Constitucion Mexicana

¿La Suprema Corte se quiere robar la Navidad?

by Carlos Osoria Polo
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En la víspera de Navidad del 2020, tres municipios del estado de Yucatán, México, colocaron “nacimientos de cristo” pagados con el erario público. Lo anterior tuvo como consecuencia que una organización en favor de los derechos humanos interpusiera tres juicios de amparo por violación al estado laíco.

La principal razón de los litigios consistió en señalar que los ayuntamientos se tienen que desempeñar dentro de los límites de la laicidad, tal y como establece la Constitución Mexicana. La organización Kanan Derechos Humanos planteó que aquellas personas que no comparten o practican el catolicismo tienen derecho a vivir en un municipio que no gaste dinero público en símbolos religiosos de cualquier tipo y a que tampoco se les intente cambiar el pensamiento a través de la difusión del evangelio. 

El caso ha sido tan relevante que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo resolverá. Si bien este asunto se empezó a discutir en noviembre de 2022, al momento en que se escribe este artículo (diciembre 2022) aún no hay fecha definitiva para dictar sentencia. No obstante, ya se conocen los proyectos de resolución de dichos amparos y, a grandes rasgos, proponen declarar procedentes y fundadas las demandas.

Lo anterior ha ocasionado que algunas personas piensen que, con dichas resoluciones, se prohibirá la colocación de adornos navideños en las calles; que las personas ya no podrían instalar nacimientos en sus casas o que incluso ya no podrían celebrar la navidad.

Lo cierto es que el proyecto de sentencia de la Suprema Corte no tiene dicho propósito. Más bien establece un precedente para que los entes de gobierno respeten el estado laico, absteniendose de colocar públicamente simbolos de alguna religión específica y de erogar recursos públicos con dicha finalidad.

Si bien el derecho a la libertad de religión es un derecho que todas las personas tenemos, también es importante dimensionar que no todas las personas practicamos la misma religión y que incluso algunas no practican ninguna en lo absoluto.

Por lo que, independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte, es totalmente razonable que busquemos construir espacios públicos que sean igualmente amigables para alguien que practique el catolicismo, pero también para quienes practiquen cualquier otra religión, desde el cristianismo evangélico, el judaísmo, el islam, el budismo, las creencias de raíces étnicas, los credos new age o las escuelas esotéricas; todas las personas tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad religiosa y a que el Estado respete su obligación de ser neutral ante la gran pluralidad de religiones y creencias que hay en México.

* Profesor Universitario y Socio Fundador de Humanus DH, firma especializada en igualdad, no discriminación y derechos humanos: http://humanusdh.com.mx/ 

1 Se puede consultar con más detalle en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-suprema-corte-pretende-prohibir-los-nacimientos-de-jesucristo/ 

2 Se puede consultar con más detalle en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-10/AR-216-2022-20102022.pdf 

Lo que está en riesgo en el caso Tamaulipas

by Samuel Ramírez Mejía
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El asunto del gobernador Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, será en el futuro uno de los estudios de caso que el profesorado de derecho constitucional utilice con las y los alumnos de derecho. Pero también, peligrosa y tristemente, podría ser un hecho más que confirme el debilitmamiento de nuestra aún joven democracia. En estas líneas trataré de presentar lo que la sociedad mexicana se juega en el caso Tamaulipas.

La pregunta clave a resolver desde la perspectiva jurídica es si el gobernador cuenta aún con fuero constitucional por delitos federales. Desde mi perspectiva, el Ejecutivo tamaulipeco aún cuenta con la protección constitucional. Primero, porque en la Exposición de Motivos de la reforma constitucional de 1982 en que se adicionó esta porción normativa, expresamente, se señala que si bien la modificación busca evitar la impunidad de las autoridades locales por delitos federales, “con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiere la Cámara de Diputados, no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”. Y, en segundo término, debido a que  en la Ley que regula el procedimiento de la declaratoria de procedencia se aclara cuál es el alcance de la participación de los Congresos Locales: “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Organo Jurisdiccional respectivo”. (Art. 28 Ley Federal de los Servidores Públicos).

