En la cuerda floja: Caso contra responsables de la desaparición de los 43

De acuerdo a un expediente de la Visitaduría General, órgano encargado del control interno y que vigila que las investigaciones se conduzcan con estricto apegó a la ley dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), la investigación y el caso en contra de los presuntos responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, puede estar en la cuerda floja. Debido a que se han encontrado irregularidades en el procedimiento por parte del Ministerio Público (MP) que pueden traer como consecuencia que los retenidos sean liberados por indebido proceso.

El documento declara que las detenciones se hicieron de forma ilegal y arbitraria que violan el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las detenciones ilegales que menciona el documento esta Agustín García Reyes “El Chereje”, que es uno de los testigos clave en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Es en el caso específico de “El Chereje” donde se centra el expediente.

Por ejemplo se menciona que el agente, Blanca Alicia Bernal Castilla, pudo haber cometido conductas ilícitas, ya que dio fe de recibir el electrificado médico de “El Chereje” el 27 de octubre del 2014, cuando en realidad este documento se termino hacer el 28 de octubre del 2014, es decir Bernal Castilla crea en una incongruencia, debido a que no es posible que haya dado visto bueno a un certificado que aún no estaba completado. Además, se menciona en el expediente que García Reyes viajo al río de San Juan, lugar donde indicó que se habían arrojado los restos delos normalistas de Ayotzinapa, sin su abogado.

La cuestión es que la misma agente del MP, detectó la retención ilegal de otras siete personas ya que hubo de igual manera irregularidades en el procedimientos, las personas son: Jorge Luis Poblete, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortés, Patricio Reyes Landa, y Dario Morales Sánchez.

Debido a estas irregularidades, los acusados de haber desaparecido a los 43 normalistas en la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27de septiembre, podrían salir libres.

¿Qué hay de la confianza en las autoridades de seguridad?

Los recientes indicadores presentados por México Evalúa en su análisis Justicia a la Media para Nuevo León son un reflejo de cómo el vínculo de confianza entre la población y las autoridades se mantiene fracturada.

Y es ese punto que nos trae a este análisis. En retrospectiva, en este contexto ya habíamos transitado y superado de alguna manera, pero ¿qué nos ha pasado?, ¿se dejaron a un lado las buenas prácticas? o ¿por qué desconfiamos tanto?

México Evalúa, utilizando estadísticas del INEGI, reportó que entre 2015 y 2016 la confianza entre la policía estatal pasó de 13.1 a 5.5%, una caída significativa. Mientras que para el Ministerio Público el nivel de confianza pasó de 10.5 a 2.5%, hacia la Policía Ministerial retrocedió de 9.2 a 5.3% de un año a otro.

En la pérdida de la confianza es precisamente donde creemos que existe un área de oportunidad necesaria que atender para construir la ciudad, y el Nuevo León que necesitamos para nuestras familias. Esta confianza es la base, incluso, para que las víctimas de delitos se animen a denunciar, delimitar estrategias más efectivas y combatir la cifra negra que es superior al 90% para la entidad [Envipe 2015].

 




 

La desconfianza, no sólo nace de la percepción que comúnmente los gobernantes suelen catalogar como información poco objetiva. Y si bien es subjetiva porque es percepción, la realidad es que los índices delictivos se han incrementado según las propias estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Ya reportes periodísticos han evidenciado que en los 12 meses recientes frente a los últimos 12 meses del sexenio anterior, la incidencia de delitos patrimoniales y los homicidios aumentaron. En el caso de robo a negocios el incremento es de 57%, mientras que en homicidios el alza es de 33% [El Norte, octubre 04, 2016].

De estos y otros delitos de alto impacto ya se había advertido en los más recientes reportes del Observatorio Ciudadano de Nuevo León, que analiza la incidencia delictiva cada trimestre. Desde ese entonces lanzamos llamados a municipios y Estado para un trabajo conjunto e integral con el fin de reforzar la seguridad y fortalecer las estrategias en prevención de los delitos.

Así llegamos al primer año desde que el gobierno estatal y los ediles metropolitanos asumieron sus administraciones públicas. Y llegamos con los reportes del Observatorio Ciudadano de Nuevo León y el Pulso Metropolitano de Seguridad, próximos a presentar parte de organismos civiles y cámaras empresariales.

 




En suma, creemos que más allá del rechazo de estos análisis o la aceptación de la crítica, las autoridades deben tomar estos recursos, lanzados desde la sociedad civil organizada, como materia prima para redoblar esfuerzos en la procuración de nuestra seguridad. Desde este lado estamos dispuestos a construir comunidad para recuperar esa confianza que tanta falta nos hace.

