Atisbos de justicia laboral

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En la mesa política, hay siempre una gran cantidad de platos calientes. En los últimos días, éstos han tenido que ver con el #MeToo, con las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera, con las (lamentables) ternas de la CRE y, con la reforma educativa, entre otros. Así, con la diversidad y multitud de temas que se presentan en la mesa, me parece pertinente traer al frente un tema que, si acaso, ha pasado como un ligero entremés, a pesar de la vital relevancia que representa. 

El pasado primero de abril, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, arrancó el Programa Piloto para incorporar a las Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este programa, derivado de una sentencia de la SCJN que determina la incorporación obligatoria de las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social, tendrá una duración de 18 meses y se concentrará en nueve estados de la república, mismos que concentran el 59% del trabajo doméstico, entre los que se encuentran: el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. 

El arranque del programa viene a constituirse, sin duda, como un logro significativo de la actual administración. Su creación, no solo tiene relevancia legal, sino también simbólica, puesto que viene a abrir el camino para resarcir el daño que por años se ha infligido en uno de los sectores más discriminados de la sociedad. Los datos lo ponen de manifiesto, más de un tercio de las trabajadoras domésticas recibe menos de un salario mínimo por el trabajo laborado, y solo una de cada diez cuentan con algún tipo de prestación, aunque, en una sociedad que no concibe su labor como un empleo o un trabajo “real”, la cifra posiblemente no sorprenda. 

De este modo, el siguiente gran obstáculo que enfrentará este programa, será la transición cultural hacia la construcción de un colectivo imaginario en el que las trabajadoras domésticas sean reconocidas como tal, es decir, como trabajadoras, y se disocie su concepción discriminatoria de “sirvienta”. Esta concepción actual, más allá de presentarse como una fuente de humillación verbal y de perpetuación de ciudadanos de segunda categoría, en la práctica, es realmente consistente con un esquema de servidumbre, entendido éste como un esquema en el que existe un amo y un siervo. 

La perpetuación de este esquema de servidumbre ha sido posible no solo por el componente clasista y machista de nuestra sociedad – partiendo de la noción de que las labores del hogar son una obligación de las mujeres, mismas a quienes históricamente se ha remunerado en mucho menor medida que los hombres – sino por el marco jurídico que rige a este sector, y la falta de acción gubernamental. Combinados estos dos factores, hemos tenido un marco jurídico que permite que las trabajadoras laboren por hasta 12 horas diarias, y sin la existencia de un salario mínimo definido. A este respecto, destaca que la obligatoriedad de fijar dicho salario se estableció en la Ley Federal del Trabajo desde 1977, hoy, cuarenta años después todavía no existe. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha decidido emprender su parte, y llevará a cabo el primer foro consultivo para fijar dicho salario, el próximo 25 de abril.  

A pesar de que el camino por recorrer es largo (legal y socialmente), el emprendimiento del programa piloto se presenta como una oportunidad de brindarle a este sector de la población la justicia laboral que por décadas se les ha negado, de dignificar su labor, y de contribuir a la reducción de la desigualdad. De este modo, en un país que se ha caracterizado por la inactividad y la indiferencia gubernamental, no permitamos que la falta del cambio recaiga ahora en la sociedad, y en nuestros erróneos y discriminatorios constructos sociales. 

*Link al sitio donde se describen los pasos para inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social: http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar

El Oscar para el más racista, es para México

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Hablemos de racismo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, 7 de cada 10 mexicanos de tez oscura ocupan los puestos más bajos en su lugar de trabajo. 2 de cada 10 hombres en el país aseguraron que no rentarían su vivienda a una persona indígena. 9 de cada 10 trabajadoras domésticas no tienen prestaciones laborales. 7 de cada 10 mexicanos morenos no tiene estudios superiores. 

La lista es larga, y la realidad evidente: México tiene un severo problema de discriminación que se ha normalizado y se ha institucionalizado hasta lo más profundo. En México te pueden discriminar por tu apariencia física; si tu pelo es muy largo o muy corto, si tu ropa es muy conservadora o muy estrafalaria. Te pueden discriminar por tu orientación sexual, por tus creencias religiosas, e incluso, por tu edad; si eres muy joven o muy viejo, es suficiente para cerrarte las puertas o para que seas mirado por debajo del hombro. 