¿Por qué entonces tanta confusión de parte de ciertas autoridades y actores políticos? Es en esta parte en donde se inscribe lo que está en juego para nuestra democracia constitucional.

En primer término, está en juego el papel de un órgano constitucionalmente autónomo (OCA) y el nivel de control que tiene sobre sus decisiones el Ejecutivo en turno. En México, los OCA nacieron justamente para controlar la partidización y el uso faccioso del poder de parte del Presidente de la República. Más aún, la autonomía de la Fiscalía General de la República debería ser un dique a las investigaciones penales con fines políticos. En este sentido, el fuero constitucional que sirve para proteger a ciertos funcionarios públicos “de eventuales acusaciones sin fundamento (…)” (P./J. 37/96), sólo podrá eliminarse completamente y recuperarse la igualdad procesal entre la ciudadanía, servidores públicos o no, cuando la Fiscalía dé prueba de su autonomía frente al poder presidencial. Si ni siquiera las personas con fuero constitucional están a salvo de la partidización de una investigación criminal, menos lo estarán activistas sociales, defensoras de derechos humanos, etc. Este caso, por tanto, representa el grave riesgo de perpetuar las investigaciones criminales con fines políticos, lo que puede significar una fractura más que acelere la erosión de la democracia en México.

Por otra parte, también nos jugamos la destrucción, en los hechos, del federalismo mexicano. Aunque las reformas y la práctica mexicana consoliden cada vez más un modelo centralizador de federalismo, continuamos siendo una República federal acorde a nuestra decisión soberana expresada en el artículo 40 constitucional, y seguíamos teniendo expresiones de diversidad política y social desde los estados, como fue la Alianza Federalista hace unos meses. Estas acciones persecutorias basadas en una interpretación errónea de la Constitución muy probablemente inhibirán el disenso y la creatividad local. Puesto en otros términos, por efecto del ejercicio ilegítimo del poder de la autoridad federal, cada vez más se privilegiará la unidad impuesta desde el centro y se debilitará la diversidad creada desde la periferia. Dicho efecto inhibiría el cumplimiento de la responsabilidad de las entidades federativas, como afirmó la Corte, “de hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida y ampliar los derechos de los ciudadanos que se encuentren dentro de su territorio o jurisdicción” (Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas). Con ello, se cambiará el ideal de una coordinación eficiente fundada en el derecho, como en los más modernos federalismos, por la imposición arbitraria sustentada en el temor de una investigación penal o de la declaración de suspensión de poderes.

Finalmente, un riesgo más que podemos derivar del caso Tamaulipas es la afectación a la supremacía constitucional y a una cultura en la que se respete la Constitución porque se conoce y se valora su fuerza normativa para regular los conflictos. En primer término, claro, desde una perspectiva del alcance del artículo 133 constitucional de tener en nuestra constitución a la Ley Suprema, lo que se confirma con la obligación de todas las personas servidoras públicas de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya antes he dicho que para mí la interpretación del artículo 111 constitucional (párrafo quinto) debe privilegiar la participación de los Congresos estatales. De hecho, en el caso del desafuero de AMLO como Jefe de Gobierno la SCJN interpretó que, con relación a este párrafo del 111 constitucional, la decisión de la Cámara tiene un efecto meramente declarativo (Controversia Constitucional 24/2005). Y, desde este mirador, si desde las autoridades nacionales se desconoce el valor de la Constitución como límite al poder y como protección de derechos y libertades, el efecto anti pedagógico en la cultura constitucional del país es enorme. En realidad, el problema constitucional está resuelto. Lo que no está resuelto es el intento de ignorar la voluntad expresada por el Poder reformador de la Constitución en 1982 y, también, de hacer a un lado criterios o precedentes del máximo órgano judicial en el país. La consecuencia, desde mi perspectiva, será el forzar una interpretación de las normas según convenga y, con ello, puntualizar aún más que nuestra máxima Ley no sea respetada ni valorada por las personas.

Como puede verse, no es el destino del Gobernador de Tamaulipas lo que me preocupa. En cierto sentido, tampoco estoy preocupado porque pueda evadirse a la justicia; ya lo dijo el Ministro González Alcántar, “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”. 

