#ElTalónDeAquiles: Hasta luego Venezuela

Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017

El Fracaso de la Izquierda: Latinoamérica

Durante la década de los 90´s el mundo se encontraba dividido por dos grandes bloques que se repartían y pugnaban la hegemonía política: el Capitalismo y el Comunismo, pero la disolución de grandes potencias comunistas como lo fue la URSS arrinconó la ideología socialista-comunista, y apartada de los reflectores políticos, se mantuvo ausente, casi inexistente, creyéndose finiquitada.

Por el otro lado una vertiente del capitalismo, que data sus inicios en los 80´s, propuso una formula distinta al sistema político como solución a sociedades modernas y cambiantes que la nueva revolución tecnológica transformó a finales del siglo, logrando posicionarse en cada rincón del mundo occidental con marcada tendencia económica, social y política: el Neoliberalismo.

Y cuando el mundo convergía hacia una nueva y prospera época de bienestar el sistema económico colapso a finales del siglo XX, dejando expuesto las debilidades de esta corriente económica, forjando inconformidad social y cuestionamiento de la eficiencia del Neoliberalismo en Latinoamérica, alentando un cambio en el panorama político que enmendara las fallas que el capitalismo había dejado a su paso.

La llamada izquierda política, el Socialismo, resistió el avasallante crecimiento del Neoliberalismo Latinoamericano hasta su colapso sistémico con las crisis de sus principales exponentes –México 1994; Brasil 1999; Argentina 2001/2002– propiciando una revolución sociopolítica que intento alejarse de los efectos negativos del Neoliberalismo y cómo un efecto dominó, la izquierda se esparció por toda América Latina, con tal rapidez dentro del periodo de una década, similar a una epidemia ideológica propagándose por toda la región, la llamada Marea Roja o en palabras del periodista Larry RohterNew York Times-, una Marea Rosa, al no verse influenciada con tendencias extremistas del Comunismo y acercarse más a un sistema Social-Demócrata, es decir, un Socialismo más light.




Un movimiento sociopolítico, nombrado por algunos expertos como el Socialismo del Siglo XXI, aunado a una serie de eventos que marcaron el inicio del período izquierdista, dieron cabida a la constitución de la Izquierda como la principal fuerza política hegemónica de toda la región, y como reacción en cadena, el fantasma del Socialismo –en palabras de Karl Marx– se propagó a lo largo del continente, Hugo Chávez en Venezuela (1999), Ricardo Lagos en Chile (2000), Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Ollanta Humala en Perú (2011).

Toda Latinoamérica se repartió entre partidos de ideas marxistas o similares. Creando un conglomerado geopolítico, sin precedentes, fortificando y estrechando las relaciones comerciales, económicas y políticas entre los países latinos.

El auge izquierdista de Latinoamérica se vio acompañado de un amplio crecimiento económico y un gran desarrollo social en todos los países que alinearon su postura a la tendencia política, pero este apogeo debe su razón de ser a dos factores: 1) la alta demanda del mercado mundial de materias primas, petróleo principalmente, y al 2) fracaso sistémico del Capitalismo.

Y así como su rápida propagación, el final de la izquierda llegó velozmente, la caída de los petroprecios y los abundantes casos de corrupción, liquidaron el desarrollo de los países y crearon en las sociedades un hartazgo social con individuos apolíticos y antisistémicos, cansados de una economía fallida y gobiernos de ideologías carentes.

Concluyendo que el crecimiento económico que los países alcanzaron durante la primera década del siglo XXI, no se debe a que los gobiernos latinoamericanos hayan adaptado una postura populista, sino que el crecimiento mismo creo las condiciones ideales para el aumento de regímenes con dicha personalidad, similar a una moda, con la finalidad de integrarse a la ola de beneficios que la tendencia produjo.

Por lo que el decremento económico de toda la zona y los fuertes golpes que ha sufrido la izquierda en los últimos años: la muerte de sus principales defensores, Chávez y Castro, la perdida de la hegemonía política de la zona, reelecciones frustradas (AMLO, México 2006/2012), crisis económicas (Hipotecaria 2008), casos de corrupción (Lula da Silva/Dilma Rousseff, Brasil; Cristina Fernandez de Kirchner, Argentina), han sido los parteaguas del desplome de la marea ideológica.