Este racismo, que se traduce a expresiones cotidianas como “el indio ese”, “el prieto”, “el nahual”, “la lencha” y un sinnúmero de adjetivaciones sin sustancia, se hizo tanto o más evidente a raíz del éxito de Yalitza Aparicio. Lejos de discutir si Yalitza era merecedora o no del Oscar, es fundamental entender que su éxito y su presencia en medios no se trata de “enaltecer” a Yalitza por el hecho de tener origen indígena, se trata de visibilizar a un segmento de la población que es discriminado y que vive en niveles de marginación indignos para un ser humano. 

El racismo y la discriminación son una realidad que van más allá de comentarios ofensivos y de daños al espíritu y a la autoestima de las personas. La discriminación es una causa directa de los enormes niveles de desigualdad que existen en nuestro país. Es necesario entender que todos aquellos que discriminan desde una posición de confort, han tenido acceso a oportunidades que una gran cantidad de la población discriminada no tiene. 

Si los mexicanos somos “clasistas” o “racistas” es indiferente, lo cierto es que existe un sentimiento de superioridad que clasifica inherentemente a las personas en ciudadanos de primera o segunda categoría en función de su raza o su apariencia. En México, se asume de forma inherente que una mujer indígena hace tortillas o lava los platos, que su lugar es servirnos y cobrar poco por ello, porque así es el orden natural de las cosas. 

En México no solo se invisibiliza a los grupos discriminados, se invisibilizan las causas y las consecuencias de esa discriminación, y aunque en el país existe la legislación correspondiente para combatir este problema, es momento de entender que lo que hace falta no es un marco regulatorio, sino un marco moral. 

Epidemia feminicida

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“Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto.” De no atenderse rápida y adecuadamente, las consecuencias de una epidemia pueden ser fatales, y México se enfrenta hoy a una de sus peores epidemias. 

La epidemia que dejó un saldo (oficial) de 861 víctimas el año pasado, está alarmantemente lejos de encontrar una cura. Las víctimas van desde los 8 años (o menos), y tienen una única característica en común: son mujeres.  

Entonces, ¿qué pasa cuando la epidemia va más allá de un virus que se puede prevenir con una vacuna, y que se puede combatir con cuarentena y antibióticos? ¿Qué pasa cuando la epidemia no es un virus, sino son hombres? Hombres que trabajan con nosotras, que van en el metro, que se ofrecen a abrirnos la puerta, que son nuestros vecinos, o que conducen nuestro taxi ¿Cómo sabemos quién está infectado, y cómo nos protegemos de una amenaza invisible, pero latente y letal? 

El día de ayer, en respuesta a las denuncias de los intentos de secuestros en el metro, y del incremento de violencia contra las mujeres, se relanzó en Ciudad de México el Código Violeta.  Esta estrategia de “combate a la violencia contra la mujer” consiste en entregar dispositivos con botones de pánico a las mujeres (clever). Una vez que el dispositivo se acciona, emite una alarma silenciosa que envía una señal con la ubicación exacta de la víctima directamente al C5. 

Aunque celebro una estrategia que va más allá de unos simples silbatos, me surgen un par de dudas sobre ésta. De entrada, hay que mencionar que, hasta el momento, se ha dicho que se entregarán los dispositivos a aquellas mujeres que ya han sido identificadas en situación de riesgo de acuerdo con las denuncias que ha recibido la procuraduría capitalina. Hasta el momento, tienen una lista de 128 mujeres que recibirán el dispositivo.  

Bajo este supuesto, el gobierno prioriza a aquellas mujeres posiblemente en situación de violencia familiar, donde el abuso es frecuente, y considera que éstas son más susceptibles de ser víctimas que una mujer que nunca ha presentado una denuncia.

Así pues ¿qué pasa con todas las demás mujeres – fuera de estas 128 privilegiadas – que nunca hemos presentado una denuncia y no estemos catalogadas por el gobierno como mujeres en situación de riesgo? ¿Es que el código asume que si yo nunca he presentado una denuncia, y no me he encontrado nunca en una situación de riesgo, el día que por fin decida subirme al metro en la noche, soy automáticamente inmune a un posible ataque, aun a pesar de que físicamente cumplo con las características del perfil de mujeres susceptibles al secuestro (jóvenes veinteañeras, de tez clara, delgadas, posiblemente estudiantes) o es que el gobierno no se ha dado cuenta de la magnitud del problema y de lo insuficiente que resulta el código violeta?

