Ordenan a la SFP publicar nombres de personas sancionadas por el caso Odebrecht

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar los documentos que informen sobre las personas físicas y morales sancionadas por el Caso Odebrecht, ente el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021.

La información debe ser otorgada por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ante la solicitud de un particular.

Una persona solicitó a la SPF el número de personas físicas y morales sancionadas por el Caso Odebrecht, a lo que la dependencia respondió que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.

Además, la dependencia indicó que tiene investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en curso y, como dato adicional, refirió la inhabilitación de un funcionario de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al obtener solo información general, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, caso abordado en el Pleno por el comisionado Oscar Guerra Ford.

En el análisis del caso la ponencia del comisionado Guerra Ford determinó que la SPF no llevó a cabo el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia al no consultar a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información solicitada.

Se advirtió que la interpretación de la solicitud de información fue restrictiva, pues, si bien la dependencia no contaba con un documento único para atender el requerimiento, está obligada a identificar las distintas expresiones documentales para dar respuesta.

Se concluyó que la SFP debe tener registros, documentos y expedientes sobre las sanciones y multas impuestas, por tanto, no es posible validad el pronunciamiento de que no localizó un documento específico.

Bajo estas consideraciones, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SFP y le instruyó hacer una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, con un criterio amplio, en todas las áreas competentes, sin omitir a las antes señaladas, a fin de que proporcione al particular los documentos que contengan la información requerida.

Videgaray impugna sanción de SFP

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El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, informó a través de su cuenta de Twitter que impugnará la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública sobre inhabilitarlo por 10 años. 

En su respuesta, Videgaray se defendió afirmando que las cuentas bancarias a las que hace alusión la SFP “son en realidad tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración”.

Además, dijo que las tarjetas de crédito de las que es titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales y no se incluyeron en el apartado de pasivos dado que no tenían saldo deudor, pero que sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones.

El exfuncionario de Hacienda hizo hincapié que en el aviso de la SFP se reconoce que no tuvo beneficio ni lucro ligado a la presunta falsedad en sus declaraciones, por ende, tampoco causó daño o perjuicio económico.

Al final, concluye en su comunicado que se sumará a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que “impugnando la resolución por la vía institucional, con el pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Gracias, ASF

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El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 trajo a la luz que la Secretaría de Función Pública (SFP), organismo encargado de combatir la corrupción, presentaba irregularidades. Pero el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no solo señala la falta de transparencia en la SFP, sino que también hay otros programas y proyectos que no tienen claridad en las cuentas. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realizó adjudicaciones directas sin fundamentar el motivo ni la documentación correcta. Esto es algo gravísimo para cualquier institución; en resumen (muy simplificado): se supone que al momento de que un organismo público vaya a contratar o comprar algún bien o servicio, por una gran cantidad de dinero, tiene que cotizar con varios proveedores y hacer la contratación de aquel que sea más conveniente. Entonces, que la CONADE haga adjudicaciones directas significa que no hizo este proceso, y realizó la compra de servicios “a dedazo” por 186.7 mil millones de pesos. 

Por otro lado, el proyecto estrella del sexenio, el Tren Maya, junto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), también tuvieron varias irregularidades. Algunos que me llaman particularmente la atención son que la FONATUR se equivocó y duplicó pagos a personal directivo y técnico, lo cual generó un pago indebido de 8.9 millones de pesos y también contrató servicios legales y financieros con costos altos cuando pudieron haber utilizado a la Secretaría de Comunicación y Transporte para no gastar tanto en las asesorías. Esto me lleva a pensar, ¿por qué no se cuida el dinero? Aunque estas cuentas son del 2019, se supone que con López Obrador entramos a una “república austera” donde ya no se gasta en cosas innecesarias y se ahorra. 

Otro ente es el de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), para rehabilitar viviendas que fueron afectadas por los sismos de septiembre del 2017 y febrero de 2018. En 2019, la CONAVI programó 36,495 intervenciones de viviendas, y a enero del 2021 donde se reportaron como concluidas 34,208 y las que restan fueron canceladas, pero aún no han reintegrado los 225.3 millones de pesos de las viviendas que fueron canceladas.

