Sanción a la abstención

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El 24 de octubre de 2019, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación del voto.

Misma, que fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En la referida iniciativa, esencialmente se propuso reformar los artículos 128, 447 numeral 1 y 456 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de combatir el abstencionismo electoral.

Lo anterior, considerando como nueva causal de infracción la no emisión del voto sin que exista causa justificada y, sancionando al infractor impidiéndole realizar gestiones o trámites ante los entes públicos federales, estatales o municipales durante el lapso que fije la autoridad electoral.

Siendo oportuno precisar, que no se pretende sancionar a quien libremente acude a las urnas y decide anular su voto pues no lo convencen las propuestas de los candidatos, sino por el contrario, únicamente se sancionará a aquellos que sin causa justificada se abstienen de cumplir con su obligación como ciudadanos de la República de acudir a las urnas en las elecciones.

Sobre el particular, considero que esta reforma es necesaria, pero sobre todo congruente con el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM). 

Necesaria, puesto que tal y como lo señaló la Senadora Nadia Navarro Acevedo el abstencionismo electoral golpea fuertemente la democracia, siendo imperativo adoptar medidas para su disminución, sin contar el elevado costo financiero que esta práctica representa para el Estado Mexicano.

Máxime, que según se advierte del “estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015“, en México el promedio de participación ciudadana (contando elecciones intermedias y presidenciales) desde 1991 a 2015 es del 57.58%, es decir, existe un preocupante 42.42% de abstencionismo electoral.

Situación anterior, que evidencia la necesidad del Estado Mexicano, por una reforma como la que hoy nos ocupa.

Por su parte, la reforma es congruente con el texto de nuestra CPEUM, pues si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 35 de la CPEUM votar en las elecciones populares es un derecho de la ciudadanía, lo cierto es que el alcance del referido derecho debe interpretarse como la facultad que tiene el ciudadano mexicano para ejercer su voto libremente en las urnas y no así, como la facultad del ciudadano mexicano para decidir sí acude a ejercer el derecho o no.

Lo anterior, puesto que a la par del derecho de la ciudadanía para votar en las elecciones populares, subsiste la obligación contenida en la fracción III, del artículo 36 de la CPEUM, que expresamente establece que son obligaciones del ciudadano de la república votar en las elecciones y en las consultas populares.

Esto, pues tal y como lo señaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus “Apuntes de Derecho Electoral” atendiendo a que la norma tiene que permitir el cumplimiento de lo ordenado, y la omisión de lo prohibido, encuentra significado el aserto de que todo mundo tiene el derecho de cumplir con sus obligaciones.

No es óbice, que lo anterior aparentemente resulte una contradicción, pues desde una perspectiva lógico-jurídica, votar se trata de una obligación que se traduce en la función pública de integrar los órganos de elección popular y que funda, a su vez, el derecho del ejercicio obligatorio de votar.

En este orden de ideas, siguiendo con la lógica-jurídica de que a todo incumplimiento de una obligación debe corresponder una sanción, es que resulta congruente la reforma que hoy se comenta.

Finalmente, espero que nuestros legisladores logren advertir la necesidad y congruencia de la reforma propuesta y, sea aprobada a la brevedad con las modificaciones técnicas correspondientes.

¿Un día para recordar?

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Este 5 septiembre se celebró el día internacional de las mujeres indígenas, pero yo me pregunto ¿qué hay que celebrar? ¿El maltrato? ¿La discriminación que sufren? Ellas lo viven diariamente. 

Estudios realizados por la UNAM, han mostrado la percepción que se tiene de las personas indígenas. En sus resultados se puede concluir que el mexicano promedio reconoce y se enorgullece de la cultura indígena que vivió antes de la llegada de los españoles. Pero cuando se habla de los indígenas en la actualidad siempre se les relaciona con marginación, pobreza, analfabetismos y exclusión; como si fueran esa parte incómoda y olvidada de nuestra sociedad. Las mujeres indígenas, en México, se encuentran en una especial situación de vulneración social, porque si bien se les discrimina por su origen, también sufren de una discriminación acentuada por su condición económica, su idioma, y el solo hecho de ser mujer las pone en una situación de desventaja, tanto dentro como fuera de su comunidad.