El problema con el código violeta – más allá de que no hay dispositivos suficientes que protejan a todas las niñas y mujeres del país – es que es una estrategia aislada y reactiva. Lo que me lleva a mi segunda duda. ¿Por qué no, en lugar de entregar botones de pánico a las mujeres – y culparlas más adelante por no haber usado el dispositivo lo suficientemente rápido – se diseñan programas y políticas públicas integrales capaces de brindar soluciones de fondo? ¿Por qué no, en lugar de entregarle botones de pánico a las mujeres que ya se identificaron en situación de riesgo y que ya denunciaron a un hombre, se enlista a los individuos que las han violentado y se les imparten terapias psicológicas y talleres de género y readaptación social? 

Así como el código violeta, existen un sinfín de políticas y programas reactivos – como el Protocolo Alba – que jamás serán suficientes ni capaces de resolver la epidemia, hasta que estos esfuerzos se acompañen del debido fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, y de políticas integrales que, en vez de transferir la responsabilidad del cuidado de la mujer a ella misma, transfieran la responsabilidad de las agresiones a los verdaderos culpables: los agresores, y comiencen a resquebrajar la ideología machista que alimenta cada una de las diversas formas de violencia contra la mujer, porque el feminicidio es solo la punta del iceberg. 

México se encuentra hoy frente a una epidemia feminicida, y aunque los síntomas y las consecuencias son claras, la cura no lo es tanto. 

Hasta que la dignidad se haga costumbre

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Se publicó la nota: 127 cadáveres recorrían las calles de Jalisco en un tráiler refrigerado. Una nota que hace una década posiblemente nos hubiera conmocionado, pareciera que hoy no estremeció ni indignó a nadie.

Escurridiza, sutil y rápidamente, la violencia en nuestro país llegó para normalizarse. Día con día, los titulares de los periódicos nos reportan las notas más crudas y los datos más altos. Los niveles de violencia en México han alcanzado máximos históricos, y con ellos nuestros niveles de indiferencia. En México, la violencia, el ultraje y la ignominia ya no nos sorprende, no nos molesta, no nos indigna y no nos toca, hasta que nos toca a nosotros. 

Estas últimas semanas han estado plagadas de noticias aberrantes. La cifra se repitió en noticieros de televisión y radio, y se compartió en portales de medios digitales: “127 cadáveres. 127 cuerpos trasladados en un tráiler”. Como si se reportaran las cifras del ganado que se transporta al rastro, los desaparecidos, los torturados, y las personas que han perdido la vida poco a poco han ido perdiendo su carácter de humano y se han cosificado, datos duros del daño colateral que implica vivir en México. 

Pero no es un tráiler y no son 127, son más de 200 mil personas que han perdido la vida en los últimos 12 años, más 30 mil personas desaparecidas, personas que un día no pudieron regresar a casa, y que muy probablemente sus familias siguen esperando. Personas que hoy encontramos hacinadas, abandonadas en fosas donde se sepultan sin nombre, sin historia, sin recuerdos, sin la oportunidad si quiera de que sus familias los despidan debidamente. El país entero se ha convertido en un cementerio, en una fosa clandestina donde incluso las autoridades incurren en prácticas propias de la delincuencia organizada, un pacto no escrito que dice “yo los mato y tú sepultas”. Un pacto no escrito que alcanza a la sociedad misma, “yo los mato, tú sepultas y tú te callas”.

La descomposición del tejido social de nuestro país no es producto únicamente de los crímenes de estado y de la inmoralidad de la violencia del crimen organizado, sino de nuestra propia indiferencia. Digo esto con decepción por la falta de denuncia y movilización en redes por los cuerpos encontrados en los tráilers, por las imágenes de gente caminando sobre ellos, por el conocimiento de las autoridades del contexto, la situación y los hechos,  por las notas de recientes descubrimientos de fosas clandestinas que pasan por las redes con el mismo silencio sepulcral en el que yacen cada uno de esos cuerpos en tráilers, en fosas, en ácido, y posiblemente en sitios donde la decencia de la imaginación no nos permita vislumbrar. 

