Pide IP a AMLO diálogo sobre NAIM

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Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a Andrés Manuel López Obrador a dialogar sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y las reformas estructurales.

Reforma publicó hoy que la cancelación del NAIM prendería focos rojos en los mercados financieros porque inversionistas nacionales y extranjeros adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares con la promesa de que se realizaría ese proyecto teniendo como garantía la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

En ese sentido, el líder empresarial aseveró que suspender los contratos no sería una medida adecuada que le dé prestigio al Estado mexicano.

“Queremos discutirlo a profundidad, técnicamente, pero no desde el punto de vista de Estado de Derecho, porque ese está claro, los contratos se deben de honrar”, indicó.

Consideró que el sector empresarial y López Obrador deben de dialogar sobre el modelo de apertura comercial de México y también sobre las reformas estructurales, como la educativa y la energética, a las que se ha opuesto el candidato de Morena.

El presidente del CCE aseguró que los tres abanderados con partido político y la candidata independiente han mostrado interés del diálogo con el sector empresarial.

“Los tres partidos políticos y la candidata independiente tienen el interés del diálogo con el sector empresarial. Tenemos una agenda de encuentros en las distintas organizaciones empresariales, estaremos en la discusión porque nos interesa participar activamente”, manifestó.

Al salir de una reunión privada con embajadores de los países firmantes del TPP y con legisladores sobre el acuerdo comercial, Castañón informó que el sector empresarial mexicano está preocupado por la desventaja que tienen las industrias textil, del calzado y de confección en México frente a Malasia y Vietnam.

Aseguró que tiene que haber un acuerdo de vigilancia aduanal y de reglas de origen para que estos productos puedan estar en México, donde tanto los salarios como la vigilancia de los insumos los hacen ser no competitivos.

“Los salarios en estos dos países son 50 por ciento abajo del promedio salarial en la industria textil de México y además la triangulación de insumos chinos podría tener riesgos para la industria mexicana“.

#Kleroterion: “Los tiempos de la justicia”

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Nadie en su sano juicio podría criticar que las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país investiguen hasta sus últimas consecuencias las acciones de un político que presuntamente estaría implicado en la comisión de delitos tan graves como el enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hacerlo resultaría incluso sano y necesario en un país donde la impunidad ha adquirido carta de naturalización.

El problema es el sentido de la oportunidad, la Procuraduría General de la República está obligada a justificar ante la opinión pública que lo que busca es justicia, y no, como muchos especulan, utilizar a la institución como ariete electoral al servicio del partido en el gobierno, y tendría que empezar por responder las siguientes preguntas: ¿Desde cuándo está en curso la investigación?, ¿La investigación se limita única y exclusivamente al presunto lavado de dinero en el que incurrió Manuel Barreiro al comprar por 54 millones una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya? O es, como se especula, ¿solo la punta de la madeja de todo de un entramado mucho más complejo que se está administrando con una lógica electoral?

En relación a lo anterior, recuerdo que cuando El Estado Mexicano logró la recaptura del Chapo Guzmán alguien me preguntó que si la justicia se estaba usando con fines políticos; mi respuesta fue que no había tiempos para la justicia, que la justicia no puede estar supeditada a estrategias políticas, no obstante, en el presunto delito en el que se le involucra a Ricardo Anaya, es evidente, más allá de su eventual culpabilidad o inocencia, que la Procuraduría está “administrando” el asunto no con el ánimo de impartir justicia, sino con una clara intencionalidad de afectar a un adversario político.

Y en mi opinión el actuar de la Procuraduría es en extremo irresponsable y compromete gravemente la legitimidad a una institución indispensable en la construcción de un Estado Democrático de Derecho, y es una evidencia más del proceso sistemático de descomposición y degradación del sistema político.

Pero a la vez el gobierno está cometiendo un grave error de cálculo y podría estar victimizando a su acusado, convirtiéndolo en un perseguido político al que se busca destruir desde el poder a través de un montaje legal y mediático, situación que podría terminar catapultándolo en lugar de destruirlo. Lo importante ya no es quien gane la elección presidencial sino saber si habrá condiciones para que el ganador pueda reconciliar al País.

Lo veremos en los días por venir…

Ley de Seguridad Interior es contraria a las recomendaciones de la ONU: exrelatores

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La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave riesgo para los derechos humanos en México, señalaron exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas.

Los exrelatores que se manifestaron contra la Ley son Juan Méndez, exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzky exintegrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Christof Heyns exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los exrelatores señalan que como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitaron México y conocieron de manera directa los retos de seguridad que enfrenta el país.

Ademas señalan que la Ley no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual, también carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas “que oscurecen sentido del texto”.