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Víctima de la justicia y el machismo




Citlali es una niña huichola que vive en el poblado de Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora. Tiene 14 años, 14 semanas de embarazo y un cuerpo que no es más su cuerpo. Ella no sólo experimentó una violación a su integridad física, moral y psicológica, tuvo además una violación a sus derechos.

En un país donde el 61% de los ciudadanos que son víctimas de algún delito no lo denuncian, debido a que no confían en las autoridades y consideran que denunciar no sirve de nada [1], Citlali denunció. Acudió a la comisaría de su pueblo donde confirmaron el hecho, se clasificó como una violación agravada.

Ella esperaba que con esto pudiera obtener un poco de paz, ante un hecho que no tiene remedio ni consuelo alguno, la justicia y el respeto de sus derechos de parte de la autoridad era lo único que le quedaba.

Al poco tiempo Citlali se dio cuenta que está embarazada y asistió al Hospital Infantil de Sonora para realizarse una interrupción legal de su embarazo [2] , una vez más perdió el poder de decidir sobre su cuerpo, pues le negaron este derecho. Esto debido a que el juez que atendió su caso decidió reclasificar el delito como estupro, entonces Citlali no fue más víctima sino parte consciente del delito de abuso sexual que denunció.

Los abogados de Citlali han confirmado que han habido muchas irregularidades en el caso y errores por parte del Ministerio Público. Estas fallas e irregularidades son inaceptables, la supervivencia y el futuro de Citlali están en juego.




Un embarazo a temprana edad representa un riesgo para la salud y puede llevar a la deserción escolar [3], perdiendose de la herramienta que le daría las oportunidades para desarrollarse íntegramente.

El caso de Citlali no es aislado, refleja muchos de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas: la violencia de género, los embarazos prematuros y la mortalidad materna. Además, pone de manifiesto la discriminación que sufren las mujeres y el supuesto acceso a la justicia en casos de violencia. Niñas como Citlali, mujeres indígenas y en situación de pobreza presentan mayores dificultades para ejercer sus derechos [4].

Las mujeres víctimas de violencia no tienen un acceso fácil, oportuno y efectivo a recursos judiciales que las ayuden a sancionar y reparar los actos de los que fueron víctimas. Aunque formalmente, la Constitución y leyes promueven una vida libre de violencia, la igualdad está reconocida – meramente en el papel –pero no asegurada en la realidad.

En nuestro país la violencia contra las mujeres parece ser entendida como un asunto privado y no prioritario en la agenda política.

Nuestro gobierno carece de una visión de género que impulse efectivamente políticas integrales que ayuden para prevenir, sancionar y reparar la violencia de género; la reclasificación del delito y la descalificación de Citlali como víctima de violación lo confirman.

Citlali no decidió ser víctima de violencia, ni víctima de la justicia, pero sí decidió alzar su voz y denunciar ante el sistema de justicia y de salud que le falló. Citlali tampoco decidió ser mujer en un país, donde el machismo y la violencia de género son el pan de cada día y la justicia el lujo de unos cuantos, pero ésta es su realidad. Citlali vive en un país donde su sexo es opresión, su origen étnico discriminación y su edad vulnerabilidad.

[1] Página 49: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe
_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

[2] En todo México se permite el aborto, incluso después de las primeras 12 semanas de gestación,
cuando el embarazo es producto de una violación.

[3] De acuerdo a la OCDE 9 de cada 10 niñas que son madres dejan de asistir a la escuela en México.

[4] Página 38: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_
pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

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Dimes y Diretes: “Esto va en serio”




Hace una semana en este mismo espacio les escribía del día triste para Nuevo León, después de que se diera a conocer el amparo que promovía, Rodrigo “Golden Boy” Medina, con el fin de no comparecer ante la justicia al día siguiente, hoy estamos hablando de un tema muy diferente.

Rorro Medina tendrá que ver, probablemente en las próximas semanas, a la justicia, claro, esto depende de si no vuelve a sacarle y promueve otro amparo, pues ya sabemos lo zacatón y cobarde que es.

De ver a la justicia, es ya casi seguro que se le va a vincular al proceso por dar miles de millones de pesos de incentivos a la empresa KIA, aunque esta aún ni siquiera los solicitaba.

¿Se hizo justicia con lo de “Rorro”? No, claro que no, pero por lo menos podemos prender de nueva cuenta la velita de que pronto lo veremos entrando al Palacio de Justicia. Rorro, neta, no seas zacatón compadre, ¿no que eras bien entrón?

