Ex presidente de Panamá dice que actitud de AMLO es infántil

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Ernesto Pérez Balladare, ex Presidente de Panamá de 1994 a 1999, arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su actitud en el nombramiento de su Embajador en dicho país.

“La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México”, escribió en Twitter.

Sus declaraciones se dieron luego de que la Canciller panameña, Erika Mouynes, rechazó por vías diplomáticas el nombramiento de Pedro Salmerón como Embajador mexicano en ese país.

Tras el rechazo de Salmerón, López Obrador reveló la confidencial respuesta panameña y señaló que:

“Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la Ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM”, señaló.

El Presidente se ha mantenido defendiendo a Salmerón pese a los reclamos públicos de acoso sexual.

(Con información de Reforma)

Piden “Rebeldes con causa” frenar nombramiento de Salmerón

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Las ex diputadas Verónica Juárez, Laura Rojas, Martha Tagle y Lorena Villavicencio, integrantes del grupo “Rebeldes con causa”, se sumaron a la exigencia para que Pedro Salmerón no sea nombrado como embajador de México en Panamá. Esto debido a las denuncias de acoso en su contra. 

“Solicitamos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconsidere el nombramiento de Pedro Agustín Salmerón Sanginés como Embajador de México en la República de Panamá, y en caso de no hacerlo, solicitamos a las y los senadores, particularmente a las senadoras de Morena a hacer valer su compromiso con las mujeres de este país”, expresaron.

Así mismo, las ex legisladoras  hicieron un llamado a los diputados federales en turno para aprobar la iniciativa “3de3 contra la violencia”, en la que se busca impedir que personas deudoras de pensión alimenticia o con denuncias de acoso, abuso y violencia sexual ocupen cargos públicos.

El grupo “Rebeldes con causa” aseguró que Salmerón cuenta con una acusación formal de acoso sexual ante autoridades universitarias del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Concluyeron que, dada la evidencia, desde su posición como profesor, sí cometió acoso sexual en contra de alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)”, plantearon.

Por último, agregaron que Salmerón no cuenta con la experiencia ni formación necesaria para desempeñar un cargo como embajador.

“Los embajadores no representan al Presidente de la República ni a su gobierno, sino al Estado en su conjunto y al pueblo de México. Por lo que el nombramiento de un inexperto acosador no solo representa una afrenta a las y los miembros del Servicio Exterior Mexicano, sino a las y los mexicanos y en última instancia también al pueblo y gobierno panameños”, comentaron.

Con información de: “El Norte”. 

El populismo y su desprecio por la técnica

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El gobierno actual, así como el pensamiento colectivo, vinculan la técnica con el modelo llamado neoliberal. El mismo presidente ha denotado a los datos y a su interpretación como un mecanismo vil propio de los conservadores neoliberales.

Igualmente, un conjunto de la sociedad atribuye la capacidad de análisis al grupo denominado como tecnócratas, quienes se cree erróneamente que ascendieron en el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, provenientes de universidades como el ITAM y el Tecnológico de Monterrey y con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Sin embargo, la tecnocracia no se vincula necesariamente a un modelo económico en específico, en este caso con un programa que iza las banderas de la desregulación del mercado y el fomento de la inversión privada.

La tecnocracia, entendida como el gobierno de los técnicos, implica el ascenso de una élite política que se distingue del político tradicional -carrera en la burocracia y poco acercamiento con el electorado- pero también del técnico que a mediados del siglo pasado su función se reducía al análisis y factibilidad de las políticas públicas, sin ninguna incidencia en su orientación.

Esta nueva élite política no asciende a los altos mandos de poder en la época del modelo neoliberal, sino en el del desarrollo compartido de Luis Echeverría. Siendo el primer presidente en no haber ocupado previamente un puesto sujeto a elección popular y con el objetivo de romper con el ala de Díaz Ordaz, buscó rodearse de un grupo de jóvenes técnicos al que les ofreció el mando de las secretarías financieras.

Durante este sexenio y el de López Portillo, las formas del quehacer de la política pública, en general, y de la política económica, en específico, se transformaron, priorizando la formación de un cuerpo de funcionarios letrados en el ámbito económico en tanto disciplina científica: Hugo B. Margáin, Mario Ramón Beteta, David Ibarra, Jesús Silva-Herzog, Miguel de la Madrid, Carlos Tello, Francisco Javier Alejo, José Andrés Oteyza, entre muchos otros.

El modelo desarrollista, al igual que el Estado de Bienestar en Europa, exigía rigurosidad analítica y evaluación minuciosa de los programas políticos, en tanto que el gobierno participaba activamente en la economía. Muchos de estos funcionarios, en su mayoría economistas, cursaron posgrados en universidades extranjeras, aunque el destino predilecto no era Estados Unidos como sí lo fue para los funcionarios del periodo de la liberalización económica, sino en Europa, especialmente Cambridge, un bastión keynesiano.

Fue el populismo económico de Echeverría y López Portillo y no el programa desarrollista el que generó los desajustes en la estabilidad macroeconómica del país: discrecionalidad de la política monetaria, incremento del déficit fiscal y de la deuda pública, petrolización de la economía, etc. Ya fue el caso que Margáin fue destituido por oponerse a la espiral de endeudamiento del gobierno de Echeverría, quien lo sustituyó por López Portillo.

La errónea creencia acerca del inseparable binomio neoliberalismo-tecnocracia ha legitimado el menosprecio por la técnica. Para el presidente son los datos y no las políticas las que deben de ajustarse a la realidad; una realidad que cree transformar a partir de su voluntad y virtud.

No hay nada más peligroso que un mandatario se guíe ciegamente por sus ideales sin constatar su plausibilidad en la realidad. Las utopías que ha enarbolado el populismo en distintas latitudes conllevan a desenlaces desastrosos, como el que seguramente ocurrirá en el sistema de salud pública. Sin un diagnóstico previo, sin considerar aquello que sí funcionaba, como el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, desechándolo por simplemente haberse construido en época del neoliberalismo, el gobierno federal comienza un retroceso de más de treinta años: la recentralización conlleva a la ineficiencia en la asignación de los recursos y la cobertura universal que promueve es financieramente inviable.

El populismo lopezobradorista es crítico acérrimo de la técnica en tanto la considera un correlato del modelo neoliberal. Como señaló Schumpeter en el caso de la ciencia económica, las teorías pueden verse influidas por elementos ideológicos, pero la técnica es una herramienta que no se encuentra atada a la predisposición política del sujeto que la aplica, sino a la realidad fáctica. Al igual que la democracia, la técnica se encuentra vaciada de sesgos ideológicos; tal es el caso que ambos pueden funcionar en agendas políticas diametralmente opuestas. 

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”