Añadieron que el texto “no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos”.

Por ello, dicen, se suman al rechazo de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Publicidad oficial y violencia afectan la libertad y seguridad de los periodistas en México: ONU

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Los periodistas en México están aterrorizados por las desapariciones y agresiones a compañeros. A esto se suma el control de la libertad de expresión del gremio a través de la publicidad oficial, señalaron los relatores especiales de la ONU.

Los relatores de la ONU se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de 21 estados del país.

Los relatores pidieron mayor eficacia de la autoridades federales y locales y del Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que dijeron, hasta ahora, no ha tenido los resultados esperados.

Señalaron como deficiencias del Mecanismo, la falta de presupuesto y que esta figura no tenga comunicación permanente con periodistas beneficiados con la protección.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el primer semestre de 2017, cada 15.7 horas ha sido agredido a un periodista en México, siendo los funcionarios públicos en el 50% de los casos los principales responsables de los ataques.

Destacan los asesinatos de los periodistas Cecilio PinedaRicardo MonluiMiroslava BreachMaximino RodríguezJavier Valdez y Jonathan Rodríguez, atacados con armas de fuego y a plena luz del día.

Ante los señalamientos de los relatores, el gobierno mexicano señaló que “los distintos representantes de las instituciones del Estado mexicano ofrecieron analizar y dar seguimiento a las recomendaciones de dichos funcionarios internacionales, considerando la guía y el aporte que significan para fortalecer las acciones a nivel federal y estatal“.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, “reiteró que el Estado mexicano mantiene un firme compromiso con los derechos humanos y dio la bienvenida a las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU y de la CIDH para fortalecer toda acción que beneficie la labor de los y las periodistas en México“.

Con información de Animal Político. 

 

Los desafíos del Paquete Económico 2018 para el país y Nuevo León

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Recientemente el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Antonio Meade, llevó al Congreso de la Unión el paquete hacendario para el próximo año con lo cual se proyectará la dirección de distintos programas y el trabajo de las entidades federativas a partir de lo que se indique en esas páginas. Como cada año habrá un análisis en el Congreso, el cual tiene límites y expectativas, en los límites está el gasto programable en diferentes áreas, es decir los recursos necesarios para que las instituciones y servicios existentes se mantengan, están también los compromisos que en materia de deuda tiene nuestro país, y otros costos financieros que deben ejercerse como es el caso del porcentaje que corresponde al Estado erogar en materia de pensiones, por ello se dice, y con razón, que una parte significativa del gasto público está comprometido.

Recientemente el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Antonio Meade, llevó al Congreso de la Unión el paquete hacendario para el próximo año con lo cual se proyectará la dirección de distintos programas y el trabajo de las entidades federativas a partir de lo que se indique en esas páginas. Como cada año habrá un análisis en el Congreso, el cual tiene límites y expectativas, en los límites está el gasto programable en diferentes áreas, es decir los recursos necesarios para que las instituciones y servicios existentes se mantengan, están también los compromisos que en materia de deuda tiene nuestro país, y otros costos financieros que deben ejercerse como es el caso del porcentaje que corresponde al Estado erogar en materia de pensiones, por ello se dice, y con razón, que una parte significativa del gasto público está comprometido.

Los últimos cuatro años han sido por demás complejos para los ingresos del país debido en esencia a la caída de los precios del petróleo, si bien las finanzas públicas se fortalecieron debido a la política hacendaria, el impacto es real en la capacidad de gasto del Estado mexicano. Ha de señalarse que durante las dos pasadas administraciones federales los recursos extraordinarios prevenientes de la venta del petróleo se destinaron a contratar más personal en diversas entidades federativas antes que destinarlo a proyectos de infraestructura, inversión pública o pago de deuda; así las cosas entre 2000 y 2012 se careció de una planeación estratégica nacional  para la inversión de los recursos extraordinarios y en su lugar hoy se tienen mayores compromisos de gasto corriente en sueldos y salarios.

En lo tocante al presupuesto que habrá de aprobarse en el Congreso, un elemento sustancial estipula que para el año 2018 el Estado Mexicano recibirá por concepto de ingresos la cantidad de $5,235,375.6 millones de pesos. Los ingresos presupuestarios del sector público representan el 22.7% del PIB, este porcentaje está a la baja respecto a los años anteriores ya que en 2013 fue de 23.6%, en 2014 de 23.1%, 2015 de 23.4% y 2016 de 24.8%, sin embargo, puede indicarse que la cifra de 2017 se mantiene dentro de los porcentajes que ha presentado la administración del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto.