Este fue el caso de Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena de Acatepec, Guerrero que fue un día a lavar su ropa en un río cercano a su comunidad.  Ese día 8 soldados abusaron de ella sexualmente y la torturaron. Valentina, después de pasar por esta terrible y humillante experiencia fue a presentar su denuncia al Ministerio Público, la primera barrera con la que se encontró fue que no podían recibir su denuncia porque no se contaba con intérpretes. Tiempo después, la respuesta que obtuvo fue que el Tribunal Militar, al que se le turnó el caso, no había “acreditado” la comisión de algún delito por lo que el expediente regresó al fuero común. 

Valentina lo tenía todo en contra. No sabía hablar español, venía de una comunidad que se podría decir que era minúscula para el Estado y, por si fuera poco, el mismo gobierno que debía estar ahí para proteger sus derechos humanos, le ponía trabas para que su denuncia no pudiera proceder. No fue hasta 16 años después de su traumática experiencia que pudo tener un poco de justicia. Llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde demandó al Estado Mexicano por la violación de sus derechos en cuestiones de acceso a la justicia.  México reconoció su “parcial” responsabilidad en el incumplimiento de su deber y fue sentenciado en consecuencia, la resolución aún se encuentra en vías de cumplimiento.

Valentina en una conferencia de prensa dijo: “Yo caminé ocho horas para ir a buscar justicia. Yo tuve que salir de mi pueblo. Yo tuve que aprender español hace 16 años y ahora entiendo mi expediente”. Así como Valentina, existen muchas otras mujeres indígenas que sufren diariamente de agresiones sexuales y torturas por parte del brazo militarizado y civil de México sin poder defenderse por la barrera del idioma. Este caso tiene una trascendencia grandísima ya que se demostraron dos cosas: la denigrante y cruel situación que tienen que pasar muchas mujeres que viven en zonas rurales, y el poco interés que tiene muchas veces el gobierno por atender y proteger a estas mujeres. Es triste ver como una comunidad es fragmentada y excluida por aspectos tan superficiales como son su origen y el sexo. 

¿Hasta cuándo actuaremos todos con coherencia? Porque, ¿cómo podemos presumir la gran variedad de cultura mexicana que se debe a los pueblos indígenas y a la vez los dejamos de lado? Les volteamos la cara y los ignoramos, ya que es más fácil fingir que no están. Es increíble ver cómo nosotros mismos nos enojamos e indignamos de la discriminación que sufren las y los mexicanos en otros países, pero cuando se presenta la situación para demostrar que podemos actuar mejor que eso, terminamos haciendo exactamente lo mismo con nuestro propio pueblo.  

Este día debería de ponernos a reflexionar para tomar acción y defender muchos casos como los de Valentina, ya que ella fue una voz que se alzó y luchó. Pero no todas conocen sus derechos, los instrumentos con los que pueden defenderse y aun sabiéndolos, vimos cómo se les impide acceder a la justicia bajo un gobierno que las ignora. Ya basta de pretender que son personas ajenas a nosotros. Basta de hacerlas menos y no hablar de ellas. Ellas existen, y no solo el 5 septiembre. Ellas son personas que merecen el mismo respeto, dignificación y seguridad como cualquier mexicano. 

La discusión ausente en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

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“El crimen duele, la justiciar debe sanar”

– John Braithwaite

El Gobierno Federal presentó la semana pasada el primer informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) desaparecidas. Su Consejo Ciudadano hizo duras críticas sobre los retrasos en la conformación de comisiones de búsqueda en varios estados. También expresó su preocupación por la escasez de personal capacitado en las tareas de búsqueda e identificación de personas. Más allá de lo razonable de estas críticas, en la discusión sobre dicho sistema han estado ausente el alcance que pueda tener en el acercamiento de los familiares de los desaparecidos a dos objetivos deseables: 1) verdad y 2) justicia. 