Dejando a su paso concluida una etapa de fugaz beneficio y un sinfín de interrogantes e inquietudes del futuro que le espera a esta región, de potencial mal aprovechado y esclavizado por las grandes potencias que, de algún modo, se favorecen manteniendo a Latinoamérica en limitado desarrollo.

En la actualidad, el cambio de postura, el fracaso de la izquierda, ha quedado muy claro, la mayoría de los países que hace no más de diez años poseían gobierno populistas (Imagen) han puesto en la mira distintos horizontes políticos dejando atrás posturas ideológicas de carácter populista y centrando sus políticas públicas en tendencia más conservadoras, intentando aminorar los efectos negativos que el fantasma izquierdista causó.

Y exponiendo ante el mundo entero, que una vez más, un gobierno con personalidad socialista, carece de lo necesario para posicionarse como una potencia mundial por tiempo indefinido.

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En Colombia el NO se encuentra sobre el SÍ

El día de ayer 02 de octubre, se realizó un referéndum en Colombia para desmantelar a la Farc (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) con la intención de dar paz a la guerrilla que ha tenido una duración de 52 de años en el cual durante este tiempo se han declarado 200 mil muertes, 45 mil desaparecidos y millones de desplazados (gente que, por el conflicto dentro de su país, fue obligado a abandonarlo y vivir fuera de este).

La Farc es un grupo de ideología comunista, marxista-leninista; la cual busca acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas de su país. Estaba en contra de la participación militar de los Estados Unidos Americanos en el mismo. Además de, estar involucrada en actividades consideradas ilegales dentro del país.

paz    Imagen de sinembargo.mx

En el 2012 se estableció una Mesa de Dialogo apoyada por Cuba, Noruega, Venezuela y Chile; donde se quería llegar a un acuerdo, en el cual se encontraba estipulado: una mejor distribución de tierras, el combate a las drogas y la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política de organizaciones populares y la compensación de las víctimas, entre otras cosas.

 




A finales del 2012 empezaron las conversaciones de paz, pero no fue hasta el año 2016 en donde la Farc y el Gobierno colombiano, firmaron el último de los seis puntos de una agenda de negociaciones iniciadas el 4 de septiembre del 2012.

En el referéndum llevado acabo el día de ayer, los ciudadanos tenían que responder “sí” o “no” a la pregunta “Aceptar el acuerdo de paz entre el Gobierno y la Farc”.

El primero en depositar su papeleta dentro de la urna en la Plaza Bolívar (Bogotá) fue el Presidente Santos, quien se atrevió a dar unas palabras a los medios que ahí se encontraban “Acabo de depositar mi voto en este plebiscito, en esta votación histórica que espero cambie la historia de este país para bien. Terminar una guerra de 52 años, el camino de la paz. La paz nos llevara a un mejor futuro” estas fueron las palabras del presidente Santos a los periodistas.

urnas
Las campañas de ambos mandos (“si” y “no”) eran muy fuertes, en ambas se citaba a todos los ciudadanos a que votaran, incluso en algunos lugares se habilitó transporte público, además de encontrase vigente la Ley Seca.

A pesar de todo esto el 63% de la población no acudió, y de aquellos tantos que acudieron el 50.20% votaron “no” y el otro 49.79% voto “si”, siendo más que obvio el ganador de esta votación.

 

 




Los que votaron “si” estaban a favor de reinstalar la Farc como un Partido Político, la verificación y dejación de armas. Que habría amnistía, pero que también se buscaría juzgar a los responsables, tanto de la guerrilla como de los demás actores.

¿Las razones? Las tendrán cada uno de los votantes que acudieron y escogieron su partido. ¿Las consecuencias? El tiempo las dirá.

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Financiamiento Hipster

La penetración bancaria en México, es decir el otorgamiento de crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto es de las más bajas en América Latina con menos de 25%, mientras países como Chile y Brasil mantienen este indicador en 72% y 45%, respectivamente.

Las causas de lo anterior son diversas, pero la realidad es que conseguir un crédito bancario en México puede ser un proceso largo y tedioso que impide que varios sectores de la población tengan acceso al financiamiento.

