En Nuevo León, la Justicia Electoral asesinó la Democracia

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Manuel Bartlett se ha de quedar estupefacto. Ahora ¡se puede tumbar una elección sin que se caiga el sistema! ¡Cuantos progresos hizo el sistema electoral en treinta años! 

Basta de un par de jueces corruptibles, y de unos cuantos millones de pesos para voltear las situaciones más comprometidas. La mecánica es muy simple: decretas que las elecciones fueron irregulares, y eliminas del conteo final todas las casillas contrarias a tu objetivo, hasta llegar a un resultado matemático satisfactorio, aún que sea con mil votos de diferencia. ¡Genial! Solamente faltaba imaginarlo, disponer de recursos suficientes para las exigencias de los jueces (escogidos a modo hace varios años, nunca sabes cuando te va servir este trique viejo que tenías guardado), y ya está realizado el truco. 

Con estas decisiones anunciadas (sin la menor vergüenza) el viernes 17 de agosto  a mediodía, se obtendrán varios resultados. Uno ya visible, zipizapes electorales bochornosos, dignos de cualquier república bananera (la expresión circula libremente desde el sábado pasado). 

El otro que supongo que veremos en esta semana: la renuncia colectiva y masiva de todos los integrantes de la Comisión Estatal Electoral cuya razón de  ser desapareció. Para qué mantener a costos de cientos de millones de pesos un órgano que puede ser favorablemente sustituido por dos individuos que a pesar del alto valor de los sobornos que requieren, le salen bastante más económico al estado que siete individuos con alto sueldo, numerosos sobresueldos, abundantes prestaciones y ética bastante floja, para no decir que suelta. Además, los sobornos, los pagan los partidos políticos, no el erario público. (Aún si sabemos que los recursos de los partidos políticos salen del erario gracias a empresas fantasmas y universidades condescendientes). (Este resultado, eminentemente deseable, está en veremos, ya que lo que debería ocurrir por dignidad, no ocurrirá, justamente porque la dignidad es un concepto desconocido en estas instancias). 

El otro resultado que observaremos dentro de tres años es que nos podremos ahorrar el costo de la elecciones. Por un lado quién querrá ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades que su voto sea descartado por dos individuos al que les habrán regalado el título de “juez”. Por otro lado, el nuevo estado omnipotente muy sabio, considerará que se recortarán muchos gastos al suprimir el INE y los múltiples CEE por unos cuantos jueces bien aleccionados. 

RIP la democracia, RIP la voluntad popular. Los jueces saben mejor. Que desaparezca la democracia, que aparezca la justicia popular y electoral. Ya era tiempo. Pobre México. Pobre Nuevo León. Pobre PRI, pobre PAN. Serán responsables de los tiempos descompuestos que se avecinan. Y los jueces también. Pero a los jueces, los pusieron el PRI y el PAN. A nombre de una falsa democracia.  

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Reflexión sobre la designación de Ministros en la Suprema Corte de Justicia

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Supremae legis servi sumus ut liberi esse possimus. (De la ley suprema siervos somos para poder ser libres.)
– Inscripción en latín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debajo del mural de José Clemente Orozco.

La preocupación sobre la politización de la Suprema Corte es generalizada en todo el país. Este noviembre concluyen su cargo dos ministros, la Min. Olga Sánchez Cordero y el Min. Juan Silva Meza, y corresponde al Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de nuestra Constitución Política, presentar una terna con sus nominaciones al Senado de la República para que éste designe a los sucesores de los ministros salientes.

La preocupación sobre la politización de la Suprema Corte es generalizada en todo el país.

Grandes académicos, políticos y activistas han creado un movimiento social para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto que incluya en su terna a personas con carrera judicial y que no pertenezcan a ningún partido político. Lo que se busca es que no se repita lo que sucedió el año pasado con la designación del Min. Eduardo Medina Mora, evento que significó el colmo de los colmos para evidenciar la prostitución de nuestro máximo órgano judicial a los intereses políticos del Gobierno Federal en lugar de a la legalidad (que conste que digo legalidad y no justicia, porque considero que nuestra Suprema Corte no busca proteger esta última, sino la primera; aunque éste es otro tema).

Grandes académicos, políticos y activistas han creado un movimiento social para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto que incluya en su terna a personas con carrera judicial y que no pertenezcan a ningún partido político.

De entre todas las grandes personalidades y figuras públicas que integran e impulsan este movimiento social, se encuentra liderándolo el Lic. Alejandro Madrazo Lajous. Él fue quien en su momento también lideró el movimiento en contra de la designación del Min. Eduardo Medina Mora y es quien ahora exige que tengamos una Suprema Corte “sin cuotas, ni cuates”.

