Ahora rechazan implicación de Fuerza Civil en extorsión y asesinato de comerciante

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El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, rechazó que elementos de Fuerza Civil estén involucrados en la extorsión y asesinato de un comerciante en el Centro de Monterrey, esto a pesar de haber aceptado la participación de policías de la corporación el día de ayer.

Fasci, negó que hubiera policías de Fuerza Civil involucrados y aseguráis eu sólo acudieron dos elementos al lugar, tras recibir una llamada del 911.

Por su parte el vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, confirmó que hay cinco policías detenidos, de los cuales tres son de Fuerza Civil y 2 mas de la Dirección General de Investigaciones, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Son dos elementos de la Dirección General de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que están detenidos a disposición del Ministerio Público. Además de tres personas de Fuerza Civil que de alguna forma pudieron haber favorecido, ayudado a que estas personas abandonaran el edificio de departamentos”, dijo Enrique Orozco.

El funcionario de la Fiscalía, detalló que hay una persona prófuga la cual están investigando a qué corporación pertenece, aunque Fasci indicó en la atención a medios que es de la Policía Rural.

El domingo, un comerciante identificado como Fortunato Esquivel Gaytán falleció tras caer del piso 14 del edificio El Semillero, en el Centro de Monterrey. Según las primeras investigaciones, fue extorsionado con una orden de aprehensión apócrifa por elementos policiacos.

Horas después de los hechos, el Gobierno del Estado emitió un comunicado donde indicaba que fueron detenidos 5 elementos de Fuerza Civil y uno más estaba prófugo.

Esta versión fue ahora rechazada por el gobierno estatal.

Implican a policías en la muerte de hombre que cae de edificio

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La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó hoy que cinco elementos de Fuerza Civil fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia por estar involucrados en la muerte de un hombre que cayó desde el piso 14 de un edificio, esta madrugada en el Centro de la Ciudad.

A través de un comunicado, la dependencia estatal señaló que un sexto elemento es buscado para su detención por también estar involucrado en los hechos.

“Todos los elementos en mención se encuentran bajo investigación por su presunta participación en estos hechos”, detallan en el comunicado.

“Esta institución colabora y expresa su cabal compromiso con la autoridad investigadora para deslindar las responsabilidades que correspondan, fincar las responsabilidades pertinentes, y aplicar sobre los responsables todo el peso de la Ley”.

Además, recalcaron que los seis elementos policiacos participaron sin ninguna orden superior, fuera de todo orden y calificaron el hecho como un acto doloso e ilegal.

“La Secretaría de Seguridad Pública condena estos hechos y expresa que fue un acto doloso, ilegal y fuera de todo orden, y que los elementos actuaron sin ninguna orden superior durante estos lamentables eventos”, afirmaron.

“Esta Secretaría dará a conocer toda la información una vez que el Ministerio Público, y en su caso, el Poder Judicial, tomen las determinaciones conducentes”.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:10 de la madrugada en el edificio Semillero Purísima, ubicado en la calle Matamoros entre Villagrán y Villagómez.

El occiso, de unos 25 años, no había sido identificado por las autoridades.

De acuerdo a las investigaciones de la Policía Ministerial, el joven habría sido lanzado desde el piso 14 del complejo habitacional.

En el documento no se detallan los nombres de los cinco elementos detenidos, ni del sexto uniformado que escapó y que es buscado por las autoridades estatales.

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz

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Una juez federal rechazó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex).

MILENIO publicó que las cuentas de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron congeladas por su probable participación en la red que desde el interior de Pemex permitía la operación de bandas de huachicoleros.

Asimismo, por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña de combustible, además de no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.

El mando de alto rango de la Sedena, quien hasta hace unos días se encontraba de agregado militar en Panamá, y se le pidió regresar como parte de la pesquisa que hay en curso por el robo de hidrocarburo de la paraestatal, tramitó un amparo para que sus cuentas bancarias no permanezcan congeladas.

La juez Alma Delia Aguilar Chávez admitió a trámite la demanda de garantías, pero se negó a concederle la suspensión provisional al general, quien buscaba tener el manejo de sus recursos económicos.

Trawuitz pidió la protección de la justicia contra la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, precepto que ha provocado la sorpresa de la Fiscalía General de la República por los criterios adoptados por jueces federales y por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Y es que dicho artículo ha sido impugnado por una infinidad de personas, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelaba de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que se presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, sin existir previa orden judicial.

La juez tampoco concedió la suspensión ante dicho acto reclamado.

Alma Delia Aguilar fijó para el próximo 13 de febrero la celebración de la audiencia incidental, donde determinará si otorga o no la suspensión definitiva al quejoso.