Los requerimientos que ofrece un banco tradicional imposibilita que muchas personas logren obtener un crédito para proyectos productivos (como comenzar un negocio) o incluso para reestructurar sus deudas y, en contraparte, existen microfinancieras o Sofomes cuyos requisitos y autorizaciones son más laxos y rápidos pero acarrean un alto costo financiero para el que recibe financiamiento.

Sin embargo, día a día crece en México (y en el mundo) una nueva forma de otorgar créditos denominada Peer to Peer Lending, donde interactúan de forma directa y sin instituciones financieras, el acreditante (el que presta) y el acreditado (al que le prestan). Abreviado P2P, es una forma de préstamo entre personas, donde un lado invierte (presta dinero) y el otro recibe financiamiento.

Como parte de la revolución Fintech, a través de plataformas en línea la gente que quiere invertir su dinero y obtener mejores rendimientos que los que ofrecen productos financieros comunes ponen a disposición sus recursos a personas que buscan un préstamo rápido.

La ventaja para el prestamista es que el pago de los intereses que le hace el prestatario, es mayor al rendimiento que ganaría en un banco, en otras palabras gana más al prestar su dinero que al invertirlo en instrumentos bancarios. A su vez, el beneficio para el prestatario es que puede obtener crédito de forma más sencilla, con menos requisitos y a menor tasa que en una institución financiera tradicional.

La tasa de interés del préstamo se obtiene en función al riesgo que representa el que pide prestado con base a su historial crediticio (utilizando Buró de Crédito). Mientras mayor sea la probabilidad de impago mayor será la tasa de interés que pague y viceversa. Para el que presta, recibir una mayor tasa de interés (más rendimiento) implica aceptar un mayor riesgo de que el prestatario no pague el crédito.

A pesar de sus bondades, este esquema crediticio conlleva riesgos principalmente para el prestamista. En primer lugar, el crédito otorgado no tiene una garantía real como una casa, un terreno, o inventarios. En segundo término, el dinero invertido/prestado es a un plazo forzoso, por lo que si el prestamista desea recuperar su dinero antes del vencimiento del préstamo, debe “vender” esa deuda a otra persona, corriendo el riesgo de no recuperar el 100% de sus recursos.

Para mitigar lo anterior, siguiendo una importante regla de las inversiones, las plataformas P2P diversifican el dinero de los inversionistas en portafolios compuestos por múltiples préstamos. De esta forma, una persona no presta sólo a otra, sino a un conjunto de personas para mitigar el riesgo de impago.

Y bien, ¿cómo ganan dinero las empresas de P2P Lending? Estas plataformas cobran una comisión por las transacciones realizadas. De esta forma, la empresa genera ingresos por los servicios de intermediación, análisis y operación.

Estas plataformas en México son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que opera con base en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, lo cual brinda mayor certeza jurídica a estas transacciones y seguridad a las partes involucradas.

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México: el país donde nada pasa

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/209 declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para la Asamblea General en su resolución 47/133, son víctimas de desaparición forzada, las personas que sean arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra manera por agentes estatales, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno, ya sea con su apoyo directo o indirecto, autorización o asentimiento, y que después se niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas o niegan reconocer que están privadas de la libertad.

Las desapariciones forzadas comenzaron siendo una práctica común de las dictaduras militares con el propósito de infundir terror en la sociedad y como método de represión política. En la actualidad se considera un problema mundial, es decir no solamente le afecta a una región o país; es una enfermedad que la padecen o padecieron países, entre los que se encuentran Siria, Egipto, España, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Camerún, Ruanda y muchos más.

En nuestro país ha sido una realidad constante, una práctica por parte de las autoridades que se fue haciendo más frecuente, hasta el punto de convertirse en costumbre. Si eres sospechoso de estar involucrado en actividades políticas, sociales, o delictivas, método de solución es la desaparición.

La CIDH señaló en su último informe, que México atraviesa una preocupante crisis de derechos humanos, existe una brecha abismal entre el marco jurídico y su situación social. Mencionó que en los años de la guerra sucia, las autoridades gubernamentales, utilizaban la desaparición forzada para reprimir a los activistas políticos y en la actualidad se extendió a cualquier persona.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para el año del 2015 se reportaban 26.789 no localizadas. La Secretaría de Gobernación determinó que el número eran de 16, 000 y la CNDH estableció que hasta el momento no existe certeza ni cifras claras, o estadísticas claras de personas desaparecidas.