Es verdad que el SNBP contribuye al esclarecimiento de las desapariciones, y a transitar hacia una reducción de la impunidad por estos lamentables hechos. Sin embargo, por sí solo no revelará toda la verdad, ni brindará justicia integral a los familiares de las víctimas. 

Al respecto, la Ley General de Víctimas en su Artículo 5° establece la obligatoriedad del Estado de brindar “ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral” a la víctima. Para cumplir con este mandato, el SNBP debe complementar su funcionamiento con la atención psicológica y material a las víctimas, así como con mecanismos de reparación del daño. El nuevo sistema de justicia penal incluye los ‘acuerdos reparatorios’ como una de las alternativas.  

Lo anterior supone un gran reto, pero también una enorme oportunidad. Los acuerdos reparatorios podrían permitir a las víctimas (o sus familiares) entrar en contacto con aquellos que participaron en su desaparición. Encuentros de este tipo podrían ser positivos pues ambas partes conocen de primera mano el asunto (daño) en cuestión. Además, la mediación del diálogo permitiría conocer aspectos que contribuyan a esclarecer la verdad. Esto es particularmente importante en casos de personas que no sean encontradas con vida. La identificación forense no es suficiente para conocer la verdad, es necesario acceder a las narrativas sobre hechos y motivaciones detrás. 

Por otro lado, es verdad que no sería posible llevar a cabo dicha mediación si la víctima (o sus familiares) y los involucrados en la desaparición no lo desean. Tampoco en casos de gravedad extrema que la ley establezca claramente, o cuando las víctimas o sus familiares no estén en condiciones de equilibrio emocional necesario para un encuentro con los perpetradores. En este último escenario, el Estado Mexicano puede apelar a la ‘suspensión del proceso a prueba’ en la que, mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, el perpetrador se compromete a cumplir determinadas condiciones. 

En la práctica, los ‘círculos restaurativos’ son una opción que no se ha contemplado en la ley, ni se ha comentado lo suficiente, pero tiene un gran potencial. En este mecanismo participan actores fuera del seno familiar de la víctima. Pueden ser miembros de la comunidad, representantes de la sociedad civil y voluntarios del público en general. Existe evidencia internacional de que la participación del público es deseable. Esta podría generar actitudes más informadas hacia la definición de medidas constructivas, en lugar de sanciones punitivas. A su vez, la conciencia ciudadana se traduce en apoyo y confianza en el modelo de medidas reparatorias que emanan de la propia sociedad. 

En todos los casos, los mecanismos reparativos consisten en hacer justicia involucrando a quienes han infligido daños a otros en acciones dirigidas a enmendarlo. Por este motivo, el SNBP representa, en la práctica, un gran primer paso hacia lo que podría ser un episodio histórico de instrumentación de justicia restaurativa en México. 

El SNBP no solo responde a las necesidades de las víctimas y sus familiares, sino que también dota de un aprendizaje valioso a los gobiernos federal y estatales. Aprenden de esta experiencia mediante el acompañamiento a las víctimas. A los gobiernos estatales los prepara para asumir sus responsabilidades, a través de la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda.

Lo que falta, es incluir en esta ecuación a los responsables de las desapariciones. Solo así sería posible el acercamiento hacia la verdad y la justicia, para contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

La Reforma de la Reforma Educativa y la Lucha por la Rectoría de la Educación

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En días pasados, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron con 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones el dictamen de Reforma Educativa que, entre muchas otras cosas, plantea la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la pérdida de control del Sindicato sobre el reparto de plazas docentes.

