Año nuevo, sexenio nuevo

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“Año nuevo, vida nueva”. Probablemente una de las frases más compartidas año con año. Cual mantra, frases de motivación se repiten e inundan las redes sociales y los mensajes personales. La posibilidad de 365 nuevas oportunidades sin duda despierta en nosotros la sensación de empezar de cero y dejar atrás todo aquello que nos lastima y nos refrena.

Planificamos propósitos, priorizamos metas y decimos “Ahora sí”. Sin embargo, antes de la renovación y de las 12 uvas que representan cada uno de los deseos que esperamos realizar en el año entrante, está el “soltar y dejar ir”. Así, año con año buscamos y tratamos de cerrar los ciclos de las situaciones y relaciones que se han encargado de frenar nuestro crecimiento y nuestra prosperidad.

Es aquí donde me pregunto yo: ¿Y si México fuera una persona, qué ciclos tendría que cerrar? ¿Qué es todo eso que debería soltar para poder empezar el año nuevo reforzado y renovado?

Y al igual que nosotros, al igual que quien lleva años aferrado a una relación que los desgasta en todos los sentidos, me atrevería a decir que es momento de que México rompa en definitiva con su relación más larga y más tóxica: el PRI. Una relación que por 70 años se ha encargado de normalizar la corrupción y la impunidad, un partido que, en palabras más, palabras menos “permite que quien llegue a algún puesto piense que está allí para enriquecerse. Para hacer negocios. Para firmar contratos. Para embolsarse partidas secretas. Para otorgar concesiones y recibir algo a cambio”1. No es preciso entrar en detalles, los casos los conocemos todos.

Este año, nuevamente se nos presenta a los mexicanos la mayor oportunidad de todas. La oportunidad de decidir y definir el curso de nuestro país.

Este año no se trata de calzones rojos y remedios chinos, de limpias y amarres en Catemaco o de velas para que no nos afecte el “mercurio retrógrado”. Este año se trata de poner en la agenda los temas que a todas luces no se pueden seguir posponiendo: la inseguridad, la corrupción, las abismales brechas de desigualdad que recorren al país de punta a punta.

Que 2018 no sea un año de consignas, de promesas de campaña y de proselitismo. No dejemos que las elecciones se reduzcan a jingles de candidatos que son nuestros amigos, y spots de candidatos aparentemente políglotas. Aprovechemos los espíritus renovados que trae consigo el año nuevo para hacer las preguntas incómodas, para informarnos de nuestros candidatos, de sus propuestas y de sus planes de acción. Incluyamos en nuestros propósitos de año nuevo ser un ciudadano más activo, más participativo y más propositivo.

Por eso, en estas épocas de reflexión e introspección, los invito a que dentro de nuestras reflexiones se encuentre México, para ver si “ahora sí”.

Procuración de justicia en México: una causal de desconfianza ciudadana

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Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, enfrentan una grave crisis. Esta afirmación, sin duda no pone de manifiesto ninguna extrañeza, sin embargo, fue la principal conclusión del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia del pasado mes de octubre.

El Informe, que fue conducido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) hace afirmaciones contundentes y alarmantes. De éstas, una que destaca en particular determina que “la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.” En este caso, es innegable que la aseveración no depende del cristal con que se mira.

Si nos vamos por partes, la corrupción y la ausencia de imparcialidad son el pan de cada día en la clase política de nuestro país, en las instituciones y dependencias de gobierno, y ciertamente, en la procuración de justicia. Las violaciones de derechos humanos suceden a una velocidad tan alarmante que ya ni alarman, se han convertido en lo cotidiano, en lo mundano. Pero las cifras ahí están, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y abuso en el uso de la fuerza. Y la lista sigue, especialmente si hablamos de impunidad. Impunidad en casos tan infames como el de San Salvador Atenco, o el Socavón del Paso Express. Tragedias de tan distinta naturaleza, que lo único que tienen en común es que sus perpetradores siguen sin recibir sanción alguna. Ya lo dijera Proceso en su momento, pareciera que “la impunidad es el emblema del sexenio”.

Y ya por último, retomando los factores determinantes de la desconfianza ciudadana que menciona el Informe, “las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías”. Aquí, Ministerios Públicos que se llegan a tomar hasta más de 90 minutos en tomar una denuncia, Agentes que distan del profesionalismo que su labor requiere, y ministeriales que no son capaces de conducir una investigación eficiente.

La desconfianza de los ciudadanos está por demás justificada, y es imprescindible tomar medidas urgentes para resolver todos y cada uno de los factores mencionados. Sin duda alguna, el tema de seguridad y procuración de justicia, debiera ser una prioridad para la agenda del 2018.

Todo asalariado, tiene derecho al salario

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No es secreto, ni es sorpresa. Nuestros legisladores, nuestros funcionarios públicos y nuestros gobernantes son, en su mayoría, una élite oligárquica que nos recuerda a épocas aristocráticas de cortes fastuosas y opulentas. Hoy, nuestros legisladores son la digna representación de María Antonieta, quien empolvaba sus pelucas con harina cuando el resto de la población no tenía pan. Así, diputados y senadores empolvan hoy sus pelucas con un bono de 667 mdp que aprobaron por concluir su legislatura.

Sí, el bono es resultado del ahorro que los diputados hicieron a lo largo de su legislatura, pero en un país con más de 50 millones de habitantes en pobreza, es un absurdo que la Cámara doble el monto ahorrado por cada diputado. En un país donde casi la mitad de su población no tiene pan, nuestros legisladores reciben partidas millonarias. Sin embargo, lo que más molesta, no es por sí mismo el despilfarro, lo que molesta es el cinismo.