Estas cifras también pueden observarse a la luz de la deuda pública, de acuerdo con estimaciones del sector público, en 2018 equivaldrá al 47.3% de todo lo que se produzca en el año o del PIB, es decir casi la mitad de la producción. De mantenerse estos registros y al proyectar los requerimientos financieros del sector público en 2019 ese porcentaje disminuirá al 46.8% del PIB, en 2020 al 46.3%, 2021 al 45.9% y 2022 al 45.6%. Para que la deuda pública baje con mayor rapidez, el PIB nacional tendrá que empezar a crecer por encima de lo previsto, es decir se requiere mayor dinamismo económico en México. Un mayor crecimiento económico reduce la proporción de gasto, para una economía más grande los compromisos de deuda pueden ser menores si se maneja de forma estratégica y prospectiva.  En esa tónica cada entidad federativa buscará disponer de recursos de inversión, esto es, de los no comprometidos para realizar proyectos relevantes  que impacten en el bienestar de la población así como en el desarrollo económico.

En el caso de Nuevo León, y de acuerdo con el ramo 9 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tales recursos están valuados en 914.06 MDP, para las siguientes obras: 1] Libramiento oriente de Cadereyta, 2] Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto, 3] Camino Real, libramiento a Pedreras, 4] Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, y la 5] Construcción de paso vehicular Linares, N.L. También se consideran tres proyectos de Asociación Público-Privada (APP) de Nuevo León los cuales son: 1] Programa App de conservación plurianual de la red federal de carreteras (Matehuala- Saltillo) para el periodo 2017-2027, 2] Programa APP de Conservación plurianual de la red federal de carreteras (Saltillo – Monterrey  Nuevo Laredo) para el periodo 2017 – 2027 y 3] Construcción del hospital regional (HGR) de 260 camas en el municipio de García Nuevo León.

Se trata de proyectos relevantes para Nuevo León, y sin duda es importante que aparezcan en el PPEF 2018, pero nos toca a los diputados federales por Nuevo León trabajar en conjunto para que dichos proyectos se queden, y que incluso vengan más recursos, luego de las negociaciones que en breve sostendremos todas las bancadas en el Congreso. ¡A trabajar en ello!

10 preguntas que no se le hicieron a EPN

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Anoche el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con 300 jóvenes. Las y los jóvenes le expresaron varias de sus inquietudes y cuestionaron al mandatario sobre los resultados hasta el momento de su gobierno. Quiero destacar que esto es un formato nuevo de plática en México, mientras que en otros países existe desde hace décadas, aún así debe de reconocerse la entrada que le da Peña Nieto a este formato.

Pero hubo una serie de preguntas que no se hicieron, probablemente por qué no se permitieron o tal vez a nadie del público se le ocurrió, por lo tanto estas son para mí, las 10 preguntas que se debieron de haber hecho a Peña Nieto el día de ayer:

1. Tras ver la brevedad con la que recibió a Donald Trump, ¿cuándo tiene planeado juntarse con las familias de los desaparecidos en México, Guardería ABC y Nochixtlán?

2. ¿Cómo pudo calificar de éxito el arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán, si en realidad este se escapó de una cárcel del Estado Mexicano?

3. ¿Cuáles son sus relaciones con Juan Hinojosa, dueño de Grupo Higa? ¿No cree que hay un conflicto de interés desde que era Gobernador del Estado de México?

4. ¿No cree que fue irresponsable haber nombrado usted a alguien (Virgilio Andrade), para que investigará a su Secretario de Hacienda, a su esposa y a usted? ¿No mancha las investigaciones?

5. ¿Qué opina usted de la crisis de derechos humanos que tenemos en México? ¿No cree que sea preocupante que la CNDH haya determinado que los 43 muertos en Tanhuato, fueron asesinatos extraoficiales?

6. ¿Qué opina de los gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y el ex gobernador Rodrigo Medina, personajes que usted definió cómo el “nuevo PRI”?

7. ¿Por qué si, Alfredo Castillo, ha tenido tantos fracasos en diferentes puestos gubernamentales, lo mantiene? ¿Tiene algún compromiso con él por ser del Estado de México?

8. ¿Qué opina que la fracción parlamentaria de su partido, el PRI, haya mandado a segundo grado sus reformas para permitir el matrimonio igualitario y adopción de parejas del mismo sexo?

9. ¿Por qué no le aclaro al candidato republicano, Donald Trump, qué México no pagará el muro fronterizo, frente a las cámaras de los medios internacionales y del candidato?

10. ¿Cómo cree que vaya a ser recordado en la historia de México?