Lo que debe preocuparnos es que está en juego la supremacía constitucional y la cultura de cumplimiento de las normas. También, que está en riesgo el federalismo como expresión de la diversidad creativa que, dentro del conflicto reglado, coopere con la Federación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y, por último, debemos reflexionar que está en juego el acotar un poder presidencial que nos tardamos muchos años en limitar legítima e institucionalmente. En suma, desde mi punto de vista, está en riesgo la estabilidad democrática del país.

Batalla de las ideas

by Luis Carlos Torre Garza
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Cada vez es más común escuchar la cantaleta de que en México la sociedad se encuentra completamente polarizada, simplemente porque no hay uniformidad en el pensamiento de la población.

Probablemente, quienes repiten esto son los mismos charlatanes y churrilleros que sostienen como mantra que: en la mesa no debe hablarse de política o religión. Aquellos que renunciaron al libre albedrío, olvidaron que el conocimiento se obtiene de la confrontación de doctrinas, de la batalla ideológica en el campo de las ideas y que precisamente solo a través del conocimiento es como una sociedad puede mejorar.

Nos piden que renunciemos a la capacidad de razonar, no lo hagamos, en palabras de Stuart Mill razonar es lo que nos distingue como seres humanos, repetir o imitar son facultades propias de los monos.

Lo anterior, no es mera retórica filosófica, pues incluso encuentra fundamento legal, a saber, el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra a nuestro país como una República Democrática Constitucional.

Sobre este punto, el carácter de Democracia Constitucional precisamente implica el reconocimiento de una sociedad en la que existen una pluralidad de doctrinas razonables, situación que además en un contexto jurídico lógicamente relacionado justifica el reconocimiento en nuestro máximo ordenamiento de distintos derechos humanos, tales como las libertades de expresión/manifestación de las ideas, pensamiento, religión, desarrollo de la personalidad, igualdad, etc.

De ahí que como lo sostiene John Rawls la existencia de una pluralidad de doctrinas, aunque incompatibles entre sí es el resultado normal del ejercicio de la razón humana dentro del marco de instituciones libres de un régimen Constitucional Democrático.

Así, la pretensión de uniformidad en el pensamiento de la sociedad no solo atenta contra la naturaleza humana, sino que también implica vulnerar el régimen Constitucional, pues quienes consideran un desastre el pluralismo y falsamente lo califican de polarización, en el fondo también consideran un desastre el ejercicio de la razón en condiciones de libertad.

Máxime, que en un estado como el mexicano en el que habitan personas con diversas creencias religiosas, lenguas, comunidades indígenas, extranjeros, zonas urbanas, zonas rurales, grados de escolaridad, pretender uniformidad en el pensamiento se traduce en desnaturalizar.

En esa tesitura, debe rechazarse el discurso que pretende degrademos o abdiquemos en el reconocimiento de la pluralidad de doctrinas, en tanto nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de una república como el organizarla de manera que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación, sin que sea óbice cuantas personas compartan el mismo posicionamiento y/o doctrina, en tanto apelar a las mayorías podría hacer nugatorios derechos fundamentales de minorías.

El papel del Estado en esta materia es fundamental, pues fomentando las virtudes de la tolerancia, disposición a escuchar a los demás, razonabilidad e imparcialidad (condiciones previas para el debido ejercicio de las libertades) se genera el conocimiento, lo cual es un valioso bien público para la sociedad.

No renunciemos a la batalla de las ideas, solamente así llegaremos a un grado de elevación suficiente (ideal) en el que podamos distinguir lo que es necesario conservar y aquello que debe modificarse, lo cual nos acerca al anhelado bienestar.

Finalmente, debe reconocerse que la única vía al conocimiento es a través del debate público, tener que defender nuestra verdad ayuda a entenderla y a consolidarla como tal.

El “inicio del rompimiento del Pacto Federal”

by Samuel Ramírez Mejía
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Hace un par de días los Gobernadores que integran la denominada “Alianza Federalista” declararon que algunas acciones y omisiones del Presidente de la República podían significar el “inicio del rompimiento del Pacto Federal”. Estas declaraciones tuvieron varias interpretaciones. Una ellas consideró que estas palabras significaban que algunos estados podrían “abandonar” la Federación. El objetivo de esta colaboración es el tratar de delimitar el alcance las declaraciones de los Gobernadores aliancistas.