Digo esto con decepción por la falta de denuncia y movilización en las mismas redes donde se enciende como pólvora un video “cómico” del Presidente cuya administración ha permitido cada una de esas atrocidades. En las mismas redes donde se critica hasta el cansancio errores ortográficos, de gramática y sintaxis de funcionarios y figuras públicas. En las mismas redes donde se juzga sin cesar y sin piedad la más mínima y ligera equivocación. 

Como mexicanos, nos encontramos en un contexto sociopolítico de coyuntura que puede generar un punto de inflexión en el rumbo del país, pero es momento de redefinir nuestras prioridades como sociedad y como México unido, porque no puede indignarnos y movilizarnos más la ignorancia, que el asesinato y la desaparición de cientos de niños, mujeres y hombres. 

Y si algún día se pierde de vista el motivo de la indignación, recordemos: “127 cadáveres. 127 cuerpos trasladados en un tráiler”. Una frase que no puede repetirse suficientes veces para expresar el horror que debería despertar, y que debería repetirse, como dijera Estela Hernández, “hasta que la dignidad se haga costumbre”. 

Fin de la impunidad, o atole con el dedo

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Fuero; un original intento por asegurar el equilibrio de poderes e impedir persecuciones y abusos políticos a la oposición, que resultó en el envilecimiento de la figura para solapar los actos ilícitos de altos funcionarios públicos. 

Contemplado bajo el artículo 111 constitucional, el fuero ha avalado la inmunidad procesal de diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia, y diversos funcionarios públicos. A lo largo del tiempo, el fuero se ha convertido en el aliado predilecto de funcionarios públicos inmiscuidos en un sinfín de actos indebidos, alejándose cada vez más de su propósito original. 

Así, todos tienen que ver con ella. Esa figura constitucional controvertida y repudiada por la sociedad en su conjunto, al ser la máxima manifestación del privilegio de la clase política. Un privilegio que va en contra del más básico y fundamental principio de igualdad jurídica. En el momento que un funcionario asume su cargo, pareciera que pierde no su condición de ciudadano, pues deja de ser igual ante la ley y es elevado a un peldaño en donde no puede ser juzgado a menos que se de autorización expresa de ello. 

Aunque no nos hemos distanciado por completo de esa época de privilegios políticos, el jueves de la semana pasada dimos un grandísimo primer paso. La aprobación unánime de la eliminación del fuero constitucional en la Cámara de Diputados es sin duda alguna un evento histórico. No obstante, habrá quien diga (y en efecto se dijo) que eliminar el fuero en México, es como escupir para arriba. Y sí, hablar de la eliminación del fuero en nuestro contexto actual, es un arma de doble filo. No hay que pasar por alto que las instituciones de nuestro país responden a intereses políticos, no ciudadanos; que la impartición de justicia es selectiva, no imparcial; y que la impunidad es la regla, no la excepción.

Para los mexicanos, la eliminación del fuero puede sentirse como una victoria social; la terminación de un privilegio político que finalmente pone a los funcionarios en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos, uno que les permite ser juzgados igual que al resto de nosotros. Sin embargo, la eliminación del fuero no es equivalente a la eliminación de la impunidad. Esta iniciativa tiene que ser parte de una serie de medidas que fortalezcan la procuración de justicia y la eliminación de la corrupción, empezando por garantizar la autonomía de la Fiscalía, así como la designación del Fiscal Anticorrupción, de lo contrario, la eliminación del fuero habrá sido una medida más para darnos atole con el dedo.

Crack del futbol ¿y de la política?

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Goleador de Francia 98, Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Cuando se habla de futbol en México, Cuauhtémoc Blanco es sin duda alguna una figura que se hace notar, pero ¿y en la política? 

El pasado 28 de enero, Andrés Manuel López Obrador destapó a Cuauhtémoc Blanco como precandidato para la gubernatura del estado de Morelos, estado dentro del cual comenzó su carrera política como alcalde de Cuernavaca.

Amado por muchos y repudiado por otros, Cuauhtémoc es a todas luces un personaje polémico, y desafortunadamente, su carrera política no ha sido la excepción. Comenzando con una presunta candidatura comprada (en la que el Partido Socialdemócrata le pagara 7 mdp para ser el candidato oficial del partido, según lo reportara en su momento la investigación realizada por Denisse Maerker), un cambio de banda a otro partido político, e incluso, una revocación de mandato aprobada por 23 diputados, la lista de acontecimientos polémicos en la vida política del Cuau es larga, y aún así, es considerado como el futuro dirigente de un estado.

