Un cambio naranja contra la violencia de género.

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Hoy, 25 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A partir de este día, inicia una Campaña de 16 días en la que se invita a las y los ciudadanos a portar el color naranja como símbolo de la lucha contra la violencia física, sexual y/o psicológica contra la mujer.

De acuerdo a un estudio de ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres se caracteriza por tres rasgos principales: invisibilidad, normalidad e impunidad.

La invisibilidad comienza cuando la mujer decide abstenerse de denunciar la violencia debido a que éste es un “asunto privado”, mientras que la “normalidad” de la violencia es aquella que justifica al hombre para “poner en su lugar” a la mujer que lo desafía o transgrede fronteras culturales de género.

Si la violencia es “normal” y un “asunto privado”, además de existir un bajo porcentaje de denuncia, también la sanción se vuelve un asunto complicado, sobre todo en sociedades patriarcales.

Si la violencia es “normal” y un “asunto privado”, además de existir un bajo porcentaje de denuncia, también la sanción se vuelve un asunto complicado, sobre todo en sociedades patriarcales donde la impunidad en la materia se vuelve cómplice del agresor.

La violencia de género surge de la discriminación, reflejando patrones de desigualdad aprendidos por medio de la cultura y la educación. Esta discriminación es transversal, ya que se presenta en escenarios varios, desde el trato más sencillo entre personas, hasta la discriminación plasmada en papel, en las leyes, en las instituciones.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida.

De acuerdo a la ONU, la disminución de la violencia contra la mujer, y por ende, la lucha por el alcance de la igualdad y la no discriminación, tienen un impacto positivo en la disminución de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad de las naciones.

La explotación sexual, mutilación de genitales femeninos, matrimonios infantiles y el feminicidio son algunos de los ejemplos o prácticas de violencia de género a nivel internacional.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida. La explotación sexual, mutilación de genitales femeninos, matrimonios infantiles y el feminicidio son algunos de los ejemplos o prácticas de violencia de género a nivel internacional.

Sin embargo, una de las formas de violencia más comunes contra las mujeres es aquella violencia física o sexual causada por su cónyuge o pareja íntima. Tal es el caso de una de cada tres mujeres en el mundo.

Ante este panorama de alerta global, se hace un llamado internacional a sumarse a crear conciencia sobre la importancia de la educación con perspectiva de género, de la creación de políticas públicas que forjen condiciones de trabajo sin discriminación, programas de prevención de la violencia que eduquen en la creación de condiciones sin distinción para hombres y mujeres, etcétera.

En un día como éste, reflexionemos acerca de nuestro comportamiento y el de quienes nos rodean en los distintos espacios en los que nos desenvolvemos. En el trabajo, ¿las oportunidades para hombres y mujeres son equitativas?; en la casa, ¿se educa de la misma manera a los hijos e hijas?; en la escuela, ¿las actividades son inclusivas para ambos géneros?; ¿se imparte alguna materia de ética o valores en la que se refuerce la no discriminación?; con las amistades, pareja y demás círculos sociales, ¿tratamos a todos por igual?; ¿se nos trata por igual?

Si pensamos que la violencia de género es un problema ajeno a nosotros, nos daremos cuenta que estamos muy equivocados. Es nuestra tarea romper con estos ciclos y comenzar por hacer un cambio en la manera en la que educamos y nos comportamos.
En el marco de un día como hoy, es importante resaltar que estrategias de prevención en el tema son ESCENCIALES para su erradicación, sobre todo en un país donde 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en su relación de pareja, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El cambio empieza desde nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra forma de actuar, pensar y educar a los demás.

Sin embargo, no es necesario esperar a que los cambios surjan en la esfera pública. El cambio empieza desde nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra forma de actuar, pensar y educar a los demás.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Un gobierno de Facebook?

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En un hecho sin precedentes, Jaime Rodríguez Calderón consiguió la gubernatura impulsado por una estrategia de comunicación basada en el aprovechamiento de las redes sociales como una herramienta de profunda penetración e impacto para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía neolonesa.

El éxito de su campaña fue citado en importantes medios internacionales como “The Wall Street Journal”, en dónde se mencionaba que “El Bronco” estaba sacudiendo la manera de hacer política en México.

Estas nuevas formas de comunicación y opinión le permitieron al actual mandatario estatal acortar la distancia entre gobernante y ciudadano, permitiendo una mejoría en la confianza de la ciudadanía respecto al cumplimiento de la representación de sus intereses.

