de acuerdo dentro de su propia bancada, lo que generó acusaciones entre los grupos opositores y las bancadas oficialistas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el Senado está en un proceso de acuerdos y selección de perfiles para lograr la mayoría calificada.

Sin embargo, reconoció que no ha sido fácil y lamentó los insultos y descalificaciones durante la sesión.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, criticó que la mayoría legislativa pretenda dejar morir al órgano garante de la transparencia por inanición y que no existan condiciones para seguir el diálogo.

Insistió en que se debe cumplir con la nación y el pueblo de México, y no dejar sin transparencia a los ciudadanos.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

INAI acuerda interponer controversia constitucional contra “decretazo” de AMLO

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El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó este miércoles presentar una controversia constitucional contra el «decretazo» del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que clasificó las obras del Gobierno como de ‘seguridad nacional’.

En el documento publicado por el presidente el 22 de noviembre pasado, se detalla que las obras asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles (en todas sus modalidades), energético, puertos y aeropuertos serán valoradas como de interés público.

Durante la sesión, la comisionada Julieta del Río recordó que el marco normativo general y federal presente prohíbe la clasificación previa de la información.

Agregó que la normativa vigente “ordena a los sujetos obligados a realizar un análisis caso por caso en la clasificación de la información”.

En noviembre, el INAI ya había planteado que el decreto plantea una “posible transgresión” del artículo 6 de la Constitución Política de México.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

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