Hasta dijiste en campaña que ibas a “dar tu vida” por Nuevo León, ¿o no?

El que tuvo que ver de nueva cuenta a la justicia fue el ex tesorero del estado, Rodolfo Gómez Acosta, después del viajecito que se aventó a la Isla del Padre en Texas. Ayer muy bronceado llego ante la justicia para ver si se le iban a poner medidas cautelares más estrictas, y pues si iba a ser así, pero como el famoso vacacionista está promoviendo un amparo, muy parecido al que promovió Rorro por cierto, no va a pisar la cárcel por el momento.

Será hasta el viernes de esta mismita semana cuando sabremos si el amparo procede y no podrá ver la prisión preventiva o si ahora sí el Ministerio Público se ira sobre el ex tesorero, ya veremos.




Pero bueno en resumen ya vimos que esto va avanzando poco a poco, pero por lo menos las cabezas más grandes están poniendo algo de resistencia, que era obvio que iba a suceder.

Pero no perdamos de cuenta lector, que esto tiene que quedar resuelto antes del 2018, por qué ya anda el “run, run” que Rorro quiere ser diputado o senador plurinominal, y ahí sí ni como le hagamos.

Ahí se leen.

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La nueva crisis social: Linchamientos

No son algo nuevo los casos de linchamiento en nuestro país, ya que en el pasado este tipo de actos han cobrado vidas ya sea de inocentes o culpables de robos, asesinatos y secuestros. Pero en estas semanas ha habido un resurgimiento en los casos de linchamientos o intento de los mismos lo que nos lleva a decir que es la nueva crisis social que surgirá en nuestro país, ¿a qué se debe?

No es secreto para nadie que nuestro país lleva varias décadas con un serio problema de inseguridad, pero aún más gravemente de impunidad, ya que gran parte de los casos que son denunciados de robo, homicidio, secuestro y violación sexual quedan impunes en nuestro país. Tan solo ayer leía en Sin Embargo el caso de una joven que en el 2011 fue violada en su casa por siete hombres en Puebla, ¿cuál es el estatus del caso? Resulta que sí se logró arrestar a uno de los culpables y la joven y sus familiares lo identificaron, pero la del Ministerio Público lo dejo libre por falta de pruebas. Hasta el día de hoy y a pesar de que la familia fue hostigada y violentada por los violadores, el gobierno de Puebla no ha hecho nada para darle justicia a la familia y especialmente a la joven. Casos como este, hay muchísimos a lo largo y ancho de la República Mexicana y abarcan todo tipo de delitos.

No es secreto para nadie que nuestro país lleva varias décadas con un serio problema de inseguridad, pero aún más gravemente de impunidad, ya que gran parte de los casos que son denunciados de robo, homicidio, secuestro y violación sexual quedan impunes en nuestro país.

Los recientes casos de linchamientos en México nos demuestran una sola cosa, que ya comienza a existir un hartazgo o como diría el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto “un mal humor social”, que está llevando a la gente a los límites de tolerancia e incluso superándola, ya que estamos hablando de muerte de posibles ladrones, secuestradores y violadores.

La ineficacia, ineficiencia, inactividad de fuerzas de seguridad tanto municipales, estatales y federales han llevado a que la misma población en muchos casos haga justicia por su propia mano, porque al final de todo piensan “si lo denuncio no harán nada, en cambio sí ahorita le doy sus golpes…” Tal vez encuentren una “solución” que no lo es.

La solución no está en que la población tome justicia en sus propias manos, la solución está en que las fuerzas públicas hagan realmente su trabajo. No nos equivoquemos, los linchamientos de personas sean culpables de cualquier delito, no son algo que nos debería hacer sentir bien, al contrario, nos debería de preocupar ya que demuestra el problema social que se avecina a nuestro país.

La solución no está en que la población tome justicia en sus propias manos, la solución está en que las fuerzas públicas hagan realmente su trabajo. No nos equivoquemos, los linchamientos de personas sean culpables de cualquier delito, no son algo que nos debería hacer sentir bien, al contrario, nos debería de preocupar…

Lamentablemente es probable que las autoridades municipales, estatales y federales hagan caso omiso a estos focos rojos que comienzan a surgir a nivel nacional y no dudemos que los casos de linchamientos se intensifiquen más allá de los estado del sur de México. El inconformismo social invade a México y está teniendo sus costosas consecuencias, la pregunta que queda para los gobiernos es ¿Hasta cuando reaccionaran antes de que explote la bomba? Créanme hay un punto de quiebre y no estamos lejos del mismo.

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