En enero pasado, el general Eduardo León promovió otro amparo contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra, pero la FGR señaló al juzgado que por el momento no ha solicitado su captura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que hay pruebas de que militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex “tenían información sobre el robo y no actuaban”.

La pesquisa de la FGR, como dio a conocer MILENIO también involucra a otros militares, porque de acuerdo con una denuncia presentada por trabajadores de Pemex ante la FGR, otros seis soldados fueron denunciados y forman parte de las indagatorias.

Se trata de Ramón Márquez Ledesma, sargento segundo y coordinador de la subgerencia de Salvaguardia Estratégica en Tampico; Arturo Villa Adame, teniente de infantería y jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico; Francisco Casas Sánchez, comandante y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Marcelino Mesinas García, teniente de infantería y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Oziel Aldana Portugal, teniente de caballería y jefe de departamento de Pemex para Administración de Bienes Materiales, Cuerpo de Seguridad, Vigilancia y Supervisión en Ciudad de México, e Isaac García Pulido, sargento segundo y jefe de Departamento de Pemex en Camargo, Chihuahua, para funciones de vigilancia.

Tales funcionarios presuntamente ordenaban a trabajadores que dejaran sin inhabilitar tomas clandestinas descubiertas, que no hicieran ningún reporte por escrito y otras acciones, además de que si no obedecían, los hacían parecer ante otras autoridades como delincuentes.

Diputadas consultarán propuesta sobre delitos graves

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La Cámara de Diputados llevará a cabo una consulta con especialistas, investigadores, defensores de derechos humanos, autoridades y representantes del Poder Judicial sobre la propuesta para tipificar como graves los delitos de corrupción, fraude electoral y robo de hidrocarburos.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se organizarán audiencias públicas los días 6, 7 y 8 de febrero, para analizar la propuesta de reforma al Artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.

“El propósito es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista. Se llevarán a cabo diversas mesas de trabajo integradas por legisladoras, legisladores e invitados quienes podrán participar y hacer uso de la voz”, explicó.

El coordinador de la bancada de Morena adelantó que, tal y como ocurrió en el caso de la Guardia Nacional, los legisladores buscan una revisión integral del tema, debido al impacto que tendrá en la vida de los ciudadanos.

“Se busca convocar para que expresen su opinión a representantes del Poder Judicial federal y de los estados, a funcionarios de los gobiernos federal y estatales, así como a organizaciones civiles, expertos constitucionalistas y organismos defensores de los derechos humanos“, detalló.

Delgado reconoció que la iniciativa debe ser estudiada junto con especialistas e instituciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia.

De acuerdo con el programa, las audiencias iniciarán el miércoles 6 de febrero con el análisis del fundamento constitucional de la prisión preventiva.

Los días 7 y 8 se discutirán temas como seguridad, justicia, el sistema de justicia penal, libertades e investigación.

El coordinador de Morena aseguró que tomarán en cuenta la petición realizada por el Senado para que la minuta sea aprobada tal y como les fue turnada.

El pasado 16 de enero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta envió un oficio a San Lázaro en el que pide tipificar como delitos graves el abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y los relacionados con el uso de armas de fuego y explosivos exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, ninguno de esos delitos, incluido el robo de combustible, ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que los acusados pueden llevar su proceso en libertad, lo que, de acuerdo con algunas autoridades, fomenta la reincidencia en ese tipo de crímenes.

En contraste, organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos han advertido sobre la urgencia de profesionalizar a los agentes del Ministerio Público para garantizar que la prisión de esos delincuentes sea producto de la carga de pruebas que se entrega al juez.

Exoneran a otra funcionaria de Medina

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La ex directora de Desarrollo Turístico de Nuevo León, Patricia Aguirre González, fue exonerada del delito de ejercicio indebido de funciones, después de ser acusada de facilitar un contrato por 56.8 millones de pesos a una empresa de publicidad.

Sin embargo, el juez Colegiado argumento que el Ministerio Público, no interpuso pruebas contundentes para sostener la acusación y decidió no presentar cargos contra la ex funcionaria.

La carpeta de investigación fue integrada por agentes del Ministerio Público adscritos a la unidad de transición, de la que todavía es titular Ernesto Canales.

Indicaron que el contrato por el que es investigada, se realizó de manera lícita y conforme a las normas establecidas durante el gobierno del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

El juicio se realizó en el Palacio de Justicia, siendo encabezado por un juzgado colegiado compuesto por tres jueces, quienes dictaron la sentencia contra la ex funcionaria.