La precandidatura de Cuauhtémoc por parte de la alianza “Juntos Haremos Historia” encabezada por MORENA, ofende y decepciona. Ofende, porque la ciudadanía se merece candidatos de primera clase, gente preocupada por los problemas que enfrentamos y preparada para afrontarlos. Decepciona, porque es precisamente quien ha venido denunciando por años a la mafia del poder, su corrupción y sus atropellos, quien hoy le presenta a la ciudadanía un candidato que no se encuentra a la altura.

Desafortunadamente, en su afán por asegurar victorias, MORENA no es la excepción a cualquier otro partido político. Preparado o no, Cuauhtémoc es un personaje que vende, y ellos lo saben. Sin embargo, el trasfondo de que existan candidatos y servidores públicos como Cuauhtémoc Blanco y Carmen Salinas, es que contrario a lo que diga Andrés Manuel, el pueblo no es sabio, y hasta que no quede en la república un mexicano dispuesto a darle su voto al ídolo de su infancia, los partidos políticos seguirán ofreciéndonos las opciones que saben que vamos a aceptar. Y entonces ¿en quién recae la culpa?, ¿el político por ofrecer, o el pueblo por aceptar?

Un punto me queda claro, nuestros gobernantes son el reflejo de nosotros como sociedad, y bien se dice por ahí que los mexicanos tenemos el gobierno que nos merecemos.

Año nuevo, sexenio nuevo

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“Año nuevo, vida nueva”. Probablemente una de las frases más compartidas año con año. Cual mantra, frases de motivación se repiten e inundan las redes sociales y los mensajes personales. La posibilidad de 365 nuevas oportunidades sin duda despierta en nosotros la sensación de empezar de cero y dejar atrás todo aquello que nos lastima y nos refrena.

Planificamos propósitos, priorizamos metas y decimos “Ahora sí”. Sin embargo, antes de la renovación y de las 12 uvas que representan cada uno de los deseos que esperamos realizar en el año entrante, está el “soltar y dejar ir”. Así, año con año buscamos y tratamos de cerrar los ciclos de las situaciones y relaciones que se han encargado de frenar nuestro crecimiento y nuestra prosperidad.

Es aquí donde me pregunto yo: ¿Y si México fuera una persona, qué ciclos tendría que cerrar? ¿Qué es todo eso que debería soltar para poder empezar el año nuevo reforzado y renovado?

Y al igual que nosotros, al igual que quien lleva años aferrado a una relación que los desgasta en todos los sentidos, me atrevería a decir que es momento de que México rompa en definitiva con su relación más larga y más tóxica: el PRI. Una relación que por 70 años se ha encargado de normalizar la corrupción y la impunidad, un partido que, en palabras más, palabras menos “permite que quien llegue a algún puesto piense que está allí para enriquecerse. Para hacer negocios. Para firmar contratos. Para embolsarse partidas secretas. Para otorgar concesiones y recibir algo a cambio”1. No es preciso entrar en detalles, los casos los conocemos todos.

Este año, nuevamente se nos presenta a los mexicanos la mayor oportunidad de todas. La oportunidad de decidir y definir el curso de nuestro país.

Este año no se trata de calzones rojos y remedios chinos, de limpias y amarres en Catemaco o de velas para que no nos afecte el “mercurio retrógrado”. Este año se trata de poner en la agenda los temas que a todas luces no se pueden seguir posponiendo: la inseguridad, la corrupción, las abismales brechas de desigualdad que recorren al país de punta a punta.

Que 2018 no sea un año de consignas, de promesas de campaña y de proselitismo. No dejemos que las elecciones se reduzcan a jingles de candidatos que son nuestros amigos, y spots de candidatos aparentemente políglotas. Aprovechemos los espíritus renovados que trae consigo el año nuevo para hacer las preguntas incómodas, para informarnos de nuestros candidatos, de sus propuestas y de sus planes de acción. Incluyamos en nuestros propósitos de año nuevo ser un ciudadano más activo, más participativo y más propositivo.

Por eso, en estas épocas de reflexión e introspección, los invito a que dentro de nuestras reflexiones se encuentre México, para ver si “ahora sí”.