No considero que el significado político buscado por los Gobernadores sea el iniciar un proceso político separatista en México. 

En efecto, si bien se aprecian dos bloques de estados, uno en el norte y noreste de México (Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y otro en el occidente-Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima y Michoacán), sería iluso pensar que las poblaciones y las estructuras sociales, políticas y económicas de dichas entidades, por sí mismas o aglutinadas en dichos bloques, forman una homogeneidad suficientemente articulada para pensar que en ellas se está viviendo un impulso separatista de la Federación. En otras palabras, por más graves que sean los problemas que tengamos en el país y en dichos estados, ni cercanamente se asemejan a procesos políticos como los que vivió en su momento Quebec en Canadá o actualmente tiene Cataluña en España. 

Por otro lado, si dichas entidades “abandonasen” la Federación esto implicaría una modificación al artículo 43 de la Constitución, en donde se establecen las partes integrantes de la Federación. Para esa modificación no hay un procedimiento expreso en el propio texto constitucional. Lo que tenemos es la facultad del Congreso de la Unión para “admitir nuevos Estados a la Unión Federal” (art. 73, fracción I) y para “formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes” (art. 73, fracción III), pero para esto último es necesaria la participación del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal, de las Legislaturas estatales de que se trate su territorio y del resto de las Legislaturas estatales. De hecho, este es uno de los mecanismos para modificar la Constitución, siendo el otro el establecido en el artículo 135 constitucional (Carbonell 1999: 253). Aun pensando que interpretativamente podría utilizarse este método para el sentido de abandonar la Federación que se ha dado a las declaraciones de los aliancistas, se requeriría la participación de otros Poderes federales y estatales. Sin embargo, no estimo que esta pueda ser la interpretación de dichas normas constitucionales, porque históricamente “el Estado federal, como el unitario, es obra de una Asamblea constituyente, que reduce la soberanía nacional a la independencia del Estado y no reconoce a los estados federados capacidad para cambiar la forma de gobierno (monarquía, república) o para abandonar el Estado en el que se han integrado”. (Artola 2005: 96).

Es por estas razones que el significado de las declaraciones de los Gobernadores aliancistas no puede ser el de “abandonar” la Federación. 

No obstante, sí creo que, si bien de forma un poco obscura, el contenido de sus declaraciones tiene un peso político importante para la discusión y eventual modificación del arreglo constitucional federal en México, el Pacto Federal. Si esto es a lo que realmente quisieron referirse, bienvenida la propuesta.

Si por Pacto Federal entendemos ese convenio fundante entre las partes integrantes de la Federación por el cual, como afirma Arteaga (2017), se (i) distribuyen entre dos fuentes de autoridad las facultades y atribuciones, (ii) se distribuyen los medios o principios para que ambas fuentes de autoridad sean autosuficientes, (iii) se hace funcional u operante la división de poderes y la distribución de las funciones en los ámbitos federal y local, (iv) se establecen las bases para que no exista ambigüedad sobre a qué autoridad le compete una facultad y (v) se establecen los principios para evitar la duplicidad de acciones; entonces, sin duda, el significado de la declaración de los Gobernadores debe llevar a la redefinición del federalismo mexicano.

Efectivamente, tal vez el grito de los aliancistas sea el grito de todas las entidades, aunque algunas no deseen que se les identifique como federalistas. Esto es así, si entendemos que “el federalismo se presenta como un mecanismo de pacificación institucional, que contribuye a encontrar soluciones acordadas (no impuestas desde el gobierno central) entre las partes que integran diversas unidades territoriales federadas”. (Tortolero 2018: 212). 

Aun con sus evidentes orígenes partidistas opositores al Gobierno de López Obrador, considero que la declaración de los Gobernadores aliancistas constituye una contundente afirmación política de que el arreglo constitucional federal (el Pacto Federal) y las decisiones que con base en él se timan diariamente en México, están fallando en lograr la pacificación institucional y en construir en común las soluciones que requieren nuestros graves problemas nacionales. Creo que ese es el sentido que quisieron dar los Gobernadores a sus declaraciones. Y por el bien del país, esperemos que ese sea el el sentido que todas y todos le demos a estas palabras.