El Estado mexicano solo ha demostrado su incapacidad para realizar investigaciones concretas, sancionar, y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares. En vez de realizar y activar mecanismos efectivos para realizar búsquedas serias, imparciales y expeditas a las víctimas, el gobierno se ha enfocado en intentar “desmentir” a todos los organismos protectores de derechos humanos, internacionales como nacionales.

Cuando el relator para la tortura de la ONU Juan Méndez, manifestó que en México la tortura es una práctica generalizada, la SRE solo se limitó a contestar: “eso es incongruente, esto no corresponde con la realidad”.

En la última recomendación que emitió la CNDH respecto a las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán respecto a las 22 ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y manipulación de evidencia, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló de “radical” el informe, estableció que los policías se encontraban actuando en legítima defensa. Respuestas como estas ocurren cada vez que alguien cuestiona a la autoridad, vivimos en un país donde cuestionar y pedir justicia se traduce en exageraciones por parte de la sociedad.

Para el gobierno mexicano, aquí nada pasa. ¿Desapariciones? No, ¿tortura? No es generalizada, ¿muertes extrajudiciales? No existe el tipo penal. Desconocer y justificarse ha sido el único método de solución para la autoridad. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

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Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada




Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Modernismo en el Estado Mexicano

En los últimos meses hemos visto decisiones polémicas e interesantes de elementos del Estado Mexicano con respecto a temas polémicos. Se discutió en la Suprema Corte el tema del matrimonio igualitario y el amparo a cuatro personas sobre el consumo de mariguana. Lo interesante acá es que este progresismo ha sido provocado por el modernismo presente en nuestra política y en el mundo entero. Tiene mucho que ver el concepto de “neoliberalismo”, dado que ha potenciado ciertos debates y abordado temas con otros enfoques. Sin embargo, el término tiene una connotación negativa desde el gobierno de Pinochet en Chile y las privatizaciones en México a finales de los 80s.

El modernismo que en la primera década del siglo pasado, Pio X en su encíclica “Pascendi Dominici gregis” lo condenaba como algo hereje, ahora es algo aplaudible y hasta fomentado por ciertos actores sociales.

Esto cambios de paradigma que busca el modernismo buscan reconfigurar lo existente, así la política antidroga se “moderniza” evitando el combate frontal y buscando golpear otras áreas.

Básicamente el modernismo, y después el post-modernismo, motivan a re-examinar cada aspecto de la existencia misma desde la filosofía hasta el comercio, desde la religión hasta el arte. Se fomenta cambiar la mentalidad de la sociedad de manera progresiva fomentando nuevos criterios y nuevas maneras de ver las cosas, como la separación Iglesia-Estado o privatización de industrias estatales.

En México, este modernismo no es algo nuevo, desde los 80s se privatizaron los bancos, los ferrocarriles, el teléfono, el gas natural, la industria siderúrgica, entre otras. Próximamente, la electricidad, el petróleo e incluso el IMSS. Esto cambios de paradigma que busca el modernismo buscan reconfigurar lo existente, así la política antidroga se “moderniza” evitando el combate frontal y buscando golpear otras áreas. Políticos e incluso expresidentes, como Fox, la semana pasada lanzaron frases como “el Estado no tiene derecho a imponer conductas”. Esto es parte de este cambio en donde hay que reducir el estado, fomentar el libre mercado y quitar lo coercitivo a un sistema aparentemente improductivo e ineficaz.

El modernismo puede traer muchos beneficios a la sociedad como la equidad de género y la multiculturalidad, pero hay que estar alerta porque del progresismo pueden salir algunos chacales “neoliberales”.

El modernismo puede traer muchos beneficios a la sociedad como la equidad de género y la multiculturalidad, pero hay que estar alerta porque del progresismo pueden salir algunos chacales “neoliberales”, a privatizar hasta la risa sólo por privatizar sin sentido. La CFE van en camino de esto con la reforma energética, lo mismo PEMEX y el IMSS con el mismísimo Seguro Popular que sigue el esquema de las prepago. Si el modernismo llegó al Vaticano y al Islam, que no llegue a los despachos de nuestros servidores públicos…

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