Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

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El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”