El proceso contra Aguirre González, se extendió por espacio de año, desde que se iniciaron la audiencia de vinculación en su contra.

La indiciada era la encargada de realizar eventos dentro del proyectado “Nuevo León  Extraordinario”, que consitía en el contrato de campañas publicitarias y la contratación de artistas de nivel internacional.

La ex funcionaria forma parte de la llamada operación Tornado, que inicio el gobierno de Jaime Rodríguez, contra los funcionarios de primer nivel de la anterior administración.

Durante las auditorias se estableció que la Patricia Aguirre, el pasado 7 de enero del 2014, Aguirre adjudicó de manera directa y sin licitación un contrato de publicidad por 56.8 millones de pesos a Promotora de Eventos Internacionales.

La fiscalía considero que esto dejo un beneficio económico para la funcionaria y la administración de Medina de la Cruz.

Por lo cual, decidieron interponer una denuncia penal, siendo la acusada sometida a una audiencia de vinculación  a proceso.

María del Rosario Garza Alejandro, quien presidió el Tribunal Colegiado de Juicio Oral Penal, expuso que el Ministerio Público no demostró la acusación que se le había formulado a Aguirre y con esto decreto sentencia absolutoria.

Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

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Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total de los casos.

Así lo dio a conocer durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.

Nieto expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.

Sin embargo, precisó el funcionario, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.

“México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la estrategia anti-lavado

Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos.

El primero, “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.

El segundo, vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales“.

Y el tercero, “constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales”.

“La corrupción es un fenómeno de carácter trasnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.

 El combate a las empresas fantasma
En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos.

Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos, lento.

Carlos Bonnin, comisionado del INAI, cayó de un quinto piso; confirma INAI

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El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Carlos Bonnin, cayó de un quinto piso, informó este martes Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del órgano.

Agregó que la Procuraduria General de Justicia de la CDMX investiga la muerte de Bonnin.

El lunes, el INAI había informado que la causa del descenso fue un infarto cardiaco.

“Comisionados y personal del INAI lamentamos profundamente el deceso del Comisionado de este InstitutoCarlos Bonnin Erales, compañero y amigo entrañable quien esta mañana falleció a causa de un infarto cardiaco. Nuestros pensamientos y solidaridad acompañan a sus seres queridos”, publicó el lunes en su cuenta de Twitter el instituto.

De acuerdo con el expediente de la PGJ de la CDMX iniciado en la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, los hechos ocurrieron en el edificio ubicado en Insurgentes Sur, número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.

Según el expediente CI-FCY/COY-1/UI-1/CD/04398/11-2018, iniciado por lesiones culposas por caída (homicidio culposo) el hecho ocurrió poco después de las 8:30 horas, aproximadamente, cuando el comisionado se encontraba en un área descubierta para fumadores.

Según los videos que ya se analizan, el comisionado realizó una llamada telefónica y repentinamente “brinca” unos arbustos y se pierde visión de él.

Fue hasta las 14:00 horas cuando el Ministerio Público dio intervención a la Policía de Investigación para la investigación.

Los agentes se entrevistaron con Pablo Francisco Muñoz Díaz, quien permitió la revisión de los videos del edificio donde se aprecia que el comisionado fallecido llegó.

“Se aprecia que el ahora occiso arriba al edificio aproximadamente a las 08:30 y sube directo al área de fumadores en donde se aparecía realizaba una llamada telefónica y repentinamente a las 08:38 brinca unos arbustos y se pierde la visión de los videos”, dice el expediente.

Destalla que también se aprecia el área libre de cualquier otra persona y se tiene video únicamente cuando va cayendo, siendo trasladado al Hospital Ángeles donde determinan muerte por infarto al miocardio.

Bonnin era comisionado apenas desde abril de 2018 para un periodo de 7 años.

Era licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional y previo a ser comisionado fue el responsable del área de Transparencia del Senado.

Fue titular de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, secretario particular de la Procuraduría General de la República durante el tiempo que Arely Gómez fue la titular, y director general adjunto de la Secretaría de Salud.

Asimismo, fue asesor Jurídico de proyectos especiales en Grupo Financiero Vector, Coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, asesor jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como asesor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Organización de los Estados Americanos.

Pide Monreal que procesos a corruptos continúen

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El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la persecución penal contra quienes han cometido actos de corrupción debe de continuar en el próximo sexenio, más allá de lo que ha dicho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“No puede haber excepciones en la aplicación de la ley cuando se cometen delitos, sin importar que sean ex Presidentes, en caso de que se decida juzgar a los ex Presidentes, nadie se escapa al cumplimiento de la ley. No es cacería de brujas, no es persecución política contra los adversarios, es simplemente aplicación de la ley”, dijo Monreal.

