La discusión ausente en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

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“El crimen duele, la justiciar debe sanar”

– John Braithwaite

El Gobierno Federal presentó la semana pasada el primer informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) desaparecidas. Su Consejo Ciudadano hizo duras críticas sobre los retrasos en la conformación de comisiones de búsqueda en varios estados. También expresó su preocupación por la escasez de personal capacitado en las tareas de búsqueda e identificación de personas. Más allá de lo razonable de estas críticas, en la discusión sobre dicho sistema han estado ausente el alcance que pueda tener en el acercamiento de los familiares de los desaparecidos a dos objetivos deseables: 1) verdad y 2) justicia. 

Es verdad que el SNBP contribuye al esclarecimiento de las desapariciones, y a transitar hacia una reducción de la impunidad por estos lamentables hechos. Sin embargo, por sí solo no revelará toda la verdad, ni brindará justicia integral a los familiares de las víctimas. 

Al respecto, la Ley General de Víctimas en su Artículo 5° establece la obligatoriedad del Estado de brindar “ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral” a la víctima. Para cumplir con este mandato, el SNBP debe complementar su funcionamiento con la atención psicológica y material a las víctimas, así como con mecanismos de reparación del daño. El nuevo sistema de justicia penal incluye los ‘acuerdos reparatorios’ como una de las alternativas.  

Lo anterior supone un gran reto, pero también una enorme oportunidad. Los acuerdos reparatorios podrían permitir a las víctimas (o sus familiares) entrar en contacto con aquellos que participaron en su desaparición. Encuentros de este tipo podrían ser positivos pues ambas partes conocen de primera mano el asunto (daño) en cuestión. Además, la mediación del diálogo permitiría conocer aspectos que contribuyan a esclarecer la verdad. Esto es particularmente importante en casos de personas que no sean encontradas con vida. La identificación forense no es suficiente para conocer la verdad, es necesario acceder a las narrativas sobre hechos y motivaciones detrás. 

Por otro lado, es verdad que no sería posible llevar a cabo dicha mediación si la víctima (o sus familiares) y los involucrados en la desaparición no lo desean. Tampoco en casos de gravedad extrema que la ley establezca claramente, o cuando las víctimas o sus familiares no estén en condiciones de equilibrio emocional necesario para un encuentro con los perpetradores. En este último escenario, el Estado Mexicano puede apelar a la ‘suspensión del proceso a prueba’ en la que, mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, el perpetrador se compromete a cumplir determinadas condiciones. 

En la práctica, los ‘círculos restaurativos’ son una opción que no se ha contemplado en la ley, ni se ha comentado lo suficiente, pero tiene un gran potencial. En este mecanismo participan actores fuera del seno familiar de la víctima. Pueden ser miembros de la comunidad, representantes de la sociedad civil y voluntarios del público en general. Existe evidencia internacional de que la participación del público es deseable. Esta podría generar actitudes más informadas hacia la definición de medidas constructivas, en lugar de sanciones punitivas. A su vez, la conciencia ciudadana se traduce en apoyo y confianza en el modelo de medidas reparatorias que emanan de la propia sociedad. 

En todos los casos, los mecanismos reparativos consisten en hacer justicia involucrando a quienes han infligido daños a otros en acciones dirigidas a enmendarlo. Por este motivo, el SNBP representa, en la práctica, un gran primer paso hacia lo que podría ser un episodio histórico de instrumentación de justicia restaurativa en México. 

El SNBP no solo responde a las necesidades de las víctimas y sus familiares, sino que también dota de un aprendizaje valioso a los gobiernos federal y estatales. Aprenden de esta experiencia mediante el acompañamiento a las víctimas. A los gobiernos estatales los prepara para asumir sus responsabilidades, a través de la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda.

Lo que falta, es incluir en esta ecuación a los responsables de las desapariciones. Solo así sería posible el acercamiento hacia la verdad y la justicia, para contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

La Reforma de la Reforma Educativa y la Lucha por la Rectoría de la Educación

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En días pasados, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron con 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones el dictamen de Reforma Educativa que, entre muchas otras cosas, plantea la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la pérdida de control del Sindicato sobre el reparto de plazas docentes.

Lo que bajo la inmediatez de la campaña, Mario Delgado, el ahora Coordinador de los Diputados Federales de MORENA señaló, y cito textualmente: “De la reforma educativa de Peña no quedará ni una coma”; pues al parecer no fue del todo cierto, pues lo aprobado parece ser mas una reforma a la reforma misma de Enrique Peña Nieto, rescatando lo que valía la pena, y modificando lo que bajo la óptica del Presidente, le hacía falta.