Sin duda, estas nuevas formas de comunicación y opinión le permitieron al actual mandatario estatal acortar la distancia entre gobernante y ciudadano, permitiendo una mejoría en la confianza de la ciudadanía respecto al cumplimiento de la representación de sus intereses.

No obstante, debemos entender que la comunicación política vía redes sociales es “terreno nuevo”, por lo cual aún no se tienen claras algunas reglas del juego. Ante esto, considero reflexionar sobre tres aspectos en particular:

1.-La efectividad de mecanismos de participación ciudadana.

El mandatario declaraba: “..díganme que creen que debamos hacer, ¿vetarles la decisión o aceptarla? Lo que la mayoría diga eso haré.”

El veto a la polémica Ley de Coordinación Hacendaria, que aumenta los fondos para los municipios, se puso a consulta el día de ayer, en las redes sociales del gobernador de Nuevo León. El mandatario declaraba: “..díganme que creen que debamos hacer, ¿vetarles la decisión o aceptarla? Lo que la mayoría diga eso haré.”

Anteriormente, Jaime Rodríguez Calderón ya ha realizado ejercicios similares en su cuenta de Facebook. Sin embargo, me parece que el seguimiento a las respuestas emitidas por las y los ciudadanos se vuelve compleja por esta vía. Además, se sigue excluyendo a un porcentaje de la población que no tiene cuenta en Facebook o no se entera del ejercicio.

Me parece que el seguimiento a las respuestas emitidas por las y los ciudadanos se vuelve compleja por esta vía. Además, se sigue excluyendo a un porcentaje de la población que no tiene cuenta en Facebook o no se entera del ejercicio.

Consultar a la ciudadanía a través de Facebook o Twitter puede ser el primer paso, pero no el último. A través de este tipo de ejercicios se ha evidenciado el interés de la población por expresar su opinión, por participar, por proponer. Dicha inquietud ciudadana puede ser sumamente enriquecedora para nuestro gobierno si se sabe aprovechar.

2.-La trasparencia de los recursos asignados.

Sería relevante que se dieran a conocer los recursos destinados a la promoción en redes sociales, los proveedores utilizados y los recursos humanos empleados para esta tarea.

El gobierno actual se ha distinguido por recalcar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, sería relevante que se dieran a conocer los recursos destinados a la promoción en redes sociales, los proveedores utilizados y los recursos humanos empleados para esta tarea.

3.-El uso correcto de las redes sociales.

Organizaciones expertas en la materia como “Redes Quinto Poder” han exhortado al Estado a detener promoción en Facebook y Twitter.

La organización declaró que se violenta el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social… deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.

Dar seguimiento a las actividades que realizan, criticar alguna postura o exponer alguna duda se ha simplificado gracias al uso de perfiles públicos oficiales.

A pesar de esto, en mi opinión personal el uso de redes sociales ha sido una estrategia acertada (hasta ahora) para fortalecer la comunicación vertical entre nuestros representantes y nosotros (quienes los elegimos). Dar seguimiento a las actividades que realizan, criticar alguna postura o exponer alguna duda se ha simplificado gracias al uso de perfiles públicos oficiales.

En fin, ventajas y beneficios múltiples tanto para el ciudadano como para el representante. Lo cierto es que falta aún mucho por discutir y definir al respecto.

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Nuevo León, sus desaparecidos, y la tarea pendiente del gobierno estatal

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Este martes, en entrevista con SIN EMBARGO.MX, Jaime Rodríguez Calderón habló de los diferentes retos que enfrenta en este sexenio que comienza. Entre otros temas, se habló de la seguridad y de las desapariciones forzadas en el estado de Nuevo León.

A propósito del tema, declaró que existía incomprensión por parte de los familiares acerca de la labor del estado, mencionando que la búsqueda de desaparecidos se complica ante la existencia de madres de familia que no señalan “en qué andaba su hijo”.

“El Bronco” manifestó: “…Fue una etapa muy difícil del país [la lucha contra el crimen organizado] en la que la mayoría de los desaparecidos tienen o tuvieron alguna razón para estar desaparecidos.”

En tanto, “El Bronco” manifestó: “..Fue una etapa muy difícil del país [la lucha contra el crimen organizado] en la que la mayoría de los desaparecidos tienen o tuvieron alguna razón para estar desaparecidos.”