Aunque pudiera escribir una monografía sobre qué tan malos son los procesos y transacciones en cada dependencia, quiero tomar este espacio para agradecer a la ASF por su labor. Cada año demuestran las irregularidades en cada programa, proyecto o institución en su totalidad. Necesitamos que estos ejercicios sigan, pero sobre todo que los organismos y personas a las que ese les llama la atención a través de estos informes cumplan con su deber de seguir las recomendaciones y aclaraciones que le pida la ASF. Por último, también es pertinente que todas y todos sigamos con mucha atención estos resultados para verificar si efectivamente el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, pues al final el dinero que utilizan es el que nosotros aportamos, y ese dinero tiene que ser usado correctamente.

Inhabilitan 10 años a ex titular de la Conade

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La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó este martes que inhabilitó por desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La funcionaria explicó en un comunicado que la sanción deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial que se detectó en el exfuncionario. Castillo fue también comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, y faltó a la verdad de sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: 2014 a 2016.

Se detectó en la Dirección General de Responsabilidad y Verificación Patrimonial de la SFP que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y su cónyugue, que en total tendrían 18 millones 300 mil pesos.

El comunicado indica que las omisiones constituyen “una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial“.

Con información de El Financiero

“Crisis por COVID, como anillo al dedo a la 4T”, dice Irma Eréndira Sandoval

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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dijo que pa pandemia del COVID-19 le ha ceñido “como anillo al dedo” al actual Gobierno.

Al participar en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020, la funcionario hizo eco de la frase que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el pasado 2 de abril al referirse a la crisis económica provocada por la pandemia.

“La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la Cuadra Transformación, ya que, por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, los grandes intereses económicos y privados se apropiaron cada vez más de lo público”, dijo Sandoval.

Por otro lado, la SFP, informó, ha actuado para evitar que, con el pretexto de la emergencia sanitaria, se desvíen recursos públicos y que han sancionado a varios proveedores que vendieron insumos a sobreprecio.

A lo largo de la pandemia, agregó, se ha realizado el acompañamiento fiscalizados y de asesoría técnica y legal en más de 3 mil 300 procesos de contratación en el sector salud por contratos que implican un monto de 9 mil 500 millones de pesos.

“Lamentablemente, también, y tenemos que reconocerlo se han identificado prácticas ajenas a la nueva ética pública, sobre todo por parte de algunos proveedores mal acostumbrados, que no han entendido que el viejo régimen ya acabó.

“A todos esos que han especulado con la tragedia que nos han vendido con precios excesivos, los hemos castigado desde la Secretaría de la Función Pública”, indicó la funcionaria federal.

SFP investiga a Jesús Seade por peculado

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por peculado y abuso de funciones tras falsear comisiones e trabajo y utilizar recursos públicos con la finalidad de visitar a su familia, que vive en la ciudad de Hong Kong.

Entre 2018 y 2020 el funcionario viajó cinco ocasiones a Hong Kong. En todos los casos con cargó al erario federal, pues este le pagaba los vuelos en clase premier, así como los viáticos, puesto que él justificaba que se trataba de comisiones autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sin embargo, en sus viajes nunca realizó actividades oficiales.

Apenas habían transcurrido dos semanas de haber asumido el cargo cuando recibió 181 mil 864 pesos de la Cancillería para viajar del 14 al 19 de diciembre de 2018 a Hong Kong.

De acuerdo a información dada a conocer por el periódico El Universal, la denuncia en contra de Seade incluye varias pruebas documentales y oficios de comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que se sustentan las acusaciones de que habría gastado de manera indebida más de 865 mil pesos del erario.

Las acusaciones contra quien fuera negociador de México en el T-MEC se hicieron por medio de la plataforma “Ciudadanos Alertadores”, de la SFP.

(Con información de El Universal)

Investiga Gobierno federal destino de 40 mmdp supuestamente utilizados para seguridad nacional con EPN

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El Gobierno federal investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) el destino de más de 40 mil millones de pesos que se erogaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los años 2013 y 2018 en materia de seguridad nacional” bajo un estricto control de confidencialidad”.

