Pide “Cómo Vamos Nuevo León” a autoridades estatales reducir índice de delitos y violencia

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La plataforma “Cómo Vamos Nuevo León” sostuvo el tercer diálogo sobre seguridad, con autoridades estatales, a quienes pidieron pactar estrategias para reducir el índice de homicidios, violencia familiar, robo, entre otros delitos.

El encuentro que se llevó a cabo junto a México Evalúa, Renace y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se realizó un diagnóstico y se detectaron diferentes retos para la nueva administración liderada por el gobernador Samuel García.

La plataforma señaló que Fuerza Civil perdió cerca de mil elementos policiales de 2018 a 2021 y la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes de 2021 creció 121% en comparación con la de inicios del sexenio anterior.

Por su parte, Samuel García fijó la meta de fortalecimiento de Fuerza Civil en 7 mil 500 elementos para este sexenio, , además enfatizó que la prevención será una prioridad.

“Hay que dejar lo que se ha hecho bien y meterle todo el recurso para obtener las metas que se plantearon, le he pedido a Aldo Fasci que se llegue a los 7 mil 500 elementos”, dijo García durante su intervención en el evento.

Por otro lado, se informó que el 28.1% de los hogares en Nuevo León fueron víctimas de algún delito en 2020, sin embargo, el 92% de los delitos no fueron denunciados y el 93.9% de los delitos que sí se denunciaron y se investigaron quedaron impunes de acuerdo con el reporte “Hallazgos desde lo local: Nuevo León”, hecho por México Evalúa.

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, se comprometió a hacer prioritario para este gobierno fortalecer a la Defensora y la Atención de Víctimas, esto después de que se revelara que la Defensora Pública brindó atención a un total de 113 mil 956 personas en el transcurso del año, es decir cada defensor representó en promedio a 418 personas, lo que implicó una carga de trabajo excesiva.

Mientras tanto, el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Guerrero y el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci se comprometieron a coadyuvar en conjunto con las organizaciones civiles para identificar los desafíos de raíz y mejorar la percepción de la ciudadanía.

En el evento participaron también Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León; Angélica Elizondo, directora de Renace A.B.P; Javier Pérez Rolón, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Jesús Herrera, presidente de Cómo Vamos Nuevo León. El Presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, también fue invitado al evento pero declinó su participación.

El Cuarto Diálogo de Seguridad y Justicia será convocado en octubre de 2022 con el objetivo de que las autoridades puedan dar cuenta de los compromisos realizados.

¿Politización de la justicia o judicialización de la política?

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Desde tiempos inmemorables, en nuestro país se ha afirmado que existe una politización de la justicia, por este término referencia a un viejo vicio en el sistema político mexicano que consiste en utilizar los aparatos del Estado para señalar, perseguir o sentenciar atendiendo a incentivos meramente político-partidistas sin importar los fines de la justicia y el derecho, y son sólo para construir narrativas ad hoc a la situación política del momento. Desde Cárdenas, Salinas, Peña Nieto a López Obrador, en distintos episodios históricos y ante periodos complejos y plagados de corrupción, los sucesores de diversos ámbitos ideológicos, han utilizado los efec tos naturales de políticas un asunto para aumentar legitimidad pública y mediática, que no resuelve el fondo del asunto. Esto contraviene la constitución y tratados internacionales en la materia, ya que el ánimo es una rentabilidad en lugar de la búsqueda de la justicia sustantiva. 

Armando Regil Velasco escribió en el 2015: “México es un país de muchas leyes y poco estado de derecho”, y esto viene a colación ante la constante selectividad de la rendición de cuentas. El caso Lozoya es ejemplo de esto, a pesar de las reformas que generaron el Sistema Nacional Anticorrupción así como diversas modificaciones jurídicas e institucionales para su operación, esto ha tenido pocos resultados. En este asunto de gran trascendencia nacional, al estar ante un innegable caso de corrupción de la empresa Odebrecht y su influencia en reformas que la habrían beneficiado,  somos testigos de cómo las redes sociales, los medios de comunicación y el debate público, se han convertido en el lugar donde se están señalando involucrados, construyendo presuntas teorías del casos, desahogando pruebas y dictando sentencias. 

Filtraciones de documentos, filtraciones de videos de exfuncionarios recibiendo fajos de miles de pesos en efectivo y hasta de familiares del mismo presidente Andrés Manuel, demuestra cómo esta oportunidad de llevar ante la justicia a individuos y redes de corrupción del más alto nivel, está siendo desperdiciada por la Administración Federal actual y la Fiscalía General de la República, tal y como escribieron los profesores Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes “las filtración no busca una exitosa judicialización del caso, sino su mera politización”. 

Es fundamental que un gobierno que aspira a ser democrático, pueda tener en cuenta la importancia de encauzar asuntos cómo el caso Lozoya ante las instituciones de procuración e impartición de justicia, ya que la argumentación para llegar a una determinación judicial (sentencia, autos, etc) requieren de una formación lógica basada en evidencia y construcción fáctica, cuestión distinta a una índole política que responde a intereses específicos. Como bien escribió Francesc de Carreras en el diario español El País: “[…]Politizar la Justicia no significa que los políticos sean juzgados por incumplir las leyes sino que los jueces, en el ejercicio de su cargo, tomen decisiones que son propias de los políticos, de los representantes del pueblo, vulnerando así un principio clave del Estado de derecho, el de la independencia judicial, según el cual la función judicial consiste únicamente en aplicar la ley y sólo así puede justificarse que el poder de los jueces es democrático” (2017). 

Estas viejas y tan arraigadas prácticas de evitar una verdadera búsqueda de la justicia ante casos que involucren políticos mexicanos, nos permite reflexionar sobre la necesidad de transitar a una nueva forma de concebir la justicia ante este tipo de casos. Esto es muy importante para establecer precedentes y detectar flagelos en las instituciones públicas para garantizar una no repetición de hechos de corrupción, pero es igual de relevante exigir desde la sociedad que estos asuntos no se queden en la “justicia mediática” que erosionan los argumentos y la esperanza de construir una verdadera democracia y estado de derecho.