Diputados del PRI y PT buscan soluciones para erradicar el bullying en México

Comparte este artículo:

El PRI en la Cámara de Diputados ha instado a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a tomar medidas urgentes para combatir el acoso escolar. En una propuesta con punto de acuerdo, los legisladores Rubén Moreira y Mariana Nassar han pedido a las autoridades educativas que fortalezcan las estrategias y acciones para la prevención, detección temprana, contención y erradicación del acoso escolar en todas sus formas.

También han destacado la necesidad de que la legislación nacional y los ordenamientos locales sean efectivos en el tratamiento de este problema. Según la OCDE, México ocupó el primer lugar en acoso escolar en educación básica en 2019, con los niños más propensos que las niñas a expresar ser víctimas de algún tipo de acoso.

El diputado Leobardo Alcántara del PT ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para prevenir y erradicar el acoso escolar. La propuesta incluye una multa de hasta un millón 556 mil 100 pesos para las autoridades escolares que no atiendan las denuncias de violencia o acoso escolar.

Alcántara ha considerado esencial que todas las víctimas de bullying tengan canales de comunicación confidenciales para denunciar estos abusos y que se impongan sanciones más severas a las autoridades educativas que sean omisas ante las acusaciones. La iniciativa se presenta después del trágico fallecimiento de Norma Lizbeth Ramos, una menor de 14 años víctima de bullying por parte de su compañera de clase, lo que subraya la importancia de abordar este problema con urgencia.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Reforma en materia de educación ¿podría ser violatoria de derechos humanos?

Comparte este artículo:

La semana pasada la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una controvertida reforma al artículo tercero de la Constitución estatal. En esencia, se busca que dicha reforma sea una homologación con la Constitución federal y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, dentro del dictamen aprobado se contempla un apartado que textualmente dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos“. 

Quienes defienden esta parte de la reforma argumentan que dicho texto está en sintonía con el tercer párrafo del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce la libertad que tienen los padres y las madres de familia para incidir en el tipo de educación que recibirán sus hijos o hijas. 

Sin embargo, lo que no mencionan es que dicha libertad, en primer lugar, no es absoluta y, en segundo, ya está regulada en el marco jurídico mexicano desde hace varios años. Tan es así que miles de niñas y niños en todo México estudian en escuelas privadas en lugar de en escuelas públicas o asisten a instituciones educativas religiosas, de acuerdo con lo que sus padres y madres han considerado como más adecuado. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 3 de la Constitución mexicana y en diversos artículos de la Ley General de Educación. 

Ante este panorama surgen ciertas preguntas: si esto ya está reconocido en la legislación actual, ¿cuál es la necesidad de incluir ese ambiguo texto en la Constitución del Estado?, ¿es solo una deficiencia de técnica legislativa o hay una razón detrás?, ¿es esta una forma para, más adelante, regular el pin parental en la Ley de Educación del estado? 

La libertad de los padres y las madres de familia para incidir en la educación de sus hijos e hijas tiene como límite los principios educativos contenidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte. Sin embargo, la reforma, en su redacción, no establece dicha limitación. 

A continuación presento cinco razones para considerar porque la redacción propuesta en la reforma podría desembocar en violaciones a los derechos humanos de la niñez, contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

1. La educación es un derecho de la infancia, no de los padres de familia o del Gobierno. En tal sentido, Unicef ha establecido que las niñas y los niños son sujetos de derechos, antes que sujetos de protección. 

2. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha reconocido que la educación que se le brinda a la infancia deberá estar -necesariamente- encaminada a una amplia gama de valores, y que dicho consenso atraviesa las líneas divisorias que han trazado las religiones, las naciones y las culturas en muchas partes del mundo, permitiendo conciliar valores distintos por medio del diálogo y el respeto a las diferencias.  

3. El mismo Comité también ha establecido que cualquier forma de educación que no respete las diferencias, los derechos humanos, la igualdad o la dignidad de las personas contraviene directamente la Convención sobre Derechos del Niños y es en sí misma discriminatoria. 

4. El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha sostenido que la educación integral sobre sexualidad y reproducción es obligatoria, no debe ser discriminatoria, debe estar basada en pruebas, ser científicamente rigurosa y estar adecuada en función de la edad.

5. Por otro lado, en la Observación General núm. 13, el Comité DESC estableció que la influencia de los padres y las madres en la educación de sus hijos o hijas está supeditada por las normas mínimas de educación que establezca el Estado y deberá, en todo momento, estar guiada por la comprensión, la no discriminación, la educación para la paz y la supresión de los estereotipos sexuales y de otro tipo en la educación.

Sería preocupante que la reforma se aprobara con la redacción propuesta, ya que esto abriría el paso a una eventual reforma a la Ley de Educación del Estado, para consentir la creación del pin parental y que las familias pudieran impedir que sus hijos o hijas participen en actividades con las que no están de acuerdo. Es preocupante porque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha mostrado datos alarmantes en relación con la percepción de discriminación e intolerancia hacia algunos grupos de población en Nuevo León. 

