Conacyt celebra «desalojo pacífico» y entrega de instalaciones del CIDE

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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) celebró que la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) hayan entregado las instalaciones del campus Santa Fe de forma pacífica, esto luego de haberlas tomado porque María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), designó a José Antonio Romero Tellaeche como director de ese Centro Público de Investigación a pesar de las críticas porque destituyó a académicos de sus cargos administrativos.

“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología celebra el desalojo pacífico de las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. sede Santa Fe. El desalojo fue una decisión libre y voluntaria del grupo de personas que, desde el pasado 29 de noviembre de 2021, mantenían tomadas las instalaciones”, dijo el organismo lidereado por Álvarez-Buylla.

Detalló que “liberar las instalaciones y permitir que la amplia comunidad del CIDE pueda volver a ingresar a sus aulas y oficinas es un acto significativo y positivo que celebramos, pues abona para el mutuo entendimiento y la conciliación de las controversias entre las y los miembros de la comunidad estudiantil que han manifestado inconformidad y las autoridades del CIDE”.

Desde agosto el CIDE atraviesa por una crisis, pues el doctor Sergio López Ayllón renunció a la dirección y el Conacyt nombró como director interino a Romero Tellaeche. Durante su gestión, el funcionario sobresalió por destituir a académicos de sus puestos administrativos y a la par, se postuló para el puesto de director, por ello, el 19 de noviembre la comunidad del CIDE protestó afuera del Conacyt sin que ninguna autoridad les recibiera un pliego petitorio que entre otras cosas, incluía la exigencia de destituir a Romero y reponer el proceso de designación de director del CIDE.

En medio de ese contexto, Álvarez-Buylla nombró a Romero Tellaeche como director el 29 de noviembre, lo que desembocó que por primera vez en 47 años de historia, las instalaciones del CIDE fueran tomadas. Desde la toma hasta este viernes, en total la funcionaria ignoró cuatro manifestaciones y cinco llamados al diálogo por parte de la comunidad cideíta. Aun así, tras la salida de los estudiantes del campus Santa Fe, el Conacyt indicó en su comunicado que hay apertura al diálogo.

“El Conacyt reitera su compromiso con la legalidad y el respeto a la libertad de expresión y manifestación, y confía en que se restablezca un diálogo, profundo y constructivo, que abra las puertas para el renacimiento de un CIDE más plural, diverso e incluyente”, dijo el Consejo de Álvarez-Buylla.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

COVID colapsará hospitales de CDMX, advierte estudio del CIDE y Stanford

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Según un estudio de la Universidad de Stanford y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, el incremento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México están a punto de colapsar los hospitales de la capital.

El estudio señala que a mediados de enero, las necesidades de hospitalización en el área metropolitana de la capital mexicana alcanzarán casi 50% más que la capacidad actual de alrededor de 10 mil camas, incluso suponiendo un mayor distanciamiento social durante las fiestas de fin de año.

“Bajo todos los escenarios y políticas, la capacidad hospitalaria actual parece insuficiente. Las autoridades deberían priorizar la rápida expansión de la capacidad hospitalaria”, escribieron los autores y quienes agregaron que, en el peor de los casos, la demanda de camas podría superar las 35 mil.

El estudio del consorcio evidencia que la respuesta al COVID-19 es insuficiente para hacer frente a lo que parece ser un segundo brote más virulento.

México se encuentra entre los más afectados en América Latina y registra el cuatro mayor número de víctimas pórtale a causa del COVID-19 en el mundo, según datos de Johns Hopkins.

El estudio recomienda que para evitar saturar los hospitales es necesario intensificar el distanciamiento social al inicio del nuevo año.

La Ciudad de México, una de las urbes más grandes de América Latina, se resistió en un comienzo a implementar restricciones severas, incluso cuando el número de camas de hospital ocupadas se disparó a niveles récord.

Pero la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, suspendió recientemente todas las actividades no esenciales hasta el 10 de enero y puso a la capital en “semáforo rojo”, el máximo nivel de alerta por Covid-19. También agregó la semana pasada 260 camas hospitalarias y planea seguir expandiendo esos servicios.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a la población mantener la mayor distancia social posible durante las fiestas, pero se ha negado a decretar un cierre nacional.

El Gobierno de López Obrador ha puesto sus esperanzas en gran medida en un oportuno despliegue de la vacuna. El martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que Pfizer Inc. había enviado las primeras vacunas a México y que llegarían este miércoles.

Los casos confirmados de Covid-19 en México aumentaron el martes a 1.3 millones y el número de personas que han perdido la vida se incrementaron a 118 mil 598. Según un informe sobre el exceso de mortalidad, la nación ha registrado 40 por ciento más muertes de lo esperado este año.

(Con información de Bloomberg y Grupo Reforma)

Procuración de justicia en México: una causal de desconfianza ciudadana

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Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, enfrentan una grave crisis. Esta afirmación, sin duda no pone de manifiesto ninguna extrañeza, sin embargo, fue la principal conclusión del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia del pasado mes de octubre.

El Informe, que fue conducido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) hace afirmaciones contundentes y alarmantes. De éstas, una que destaca en particular determina que “la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.” En este caso, es innegable que la aseveración no depende del cristal con que se mira.

Si nos vamos por partes, la corrupción y la ausencia de imparcialidad son el pan de cada día en la clase política de nuestro país, en las instituciones y dependencias de gobierno, y ciertamente, en la procuración de justicia. Las violaciones de derechos humanos suceden a una velocidad tan alarmante que ya ni alarman, se han convertido en lo cotidiano, en lo mundano. Pero las cifras ahí están, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y abuso en el uso de la fuerza. Y la lista sigue, especialmente si hablamos de impunidad. Impunidad en casos tan infames como el de San Salvador Atenco, o el Socavón del Paso Express. Tragedias de tan distinta naturaleza, que lo único que tienen en común es que sus perpetradores siguen sin recibir sanción alguna. Ya lo dijera Proceso en su momento, pareciera que “la impunidad es el emblema del sexenio”.

Y ya por último, retomando los factores determinantes de la desconfianza ciudadana que menciona el Informe, “las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías”. Aquí, Ministerios Públicos que se llegan a tomar hasta más de 90 minutos en tomar una denuncia, Agentes que distan del profesionalismo que su labor requiere, y ministeriales que no son capaces de conducir una investigación eficiente.

La desconfianza de los ciudadanos está por demás justificada, y es imprescindible tomar medidas urgentes para resolver todos y cada uno de los factores mencionados. Sin duda alguna, el tema de seguridad y procuración de justicia, debiera ser una prioridad para la agenda del 2018.