Lo que bajo la inmediatez de la campaña, Mario Delgado, el ahora Coordinador de los Diputados Federales de MORENA señaló, y cito textualmente: “De la reforma educativa de Peña no quedará ni una coma”; pues al parecer no fue del todo cierto, pues lo aprobado parece ser mas una reforma a la reforma misma de Enrique Peña Nieto, rescatando lo que valía la pena, y modificando lo que bajo la óptica del Presidente, le hacía falta.

De esta reforma se podría hablar desde 2 ópticas distintas, la primera el tema sustancial, que sin duda, hay que reconocer cambios que en lo personal aplaudo; y la segunda, el tema político, –en el cual me centraré para efectos de este análisis– con sus 3 lados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la oposición y el Gobierno Federal; y aquí, hay algo que preocupa y mucho, y es que el debate nuevamente vuelve a estar centrado en temas sindicales, laborales, políticos, y muy apartado de donde debería estar.

La CNTE rechazó lo aprobado por los Diputados en San Lázaro, argumentando, que no se tomaron en cuenta las propuestas planteadas por el magisterio; y abiertamente, ya lo señalaron, quieren el control del 50% de las plazas docentes, que evidentemente, al no tener respuestas favorables, han venido bloqueando los accesos a la Cámara, evitando así, que los Diputados sesionen.

Aquí se verá la capacidad del gobierno para negociar con un ente tan fuerte como lo es la CNTE; “monstruo” que, hay que decirlo, AMLO “revivió” de donde se encontraba vía alianza electoral. Si algo nos ha demostrado el Presidente, es que tiene alta capacidad para enfrentar conflictos, y es aquí, donde veo el área de oportunidad de la oposición para ser la pieza que incline la balanza, que hasta donde hemos visto, está más de acuerdo con la reforma del Presidente que con la Coordinadora. El riesgo es, que si le ceden la operación del presupuesto, premios, decisión en la carrera magisterial, etc, a la CNTE, habrá sido una gran derrota para la educación del país.

Algo que reconozco tanto de la administración pasada, como de la actual, es la voluntad de mantener la rectoría de la educación en manos del Estado Mexicano, donde siempre debió de estar. La pregunta aquí es, ¿Qué tan punitiva era la reforma de Enrique Peña Nieto? Si a mi parecer, en el tema de evaluación de permanencia a los docentes fortalecía la meritocracia y anulaba la mediocridad; con todo respeto a los docentes, quien no esté preparado para dar clases, no puede estar al frente de un aula. 

La educación de calidad es la base de cualquier sociedad de primer mundo. Tenemos que educar a las generaciones del futuro no solo apoyándolos a desarrollar conocimientos, si no habilidades, y prepararlos para competir en un mundo, que ciertamente, es cada vez mas complejo y exigente. El debate debería estar centrado ahí, en el modelo educativo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Rechaza México ante ONU petición de Vaticano de proteger vida desde la concepción

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El Gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas por 102 países como parte del tercer Examen Periódico Universal al que se sometió en noviembre de 2018.

La recomendación del Vaticano decía: “Respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural introduciendo enmiendas a las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en los ámbitos federal y local”.

Sin embargo, el Estado Mexicano rechazó la recomendación, pues contraviene principios constitucionales y amparos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La SCJN ha resuelto que negar el acceso a la interrupción del embarazo a un mujer víctima de violación sexual, constituye una violación a sus derechos humanos y que la interrupción legal del embarazo derivado de una violación sexual, debe ser atendida por las instituciones de salid como urgente”, señaló México.

Las otra recomendación rechazada por el Gobierno de México era la ratificación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, pues señaló requiere de más tiempo para tomar una decisión al respecto.

De entre las recomendaciones aceptadas resalta un plan para terminar con la impunidad en el país y evitar así violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas, indicó que las recomendaciones aceptadas pueden dividirse en cuatro grandes grupo: inequidad social y grupos vulnerables, libertad de expresión, Estado de Derecho y desapariciones, y paz y seguridad.