Bibliografía

Arteaga Nava, Elisur. (2017). Derecho constitucional. Parte general: Teoría y política. México: Oxford University Press.

Artola, Miguel. (2005). Constitucionalismo en la historia. Barcelona: Crítica.

Carbonell, Miguel. (2008). Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México: Porrúa.

Tortolero Cervantes, Francisco. (2018). “IV. El federalismo mexicano actual”. En Barceló Rojas et al., Manual de derecho constitucional. Estructura y organización del Estado mexicano. México: Fondo de Cultura Económica.

Reducción al financiamiento público de partidos políticos

by Daniel Torres
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Convencido que la población siente indignación ante el gasto irracional de los partidos políticos y que México pasa por una crisis financiera, que los hospitales no son dignos para la población, que algunos ni siquiera tienen medicina y de que el gobierno debe ser sensible ante la exigencia de la gente, propongo bajarle hasta un 90 por ciento al presupuesto de los partidos y unirnos para que se deje de gastar miles de millones de pesos en cosas que no nos dejan ningún beneficio.
La ley por ahora, marca que el padrón electoral (Unas 80 millones de personas) es el que rige el presupuesto multiplicado por el 65 % de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dando una cifra estratosférica de más de 4 mil millones de pesos anuales, ¿Se lo merecen los partidos políticos?, para nada y tenemos que hacer que se ganen ese presupuesto con la modificación al artículo 41 de la Constitución que establece el presupuesto y al artículo 51 de la Ley general de partidos políticos que es la que dice cómo se reparte el presupuesto.
En esta iniciativa, propongo que sea el número de votos en la elección más reciente al presupuesto multiplicado solo por el 15 por ciento de la UMA, que representaría solo asignar cerca de 355 millones de pesos, así el dinero que se ahorraría podría ser usado en beneficio de la ciudadanía, como en hospitales, educación o programas específicos que ayuden a la gente, porque finalmente es su dinero.
Tenemos que lograr que los diputados y senadores le entren al tema y se atrevan a votarla a favor, que se pongan a trabajar y ganar votos reales, eso también sería muy bueno para nuestra democracia, porque ciudadanos más participativos son mejor representados.
Es un gran golpe para los partidos, pero es necesario para nuestro país, pronto estaré presentando también una iniciativa similar en el ámbito local, esto es un “ya basta” en hacer millonarios a los partidos y es un aliento para todo el país.
Y yo sé que se preguntaran: “¿Por qué hasta ahora que no tiene partido lo hace?” Déjenme decirles que no es así, esta iniciativa ya la había presentado cuando aún pertenecía al PRI, pero en el Congreso, las iniciativas son presentadas por bancada, y esta iniciativa estaba congelada por ellos, es una de las razones por las que me salí del partido, para ser libre de legislar, sin ataduras, por México.
Y voy a luchar porque esta iniciativa sea una realidad, por ahora, ya fue turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales del Congreso de la Unión.
Les dejo mi celular para debatir: 044-811-077-26-78 ¡Cuenten conmigo!

Centenario Patriótico

by Roberto Molina
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Chihuahua, 1916 – En los inicios del siglo XX México se encontraba en la antesala de una guerra debido a una de las relaciones más tensas que ha tenido con los Estados Unidos, cuando el ejército norteamericano comandado por el general John J. Pershing emprendió una búsqueda ilegal por el norte del país para capturar al revolucionario Pancho Villa.

Ante las hostilidades el presidente en turno, el general Venustiano Carranza, respondió a la amenaza con lo que se conoce como la batalla del Carrizal resultando México vencedor. Con esta victoria el ejército constitucionalista protegió la soberanía y dignidad mexicana.

Este suceso fortaleció la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de Febrero de 1917, la cual es la consolidación escrita e institucionalizada de la autonomía mexicana como una nación libre y soberana.