Los recursos fueron utilizados por dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República para misiones y objetivos confidenciales” que, entre otras cosas, implicaban supuestas tareas de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas principalmente a combatir a los cárteles de la droga.

En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan cómo se empleó ese dinero, denominado como partida presupuestal 33701, Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad.

Los gastos para esa partido se dispararon durante la Administración del mexiquense.

Si bien, la partida fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón (cuya Administración llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma), fue en el de Peña que alcanzó su máximo uso.

En particular, destaca el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo.

En el caso de Bucareli, por ejemplo, pasaron de 810 millones oficialmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 40 mil millones de pesos.

Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Organo Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.

Los recursos para estas adquisiciones fueron autorizados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, todas dependientes entonces de Gobernación.

En 2017, en la única revisión que hizo sobre los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto en el sexenio pasado, la auditoría descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular (argumentando urgencia y secreto),cuando podrían haberse licitado. Se promovieron responsabilidades administrativas.

Por normativa, solo se pueden ejercer gastos dentro de esta partida con autorización del oficial mayor de una dependencia.

Se presume que todos recibieron aprobación y que todos los años los órganos fiscalizadores correspondientes los auditaron.

O al menos eso fue con lo que se justificó el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong, Jorge Márquez Montes, quien aseguró que la partida reservada de seguridad fue auditada todos los años por los órganos fiscalizadores correspondientes.

En ese contexto, cabe mencionar que Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador de la bancada de los senadores del PRI, presentó un amparo contra la indagación que realiza la SFP en contra de su familia, para evitar que se investiguen sus bienes, propiedades, dinero, o que se inicie un procedimiento legal en su contra.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Comparece Lozoya, se declara inocente por caso Agronitrogenados

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El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aseguró que es inocente de las acusaciones que pesan en su contra por el caso Agronitrogenados, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa lavado de dinero.

Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan“, alegó durante la audiencia realizada por videoconferencia, donde el exfuncionario se encontraba desde el Hospital Ángeles del Pedregal. La comparecencia del día de hoy correspondió en los cargos relacionados con el caso del 2015, en el que una empresa mexicana vendió a precio inflado una planta vieja de fertilizantes a Pemex, luego de que supuestamente sobornó a Lozoya con 3.4 millones de dólares en 2012. 

Lozoya supuestamente usó 2.58 millones del dinero para comprar una propiedad en una zona lujosa de Ciudad de México, pagando hasta 200 millones de dólares relacionados por la compra de 2015.

El inmueble al que se refiere fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como director de Pemex“, aseguró.

Lozoya afirmó que en sus datos de prueba aclarará los recursos cuyo origen ilícito se le imputan porque  la FGR afirmó que con su intervención se adquirió la planta de Agonitrogenados a sobreprecio.

Las intimidaciones

Emilio Lozoya denunció que en el caso Agronitrogenados fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado“.

Durante la audiencia afirmó que denunciará y señalará a los autores de las presiones ejercidas en su contra. Reiteró que colaborará con las autoridades para aclarar su situación jurídica. En el mismo sentido aclaró que en sus datos de prueba aclarará los recursos cuyo origen ilícito se le imputan porque la FGR afirmó que con sus intervención se adquirió la planta de Agronitrogenados a sobreprecio.

Lucha contra la corrupción

Por su parte, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este caso sería un parteaguas en la lucha contra la corrupción. Asimismo, el presidente dijo que el juicio contra Lozoya representa “un antes y un después” en lo que el mandatario describe como la principal prioridad de su gobierno: la lucha contra la corrupción.

 

SFP investiga patrimonio de Osorio Chong

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga el patrimonio del ex secretario de Gobernación y actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval revisa propiedades, cuentas bancarias y si existe procedencia lícita de recursos del funcionario desde que éste fuera Gobernador del estado de Hidalgo.

Esto, como una verificación patrimonial.

De acuerdo con el propio Osorio Chong, arrenda junto con su familia una residencia en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, la cual previamente reportó con interés de adquirirla.

Al respecto, refiere que en mayo de 2014, su esposa dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del entonces Distrito Federal.

En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

No obstante, de acuerdo con Osorio el crédito hipotecario solicitado al banco para la eventual compra fue cancelado.