“Es parte del salario, y en este país todo asalariado tiene derecho al salario”, fueron las sabias y elocuentes palabras de Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para defender lo indefendible. Con qué cara hace semejante declaración, cuando en este país hay asalariados que perciben un ingreso menor a 100 pesos, por día. Con qué cara justifica recibir un millón 155 mil pesos, cuando los damnificados del sismo del 19 de septiembre reciben 120 mil pesos para la reconstrucción TOTAL de su vivienda.

Lo que molesta, es la poca calidad moral de las personas que reciben esta remuneración. No hace pocos días un grupo de letradas diputadas tuvieron la osadía de gritar en pleno San Lázaro el ya conocido “eeh puto”, un grito que no es apto ni en estadios ¿Es realmente ese tipo de prácticas las que imperan en un recinto de ese nivel?

Es momento de decir ¡basta! Por largos años, México ha sido un país con una ciudadanía pasiva, apática, quejosa. Se inundan las redes sociales con indignación y repudio hacia la opulencia de la clase política, repudio hacia la corrupción y a las casas blancas, a la impunidad frente a los socavones y a los desvíos de recursos.  La frustración de los ciudadanos es palpable, pero me voy a atrever a hacer el comentario: la indignación, el repudio y las quejas en redes sociales, no van a resolver nuestros problemas.

Sí, quejémonos, pero más allá que eso, exijamos, demandemos, actuemos, es nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos. Si algo nos enseñó el sismo del pasado 19 de septiembre, es que unidos tenemos la fuerza para levantar a un país, pero para levantarlo tuvimos que actuar, así tenemos que actuar ahora. Recordemos que muchos de los diputados que el día de hoy se están premiando con bonos millonarios, los escogimos nosotros (ya los pluris, son harina de otro costal).

Hagamos el ejercicio, ubiquemos a nuestros diputados, contactémoslos, cuestionemos, propongamos. Que el cambio del país no dependa de unos cuantos que, a lo largo de los años, nos han demostrado su poco amor por México.

Y por último, a diputados y senadores les pregunto ¿es que no les da vergüenza?

Del caso #SantiagoNieto y por qué deberíamos estar prestando atención

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“De esta manera, la Procuraduría General de la República, reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional…”

Esta maravillosa frase, forma parte del pequeño comunicado que realizó Alberto Elías Beltrán, Procurador Interino de la Procuraduría General de la República, sobre la destitución de Santiago Nieto de su cargo como titular de la FEPADE. Como recordaremos, el motivo de dicha destitución fue el hecho de que Santiago Nieto, presuntamente violó el código de conducta de la PGR.

En primera instancia, violar el código de conducta de la institución encargada de la impartición de justicia del Estado, resulta una razón válida para la destitución de un funcionario de su puesto. Pero ¿qué códigos de conducta se violó?, ¿qué funcionario fue destituido?, ¿qué implicaciones hay en su destitución? Las preguntas son muchas, pero las respuestas son todavía más, y son todavía más alarmantes.

Para los que no han estado poniendo atención, vámonos por partes.

Santiago Nieto, hasta hace una semana era el titular de la FEPADE, que no es ni mas ni menos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahora, y aquí es a donde comienza a ponerse interesante, recordaremos que en agosto de este año, ex directivos de la constructora Odebrecht, declararon haber dado sobornos por alrededor de 10 mdd al ex director de PEMEX, a cambio de recibir contratos de obra pública. Y por si los sobornos no fueran suficiente, resulta que durante esa época, Lozoya era el Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de nuestro querido Presidente, Enrique Peña Nieto.

¡Seguramente no hubo financiamiento ilícito! ¿O sí? Pues entre que son peras o son manzanas, la FEPADE decidió abrir una carpeta de investigación al respecto. Pero la cosa no para ahí, hace apenas unos días, el entonces titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, declaró que había recibido una carta por parte de Emilio Lozoya, en la que éste le pedía hacer un pronunciamiento en favor de su inocencia. ¿Qué pasa días después? Pues que Santiago Nieto aparentemente transgrede el código de conducta de la Procuraduría y es destituido de su cargo, efecto inmediato. ¿Coincidencia?

La buena noticia: no todo está perdido. Gracias al sistema político que nos rige, el Senado tiene la facultad de revocar dicha destitución. La mala: México siendo México, y el PRI siendo el PRI, pidió que la votación al respecto, fuera secreta. Y es aquí donde digo yo: “Sobre el caso Santiago Nieto, ¿Por qué deberíamos estar prestando atención?”.

La frase del mismo Santiago Nieto lo dejará en claro para ustedes: “Hay que aplicar por supuesto el peso de la ley a cualquier persona, con independencia de quien, sea para efecto de generar mejores condiciones para el proceso electoral de 2018″.

Hay que poner atención porque el costo político de este caso es altísimo. No solo los sobornos y el financiamiento ilícito están nuevamente ligados al Partido Revolucionario Institucional, sino que el voto secreto permite que el costo político no lo absorba nadie. Hay que poner atención porque la resolución de este caso puede marcar el comienzo contra la impunidad en nuestro país. Por eso tenemos que exigir el #vototransparente.

Es inadmisible, que ante tantos casos de corrupción, permanezcamos inactivos, y nos limitemos a externar nuestra inconformidad en las redes sociales. Es inadmisible que hayan ciudadanos con acceso a las tecnologías de la información, y no conozcan de casos como el de Santiago Nieto. Pero más aún, es inadmisible que no apoyemos a los pocos funcionarios que se atreven a hacerle frente a la corrupción en el país, y que incluso, les ponen nombre y apellido.