Procuración de justicia en México: una causal de desconfianza ciudadana

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Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, enfrentan una grave crisis. Esta afirmación, sin duda no pone de manifiesto ninguna extrañeza, sin embargo, fue la principal conclusión del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia del pasado mes de octubre.

El Informe, que fue conducido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) hace afirmaciones contundentes y alarmantes. De éstas, una que destaca en particular determina que “la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.” En este caso, es innegable que la aseveración no depende del cristal con que se mira.

Si nos vamos por partes, la corrupción y la ausencia de imparcialidad son el pan de cada día en la clase política de nuestro país, en las instituciones y dependencias de gobierno, y ciertamente, en la procuración de justicia. Las violaciones de derechos humanos suceden a una velocidad tan alarmante que ya ni alarman, se han convertido en lo cotidiano, en lo mundano. Pero las cifras ahí están, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y abuso en el uso de la fuerza. Y la lista sigue, especialmente si hablamos de impunidad. Impunidad en casos tan infames como el de San Salvador Atenco, o el Socavón del Paso Express. Tragedias de tan distinta naturaleza, que lo único que tienen en común es que sus perpetradores siguen sin recibir sanción alguna. Ya lo dijera Proceso en su momento, pareciera que “la impunidad es el emblema del sexenio”.

Y ya por último, retomando los factores determinantes de la desconfianza ciudadana que menciona el Informe, “las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías”. Aquí, Ministerios Públicos que se llegan a tomar hasta más de 90 minutos en tomar una denuncia, Agentes que distan del profesionalismo que su labor requiere, y ministeriales que no son capaces de conducir una investigación eficiente.

La desconfianza de los ciudadanos está por demás justificada, y es imprescindible tomar medidas urgentes para resolver todos y cada uno de los factores mencionados. Sin duda alguna, el tema de seguridad y procuración de justicia, debiera ser una prioridad para la agenda del 2018.

Todo asalariado, tiene derecho al salario

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No es secreto, ni es sorpresa. Nuestros legisladores, nuestros funcionarios públicos y nuestros gobernantes son, en su mayoría, una élite oligárquica que nos recuerda a épocas aristocráticas de cortes fastuosas y opulentas. Hoy, nuestros legisladores son la digna representación de María Antonieta, quien empolvaba sus pelucas con harina cuando el resto de la población no tenía pan. Así, diputados y senadores empolvan hoy sus pelucas con un bono de 667 mdp que aprobaron por concluir su legislatura.

Sí, el bono es resultado del ahorro que los diputados hicieron a lo largo de su legislatura, pero en un país con más de 50 millones de habitantes en pobreza, es un absurdo que la Cámara doble el monto ahorrado por cada diputado. En un país donde casi la mitad de su población no tiene pan, nuestros legisladores reciben partidas millonarias. Sin embargo, lo que más molesta, no es por sí mismo el despilfarro, lo que molesta es el cinismo.

“Es parte del salario, y en este país todo asalariado tiene derecho al salario”, fueron las sabias y elocuentes palabras de Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para defender lo indefendible. Con qué cara hace semejante declaración, cuando en este país hay asalariados que perciben un ingreso menor a 100 pesos, por día. Con qué cara justifica recibir un millón 155 mil pesos, cuando los damnificados del sismo del 19 de septiembre reciben 120 mil pesos para la reconstrucción TOTAL de su vivienda.

Lo que molesta, es la poca calidad moral de las personas que reciben esta remuneración. No hace pocos días un grupo de letradas diputadas tuvieron la osadía de gritar en pleno San Lázaro el ya conocido “eeh puto”, un grito que no es apto ni en estadios ¿Es realmente ese tipo de prácticas las que imperan en un recinto de ese nivel?

Es momento de decir ¡basta! Por largos años, México ha sido un país con una ciudadanía pasiva, apática, quejosa. Se inundan las redes sociales con indignación y repudio hacia la opulencia de la clase política, repudio hacia la corrupción y a las casas blancas, a la impunidad frente a los socavones y a los desvíos de recursos.  La frustración de los ciudadanos es palpable, pero me voy a atrever a hacer el comentario: la indignación, el repudio y las quejas en redes sociales, no van a resolver nuestros problemas.

