Estudiantes de cine de Jalisco fueron asesinado y disueltos en ácido: Fiscalía

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Este lunes la Fiscalía de Jalisco informó que los tres estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, Jalisco, el pasado 19 de marzo, fueron asesinado y luego sus cuerpos fueron disueltos en ácidos. Hasta el momento, dieron a conocer, hay dos personas detenidas y que son presuntamente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento se han podido identificar los restos de Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, mientras que se siguen haciendo estudios de ADN a 67 de 20 perfiles genéticos diferentes, para definir si alguno de éstos corresponde a Javier Salomón Aceves Gastélum.

De acuerdo a investigaciones, los estudiantes fueron interrogados y asesinados en la que fue señalada como “casa 2”, y los cuerpos fueron disueltos en la “casa 3”.

“Entendemos que la información es dolorosa para las familias de estos jóvenes, quienes enfrentan una situación irreparable. Nuestro apoyo solidario y compromiso con ellos, con quienes hemos tenido contacto directo desde que se conocieron estos hechos”, dijo el titular de la Fiscalía de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez.

La primeras investigaciones han indicado que los jóvenes acudieron a una casa, para hacer una tarea escolar, sin saber que se colocaron en una situación de riesgo, ya que el domicilio estaba vinculado con el cártel Nueva Plaza y que era vigilada por el Cártel Jalisco Nueva Investigación.

Se ha descartado que alguno de los jóvenes haya estado vinculado con el crimen organizado, pero la tía de uno de ellos, esta presuntamente relacionada con la administración de estéticas donde se ejerce la prostitución.

La Fiscalía de Jalisco informó que hay por lo menos ocho personas involucradas en el crimen, pero hasta el momento han detenido a dos, que fueron identificados como Gerardo “N” y Omar “N”, quienes habían sido asignados para vigilar la casa donde los estudiantes eligieron hacer su tarea, ya que se tenía el antecedente de que era una casa de seguridad del cártel Nueva Plaza, y recibieron información de que podía salir de la cárcel y regresar a ese sitio un integrante de ese grupo criminal, de nombre Diego Gabriel Mejía.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco expresó su indignación por lo hechos, “absolutamente justificada la indignación que el caso de los tres estudiantes despierta en la sociedad. Como padre estoy dolido y conmocionado; como autoridad cumpliré el compromiso que hice con los familiares de las víctimas de seguir investigando.

Por su parte, Pedro Kumamoto, candidato a senador por la vía independiente, expresó en su cuenta de Twitter que el asesinato de los tres estudiantes de cine es una tragedia y una noticia devastadora.

(Con información de Animal Político)

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

“46.76% de las desapariciones ocurridas en Nuevo León fueron realizadas por agentes estatales”: Informe

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Un informe del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, derriba los mitos sobre las desapariciones en Nuevo León. Con el uso de datos registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) se pudo llegar a la conclusión que autoridades de los tres niveles de gobierno han sido y son responsables de casi la mitad de las desapariciones en la entidad.

El informe del Observatorio se basa en 548 casos de desaparición que han sido documentados por CADHAC y se complementa con los de notas periodísticas de algunos diarios de la localidad entre los años 2010 y 2016. Los datos que arroja el informe son escalofriantes, el 91.55 por ciento de los desaparecidos en Nuevo León no son criminales.

En cuanto a quienes fueron los responsables de la desaparición se tiene registro que entre el 2005 y 2015 el 46.76 por ciento de las desapariciones fueron realizadas por agentes estatales, el 46.04 por ciento por organizaciones criminales y el 7.19 por ciento por particulares. Se encontró también que la mayoría de los casos de desaparición forzada, fueron a través de cateos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. El informe dice, “las desapariciones, cuando ocurren en espacio público, son mayormente ejecutadas por agentes estatales y cuando suceden en espacios privados son mayormente ejecutadas por grupos particulares.”

Por otra parte, el Observatorio encontró que el 86.7 por ciento de las víctimas son hombres y el 13.3 por ciento son mujeres, la mayoría entre las edades de 18 y 33 años. La mayoría de los hombres se dedicaban al comercio establecido o eran choferes de transporte o maquinaria, mientras en el caso de las mujeres, la mayoría se dedicaba al trabajo doméstico.