Ofrecerá Estado Mexicano disculpa por asesinato de estudiantes

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El próximo 19 de marzo, se llevará cabo un evento de Disculpa Pública del Estado Mexicano por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes del Tec de Monterrey que en 2010 fueron confundidos por sicarios durante un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes.

El evento será el 19 de marzo a las 11:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey.

El evento es organizado por las familias de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, y será presidido por Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, en representación del Estado Mexicano.

En mayo de 2018 se presentó el documental Hasta los dientes, de Alberto Arnaut, que muestra como los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados por un operativo comandado por el general Cuauhtémoc Antúnez, quien en 2015 recibió el cargo de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

La semana pasada se organizó un evento similar en el que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pidió disculpas a los familiares de cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada en 2016.

Sin embargo, parece que este miércoles se dio un revés en el caso, ya que fueron absueltos 21 personas implicados en el caso.

 

#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com

Ya hay un primer posible comprador del avión presidencial

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El empresario y aspirante independiente a la presidencia de la República, Gustavo Jiménez Pons, dueño de la empresa de aviación privada GBS Air Enterprise, hizo una oferta para comprar el avión presidencial.

Jiménez Pons está dispuesto a pagar hasta mil 900 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador por la aeronave, señala Milenio.

Detalló que pretende utilizarla como taxi aéreo VIP, a un costo de 20 mil pesos la hora, en su empresa, cita Reforma.

En la carta que entregó en manos de Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana de López Obrador, el empresario que se dedica a los servicios de taxis aéreos, también propone al presidente electo pueda hacer uso del avión presidencial y que el gobierno solo pague los gastos de vuelo y operación de la aeronave.

Además, se interesan en tener en arrendamiento las instalaciones del denominado hangar presidencial para tener la aeronave en dicho espacio y de ser posible subcontratar los servicios del personal que dan mantenimiento al TP01.

La propuesta incluye representar al gobierno para comercializar las demás aeronaves de la flotilla de la administración federal, así como la compra de alguna de estas.

El empresario fue candidato del Partido Social Demócrata a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en 2006 y en estas elecciones presidenciales de julio, aspiró a la presidencia de la República por la vía independiente, pero no logró reunir las firmas ciudadanas requeridas.

“Entregamos la formal intención de GBS Enterprises y nuestros socios comerciales de adquirir dicho bien nacional en condiciones que resulten favorables para el Estado mexicano“, indicó.

Jiménez Pons, quien afirmó que su empresa opera desde 2008, dijo que el plan de negocios para ese avión TP01 será para uso VIP y de aeronaves de lujo.

Aclaró también que Rogelio Jiménez Pons, quien se perfila como encargado de Fonatur en la administración de López Obrador, es su tío, pero tiene años de no dirigirse la palabra por diferencias personales.

López Obrador ha dicho reiteradamente que el avión presidencial se va a vender una vez que él sea Presidente Constitucional de México.

El costo total del avión (incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones) fue de 218.7 millones de dólares.

Al mismo tiempo de la compra del avión se firmó un contrato de arrendamiento financiero entre Banobras y el Gobierno Federal por 15 años.

Al final de ese periodo, la aeronave formará parte de los activos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se explica que la adquisición del avión presidencial será amortizada durante los 15 años con dos pagos anuales, uno de 45 millones de pesos, por operación y mantenimiento; y un pago por el arrendamiento entre 4.6 y 451.4 millones de pesos, por lo que se espera que la aeronave tenga un costo total de siete mil 560 millones de pesos.

Pide IP a AMLO diálogo sobre NAIM

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Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a Andrés Manuel López Obrador a dialogar sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y las reformas estructurales.