¿Qué opinan? ¿Ustedes preguntarían algo diferente?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

CNTE: Enemigo Público

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El miércoles pasado hubo otra marcha de maestros en el centro de Monterrey. Cerca de las 18:00 las calles aledañas a la macroplaza fueron cerradas y cientos de policías fueron desplegados para mantener el orden público. Naturalmente el caos vial se acrecentó en cuestión de minutos y el enojo de los automovilistas hizo lo propio.

Al escuchar sobre estas movilizaciones apurado salí de la oficina (ubicada en el centro) para asistir a mis clases de maestría y por unos cuantos minutos estuve cerca de quedar atrapado entre las calles del centro y en consecuencia faltar a clases.

Afortunadamente lo logré. Pero qué ironía que por culpa de los bloqueos y manifestaciones de los “maestros” no iba a poder llegar a la universidad, ¿no?

Es tiempo de usar la fuerza pública sin inhibiciones ni remordimientos. Cuando el diálogo no es suficiente, cuando no se entienden razones, cuando el inconforme adopta una actitud violenta y salvaje para expresar o defender sus ideas, el siguiente paso para poder garantizar el bien general de la población es la fuerza pública. Estas personas deben ser tratadas como los criminales que son.

No podemos seguir permitiendo que gente como ésta violente nuestro entorno. Para los pseudo activistas que su argumento contra lo anterior será que “el gobierno opresor violenta nuestro derecho de manifestarnos, el ejército reprime al pueblo con violencia” y un largo etcétera de posiciones sofistas, deben saber que los enfrentamientos entre Gobierno y CNTE no se han dado por el simple hecho de ser maestros, como muchos ilusos argumentan.

Las pugnas se dan porque estos “educadores” han violentado, incendiado, bloqueado, golpeado. Su derecho de manifestarse acaba cuando transgreden el derecho de la educación, del circular sin bloqueos, del disfrutar un país sin violencia.

La fuerza pública actúa y actuará cuando los “manifestantes” dan razones para hacerlo. Cuando se trata de plantones con violencia y la afectación de miles de personas ajenas al problema, por supuesto que el ejército y la policía tendrán que actuar con violencia. El hecho de ser ciudadano no te exime del cumplimiento de la ley.

¿Dónde está el derecho de los niños de asistir a la escuela? ¿Dónde quedan los padres de familia que quieren educación de calidad para sus hijos? ¿Por qué tenemos que soportar bloqueos y violencia que afectan nuestra vida diaria? ¿Qué pasa con los miles de personas que no pueden llegar al aeropuerto, al hospital o a su oficina por culpa de los manifestantes?

El pasado conflicto en Oaxaca dejó pérdidas de $150 millones de pesos (mdp) para el sector hotelero y $28 mdp para el restaurantero, de acuerdo al Gobierno de Oaxaca. Conforme a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, los bloqueos carreteros que impiden la llegada de productos de países centroamericanos a Oaxaca y otros estados del sur han generado pérdidas de $10 millones de dólares (mdd).

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX reportó la afectación a 2,833 comercios y pérdidas de $35 mdp diarios. En Michoacán el Consejo Económico y Social de ese estado cuantifica en $680 mdp la merma durante el primer semestre de este año. ¿Por qué nuestra economía tiene que soportar esto?

Además, en los últimos tres años de inconformidades de la CNTE los estragos han sido numerosos bloqueos al aeropuerto de la CDMX, en detrimento de las miles de personas que viajan por placer o negocios; un plantón de cinco meses en el zócalo capitalino, afectando el turismo y el comercio de esa zona; incendio a las oficinas del PRI en Chilpancingo y una del INE en Oaxaca, amenazando vidas y pérdidas de infraestructura.

El diálogo terminó. Se debe tratar a quien atente contra la nación con todo el peso de la ley y la fuerza del Estado mexicano.

Si es necesario recurrir a la violencia para asegurar la seguridad y derecho de los millones de ciudadanos afectados por estos haraganes así tendrá que ser. CNTE, su teatro se ha terminado, nuestra policía y ejército debe acabar con quien siga alentando estas actitudes retrógradas. Gobierno Federal, es tiempo de utilizar sin pudor alguno la competencia de la fuerza pública.

El avance y transformación de México está en el aula de clases para las futuras generaciones, no en los pretextos para no impartir la educación.

http://expansion.mx/empresas/2016/07/07/bloqueos-en-oaxaca-provocan-perdidas-millonarias-a-exportadores-centroamericanos

http://expansion.mx/economia/2016/07/05/las-protestas-de-la-cnte-han-dejado-perdidas-de-680-mdp-en-morelia

http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/maestros-contrarios-a-la-reforma-educativa-protestaran-en-la-cdmx

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Caso Ayotzinapa: El desinterés en su máxima expresión

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El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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