CADAHAC informa que de los casos registrados, se ha demostrado que las desapariciones denunciadas ante las autoridades han recibido una respuesta estatal que no es eficiente. Por otro lado, se tiene registro que la se denuncia más seguido una desaparición forzada cuando esta se llevo acabo por un particular que cuando se lleva a cabo por agentes oficiales.

El informe que fue presentado en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) en la ciudad de Monterrey, derriba los mitos de las desapariciones en nuestro estado, donde usualmente el imaginario oficial y social, es que la gente que desaparece se lo llevaron por algo o se fueron por su propón pie.

Cabe mencionar que el informe abarca desde la administración de Natividad González Parás hasta una parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”. El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad recomienda a las autoridades estatales mejorar las estrategias de investigación para asignar responsabilidad y encontrar a las víctimas, como también encontrar la verdad detrás de las desapariciones.

Con información del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y Flacso México.

Efecto Huracán

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Leyendo el periódico El Financiero, encontré una singular tira cómica que hacía alusión al Huracán Patricia de la siguiente manera: el cartonista mostraba una discusión de pareja que terminaba en un mar de lágrimas, describiendo que “terminar en depresión debería llamarse el efecto huracán”.

A pesar del registro de alrededor de diez mil damnificados, víctimas de este suceso meteorológico, “Patricia” no alcanzó a convertirse en “el huracán más poderoso registrado en la historia de México”, como se leía en algunos titulares el pasado viernes.

Aunque quizá México se “salvó” de la catástrofe pronosticada que pudo haber ocasionado un desastre natural como éste, en mi opinión, en el país sí se vive un “efecto huracán”.

Y aunque quizá México se “salvó” de la catástrofe pronosticada que pudo haber ocasionado un desastre natural como éste, en mi opinión, en el país sí se vive un “efecto huracán”.

Sin lugar a dudas, me refiero a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

Casos como Ayotzinapa y Tlatlaya han puesto la lupa internacional en el acontecer mexicano y a 13 meses de la desaparición de los normalistas tenemos versiones encontradas, y un pueblo sediento por la verdad.

Casos como Ayotzinapa y Tlatlaya han puesto la lupa internacional en el acontecer mexicano y a 13 meses de la desaparición de los normalistas tenemos versiones encontradas, y un pueblo sediento por la verdad.

Aunado a esto, sabemos que no sólo son los 43 estudiantes desaparecidos los que nos faltan. De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República enviado al Senado en septiembre, el número de desaparecidos en México asciende a más de 25 mil personas.

Esta ola de casos nos tiene a los mexicanos en “depresión” y, definitivamente, en México no ha dejado de “llover”. Nos llueve violencia, nos devasta la impunidad y la inseguridad deja un sin fin de “damnificados”.

Esta ola de casos nos tiene a los mexicanos en “depresión” y, definitivamente, en México no ha dejado de “llover”. Nos llueve violencia, nos devasta la impunidad y la inseguridad deja un sin fin de “damnificados”.

Nos llueve también la crítica internacional. Como ejemplo reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la crisis de derechos humanos en México es grave, recalcando la existencia de una situación extrema de inseguridad y violencia en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Además, el “huracán” no sólo se queda en señalamientos. Tan sólo la semana pasada el gobierno de Estados Unidos anunció un recorte de 5 millones de dólares a la Iniciativa Mérida.

Es a través de esta Iniciativa, que el país vecino destina recursos para el combate contra el narcotráfico en México. El mecanismo de cooperación se estableció en 2010 entre ambos países, sin embargo, el 15 por ciento del financiamiento está condicionado a una serie de requisitos. Uno de ellos es el respeto progresivo a los derechos humanos.

Ante esto, el gobierno mexicano ha declarado que el recorte es insignificante, y que “no impacta en las acciones de seguridad ni en la relación con Estados Unidos”.

El Senado, por su parte, reprobó públicamente el acontecimiento, mientras que Acción Nacional urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a establecer el diálogo con el gobierno del país vecino para dar revés a la medida anunciada.

Insignificante o no, el mensaje por parte de nuestro mayor socio comercial es claro: el respeto, la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos es un tema clave y transversal que repercute en numerosos aspectos, incluyendo la seguridad. En cambio, de no mostrar avances y compromisos tangibles en la materia, habrá consecuencias.
Dicho de otra manera: “México, te estamos observando”.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”