Reforma publicó hoy que la cancelación del NAIM prendería focos rojos en los mercados financieros porque inversionistas nacionales y extranjeros adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares con la promesa de que se realizaría ese proyecto teniendo como garantía la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

En ese sentido, el líder empresarial aseveró que suspender los contratos no sería una medida adecuada que le dé prestigio al Estado mexicano.

“Queremos discutirlo a profundidad, técnicamente, pero no desde el punto de vista de Estado de Derecho, porque ese está claro, los contratos se deben de honrar”, indicó.

Consideró que el sector empresarial y López Obrador deben de dialogar sobre el modelo de apertura comercial de México y también sobre las reformas estructurales, como la educativa y la energética, a las que se ha opuesto el candidato de Morena.

El presidente del CCE aseguró que los tres abanderados con partido político y la candidata independiente han mostrado interés del diálogo con el sector empresarial.

“Los tres partidos políticos y la candidata independiente tienen el interés del diálogo con el sector empresarial. Tenemos una agenda de encuentros en las distintas organizaciones empresariales, estaremos en la discusión porque nos interesa participar activamente”, manifestó.

Al salir de una reunión privada con embajadores de los países firmantes del TPP y con legisladores sobre el acuerdo comercial, Castañón informó que el sector empresarial mexicano está preocupado por la desventaja que tienen las industrias textil, del calzado y de confección en México frente a Malasia y Vietnam.

Aseguró que tiene que haber un acuerdo de vigilancia aduanal y de reglas de origen para que estos productos puedan estar en México, donde tanto los salarios como la vigilancia de los insumos los hacen ser no competitivos.

“Los salarios en estos dos países son 50 por ciento abajo del promedio salarial en la industria textil de México y además la triangulación de insumos chinos podría tener riesgos para la industria mexicana“.

#Kleroterion: “Los tiempos de la justicia”

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Nadie en su sano juicio podría criticar que las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país investiguen hasta sus últimas consecuencias las acciones de un político que presuntamente estaría implicado en la comisión de delitos tan graves como el enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hacerlo resultaría incluso sano y necesario en un país donde la impunidad ha adquirido carta de naturalización.

El problema es el sentido de la oportunidad, la Procuraduría General de la República está obligada a justificar ante la opinión pública que lo que busca es justicia, y no, como muchos especulan, utilizar a la institución como ariete electoral al servicio del partido en el gobierno, y tendría que empezar por responder las siguientes preguntas: ¿Desde cuándo está en curso la investigación?, ¿La investigación se limita única y exclusivamente al presunto lavado de dinero en el que incurrió Manuel Barreiro al comprar por 54 millones una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya? O es, como se especula, ¿solo la punta de la madeja de todo de un entramado mucho más complejo que se está administrando con una lógica electoral?

En relación a lo anterior, recuerdo que cuando El Estado Mexicano logró la recaptura del Chapo Guzmán alguien me preguntó que si la justicia se estaba usando con fines políticos; mi respuesta fue que no había tiempos para la justicia, que la justicia no puede estar supeditada a estrategias políticas, no obstante, en el presunto delito en el que se le involucra a Ricardo Anaya, es evidente, más allá de su eventual culpabilidad o inocencia, que la Procuraduría está “administrando” el asunto no con el ánimo de impartir justicia, sino con una clara intencionalidad de afectar a un adversario político.

Y en mi opinión el actuar de la Procuraduría es en extremo irresponsable y compromete gravemente la legitimidad a una institución indispensable en la construcción de un Estado Democrático de Derecho, y es una evidencia más del proceso sistemático de descomposición y degradación del sistema político.

Pero a la vez el gobierno está cometiendo un grave error de cálculo y podría estar victimizando a su acusado, convirtiéndolo en un perseguido político al que se busca destruir desde el poder a través de un montaje legal y mediático, situación que podría terminar catapultándolo en lugar de destruirlo. Lo importante ya no es quien gane la elección presidencial sino saber si habrá condiciones para que el ganador pueda reconciliar al País.

Lo veremos en los días por venir…