De esta reforma se podría hablar desde 2 ópticas distintas, la primera el tema sustancial, que sin duda, hay que reconocer cambios que en lo personal aplaudo; y la segunda, el tema político, –en el cual me centraré para efectos de este análisis– con sus 3 lados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la oposición y el Gobierno Federal; y aquí, hay algo que preocupa y mucho, y es que el debate nuevamente vuelve a estar centrado en temas sindicales, laborales, políticos, y muy apartado de donde debería estar.

La CNTE rechazó lo aprobado por los Diputados en San Lázaro, argumentando, que no se tomaron en cuenta las propuestas planteadas por el magisterio; y abiertamente, ya lo señalaron, quieren el control del 50% de las plazas docentes, que evidentemente, al no tener respuestas favorables, han venido bloqueando los accesos a la Cámara, evitando así, que los Diputados sesionen.

Aquí se verá la capacidad del gobierno para negociar con un ente tan fuerte como lo es la CNTE; “monstruo” que, hay que decirlo, AMLO “revivió” de donde se encontraba vía alianza electoral. Si algo nos ha demostrado el Presidente, es que tiene alta capacidad para enfrentar conflictos, y es aquí, donde veo el área de oportunidad de la oposición para ser la pieza que incline la balanza, que hasta donde hemos visto, está más de acuerdo con la reforma del Presidente que con la Coordinadora. El riesgo es, que si le ceden la operación del presupuesto, premios, decisión en la carrera magisterial, etc, a la CNTE, habrá sido una gran derrota para la educación del país.

Algo que reconozco tanto de la administración pasada, como de la actual, es la voluntad de mantener la rectoría de la educación en manos del Estado Mexicano, donde siempre debió de estar. La pregunta aquí es, ¿Qué tan punitiva era la reforma de Enrique Peña Nieto? Si a mi parecer, en el tema de evaluación de permanencia a los docentes fortalecía la meritocracia y anulaba la mediocridad; con todo respeto a los docentes, quien no esté preparado para dar clases, no puede estar al frente de un aula. 

La educación de calidad es la base de cualquier sociedad de primer mundo. Tenemos que educar a las generaciones del futuro no solo apoyándolos a desarrollar conocimientos, si no habilidades, y prepararlos para competir en un mundo, que ciertamente, es cada vez mas complejo y exigente. El debate debería estar centrado ahí, en el modelo educativo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Rechaza México ante ONU petición de Vaticano de proteger vida desde la concepción

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El Gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas por 102 países como parte del tercer Examen Periódico Universal al que se sometió en noviembre de 2018.

La recomendación del Vaticano decía: “Respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural introduciendo enmiendas a las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en los ámbitos federal y local”.

Sin embargo, el Estado Mexicano rechazó la recomendación, pues contraviene principios constitucionales y amparos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La SCJN ha resuelto que negar el acceso a la interrupción del embarazo a un mujer víctima de violación sexual, constituye una violación a sus derechos humanos y que la interrupción legal del embarazo derivado de una violación sexual, debe ser atendida por las instituciones de salid como urgente”, señaló México.

Las otra recomendación rechazada por el Gobierno de México era la ratificación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, pues señaló requiere de más tiempo para tomar una decisión al respecto.

De entre las recomendaciones aceptadas resalta un plan para terminar con la impunidad en el país y evitar así violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas, indicó que las recomendaciones aceptadas pueden dividirse en cuatro grandes grupo: inequidad social y grupos vulnerables, libertad de expresión, Estado de Derecho y desapariciones, y paz y seguridad.

Ofrecerá Estado Mexicano disculpa por asesinato de estudiantes

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El próximo 19 de marzo, se llevará cabo un evento de Disculpa Pública del Estado Mexicano por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes del Tec de Monterrey que en 2010 fueron confundidos por sicarios durante un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes.

El evento será el 19 de marzo a las 11:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey.

El evento es organizado por las familias de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, y será presidido por Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, en representación del Estado Mexicano.

En mayo de 2018 se presentó el documental Hasta los dientes, de Alberto Arnaut, que muestra como los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados por un operativo comandado por el general Cuauhtémoc Antúnez, quien en 2015 recibió el cargo de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

La semana pasada se organizó un evento similar en el que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pidió disculpas a los familiares de cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada en 2016.

Sin embargo, parece que este miércoles se dio un revés en el caso, ya que fueron absueltos 21 personas implicados en el caso.