Pionera en la promulgación y defensa de los derechos sociales, no por nada nombrada “la primera constitución social del siglo XX”. Producto directo de la revolución y el impedimento de una tercera intervención estadounidense, a pesar de la inestabilidad nacional y mundial, México logró la creación de una Carta Magna que ha sido usada como ejemplo y punto de referencia para futuras a lo largo y ancho del globo terráqueo.

El pasado domingo festejamos su primer centenario desde que se decretó en la ciudad de Santiago de Querétaro. Un aniversario que pasó desapercibido, sin pena ni gloria, o bueno, algo de pena, eclipsado por uno de los eventos deportivos más fieles al sistema capitalista y de consumista representativo de los Estados Unidos y que imperiosamente ha impuesto a lo largo del mundo, el Super Bowl.

¿Dónde quedo el #ConsumeLocal o lo Hecho en México? ¿Alguien al menos recordó por que el lunes fue feriado?

Al parecer, y no es por generalizar,  se hizo notar nuevamente la doble moral del mexicano, o al menos la de los más de 5 millones de televidentes que estuvieron al pendiente del evento, no me mal entiendan, no se trata de entremezclar ambos temas –políticos y deportivos-, sin embargo, no podemos dejar de lado la faceta cívica que nos corresponde como participes legítimos de dicha constitución.

No hago mención a dejar de ver el Super Bowl y sustituirlo por un partido nacional, mi referencia va centrada a no echar en saco roto lo establecido en cada una de las paginas constitucionales, en la historia y el esfuerzo que nos llevó consolidarnos como una sociedad regida por una constitución a la altura de las circunstancias.




¡Felicidades a los patriotas!, pero… A nuestros compatriotas constitucionales, a cada uno de aquellos mexicanos que a pesar de no conocer a fondo lo establecido en la Constitución mantienen vigente lo ahí instituido. Al ciudadano civil que exige sus derechos una vez cumplido sus obligaciones, que respeta a sus conciudadanos y que no se excusa con la idea tan mediocre expresada, inclusive por líderes políticos, –el que no tranza no avanza-.

Cien años no se dicen fácil aún más con la complicada situación en la que nos encontramos nuevamente en una relación muy tensa con los Estados Unidos, por un presidente que violenta nuestra soberanía y pone en tela de juicio nuestra capacidad de defendernos.

La historia se repite y solo los más astutos sacan provecho de ella y evitan repetir los mismos errores. Entramos a un segundo siglo de vigencia constitucional y está en nuestras manos impedir que esta sea la más afectada, cuando somos los primeros en olvidarnos de que existe.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

100 años de la Constitución

by Ricardo Guerra
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Felices o no. Pacíficos o no. Estamos cumpliendo 100 años desde aquel 5 de febrero de 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza promulgó en el Teatro de la República de Querétaro la constitución que hoy todos conocemos.

Dicha constitución validaba las modificaciones a la carta magna de 1857 resaltando el heroísmo y patriotismo popular que reivindicaba la soberanía contra aquellos que querían apoderarse de nuestras tierras. Marcaba el fin de la lucha armada y el inicio de un orden legal.

¿Pero que nos pasó? ¿Porque hoy tenemos menos orden legal y más lucha armada?

Hoy a la constitución no hay que adorarla, hay que respetarla, ensancharla y aplicarla. ¡Ya es tiempo!
Y es que mientras decimos que hay derecho a la vivienda digna, esta se contrasta con la realidad de miles de personas que viven en una situación de pobreza y que día a día luchan por sobrevivir.




Mientras pregonamos el derecho a la educación gratuita y de calidad, nos damos cuenta que hoy todavía existen miles de niños analfabetas.

Mientras el gobierno aplaude el principio de igualdad, nos damos cuenta que efectivamente en México todos somos iguales, solo que unos son más iguales que otros.

Mientras repasamos el principio de legalidad, diariamente somos testigos que muchos políticos, empresarios y ciudadanos se lo pasan por las patas.

Que mientras no respetemos a todos aquellos que tienen gustos, preferencias e ideas diferentes a nuestra forma de pensar, no podremos cumplir con el principio de no discriminación. Que mientras nuestra libertad de expresión se vea cada vez más coartada, no podremos sentirnos seguros de nuestra palabra.

