Admite AMLO riesgo de no lograr reforma a la Ley Eléctrica

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Esta mañana, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que de declararse inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica en la Suprema Corte, sus intenciones de una reforma en este sector corren riesgo.

Opinó que no debe ser inconsitucional dicha ley, la cual fue suspendida por jueces federales, pues consideró que es una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las grandes corporaciones comerciales o empresariales.

Lo de la luz se está buscando resolver con la ley que aprobó el Congreso y la reforma eléctrica, con eso vamos a revisar los contratos leoninos y vamos a avanzar, ahora hay amparos, pero debe llegar hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia“, mencionó.

Con información de La Razón

Se declara culpable a Tomás Yarrington

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El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de 64 años, fue declarado culpable de un cargo de lavado de dinero; esto, de acuerdo con reportes de prensa desde Houston, donde se sigue el juicio, como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Parte de dicho acuerdo es que se desestimarán otros cargos que se presentaron desde el 2013.

En la corte, el exmandatario admitió haber recibido millones de pesos en sobornos y haber empleado ese dinero para la compra de inmuebles en los Estados Unidos, esto mientras gobernaba Tamaulipas (1999-2005).

A cambio, el momento de la condena se le contarán los 377 días que pasó encarcelado desde que fue detenido en Italia hasta su extradición a Estados Unidos. La fiscalía recomendó que la jueza le dicte la sentencia más baja y se le confisque una propiedad que tiene en Puerto Isabel, Texas.

Al ex gobernador también se le acusaba de otros diez cargos, que incluían conspiración para la importación de cocaína y mariguana a Estados Unidos y fraude bancario.

El exgobernador fue detenido en 2017 en Florencia, Italia, por una solicitud internacional emitida por Interpol elaborada con base en órdenes giradas por jueces mexicanos y estadunidenses.

Yarrington fue reclamado por autoridades de Estados Unidos y de México para que fuera juzgado bajo la acusación de tener vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), con lo cual pudo adquirir bienes en ambos países.

El fiscal estadunidense Jeff Sessions, y el mexicano Raúl Cervantes Andrade dijeron en un comunicado conjunto que a la conclusión de su juicio en Estados Unidos,”Yarrington será cedido a México de manera temporal para que pueda ser presentado”. Por lo que en caso de que fuera procesado y sentenciado en México, Yarrington enfrenta penas que van de los 20 a los 25 años de prisión, ya que se le persiguió como probable responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con información de La Jornada

Destapando las desigualdades

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Más allá de si se deben o no disminuir los salarios de los altos funcionarios públicos, la discusión ha exhibido el nivel de desigualdad que vivimos en México

Una de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación que se ha topado con una mayor resistencia, es la de disminuir el salario de los altos funcionarios, entre los que encuentran miembros del poder judicial. 

El caso es interesante, porque ha servido para exhibir el nivel de desigualdad que se vive en el país. 

No es mi intención tomar postura sobre si se deben o no disminuir los sueldos de magistrados, jueces, gobernadores, funcionarios federales y demás, pero vale la pena hablar de los argumentos que se esgrimen por parte de la oposición política y de los afectados en esta medida. 

Primero se habla de una amenaza a los contrapesos que deben existir en todo país que se jacte de ser democrático, ya que al bajar el sueldo de un juez o magistrado a menos de lo que gana el presidente (aproximadamente 108 mil pesos mensuales), existirá un mayor riesgo de que dicho funcionario caiga ante las mieles de la corrupción. 

Pero los más llamativos son los argumentos en redes sobre la decadencia que significa para un funcionario ganar solamente 100 mil pesos mensuales. 

Una de las discusiones en Twitter, la red social política por preferencia, se centraba en que vivir con cincuenta mil pesos al mes era poco más que difícil. La tuitera en cuestión subió unas fotos en las que se mostraba un presupuesto para apuntar que era muy complicado vivir bien al mes con esa cantidad. 

Más allá de que en las fotos se prueba que los 50 mil pesos eran suficientes para vivir y vivir bien (con una renta de 25 mil pesos, con la familia completa con gastos médicos mayores, con comidas y salidas que superan los 20 mil pesos), una de las celdas mostraba algo triste pero cierto y que refleja la desigualdad en la que vivimos: dicha persona gasta 200 pesos en el servicio de limpieza al mes. 

200 pesos en pagarle a alguien para que limpie tu casa de 25 mil pesos. Incluso si fuera una sola vez, esa cantidad es la que acepta una trabajadora o trabajador doméstico en muchas partes del país.

Y es que en México solamente 4 de cada 100 habitantes gana más de 13 mil pesos mensuales. Sí, lo leyó bien, solo el 4% de los mexicanos tiene un sueldo mayor a los 5 salarios mínimos. Ni siquiera estamos hablando de los 50 mil que muchos en twitter argumentaban como insuficientes para vivir bien. 

No busco que se malinterprete la intención de esta columna. A diferencia de nuestra Secretaria de la Función Pública que en una triste intervención se decantó por sugerir a la IP que baje los sueldos de quienes más ganan, yo soy de la idea de que no se trata de disminuir unos salarios para emparejar los otros, sino de generar las condiciones que permitan a todos los mexicanos ganar adecuada y decentemente. 

