Solicitan a AMLO aclaraciones sobre proyecto educativo

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Las organizaciones Mexicanos Primero, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 10 por la Educación, Suma por la Educación, Únete y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), solicitaron el día de hoy al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, que aclaré su proyecto educativo, después de que el presidenciable dijera el sábado que cancelará la Reforma Educativa.

“Lo que exigimos es una aclaración de a qué Andrés Manuel hacerle caso, dado que la información que recibimos de él el jueves es completamente diferente a lo que dijo el sábado”, afirmó Alexandra Zapata, investigadora del IMCO.

La reacción de las ONGs se da debido a que el pasado 8 de mayo realizaron un evento donde invitaron  los 5 candidatos a exponer su proyecto educativo, evento al que el tarasque no asistió, pero envío de forma escrita las respuestas a 10 preguntas a las organizaciones civiles el jueves 10 de mayo.

El sábado pasado en territorio de la CNTE y frente a miles de maestro en Oaxaca, López Obrador aseguró que de llegar a la Presidencia cancelará la Reforma Educativa.

“La aclaración no es por nosotros sino para la opinión pública, que aclare de manera publica y sepamos los ciudadanos si es el proyecto educativo de Andrés Manuel del jueves o del sábado. No hay un punto medio en el que ambos son válidos”, aseguró Zapata.

Por su parte los representantes de 10 Por la Educación, afirmaron que lo que ellos piden es una aclaración de todos los puntos, tanto de las respuestas que dio a las organizaciones y del “Decálogo por la Educación”.

“La pregunta para Andrés Manuel es: ¿qué de todo esto piensas echar atrás? Nada, todo, algunos componentes. Si no, ¿a quién quiere engañar? ¿A los maestros de la CNTE? ¿A las organizaciones civiles? Queremos definición completa de todos los temas y no cambiarla conforme al público.”, dijo Fernando Landero de Suma por la Educación.

(Con información Grupo Reforma)

 

Ramo 23, el “cajón de gastos” del gobierno, que aumenta en elecciones y se usa para “castigar”

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El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.

Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.

Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política.

En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó.

Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

¿Qué hay de la confianza en las autoridades de seguridad?

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Los recientes indicadores presentados por México Evalúa en su análisis Justicia a la Media para Nuevo León son un reflejo de cómo el vínculo de confianza entre la población y las autoridades se mantiene fracturada.

Y es ese punto que nos trae a este análisis. En retrospectiva, en este contexto ya habíamos transitado y superado de alguna manera, pero ¿qué nos ha pasado?, ¿se dejaron a un lado las buenas prácticas? o ¿por qué desconfiamos tanto?

México Evalúa, utilizando estadísticas del INEGI, reportó que entre 2015 y 2016 la confianza entre la policía estatal pasó de 13.1 a 5.5%, una caída significativa. Mientras que para el Ministerio Público el nivel de confianza pasó de 10.5 a 2.5%, hacia la Policía Ministerial retrocedió de 9.2 a 5.3% de un año a otro.

En la pérdida de la confianza es precisamente donde creemos que existe un área de oportunidad necesaria que atender para construir la ciudad, y el Nuevo León que necesitamos para nuestras familias. Esta confianza es la base, incluso, para que las víctimas de delitos se animen a denunciar, delimitar estrategias más efectivas y combatir la cifra negra que es superior al 90% para la entidad [Envipe 2015].

 




 

La desconfianza, no sólo nace de la percepción que comúnmente los gobernantes suelen catalogar como información poco objetiva. Y si bien es subjetiva porque es percepción, la realidad es que los índices delictivos se han incrementado según las propias estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Ya reportes periodísticos han evidenciado que en los 12 meses recientes frente a los últimos 12 meses del sexenio anterior, la incidencia de delitos patrimoniales y los homicidios aumentaron. En el caso de robo a negocios el incremento es de 57%, mientras que en homicidios el alza es de 33% [El Norte, octubre 04, 2016].

De estos y otros delitos de alto impacto ya se había advertido en los más recientes reportes del Observatorio Ciudadano de Nuevo León, que analiza la incidencia delictiva cada trimestre. Desde ese entonces lanzamos llamados a municipios y Estado para un trabajo conjunto e integral con el fin de reforzar la seguridad y fortalecer las estrategias en prevención de los delitos.

Así llegamos al primer año desde que el gobierno estatal y los ediles metropolitanos asumieron sus administraciones públicas. Y llegamos con los reportes del Observatorio Ciudadano de Nuevo León y el Pulso Metropolitano de Seguridad, próximos a presentar parte de organismos civiles y cámaras empresariales.

 




En suma, creemos que más allá del rechazo de estos análisis o la aceptación de la crítica, las autoridades deben tomar estos recursos, lanzados desde la sociedad civil organizada, como materia prima para redoblar esfuerzos en la procuración de nuestra seguridad. Desde este lado estamos dispuestos a construir comunidad para recuperar esa confianza que tanta falta nos hace.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”