Respecto a las declaraciones de López Obrador sobre perdonar a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción, el legislador de Morena dijo que respetaba la expresión.

“Respeto la expresión del Presidente y ahora será llevada, consultada esa posibilidad, pero los Poderes de la Unión son independientes entre sí y deben seguir todos los juicios que sean planteados ante los jueves por el Ministerio Público. Tienen la obligación de investigar”.

Por otro lado, el morenista aseguró que las declaraciones del presidente electo pretenden enviar un mensaje de reconciliación nacional, ante la descomposición social en la que está el País, por los problemas de gobernabilidad, inseguridad, corrupción e impunidad. Aunque aclaró que la justicia no debe de detenerse.

“Pero él hará su trabajo desde el punto de vista del Ejecutivo federal, con sus facultades y sus funciones. Pero la sujeción a proceso, la integración de carpetas y el procesamiento de presuntos responsables por delitos de corrupción, de enriquecimiento o delitos cometidos por servidores públicos va a continuar, debe seguir”, sostuvo el senador.

Localiza la Fiscalía a propietarios de obra colapsada en Cumbres

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El Vicefiscal Luis Orozco, dio a conocer la tarde de este viernes que el propietario y el encargado de la obra colapsada en la Colonia Cumbres del Sol en Monterrey donde al menos 7 personas perdieron la vida, ya fueron localizados.

Orozco informó que Gerardo Villarreal Costilla, dueño del inmueble, y Alberto Flores, el encargado de obra, aseguraron a las autoridades que se presentarán ante el Ministerio Público, tan pronto como este mismo viernes

“Ha sido asegurado por ellos y sus abogados que se presentarán ante Ministerio Público. Han manifestado vía informal, no se ha formalizado en entrevistas ante el Ministerio Público, la disposición de comparecer y presentar toda la documentación relativa a la planeación y ejecución de la obra”, dijo el Vicefiscal a la prensa.

Por otro lado, el funcionario de la Fiscalía de Nuevo León, añadió que los implicados se les podría juzgar por homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, por lo que las penas serían de entre cuatro y 10 años de prisión.

Además, el vicefiscal indicó que se investiga a una persona moral de nombre Plaza VLO y que no se descarta tomar acciones contra funcionarios municipales por la falta de inspección a la obra.

El día de ayer autoridades del municipio de Monterrey y estatales, informaron que la obra que colapso la tarde del jueves y que ha dejado un saldo de 7 personas sin vida, estaba suspendida desde el 24 de noviembre, pero los trabajos continuaron.

Arrestan a pareja que compró bebé a feminicidas de Ecatepec

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que cumplimentó una orden de aprehensión, en reclusión, por el delito de trata de personas en su modalidad de adopción ilegal, en contra de Adrián “N” y Rosa Laura “N”, quienes habrían comprado a la bebé de dos meses de edad de nombre Valentina, a la pareja feminicida de Ecatepec.

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde un Juez decretó la legalidad de su detención y determinó una medida cautelar de prisión preventiva en su contra. El Ministerio Público recabó los elementos de prueba por el delito de trata de personas en su modalidad de adopción ilegal, y solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada.

La FGJEM explicó que Adrián “N” y Rosa Laura “N” fueron detenidos a finales de la semana pasada, ya que tenían en su poder a la bebé que habrían comprado por un monto que se desconoce.

La dos personas fueron aseguradas, luego de que el pasado la pareja feminicida de Juan Carlos “N” y Patricia “N” dijeron que les vendieron a la menor. “Los probables tratantes se encuentran internos en el penal de Ecatepec, en donde un Juez habrá de determinar su situación legal, sin embargo se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra”.

La bebé Valentina fue robada el 6 de septiembre pasado a Nancy Noemì Huitron Solorio, una de las jóvenes de 28 años de edad, desaparecida en Jardines de Morelos y fue registrada por sus compradores en el Registro Civil del Estado de México con el nombre de Adriana Melissa.

Para el registro de la bebé, los compradores aportaron documentación presuntamente adquirida de manera ilegal, para decir que la bebé había nacido con una partera en la colonia La Palma en Tulpetlac en Ecatepec, lo que es investigado por la Fiscalía Especializada de Trata de Personas.

Según el acta de nacimiento con la que se dio la falsa identidad a la bebé, ésta nació el 13 de julio pasado a las 21 horas, en La Palma, Ecatepec, Estado de México, cuando en realidad la menor nació el 5 de julio. La pareja que compró a la bebé realizó el registro el 24 de septiembre pasado, es decir 18 días después del robo de la menor.

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