Lo que sí es un hecho, es que al menos en la función pública, en México hemos acostumbrado a nuestros representantes a vivir sin complicaciones y en muchas ocasiones con excesos. Y a pesar de esto, somos uno de los países más corruptos en el planeta. 

Lo que también es un hecho es que hay una gran separación entre los mexicanos de primera y los mexicanos de segunda. Mexicanos de primera que sostienen que es inviable vivir con menos de 50 mil pesos al mes, y mexicanos de segunda que aceptan un pago irrisorio con tal de llevar un pan a la mesa de su casa. 

Las preguntas quedan en el aire, ¿es justo que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos en el México en el que vivimos? ¿o deberíamos enfocarnos en subir los salarios de los de abajo sin tocar los de arriba? 

En Nuevo León, la Justicia Electoral asesinó la Democracia

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Manuel Bartlett se ha de quedar estupefacto. Ahora ¡se puede tumbar una elección sin que se caiga el sistema! ¡Cuantos progresos hizo el sistema electoral en treinta años! 

Basta de un par de jueces corruptibles, y de unos cuantos millones de pesos para voltear las situaciones más comprometidas. La mecánica es muy simple: decretas que las elecciones fueron irregulares, y eliminas del conteo final todas las casillas contrarias a tu objetivo, hasta llegar a un resultado matemático satisfactorio, aún que sea con mil votos de diferencia. ¡Genial! Solamente faltaba imaginarlo, disponer de recursos suficientes para las exigencias de los jueces (escogidos a modo hace varios años, nunca sabes cuando te va servir este trique viejo que tenías guardado), y ya está realizado el truco. 

Con estas decisiones anunciadas (sin la menor vergüenza) el viernes 17 de agosto  a mediodía, se obtendrán varios resultados. Uno ya visible, zipizapes electorales bochornosos, dignos de cualquier república bananera (la expresión circula libremente desde el sábado pasado). 

El otro que supongo que veremos en esta semana: la renuncia colectiva y masiva de todos los integrantes de la Comisión Estatal Electoral cuya razón de  ser desapareció. Para qué mantener a costos de cientos de millones de pesos un órgano que puede ser favorablemente sustituido por dos individuos que a pesar del alto valor de los sobornos que requieren, le salen bastante más económico al estado que siete individuos con alto sueldo, numerosos sobresueldos, abundantes prestaciones y ética bastante floja, para no decir que suelta. Además, los sobornos, los pagan los partidos políticos, no el erario público. (Aún si sabemos que los recursos de los partidos políticos salen del erario gracias a empresas fantasmas y universidades condescendientes). (Este resultado, eminentemente deseable, está en veremos, ya que lo que debería ocurrir por dignidad, no ocurrirá, justamente porque la dignidad es un concepto desconocido en estas instancias). 

El otro resultado que observaremos dentro de tres años es que nos podremos ahorrar el costo de la elecciones. Por un lado quién querrá ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades que su voto sea descartado por dos individuos al que les habrán regalado el título de “juez”. Por otro lado, el nuevo estado omnipotente muy sabio, considerará que se recortarán muchos gastos al suprimir el INE y los múltiples CEE por unos cuantos jueces bien aleccionados. 

RIP la democracia, RIP la voluntad popular. Los jueces saben mejor. Que desaparezca la democracia, que aparezca la justicia popular y electoral. Ya era tiempo. Pobre México. Pobre Nuevo León. Pobre PRI, pobre PAN. Serán responsables de los tiempos descompuestos que se avecinan. Y los jueces también. Pero a los jueces, los pusieron el PRI y el PAN. A nombre de una falsa democracia.  

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Reflexión sobre la designación de Ministros en la Suprema Corte de Justicia

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Supremae legis servi sumus ut liberi esse possimus. (De la ley suprema siervos somos para poder ser libres.)
– Inscripción en latín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debajo del mural de José Clemente Orozco.

La preocupación sobre la politización de la Suprema Corte es generalizada en todo el país. Este noviembre concluyen su cargo dos ministros, la Min. Olga Sánchez Cordero y el Min. Juan Silva Meza, y corresponde al Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de nuestra Constitución Política, presentar una terna con sus nominaciones al Senado de la República para que éste designe a los sucesores de los ministros salientes.

La preocupación sobre la politización de la Suprema Corte es generalizada en todo el país.

Grandes académicos, políticos y activistas han creado un movimiento social para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto que incluya en su terna a personas con carrera judicial y que no pertenezcan a ningún partido político. Lo que se busca es que no se repita lo que sucedió el año pasado con la designación del Min. Eduardo Medina Mora, evento que significó el colmo de los colmos para evidenciar la prostitución de nuestro máximo órgano judicial a los intereses políticos del Gobierno Federal en lugar de a la legalidad (que conste que digo legalidad y no justicia, porque considero que nuestra Suprema Corte no busca proteger esta última, sino la primera; aunque éste es otro tema).

Grandes académicos, políticos y activistas han creado un movimiento social para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto que incluya en su terna a personas con carrera judicial y que no pertenezcan a ningún partido político.