 

#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com

Ya hay un primer posible comprador del avión presidencial

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El empresario y aspirante independiente a la presidencia de la República, Gustavo Jiménez Pons, dueño de la empresa de aviación privada GBS Air Enterprise, hizo una oferta para comprar el avión presidencial.

Jiménez Pons está dispuesto a pagar hasta mil 900 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador por la aeronave, señala Milenio.

Detalló que pretende utilizarla como taxi aéreo VIP, a un costo de 20 mil pesos la hora, en su empresa, cita Reforma.

En la carta que entregó en manos de Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana de López Obrador, el empresario que se dedica a los servicios de taxis aéreos, también propone al presidente electo pueda hacer uso del avión presidencial y que el gobierno solo pague los gastos de vuelo y operación de la aeronave.

Además, se interesan en tener en arrendamiento las instalaciones del denominado hangar presidencial para tener la aeronave en dicho espacio y de ser posible subcontratar los servicios del personal que dan mantenimiento al TP01.

La propuesta incluye representar al gobierno para comercializar las demás aeronaves de la flotilla de la administración federal, así como la compra de alguna de estas.

El empresario fue candidato del Partido Social Demócrata a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en 2006 y en estas elecciones presidenciales de julio, aspiró a la presidencia de la República por la vía independiente, pero no logró reunir las firmas ciudadanas requeridas.

“Entregamos la formal intención de GBS Enterprises y nuestros socios comerciales de adquirir dicho bien nacional en condiciones que resulten favorables para el Estado mexicano“, indicó.

Jiménez Pons, quien afirmó que su empresa opera desde 2008, dijo que el plan de negocios para ese avión TP01 será para uso VIP y de aeronaves de lujo.

Aclaró también que Rogelio Jiménez Pons, quien se perfila como encargado de Fonatur en la administración de López Obrador, es su tío, pero tiene años de no dirigirse la palabra por diferencias personales.

López Obrador ha dicho reiteradamente que el avión presidencial se va a vender una vez que él sea Presidente Constitucional de México.

El costo total del avión (incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones) fue de 218.7 millones de dólares.

Al mismo tiempo de la compra del avión se firmó un contrato de arrendamiento financiero entre Banobras y el Gobierno Federal por 15 años.

Al final de ese periodo, la aeronave formará parte de los activos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se explica que la adquisición del avión presidencial será amortizada durante los 15 años con dos pagos anuales, uno de 45 millones de pesos, por operación y mantenimiento; y un pago por el arrendamiento entre 4.6 y 451.4 millones de pesos, por lo que se espera que la aeronave tenga un costo total de siete mil 560 millones de pesos.

Pide IP a AMLO diálogo sobre NAIM

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Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a Andrés Manuel López Obrador a dialogar sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y las reformas estructurales.

Reforma publicó hoy que la cancelación del NAIM prendería focos rojos en los mercados financieros porque inversionistas nacionales y extranjeros adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares con la promesa de que se realizaría ese proyecto teniendo como garantía la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

En ese sentido, el líder empresarial aseveró que suspender los contratos no sería una medida adecuada que le dé prestigio al Estado mexicano.

“Queremos discutirlo a profundidad, técnicamente, pero no desde el punto de vista de Estado de Derecho, porque ese está claro, los contratos se deben de honrar”, indicó.

Consideró que el sector empresarial y López Obrador deben de dialogar sobre el modelo de apertura comercial de México y también sobre las reformas estructurales, como la educativa y la energética, a las que se ha opuesto el candidato de Morena.

El presidente del CCE aseguró que los tres abanderados con partido político y la candidata independiente han mostrado interés del diálogo con el sector empresarial.

“Los tres partidos políticos y la candidata independiente tienen el interés del diálogo con el sector empresarial. Tenemos una agenda de encuentros en las distintas organizaciones empresariales, estaremos en la discusión porque nos interesa participar activamente”, manifestó.

Al salir de una reunión privada con embajadores de los países firmantes del TPP y con legisladores sobre el acuerdo comercial, Castañón informó que el sector empresarial mexicano está preocupado por la desventaja que tienen las industrias textil, del calzado y de confección en México frente a Malasia y Vietnam.

Aseguró que tiene que haber un acuerdo de vigilancia aduanal y de reglas de origen para que estos productos puedan estar en México, donde tanto los salarios como la vigilancia de los insumos los hacen ser no competitivos.

“Los salarios en estos dos países son 50 por ciento abajo del promedio salarial en la industria textil de México y además la triangulación de insumos chinos podría tener riesgos para la industria mexicana“.