A lo anterior, el ex titular de Segob atribuye que ahora la SFP lo considere como un ingreso no justificado.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

“La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”, dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por 1 millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

(Fuente: El Mañanero Diario)

El régimen de las mentiras

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Desde que existe el famoso “Proyecto de Nación” de Andrés Manuel López Obrador, mucho antes de que llegara a la silla presidencial, su movimiento y base política ya tomaban como estandarte la lucha contra la corrupción. Para él, absolutamente todo es una consecuencia de la corrupción que ha lastimado profundamente a nuestro México. Y en parte, no está equivocado.

En ese proyecto confiaron más de 30 millones de mexicanos. El sentimiento era el mismo: se debía poner fin a las prácticas corruptas para construir un país justo y libre. México merecía más que lo que había vivido antes.

Personas como Javier Duarte, Emilio Lozoya y Genaro García Luna, entre muchísimos otros, terminaron por romper la poca confianza que el mexicano tenía en las instituciones y en los políticos. Ahí es dónde entra AMLO a devolverle la esperanza a sus seguidores.

Hay un pequeño problema: López Obrador y su equipo son iguales.

Verán, hay que reconocer que durante su vida, el presidente ha sabido hacer algunas cosas bien. Por eso llegó hasta donde está. Pero algo que ha hecho mal a lo largo de toda su carrera política es elegir a sus colaboradores más cercanos. Curiosamente, siempre termina defendiendo a los personajes más corruptos de la política mexicana.

Es un insulto para sus seguidores, que creen ciegamente en la transformación “austera”, que le haya asignado a Manuel Bartlett una dependencia federal tan importante como lo es la CFE. A ese personaje se le recordará siempre por deshonesto, y esa es la verdad.

También es una burla a la inteligencia de sus seguidores el haber asignado a la Secretaría de la Función Pública a Irma Eréndira Sandoval.

La SFP tiene como una de sus principales obligaciones combatir la corrupción. Recientemente salió un reportaje que afirma que la Secretaria tiene un patrimonio de 60 millones de pesos, con diversas propiedades, que desarrolló mientras laboraba en la UNAM, con salario de académica. La familia de Sandoval critica la exigencia de la ciudadanía de publicar su patrimonio, cosa que al ser funcionaria pública, se vuelve obligatoria. Curioso, ¿No?

Preocupa también que Irma Sandoval tiene a varios familiares dentro de la Administración Pública Federal, incluyendo a su hermano. Justo cuando López Obrador prometió combatir el nepotismo. Y los Sandoval no son la única familia así en este gobierno.

Gran parte de los funcionarios federales (incluyendo al Dr. Hugo López-Gatell, que debería estar atendiendo temas de urgencia) salieron en defensa de Irma Sandoval y su familia. Desde diputados hasta el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (que también se supone que lucha contra la corrupción).

La Secretaria llamó “sicarios mediáticos” a los periodistas que la acusan. Algo que a simple vista parecería como un ataque a la libertad de expresión.

Ellos no son los únicos políticos corruptos con los que López Obrador se ha involucrado. De hecho, la lista es bastante larga.

Carlos Lomelí, René Bejarano, Dolores Padierna, Miguel Barbosa, Yeidckol Polevnsky, Ana Gabriela Guevara, por mencionar algunos.

Todos estos personajes fueron arropados por el Presidente, haciendo parecer que la única corrupción que hay que combatir es la que ejercen quienes no comulgan con su proyecto de nación. Evitan establecer un suelo parejo, para poder construir desde ahí, un México para todos. Estos políticos de izquierda se burlan descaradamente de sus votantes, que creen genuinamente que ellos son los indicados para transformar a México.

Y para no dejarlo afuera, ahora Morena aprobó una coalición con el Partido Verde para las elecciones de 2021. El Partido que ya estuvo con el PAN y con el PRI, ahora se une a Morena. ¿A qué huele? A corrupción.

Recuerden que mentir, ocultar cifras, regalar cargos y proteger corruptos también son actos de corrupción. Esto es una burla para todos los mexicanos, y un insulto a la inteligencia de los seguidores de la Cuarta Transformación.

Pensemos bien el rumbo que queremos darle a nuestro país.