De entre todas las grandes personalidades y figuras públicas que integran e impulsan este movimiento social, se encuentra liderándolo el Lic. Alejandro Madrazo Lajous. Él fue quien en su momento también lideró el movimiento en contra de la designación del Min. Eduardo Medina Mora y es quien ahora exige que tengamos una Suprema Corte “sin cuotas, ni cuates”.

El Lic. Madrazo y otras decenas de miles de ciudadanos exigen al Presidente que no proponga candidatos por compadrazgo y con conflictos de intereses y al Senado, que tengan una auscultación abierta, que verdaderamente analicen detenidamente la terna y fundamenten y motiven a la ciudadanía la designación de los dos ministros que queden.

Su petición no sólo me parece pertinente, sino acertada, puesto que ya ha pasado antes que se ha “infiltrado” en la Corte una persona incapaz y con conflicto de interés (léase el Min. Medina).

En entrevista con El Universal TV, explica el Lic. Madrazo que precisamente el lema de “Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates” atiende a exigir que no se designen los ministros conforme a “cuotas” de los partidos políticos, ni a los “cuates” del Presidente. Suscribo con esta exigencia.

Pero no todos están de acuerdo con este movimiento social que ha cobrado tanta relevancia nacional. Entre los opositores, se encuentra el Mtro. Gerardo Laveaga Rendón, quien reclama en un artículo en Excélsior que proponer candidatos ante el Senado es facultad constitucional del Presidente y “nadie tendría porqué entrometerse para decirle a quién debe impulsar y a quién no”.

Pero no todos están de acuerdo con este movimiento social que ha cobrado tanta relevancia nacional.

Escribe el Mtro. Laveaga que tampoco está de acuerdo con las “cuotas”, como lo plantea el movimiento social en cuestión, y estima que se deben impulsar personas visionarias y con autoridad moral que cambien el rumbo de México a través de una Corte “vigorosa”.

Sin embargo, deja muy claro que para tomar estas decisiones están el Presidente y el Senado, no nosotros: “para eso los elegimos”, expresa.

La posición del Mtro. Laveaga sobre que necesitamos una renovación de la Suprema Corte, debemos de convertirla en una corte constitucional y no que trate asuntos menores y que requerimos ministros valientes que no tengan miedo de innovar en sus sentencias, es compatible con la mía.

Empero, difiero en que debemos dejarle el trabajo, así a ciegas, a los constitucionalmente facultados y abstenernos de presionar y exigir una terna decente. Y en esto coincide conmigo el Lic. Alejandro Madrazo, con quien conversando el día de ayer me dijo que “defender esto [que no debemos de exigir ni al Presidente, ni al Senado] sería decir que los ciudadanos debemos votar un día y callar seis años”.

Es por eso que en este sentido, no estoy de acuerdo con esta línea que postula el Mtro. Laveaga y apoyo públicamente el movimiento del Lic. Madrazo. Aunque quisiera apuntalar que las posturas de ambos no son incompatibles, sino difieren en dos únicos aspectos: el de presionar socialmente al Presidente y el de las características que deben tener los aspirantes a ministros.

El Mtro. Laveaga “apuesta a que el Presidente considerará” lo que el país necesita; el Lic. Madrazo, no (y justificadamente, en mi opinión, porque ya nos demostró nuestro mandatario en su designación pasada que no tiene los mejores intereses de la Corte y su legitimidad en mente).

Al Lic. Madrazo Lajous le gustaría que se propusieran en la terna a personas con carrera judicial, según lo ha dicho en varios medios. (Una persona con carrera judicial lo es si ha desempeñado varios cargos en los órganos jurisdiccionales y así ha adquirido experiencia, formación y conocimientos por los que tiene méritos.)

El Mtro. Laveaga “apuesta a que el Presidente considerará” lo que el país necesita; el Lic. Madrazo, no (y justificadamente, en mi opinión, porque ya nos demostró nuestro mandatario en su designación pasada que no tiene los mejores intereses de la Corte y su legitimidad en mente).

Al Mtro. Gerardo Laveaga no le gusta esta idea y preferiría que fueran propuestos candidatos más aventados, quizá de la academia, a que fueran magistrados o jueces, puesto que estos suelen ser muy cerrados. “De un juez o un magistrado espero rigor técnico; de un ministro, espero audacia e imaginación”, me platicó el día de ayer.

A mí me gustaría que un puesto lo ocupara un abogado de la academia y que el otro puesto lo ocupara un abogado litigante. Estaría muy bien tener dos perspectivas y visiones frescas que hacen falta en nuestra tan desgastada Suprema Corte. Indubitablemente, necesitamos ministros innovadores y no inflexibles.

A mí me gustaría que un puesto lo ocupara un abogado de la academia y que el otro puesto lo ocupara un abogado litigante.

Pero independientemente de las particularidades que estimemos todos que deben tener los nominados para ocupar el cargo de ministros, yo diría que podemos todos consensuar en que no pueden ser militantes de algún partido político, ni “cuates” del Presidente de la República.

Ustedes, ¿qué opinan?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”