La declaración causó indignación (y algo más) entre la ciudadanía neolonesa, y organizaciones como “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León” se pronunciaban en contra de las afirmaciones del mandatario.

Al respecto, Jaime Rodríguez “El Bronco” ofreció una disculpa a través de redes sociales, en donde comentaba: “Alguien toma un comentario y lo tergiversa tratando de confundirlos, ustedes me conocen y saben que jamás me expreso así, esa frase no expresa mi sentir sobre un tema tan doloroso como ese. Por todo ese tema que se está malinterpretando les ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido lastimados.”

Sería prudente exigirle al mandatario la adopción de un discurso con mayor seriedad, exento de generalizaciones, pues se criminaliza a las víctimas antes de conocer a fondo cada caso en lo particular.

A pesar de esto, sería prudente exigirle al mandatario la adopción de un discurso con mayor seriedad, exento de generalizaciones, pues se criminaliza a las víctimas antes de conocer a fondo cada caso en lo particular. Adoptar un lenguaje con enfoque al respeto, protección y densa de los derechos humanos es oportuno y necesario para quien nos representa.

Según Consuelo Morales, directora de CADHAC, la sensibilidad de los funcionares públicos que trabajan estos casos es determinante para trascender perjuicios en la materia y “dejarse tocar por el dolor ajeno”. Aunque la directora hizo este comentario en el mes de enero, el mensaje continúa vigente para la presente administración. Hablar de un tema como éste no puede, ni debe ser abordado sin la delicadeza que se merece.

Nuevo León se posiciona como la octava entidad con el mayor número de registros de desapariciones.

La desaparición en cifras: de acuerdo con un estudio del Senado dado a conocer en abril, Nuevo León se posiciona como la octava entidad con el mayor número de registros de desapariciones. Del 2009 al 2015 Cadhac registró a 939 personas desaparecidas de Nuevo León y 336 de otros Estados. De esta cifra, sólo se han localizado a 107 personas, 47 de las cuales se encontraron sin vida.

Los avances: en el estado de Nuevo León se reconoció el delito de desaparición forzada y se aprobó la Ley Estatal de Víctimas de Nuevo León.

En su mensaje, el gobernador también menciona que buscará reunirse con los familiares de los desaparecidos “lo más pronto posible”, enfatizando el compromiso y el apoyo que el gobierno brindará para la atención del tema.

Como ciudadanos, debemos exigir que este compromiso se materialice y se traduzca en acciones concretas para la atención de la problemática en nuestra entidad. Ocupamos un gobierno que se “ponga a jalar” en la resolución de una de las crisis más importantes de derechos humanos que atraviesa tanto el estado como el país.

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Efecto Huracán

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Leyendo el periódico El Financiero, encontré una singular tira cómica que hacía alusión al Huracán Patricia de la siguiente manera: el cartonista mostraba una discusión de pareja que terminaba en un mar de lágrimas, describiendo que “terminar en depresión debería llamarse el efecto huracán”.

A pesar del registro de alrededor de diez mil damnificados, víctimas de este suceso meteorológico, “Patricia” no alcanzó a convertirse en “el huracán más poderoso registrado en la historia de México”, como se leía en algunos titulares el pasado viernes.

Aunque quizá México se “salvó” de la catástrofe pronosticada que pudo haber ocasionado un desastre natural como éste, en mi opinión, en el país sí se vive un “efecto huracán”.

Y aunque quizá México se “salvó” de la catástrofe pronosticada que pudo haber ocasionado un desastre natural como éste, en mi opinión, en el país sí se vive un “efecto huracán”.

Sin lugar a dudas, me refiero a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

Casos como Ayotzinapa y Tlatlaya han puesto la lupa internacional en el acontecer mexicano y a 13 meses de la desaparición de los normalistas tenemos versiones encontradas, y un pueblo sediento por la verdad.

Casos como Ayotzinapa y Tlatlaya han puesto la lupa internacional en el acontecer mexicano y a 13 meses de la desaparición de los normalistas tenemos versiones encontradas, y un pueblo sediento por la verdad.

Aunado a esto, sabemos que no sólo son los 43 estudiantes desaparecidos los que nos faltan. De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República enviado al Senado en septiembre, el número de desaparecidos en México asciende a más de 25 mil personas.