Sí, quejémonos, pero más allá que eso, exijamos, demandemos, actuemos, es nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos. Si algo nos enseñó el sismo del pasado 19 de septiembre, es que unidos tenemos la fuerza para levantar a un país, pero para levantarlo tuvimos que actuar, así tenemos que actuar ahora. Recordemos que muchos de los diputados que el día de hoy se están premiando con bonos millonarios, los escogimos nosotros (ya los pluris, son harina de otro costal).

Hagamos el ejercicio, ubiquemos a nuestros diputados, contactémoslos, cuestionemos, propongamos. Que el cambio del país no dependa de unos cuantos que, a lo largo de los años, nos han demostrado su poco amor por México.

Y por último, a diputados y senadores les pregunto ¿es que no les da vergüenza?

Del caso #SantiagoNieto y por qué deberíamos estar prestando atención

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“De esta manera, la Procuraduría General de la República, reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional…”

Esta maravillosa frase, forma parte del pequeño comunicado que realizó Alberto Elías Beltrán, Procurador Interino de la Procuraduría General de la República, sobre la destitución de Santiago Nieto de su cargo como titular de la FEPADE. Como recordaremos, el motivo de dicha destitución fue el hecho de que Santiago Nieto, presuntamente violó el código de conducta de la PGR.

En primera instancia, violar el código de conducta de la institución encargada de la impartición de justicia del Estado, resulta una razón válida para la destitución de un funcionario de su puesto. Pero ¿qué códigos de conducta se violó?, ¿qué funcionario fue destituido?, ¿qué implicaciones hay en su destitución? Las preguntas son muchas, pero las respuestas son todavía más, y son todavía más alarmantes.

Para los que no han estado poniendo atención, vámonos por partes.

Santiago Nieto, hasta hace una semana era el titular de la FEPADE, que no es ni mas ni menos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahora, y aquí es a donde comienza a ponerse interesante, recordaremos que en agosto de este año, ex directivos de la constructora Odebrecht, declararon haber dado sobornos por alrededor de 10 mdd al ex director de PEMEX, a cambio de recibir contratos de obra pública. Y por si los sobornos no fueran suficiente, resulta que durante esa época, Lozoya era el Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de nuestro querido Presidente, Enrique Peña Nieto.

¡Seguramente no hubo financiamiento ilícito! ¿O sí? Pues entre que son peras o son manzanas, la FEPADE decidió abrir una carpeta de investigación al respecto. Pero la cosa no para ahí, hace apenas unos días, el entonces titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, declaró que había recibido una carta por parte de Emilio Lozoya, en la que éste le pedía hacer un pronunciamiento en favor de su inocencia. ¿Qué pasa días después? Pues que Santiago Nieto aparentemente transgrede el código de conducta de la Procuraduría y es destituido de su cargo, efecto inmediato. ¿Coincidencia?

La buena noticia: no todo está perdido. Gracias al sistema político que nos rige, el Senado tiene la facultad de revocar dicha destitución. La mala: México siendo México, y el PRI siendo el PRI, pidió que la votación al respecto, fuera secreta. Y es aquí donde digo yo: “Sobre el caso Santiago Nieto, ¿Por qué deberíamos estar prestando atención?”.

La frase del mismo Santiago Nieto lo dejará en claro para ustedes: “Hay que aplicar por supuesto el peso de la ley a cualquier persona, con independencia de quien, sea para efecto de generar mejores condiciones para el proceso electoral de 2018″.

Hay que poner atención porque el costo político de este caso es altísimo. No solo los sobornos y el financiamiento ilícito están nuevamente ligados al Partido Revolucionario Institucional, sino que el voto secreto permite que el costo político no lo absorba nadie. Hay que poner atención porque la resolución de este caso puede marcar el comienzo contra la impunidad en nuestro país. Por eso tenemos que exigir el #vototransparente.

Es inadmisible, que ante tantos casos de corrupción, permanezcamos inactivos, y nos limitemos a externar nuestra inconformidad en las redes sociales. Es inadmisible que hayan ciudadanos con acceso a las tecnologías de la información, y no conozcan de casos como el de Santiago Nieto. Pero más aún, es inadmisible que no apoyemos a los pocos funcionarios que se atreven a hacerle frente a la corrupción en el país, y que incluso, les ponen nombre y apellido.