La inconsistencia de López Obrador en su crítica al neoliberalismo

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El modelo neoliberal representó una ofensiva contrarrevolucionaria por parte del ala conservadora internacional. Este programa político, económico y social levantó la antorcha de la libertad económica y convirtió al mercado en una verdad metafísica como el mejor mecanismo para la asignación eficiente de los recursos escasos. 

En el campo de la teoría económica, el marco conceptual keynesiano -sustento teórico al llamado Estado de Bienestar- fue criticado por un renovado paradigma neoclásico: un cuerpo de teorías, conceptos y postulados que veían en el intervencionismo económico el gran mal de los problemas sociales. Como dijo Ronald Reagan -el presidente neoliberal, junto a Margaret Thatcher, por antonomasia-, el gobierno no es la solución, sino el problema. 

Ante la insuficiencia conceptual del modelo keynesiano, incapaz de explicar algunos fenómenos económicos como la estanflación, las crisis económicas de los años setenta y el desmoronamiento de los países socialistas, el Estado de Bienestar parecía destinado a desaparecer. 

A partir de la crisis de la deuda de 1982, los países latinoamericanos implementaron el modelo neoliberal; ello con excepción de Chile, el cual a partir del golpe de estado de Pinochet en 1973 al régimen populista de Salvador Allende llevó a cabo políticas de corte neoliberal.

En México, la crisis de la deuda generó un cambio en la élite del poder político, una cohorte relativamente homogénea que compartía una misma visión de la que deberían ser las políticas económicas: reducción de los impuestos, solvencia fiscal, apertura comercial, libre movilidad de la inversión extranjera, desregulación del mercado laboral y privatización de las empresas paraestatales. Con ello, los economistas sentenciaban a un Estado omnicomprensivo, rector del proyecto de industrialización dictaminado en la Constitución y se volcaban a los beneficios del mercado y la libre empresa. Que no sea el Estado -paternal y omnipotente- quien emprenda el camino hacia el desarrollo, sino la función empresarial y el libre juego del mercado. 

Esta transición en el modelo económico es el que critica fuertemente López Obrador. Como bien señala Silva Herzog (Reforma 08/04/19), el presidente ve en el neoliberalismo el origen de todos los males de México. Su retórica se centra cotidianamente en las graves consecuencias que han traído las políticas económicas neoliberales, sin percatarse que en su programa político y económico no propone ninguna transformación a las bases que definen al mismo neoliberalismo. 

El término neoliberalismo ha sido tan “manoseado” por la izquierda en sus críticas como por la derecha en sus alabanzas. Actualmente, el término adquiere una dimensión peyorativa y es utilizado, como lo hace López Obrador, para denostar a los economistas que llevaron a cabo el proyecto. Tal es el grado de ignorancia del presidente que le ha adjudicado a una universidad (ITAM) como el semillero de economistas neoliberales responsables de la situación actual del país. Mira al ITAM como una entidad monolítica en pensamiento, desconociendo la diversidad de pensamiento que existe entre sus docentes y estudiantes, y reduciéndolo a una herramienta discrecional de la burguesía nacional.

Es importante señalar que el objetivo de renovación del liberalismo occidental de finales del siglo decimonónico no representó un programa homogéneo, sino el encuentro de distintas visiones de lo que el liberalismo debería ser. Actualmente, estamos lejos del denominado laisser-faire del siglo XIX, el cual proponía un Estado mínimo y la anarquía del mercado. Por el contrario, el modelo neoliberal actual se aleja del propuesto por Hayek y Friedman, y se acerca al ordoliberalismo de Rüstow y Röpke, quienes proponían que el Estado debía generar los cauces jurídicos e institucionales (políticos y de mercado) a través de los cuales pudiera discurrir el juego del mercado. 

Por otro lado, la retórica de López Obrador es contradictoria con los programas que ha implementado. Silva Herzog es capaz de verlo claramente: López Obrador posee una visión antiestatista, no una de tipo economicista promovida por los neoliberales, sino moralista. Las críticas al Estado se centran en su ineficiencia y deterioro debido a la corrupción, por lo cual propone eliminar a la incompetente burocracia y destinar la ayuda filantrópica directamente a los beneficiados.

El programa de transferencias para el cuidado de los niños es una propuesta enteramente neoliberal. Los hacedores de las políticas neoliberales sabían que la ayuda del Estado a las clases más desprotegidas era necesario, pero no proponían un aumento en el impuesto a la renta, sino transferencias de suma fija, las cuales no distorsionan el equilibrio óptimo que genera el mercado. 

López Obrador busca lo mismo que los neoliberales ultraconservadores querían: reducir al Estado en un mínimo indispensable o simplemente a una dimensión simbólica. Puede ser que incluso López Obrador lleve este objetivo a niveles extremos. Eso parece indicar su desprecio por los marcos institucionales y la certeza jurídica. Así, el presidencialismo lopezobradorista se aleja del cardenista, el cual reconocía la importancia de la construcción de instituciones.

Roberto Gil Zuarth sale del Senado, pero no del PAN

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Roberto Gil Zuarth solicitará licencia de su cargo como Senador pero aclaró que no renunciará al Partido Acción Nacional (PAN).

Gil Zuarth descartó que esta decisión sea para apoyar las campañas de Andrés Manuel López Obrador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o de José Antonio Meade del Partido Revolucionario institucional (PRI), pre candidatos a la Presidencia de la República.

“No me verán en la campaña de Meade ni de López Obrador, no ando en busca de hueso”, aseguró el panista.

A pesar de esto, el panista aseguró que es momento escuchar lo que López Obrador tiene que decir debido a que él es una opción que representa “a una parte de la sociedad agraviada con la forma en que nuestra democracia y economía se han desarrollado”.

El político dijo que dará clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) además de ejercer la abogacía.

“Me voy a dedicar a lo que afortunadamente sé hacer, regresé a dar clases al ITAM y me voy a dedicar a lo único que sé, que es ser abogado, sí usted conocen clientes, soy bueno, bonito y barato, no dejo el PAN y no dejo la política”, señaló.

Además, dijo no tener interés en la Fiscalía General de la República, cuya designación continua en el Congreso.

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”