Lorenzo Córdova rechaza renunciar al INE para ser candidato presidencial en 2024

Comparte este artículo:

Este jueves, al sostener una reunión de trabajo con el Grupo Plural del Senado de la República, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova rechazó renunciar a su cargo en el órgano electoral para buscar ser candidato presidencial en las elecciones de 2024.

¿Estoy dispuesto a renunciar antes? La respuesta es no. Tengo una responsabilidad constitucional y la voy a cumplir hasta el final. Si alguien ya después, alguien quiere hacerme juicio político, iré a platicar a la Cámara de Diputados«, respondió.

En su encuentro con los senadores del Grupo Plural, Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum, Córdova Vianello destacó que su encomienda al frente del INE concluirá el 3 de abril de 2023, e indicó que a partir de entonces regresará a su actividad académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

«No renunciaré a mi cargo, tengo una responsabilidad constitucional y concluiré mi cargo. El 3 de junio me comprometo a tomarme un café en la presidencia del INE. Es decir, los invito un día después de que se aplique la prohibición de cualquier candidatura en 2024“, comentó a los senadores ante una pregunta expresa.

«Tengo la firme intención de quedarme a concluir mi cargo hasta el 3 de abril de 2023 y el 4 de abril nos tomamos un café, pero en mi cubículo como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas«, añadió.

Por otra parte, el consejero presidente del INE, sostuvo que los órganos electorales alrededor del mundo son objeto de ataques, agresiones y hostigamientos, muchos de ellos desde los circuitos gubernamentales y del poder, con el propósito señaló, de minar su autonomía.

Acusaciones de fraude. Este tipo de narrativas que no son nuevas, pero que sí tienen hoy la novedad de que ya no vienen normalmente de perdedores inconformes con los resultados y con la actuación de las autoridades, sino que vienen de los circuitos gubernamentales o de los circuitos del poder“, expresó Lorenzo Córdova.

«En un segundo plano encontramos las agresiones, las amenazas a la integridad de los oficiales electorales, de los funcionarios electorales, amenazas que no solamente son verbales, sino muchas se han traducido en agresiones físicas, como ha pasado con las autoridades del Perú o amenazas de que son objeto las autoridades electorales en Colombia, en Ecuador, México tampoco es la excepción“, agregó.

También resaltó el problema del hostigamiento hacia las instituciones mediante restricciones presupuestales, como en el caso de México en torno a la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador y la insuficiencia presupuestal.

Asimismo, mencionó la denuncia penal presentada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, contra seis consejeros del órgano electoral por manifestarse a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato por los recursos financieros insuficientes.

Jamás se había traspasado una frontera infranqueable, desde mi punto de vista, en un contexto democrático y que rompe el arreglo político que ostenta un sistema democrático, como el que un alto funcionario dado que no está conforme con las decisiones que hemos tomado, más allá de seguir los cauces constitucionales que están previsto para ello, haya optado por denuncias penales o por tratar de encarcelar a funcionarios electorales; en el caso de México, hoy estamos viviendo una situación muy lamentable“, subrayó.

(Fuente: Luis Cardenas MX)

Pide “Cómo Vamos Nuevo León” a autoridades estatales reducir índice de delitos y violencia

Comparte este artículo:

La plataforma “Cómo Vamos Nuevo León” sostuvo el tercer diálogo sobre seguridad, con autoridades estatales, a quienes pidieron pactar estrategias para reducir el índice de homicidios, violencia familiar, robo, entre otros delitos.

El encuentro que se llevó a cabo junto a México Evalúa, Renace y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se realizó un diagnóstico y se detectaron diferentes retos para la nueva administración liderada por el gobernador Samuel García.

La plataforma señaló que Fuerza Civil perdió cerca de mil elementos policiales de 2018 a 2021 y la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes de 2021 creció 121% en comparación con la de inicios del sexenio anterior.

Por su parte, Samuel García fijó la meta de fortalecimiento de Fuerza Civil en 7 mil 500 elementos para este sexenio, , además enfatizó que la prevención será una prioridad.

“Hay que dejar lo que se ha hecho bien y meterle todo el recurso para obtener las metas que se plantearon, le he pedido a Aldo Fasci que se llegue a los 7 mil 500 elementos”, dijo García durante su intervención en el evento.

Por otro lado, se informó que el 28.1% de los hogares en Nuevo León fueron víctimas de algún delito en 2020, sin embargo, el 92% de los delitos no fueron denunciados y el 93.9% de los delitos que sí se denunciaron y se investigaron quedaron impunes de acuerdo con el reporte “Hallazgos desde lo local: Nuevo León”, hecho por México Evalúa.

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, se comprometió a hacer prioritario para este gobierno fortalecer a la Defensora y la Atención de Víctimas, esto después de que se revelara que la Defensora Pública brindó atención a un total de 113 mil 956 personas en el transcurso del año, es decir cada defensor representó en promedio a 418 personas, lo que implicó una carga de trabajo excesiva.

Mientras tanto, el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Guerrero y el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci se comprometieron a coadyuvar en conjunto con las organizaciones civiles para identificar los desafíos de raíz y mejorar la percepción de la ciudadanía.

En el evento participaron también Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León; Angélica Elizondo, directora de Renace A.B.P; Javier Pérez Rolón, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Jesús Herrera, presidente de Cómo Vamos Nuevo León. El Presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, también fue invitado al evento pero declinó su participación.

El Cuarto Diálogo de Seguridad y Justicia será convocado en octubre de 2022 con el objetivo de que las autoridades puedan dar cuenta de los compromisos realizados.

Procuración de justicia en México: una causal de desconfianza ciudadana

Comparte este artículo:

Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, enfrentan una grave crisis. Esta afirmación, sin duda no pone de manifiesto ninguna extrañeza, sin embargo, fue la principal conclusión del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia del pasado mes de octubre.

El Informe, que fue conducido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) hace afirmaciones contundentes y alarmantes. De éstas, una que destaca en particular determina que “la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.” En este caso, es innegable que la aseveración no depende del cristal con que se mira.

Si nos vamos por partes, la corrupción y la ausencia de imparcialidad son el pan de cada día en la clase política de nuestro país, en las instituciones y dependencias de gobierno, y ciertamente, en la procuración de justicia. Las violaciones de derechos humanos suceden a una velocidad tan alarmante que ya ni alarman, se han convertido en lo cotidiano, en lo mundano. Pero las cifras ahí están, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y abuso en el uso de la fuerza. Y la lista sigue, especialmente si hablamos de impunidad. Impunidad en casos tan infames como el de San Salvador Atenco, o el Socavón del Paso Express. Tragedias de tan distinta naturaleza, que lo único que tienen en común es que sus perpetradores siguen sin recibir sanción alguna. Ya lo dijera Proceso en su momento, pareciera que “la impunidad es el emblema del sexenio”.

Y ya por último, retomando los factores determinantes de la desconfianza ciudadana que menciona el Informe, “las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías”. Aquí, Ministerios Públicos que se llegan a tomar hasta más de 90 minutos en tomar una denuncia, Agentes que distan del profesionalismo que su labor requiere, y ministeriales que no son capaces de conducir una investigación eficiente.

La desconfianza de los ciudadanos está por demás justificada, y es imprescindible tomar medidas urgentes para resolver todos y cada uno de los factores mencionados. Sin duda alguna, el tema de seguridad y procuración de justicia, debiera ser una prioridad para la agenda del 2018.

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

Comparte este artículo:

¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”