Esta ola de casos nos tiene a los mexicanos en “depresión” y, definitivamente, en México no ha dejado de “llover”. Nos llueve violencia, nos devasta la impunidad y la inseguridad deja un sin fin de “damnificados”.

Esta ola de casos nos tiene a los mexicanos en “depresión” y, definitivamente, en México no ha dejado de “llover”. Nos llueve violencia, nos devasta la impunidad y la inseguridad deja un sin fin de “damnificados”.

Nos llueve también la crítica internacional. Como ejemplo reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la crisis de derechos humanos en México es grave, recalcando la existencia de una situación extrema de inseguridad y violencia en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Además, el “huracán” no sólo se queda en señalamientos. Tan sólo la semana pasada el gobierno de Estados Unidos anunció un recorte de 5 millones de dólares a la Iniciativa Mérida.

Es a través de esta Iniciativa, que el país vecino destina recursos para el combate contra el narcotráfico en México. El mecanismo de cooperación se estableció en 2010 entre ambos países, sin embargo, el 15 por ciento del financiamiento está condicionado a una serie de requisitos. Uno de ellos es el respeto progresivo a los derechos humanos.

Ante esto, el gobierno mexicano ha declarado que el recorte es insignificante, y que “no impacta en las acciones de seguridad ni en la relación con Estados Unidos”.

El Senado, por su parte, reprobó públicamente el acontecimiento, mientras que Acción Nacional urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a establecer el diálogo con el gobierno del país vecino para dar revés a la medida anunciada.

Insignificante o no, el mensaje por parte de nuestro mayor socio comercial es claro: el respeto, la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos es un tema clave y transversal que repercute en numerosos aspectos, incluyendo la seguridad. En cambio, de no mostrar avances y compromisos tangibles en la materia, habrá consecuencias.
Dicho de otra manera: “México, te estamos observando”.

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Independientes… ¿Voluntariamente a fuerza?

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Hace unos días se dio a conocer que entre los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León circulaba un documento en el que se solicitaba al subprocurador, directores y coordinadores, su renuncia a la militancia partidista. La circular iba firmada por Lourdes Williams Couttolenc, directora general de Administración de la Procuraduría.

Una nota que, a mi sentir, no causó tanto revuelo.

Y es que… en medio del hartazgo de la ciudadanía en torno a los partidos políticos, exigir una desvinculación a los intereses partidistas pareciera no ser una mala idea, sobre todo si se considera que así exista un mayor respaldo a las decisiones del mandatario estatal.

En el afán de cumplirle a la ciudadanía la promesa de un gobierno ciudadano, a mi parecer, se hicieron las cosas al revés: una cosa es elegir titulares ajenos a la vida política y otra, muy distinta, es exigir la renuncia a quienes ya militan.

Sin embargo, pocos se han detenido a reflexionar lo que implica realmente un comunicado de esta índole. En el afán de cumplirle a la ciudadanía la promesa de un gobierno ciudadano, a mi parecer, se hicieron las cosas al revés: una cosa es elegir titulares ajenos a la vida política y otra, muy distinta, es exigir la renuncia a quienes ya militan.

Para muchos quizá esto parecerá algo benéfico, insisto, tras haber destacado en las urnas el pasado 7 de julio que la opción independiente era la mejor medicina contra la corrupción y la impunidad en nuestro estado. Es así como, en primera instancia, la idea gusta; en segunda, en cambio, inquieta.

Ser independiente, así como ser priísta, panista, petista, perredista, humanista (…) debería de ser una decisión propia que se tome individualmente con plena libertad.

El sustento de lo anterior es sencillo: tanto pertenecer a un partido político como carecer de una afiliación partidaria es un derecho establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denominado “libertad de asociación”.

De igual manera, así como la libertad de expresión y la libertad de creencia o religión, existe también el derecho a la libertad de reunión: un derecho humano de primera generación establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León anunció que abrirá una queja de oficio contra el Gobierno Estatal por la “presunta violación de los derechos políticos y de asociación y por injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada”. Faltará ver si se logra una conciliación al respecto, o si la Comisión decide emitir una recomendación dirigida hacia la Procuraduría.

La vía independiente ha tenido gran aceptación en nuestro país y, sobre todo, en nuestra entidad. No obstante, considero que esto no significa que es la única manera de liderar, ni mucho menos debería de constituirse como una imposición o la solución mesiánica a nuestros problemas.