El Lic. Madrazo y otras decenas de miles de ciudadanos exigen al Presidente que no proponga candidatos por compadrazgo y con conflictos de intereses y al Senado, que tengan una auscultación abierta, que verdaderamente analicen detenidamente la terna y fundamenten y motiven a la ciudadanía la designación de los dos ministros que queden.

Su petición no sólo me parece pertinente, sino acertada, puesto que ya ha pasado antes que se ha “infiltrado” en la Corte una persona incapaz y con conflicto de interés (léase el Min. Medina).

En entrevista con El Universal TV, explica el Lic. Madrazo que precisamente el lema de “Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates” atiende a exigir que no se designen los ministros conforme a “cuotas” de los partidos políticos, ni a los “cuates” del Presidente. Suscribo con esta exigencia.

Pero no todos están de acuerdo con este movimiento social que ha cobrado tanta relevancia nacional. Entre los opositores, se encuentra el Mtro. Gerardo Laveaga Rendón, quien reclama en un artículo en Excélsior que proponer candidatos ante el Senado es facultad constitucional del Presidente y “nadie tendría porqué entrometerse para decirle a quién debe impulsar y a quién no”.

Pero no todos están de acuerdo con este movimiento social que ha cobrado tanta relevancia nacional.

Escribe el Mtro. Laveaga que tampoco está de acuerdo con las “cuotas”, como lo plantea el movimiento social en cuestión, y estima que se deben impulsar personas visionarias y con autoridad moral que cambien el rumbo de México a través de una Corte “vigorosa”.

Sin embargo, deja muy claro que para tomar estas decisiones están el Presidente y el Senado, no nosotros: “para eso los elegimos”, expresa.

La posición del Mtro. Laveaga sobre que necesitamos una renovación de la Suprema Corte, debemos de convertirla en una corte constitucional y no que trate asuntos menores y que requerimos ministros valientes que no tengan miedo de innovar en sus sentencias, es compatible con la mía.

Empero, difiero en que debemos dejarle el trabajo, así a ciegas, a los constitucionalmente facultados y abstenernos de presionar y exigir una terna decente. Y en esto coincide conmigo el Lic. Alejandro Madrazo, con quien conversando el día de ayer me dijo que “defender esto [que no debemos de exigir ni al Presidente, ni al Senado] sería decir que los ciudadanos debemos votar un día y callar seis años”.

Es por eso que en este sentido, no estoy de acuerdo con esta línea que postula el Mtro. Laveaga y apoyo públicamente el movimiento del Lic. Madrazo. Aunque quisiera apuntalar que las posturas de ambos no son incompatibles, sino difieren en dos únicos aspectos: el de presionar socialmente al Presidente y el de las características que deben tener los aspirantes a ministros.

El Mtro. Laveaga “apuesta a que el Presidente considerará” lo que el país necesita; el Lic. Madrazo, no (y justificadamente, en mi opinión, porque ya nos demostró nuestro mandatario en su designación pasada que no tiene los mejores intereses de la Corte y su legitimidad en mente).

Al Lic. Madrazo Lajous le gustaría que se propusieran en la terna a personas con carrera judicial, según lo ha dicho en varios medios. (Una persona con carrera judicial lo es si ha desempeñado varios cargos en los órganos jurisdiccionales y así ha adquirido experiencia, formación y conocimientos por los que tiene méritos.)

El Mtro. Laveaga “apuesta a que el Presidente considerará” lo que el país necesita; el Lic. Madrazo, no (y justificadamente, en mi opinión, porque ya nos demostró nuestro mandatario en su designación pasada que no tiene los mejores intereses de la Corte y su legitimidad en mente).

Al Mtro. Gerardo Laveaga no le gusta esta idea y preferiría que fueran propuestos candidatos más aventados, quizá de la academia, a que fueran magistrados o jueces, puesto que estos suelen ser muy cerrados. “De un juez o un magistrado espero rigor técnico; de un ministro, espero audacia e imaginación”, me platicó el día de ayer.

A mí me gustaría que un puesto lo ocupara un abogado de la academia y que el otro puesto lo ocupara un abogado litigante. Estaría muy bien tener dos perspectivas y visiones frescas que hacen falta en nuestra tan desgastada Suprema Corte. Indubitablemente, necesitamos ministros innovadores y no inflexibles.

A mí me gustaría que un puesto lo ocupara un abogado de la academia y que el otro puesto lo ocupara un abogado litigante.

Pero independientemente de las particularidades que estimemos todos que deben tener los nominados para ocupar el cargo de ministros, yo diría que podemos todos consensuar en que no pueden ser militantes de algún partido político, ni “cuates” del Presidente de la República.

Ustedes, ¿qué opinan?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”