#Kleroterion: “Los tiempos de la justicia”

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Nadie en su sano juicio podría criticar que las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país investiguen hasta sus últimas consecuencias las acciones de un político que presuntamente estaría implicado en la comisión de delitos tan graves como el enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hacerlo resultaría incluso sano y necesario en un país donde la impunidad ha adquirido carta de naturalización.

El problema es el sentido de la oportunidad, la Procuraduría General de la República está obligada a justificar ante la opinión pública que lo que busca es justicia, y no, como muchos especulan, utilizar a la institución como ariete electoral al servicio del partido en el gobierno, y tendría que empezar por responder las siguientes preguntas: ¿Desde cuándo está en curso la investigación?, ¿La investigación se limita única y exclusivamente al presunto lavado de dinero en el que incurrió Manuel Barreiro al comprar por 54 millones una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya? O es, como se especula, ¿solo la punta de la madeja de todo de un entramado mucho más complejo que se está administrando con una lógica electoral?

En relación a lo anterior, recuerdo que cuando El Estado Mexicano logró la recaptura del Chapo Guzmán alguien me preguntó que si la justicia se estaba usando con fines políticos; mi respuesta fue que no había tiempos para la justicia, que la justicia no puede estar supeditada a estrategias políticas, no obstante, en el presunto delito en el que se le involucra a Ricardo Anaya, es evidente, más allá de su eventual culpabilidad o inocencia, que la Procuraduría está “administrando” el asunto no con el ánimo de impartir justicia, sino con una clara intencionalidad de afectar a un adversario político.

Y en mi opinión el actuar de la Procuraduría es en extremo irresponsable y compromete gravemente la legitimidad a una institución indispensable en la construcción de un Estado Democrático de Derecho, y es una evidencia más del proceso sistemático de descomposición y degradación del sistema político.

Pero a la vez el gobierno está cometiendo un grave error de cálculo y podría estar victimizando a su acusado, convirtiéndolo en un perseguido político al que se busca destruir desde el poder a través de un montaje legal y mediático, situación que podría terminar catapultándolo en lugar de destruirlo. Lo importante ya no es quien gane la elección presidencial sino saber si habrá condiciones para que el ganador pueda reconciliar al País.

Lo veremos en los días por venir…

Ley de Seguridad Interior es contraria a las recomendaciones de la ONU: exrelatores

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La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave riesgo para los derechos humanos en México, señalaron exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas.

Los exrelatores que se manifestaron contra la Ley son Juan Méndez, exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzky exintegrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Christof Heyns exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los exrelatores señalan que como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitaron México y conocieron de manera directa los retos de seguridad que enfrenta el país.

Ademas señalan que la Ley no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual, también carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas “que oscurecen sentido del texto”.

Añadieron que el texto “no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos”.

Por ello, dicen, se suman al rechazo de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Publicidad oficial y violencia afectan la libertad y seguridad de los periodistas en México: ONU

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Los periodistas en México están aterrorizados por las desapariciones y agresiones a compañeros. A esto se suma el control de la libertad de expresión del gremio a través de la publicidad oficial, señalaron los relatores especiales de la ONU.

Los relatores de la ONU se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de 21 estados del país.

Los relatores pidieron mayor eficacia de la autoridades federales y locales y del Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que dijeron, hasta ahora, no ha tenido los resultados esperados.

Señalaron como deficiencias del Mecanismo, la falta de presupuesto y que esta figura no tenga comunicación permanente con periodistas beneficiados con la protección.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el primer semestre de 2017, cada 15.7 horas ha sido agredido a un periodista en México, siendo los funcionarios públicos en el 50% de los casos los principales responsables de los ataques.

Destacan los asesinatos de los periodistas Cecilio PinedaRicardo MonluiMiroslava BreachMaximino RodríguezJavier Valdez y Jonathan Rodríguez, atacados con armas de fuego y a plena luz del día.

Ante los señalamientos de los relatores, el gobierno mexicano señaló que “los distintos representantes de las instituciones del Estado mexicano ofrecieron analizar y dar seguimiento a las recomendaciones de dichos funcionarios internacionales, considerando la guía y el aporte que significan para fortalecer las acciones a nivel federal y estatal“.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, “reiteró que el Estado mexicano mantiene un firme compromiso con los derechos humanos y dio la bienvenida a las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU y de la CIDH para fortalecer toda acción que beneficie la labor de los y las periodistas en México“.

Con información de Animal Político.