La vía independiente ha tenido gran aceptación en nuestro país y, sobre todo, en nuestra entidad. No obstante, considero que esto no significa que es la única manera de liderar, ni mucho menos debería de constituirse como una imposición o la solución mesiánica a nuestros problemas. En cambio, sería óptimo que se considerara como una opción a la cual aspirar como ciudadanos para participar; mientras que para los militantes de partidos políticos, debería ser un llamado a renovarse dentro de sus trincheras adoptando los principios de gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana) y abatiendo las malas prácticas (¡CORRUPCIÓN!) que los llevaron a la derrota electoral en las pasadas elecciones en el estado de Nuevo León.

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De la corrupción y sus males

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Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en su última medición (2013), el 88% de los mexicanos percibimos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente en nuestro país. Esto, sin contar la multiplicación de casos en la materia, de la medición a la fecha.

La crisis de corrupción en nuestro país es grave. Todos nos quejamos pero, ¿cómo nos afecta?

La crisis de corrupción en nuestro país es grave. Todos nos quejamos pero, ¿cómo nos afecta?:

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este mal “socava la democracia y el Estado de Derecho, conduce a violaciones de los derechos humanos, distorsiona mercados, erosiona la calidad de vida, permite que el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

En fin, la corrupción es un mal de males que corroe todo a su alrededor. Algunos indicadores nos muestran los siguientes datos sobre su impacto:

A la economía del país: De acuerdo al Foro Económico Mundial la corrupción “cuesta” a la economía mexicana alrededor del 2% del PIB.

A las empresas: Earnest and Young calcula que las empresas llegan a presentar pérdidas de entre 5 y 10 por ciento de sus ventas anuales en consecuencia de esta problemática.

A las familias: 14% del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales, estima Transparencia Mexicana.

Expertos del Imco estiman que los mexicanos pagamos en promedio 165 pesos diarios por este mal, “como si fuera una especie de impuesto regresivo”.

A tí: Expertos del Imco estiman que los mexicanos pagamos en promedio 165 pesos diarios por este mal, “como si fuera una especie de impuesto regresivo”.

Observamos entonces una queja constante de la ciudadanía por los casos de corrupción en el país y en nuestra entidad, pero que en ocasiones se rige por dichos como “el que no tranza no avanza”, y se vuelve partícipe de la misma. Está quien pide la corrupción y quien la paga.

La impunidad está a la orden del día y se estima que sólo el 2% de los delitos en la materia son castigados, lo cual incide claramente en la repetición del acto.

Al final del día, somos parte del problema. Tan sólo en el 2013, el INEGI registró más de 4 millones de actos de pequeña corrupción: ¿quién pagó el “moche” o la “mordida”? ¿quiénes fueron partícipes del amiguismo y los conflictos de intereses?
Mientras tanto, la impunidad está a la orden del día y se estima que sólo el 2% de los delitos en la materia son castigados, lo cual incide claramente en la repetición del acto. Entonces… ¿Qué se está haciendo en México al respecto?

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción que da paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El Congreso tiene 7 meses y 13 días para aprobar las leyes secundarias que permitan su implementación a nivel federal.

¿De qué trata?

Amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que pueda revisar cuentas en tiempo real y fortalece la Secretaría de la Función Pública con un titular ratificado por el Senado. También crea nuevos organismos como la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, para sancionar a los servidores públicos involucrados en casos de corrupción; y se complementa con Comités que dan seguimiento puntual a la eficiencia del sistema.
El SNA representa un paso importante que solidifica a las instituciones ya existentes, mientras que surgen nuevos órganos para integrar una mejor estrategia. Aunado a esto, la reforma es uno de los principales compromisos para el segundo trienio del Presidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, el SNA tiene áreas de oportunidad, especialmente en cuanto a la designación de los titulares de los organismos que integran el sistema. A nivel internacional se propone mayor autonomía para asegurar la efectividad del combate a la problemática.

Falta también un mayor esfuerzo en materia de prevención: en la educación a la ciudadanía mexicana para no ser parte del problema, en fin, cortar el ciclo vicioso.

¿Y Nuevo León?

El pasado viernes 9 de octubre, los miembros que conforman la Comisión Anticorrupción en el H. Congreso del Estado Nuevo León se congregaron para analizar las reformas que se requieren para implementar este Sistema en la esfera estatal. La reunión de trabajo contó con la presencia de representantes de Ciudadanos contra la Corrupción y Evolución Mexicana.