Y que mientras sigamos teniendo una libertad de prensa inexistente, no habrá medios de comunicación que hablen de la realidad en México sin temor a ser castigados. Y si no, pregúntenle a Aristegui, Brozo o Ferriz de Con.

Mexicanos, tenemos que trabajar por ensanchar la constitución de manera que se contemple a todos. Donde se respete y aplique el derecho al empleo, a la vivienda digna, a la sanidad y la educación. Una constitución donde nuestros derechos no estén solamente escritos, sino que sean reconocibles y palpables en el día a día. Ensanchar para buscar una justicia independiente que garantice la lucha contra la corrupción.

A 100 años el reto de la constitución no está en el establecimiento, sino en poder garantizar que se cumpla por todos y todas.




Si no nos vemos, pues nos escribimos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA

by Fernando A. Chinchilla
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Más que un insulto, se trató de una mirada condescendiente que mezcló pobreza, raza, e ignorancia. En una cena en casa, uno de los invitados se refirió despectivamente hacia los africanos. El comentario no duró cinco segundos, pero fue suficiente para que decidiera, en ese momento, que esa persona no volvería, pues no abalaría ni aprobaría, ni siendo ni dejando ser, el racismo en cualquiera de sus formas.

La decisión la tomé allá por 2002, y me hizo descubrir lo que luego llamé la “Paradoja de la Tolerancia”: la mejor forma de contribuir a la construcción de un mundo más tolerante, es denunciando pública y enérgicamente a los intolerantes, entre ellos, por supuesto, a los racistas.

Que no se malentienda: mi lucha es por un mundo más tolerante, y si existiera otra forma de contribuir activamente a ese ideal, la promovería. Hoy, retomo este tema en el contexto de la discusión sobre la familia diversa en México, y lo hago en dos partes: primero recuerdo algunos de los hechos que han acontecido recientemente al respecto; luego, golpeo en el Talón de Aquiles del movimiento.  

Los hechos

El 17 de mayo de 2016, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa federal conocida como de “matrimonio sin discriminación”. La misma busca modificar el primer párrafo del artículo 4 de la constitución, para garantizar que cualquier persona mayor de 18 años, residente en México, pueda casarse sin ser discriminada por cuestiones étnicas, de género, de discapacidad, por su condición social, su salud, su religión, o sus preferencias sexuales, entre otros.

También propuso un decreto para reformar el Código Civil Federal para asegurar el “matrimonio igualitario”. Algo de Pink Washing Político – estrategia marketing que consiste en mostrarse gay-friendly para ganar simpatía ante la opinión pública y desviar así la atención sobre otros problemas – hay en las iniciativas, pero igual, existen criterios jurídicos que obligan al gobierno a moverse en esa dirección.

 Por un lado, es innegable que existe discriminación entre los gays residentes en los estados en donde sí se reconoce el matrimonio igualitario (Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo), y en los que no.

México es una federación, y cada Estado posee un código civil que regula la cuestión del matrimonio. Pero el acceso a los derechos no puede ni debe variar en función del Estado de residencia. ¿Qué sucede con las parejas legalmente casadas en un Estado que se mudan a uno en donde su matrimonio no es válido?

Por el otro, la Resolución de Jurisprudencia 43 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (12/06/2015) señala que no es idóneo, en términos constitucionales, defender que la finalidad del matrimonio es la procreación.

Es entonces imposible vincular los requisitos del mismo a las preferencias sexuales, pues se excluyen injustificadamente del acceso al matrimonio (con ello se discrimina) a los gays. En los principios de igualdad ante la ley de las que se inspiran las sociedades modernas, la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida.

Por lo tanto, ningún juez en México, incluso en un Estado en donde no se permite el matrimonio igualitario, puede negar ese derecho. En ambos casos, la acción del gobierno federal es pertinente y necesaria, y la misma deberá ser discutida en el congreso mexicano en un futuro cercano.

Ahora bien, a fines de agosto de 2016, la “Coordinadora Nacional Pro Familia” anunció que el movimiento mexicano contra el matrimonio gay, aglutinaba 250,000 firmas. Se advierte que la inclusión de la “ideología” de género en la educación de los niños y adolescentes, y la inclusión de México en la lista de países que desean promover esa “ideología” a nivel mundial, genera problemas.