Es preocupante porque la reforma, tal como está, parece que reconoce a la educación como una libertad de los padres y las madres y no como un derecho inherente de la infancia. Los niños y las niñas son sujetos de derechos, no son objeto de propiedad de nadie. 

Y, sobre todo, es preocupante porque parece que algunos legisladores no entienden que el derecho a la educación de la infancia no permite una “objeción de conciencia” de los padres y las madres para impedir que sus hijos o hijas accedan a la educación contenida en los planes de educación del Estado. 

El siguiente paso en el proceso legislativo es la votación de la reforma en el Pleno del Congreso, por lo que este mensaje está dirigido a las y los legisladores que están a punto de votar el mencionado dictamen: No usen a la infancia como un campo de batalla para dirimir intereses políticos; su trabajo es garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, no limitarlos ni cuestionarlos. 

La Reforma Educativa Sí, pero no así

Comparte este artículo:

El tema de la Reforma Educativa en nuestro país ha sido el más comentado en los últimos meses. Programas de debate, noticieros y columnas completas en diferentes espacios se han dedicado a analizar esta polémica reforma a la Ley General de Educación, aprobada por el aparato legislativo mexicano en el 2013. En la última semana me he dedicado a leer la reforma y sus leyes secundarias con el fin de comprender lo mejor posible el conflicto magisterial, y las razones detrás de las protestas.

Primero, tras leer la Reforma a la Ley General de Educación, no le podemos llamar Reforma Educativa, ya que tiene un perfil más guiado hacia cuestiones administrativas/laborales y no habla en sí sobre cambios profundos en el sistema educativo de nuestro país, que lo necesita.

Esta ley se enfoca más en la mejora en la calidad de maestros y transparencia en los planteles educativos, que de lograrse, llevarían en teoría a mejores programas educativos para los niños y niñas de México.

Me parece importante atacar en esta columna los mitos que han surgido alrededor de esta ley. La primera es con relación a las evaluaciones al personal docente que se estipulan en la ley. Es totalmente falso lo que se ha manejado por muchos lados de que en caso de no pasar la evaluación los maestros son dados de baja, de hecho el papel estipula que en caso de tener resultados deficientes, el personal docente recibirá capacitación para atacar estas áreas de oportunidad.

Otro de los mitos que han aparecido en las redes sociales, es que los libros de texto gratuitos van a tener un costo. ¿Cuánto no han visto una fotografía donde presumiblemente tendrán un costo de $50.00 pesos? Muchos, estoy seguro, esto es totalmente falso, los libros de texto gratuitos no costaran, ni tampoco se cobraran “cuotas” en las escuelas públicas como se dice. En este último punto hay que recalcar que es una cosa lo que dicen las autoridades y una realidad muy diferente, ya que sabemos que hay escuelas “gandallas” que si cobran cuotas y no son “opcionales”.

Dejando atrás esos dos mitos, quiero hacer un análisis de la reforma. Creo que el problema más grave de ella es la implementación de la misma, al igual que las “lagunas”, como diría mi estimada amiga Marlenne Váldez, que deja la misma. En efecto hay muchas cosas que no quedan bien aclaradas, siendo la más importante, cómo estos mecanismos van a funcionar y mejoraran la situación del sistema educativo de nuestro país. Es decir, no hay una forma clara que se explique de cómo iremos del punto A al B.

Lo que si podemos aplaudir de esta reforma, es la mejora en los mecanismos de transparencia e inclusión en los planteles educativos. Se estipula que existan mesas conformadas por padres, alumnos, maestros y representantes de los sindicatos donde se defina qué es lo que la escuela necesita. También los padres de familia podrán saber de los resultados en las evaluaciones al personal docente de las escuelas. Pero de nueva cuenta todo parece sonar un tanto utópico y depende 100% en que las palabras plasmadas en estas leyes se hagan realidad.

Dentro de lo que cabe, la Reforma Laboral/Administrativa en Educación (cómo lo mencione anteriormente lejos está de ser una Reforma Educativa) tiene buen potencial siempre y cuando se implemente de una manera responsable y se incluya a todas las partes, algo que en mi parecer le ha fallado al Gobierno Federal y espero hasta que la olla exprés explotara para incluir a las partes, siendo estas los sindicatos.

Me parece debida la recomendación para los maestros que luchan por sus derechos laborales, que le echen un vistazo a la reforma Laboral/Administrativa en Educación, puesto que para la realización de esta columna pedí de manera más atenta a varios docentes que me dijeran con claridad con que puntos estaban inconformes, sin que pudieran darme una respuesta clara.

Abro este espacio para cualquier maestro, repito, MAESTRO que quiera darle replica a esta columna.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”