Sin embargo, no puedo dejar de recalcar que nuestro estado va rezagado frente a otros como el Estado de Morelos, que ya aprobaron o presentaron importantes avances en el proceso legislativo para implementar el sistema a nivel local.

Los cambios urgen, estemos al pendiente de la actividad de la presente legislatura al respecto.

“Corrupción” proviene del latín corruptio-onis. Que significa “la acción y efecto de corromper”.

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El mayor peligro de la prensa es que puede destapar la verdad

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Altavoz es un medio independiente. Que da eco a las voces de ciudadanos y ciudadanas que tenemos algo que decir. Y más allá de servir como mensaje de publicidad para este nuevo proyecto, quiero destacar que este medio de opinión cubre una NECESIDAD actual. Y con esto me refiero a la falta de medios de comunicación que nos transmitan ideas IMPARCIALES (por si no nos quedó claro en la cobertura de la prensa local en el reciente periodo electoral).

Altavoz es un medio independiente. Que da eco a las voces de ciudadanos y ciudadanas que tenemos algo que decir.

Y para esto quiero empezar mis columnas resaltando lo obvio: los medios de comunicación y la política están entrelazadas. Bien lo podemos ver en el alza de presupuesto dirigido hacia comunicación e imagen gastado en el último y controversial sexenio medinista.

También vemos medios de comunicación manejados por las riendas de algunos partidos y algunos otros entrelazados en escándalos que buscaron pasar desapercibidos.

Para esto, todos conocemos (quiero pensar) el caso de la Casa Blanca, reportaje llevado a cabo por Carmen Aristegui y su equipo de investigación. Ahora la periodista presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia, censura y presiones atentatorias contra la libertad de expresión, al detallar las presiones que recibió por parte de la empresa para la que laboraba (MVS Radio) en relación al reportaje presidencial.

Independientemente de si creemos que la publicación del caso le costó el trabajo, o si la terminación de su contrato laboral fue ajeno a ello (y de todas las opiniones que nos podamos formar al respecto), miembros varios del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, por ejemplo, resaltaron que la presentación del caso representa un importante paso en la lucha contra la CENSURA mediática en busca de la libertad de expresión como derecho humano.

Y aunque muchos no concuerdan con la línea periodística, la ideología o corriente política de Aristegui, es de reconocer que el impulso de casos como este ante instancias internacionales (independientemente de su resolución) marca un precedente para el alcance de libertades, en este caso, de la libertad de expresión que tanto se ha visto lastimada en nuestro país:

La expresión en cifras: El Índice Mundial de la Libertad de Prensa realizado año con año por la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, sitúa a México en 2015 en la posición 148 de 180 países, clasificando al país en “situación difícil” ante la multiplicación de asesinatos, secuestros, agresiones y amenazas en un clima de impunidad casi total. Lo anterior, refleja un retroceso desde la primera medición en 2002, cuando México se encontraba en el lugar 75.

El foco rojo del país: Desde 2010 hasta la fecha, se han registrado 13 periodistas asesinados en Veracruz: 11 dentro del territorio y 2 después de abandonarlo.

Y así, las dos caras de la moneda: tenemos medios de comunicación que censuran contenidos por intereses particulares diversos y un gobierno que dejó de preocuparse por la seguridad de sus periodistas desde hace mucho tiempo.

En palabras de Frank La Rue, ex Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión: “La impunidad promueve un clima de incertidumbre y desconfianza, y constituye uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

El México de la actualidad pide a gritos un gobierno enfocado en el respeto a la libertad de expresión y al combate de la impunidad en la materia.

El cambio que se requiere engloba cada parte de la ecuación: necesitamos medios de comunicación capaces de funcionar con INDEPENDENCIA de las autoridades, políticas públicas que redoblen la PROTECCIÓN de los periodistas y consoliden un ambiente de SEGURIDAD que acabe con la necesidad de la AUTOCENSURA.
Necesitamos CALIDAD y PLURALIDAD en la información que se nos presenta y para esto se requiere de instituciones transparentes.

Necesitamos medios de comunicación capaces de funcionar con INDEPENDENCIA de las autoridades, políticas públicas que redoblen la PROTECCIÓN de los periodistas y consoliden un ambiente de SEGURIDAD que acabe con la necesidad de la AUTOCENSURA.

A nosotros también nos toca tarea: informémonos, participemos, alcemos nuestra voz.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

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