Marcial Padilla, Director de la Asociación Conciencia y Participación, señaló que “la ideología de género es una forma de oponerse a la biología, donde el género de una persona se describe como un hombre o una mujer, sin embargo, con la nueva ideología se establece que los seres humanos son una entidad psíquica y pensante”.

Indica el movimiento que la sociedad debe saber que el gobierno federal planea entregar a niños en adopción a parejas del mismo sexo, incorporar el divorcio exprés, eliminar los exámenes prenupciales, y permitir el cambio legal de sexo a cualquier ciudadano.

Los que defendieron las manifestaciones adujeron que no se trataba de una actitud homofóbica, sino que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos y a incidir sobre el contenido de los libros de texto educativos. Al fin y al cabo, México es una democracia; el respeto a la diversidad, que tanto defienden los gays, debe ser una actitud que va en ambas direcciones, pues existe libertad de pensamiento.  

El pensamiento

Antes de continuar, desearía aclarar que “género” no es una ideología, sino un campo de estudios interdisciplinario académico-científico, compuesto por diversas corrientes teóricas, en donde se incluye, en efecto, estudios LGBT y, a veces, la sexualidad, pero en donde también se desarrollan estudios feministas y sobre masculinidad. No se necesita un PhD. para saber esto: esta definición viene de Wikipedia y la obtuve googleando “teoría de género”.

Existe, además, una serie de resoluciones internacionales y de documentos para proteger a la comunidad LGBT, porque se le vulneran una serie de derechos humanos, entre los que se encuentra, precisamente, la discriminación en relación al acceso de servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria. Cualquier intento del Gobierno Federal por cambiar el artículo cuarto de la constitución, para adecuarlo a las normas internacionales en la materia, no es mera coincidencia, como se verá más adelante.

A nivel internacional, se acepta hoy que la orientación sexual forma parte de la dignidad de la persona. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que se trata de una parte fundamental de la vida privada de las personas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la misma forma también parte del concepto de libertad y del derecho de auto-determinación individual.

Los Principios de Yogyakarta (Indonesia, 2007), que buscan facilitar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, indican, en su principio # 24, que “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y responsabiliza al Estado para crear el contexto normativo que lo permita.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas, y en los tratados internacionales en la materia.

Es decir, sabíamos que la tierra es redonda y que somos nosotros los que damos la vuelta alrededor del sol. Ahora, nos enteramos que existen diversas configuraciones familiares, que existen derechos internacionales (que México, por cierto, ha firmado), y que los Estados deben actuar para proteger.  

Claro, con un poco de perspicacia, se podría señalar que el famoso artículo 4 no aborda la cuestión del “matrimonio”, y aunque sí hace referencia a la “familia”, en ningún lado se indica que el mismo debe ser obligatoriamente entre hombre y mujer. Entonces, si se desean defender los derechos de los heterosexuales, habría que cambiar la constitución para que restrinja claramente este derecho. El asunto, precisamente, es que no se puede restringir el acceso a la familia. Sería inconstitucional.

También se podría señalar que al ser el matrimonio un concepto religioso, se debería poder preservar la integridad de la institución. Es decir, la unión entre personas del mismo sexo podría llamarse “Unión Civil” o cualquier otra analogía. Al fin y al cabo, si se pide respeto: ¿Por qué no darlo? ¿Y qué más da si se le cambia el nombre con tal que elimine la discriminación?

Ahora bien, el susodicho artículo 4 indica que todos tienen derecho, además de la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable, a la cultura, a vivienda digna y decorosa, y a una alimentación sana, a decidir sobre el número y ritmo de los hijos. Confiere también al Estado la labor de cumplir con el principio de interés superior de la niñez (los derechos de los niños pasan primero). Y este es el meollo del asunto. No es una cuestión religiosa: es una cuestión de educación.  

Como el matrimonio está a la base de la familia, la cual es el entorno de la niñez, entonces si se desea proteger la infancia, se debe evitar que las uniones entre personas del mismo sexo sean consideradas “familia”, para lo cual se debe impedir el matrimonio igualitario. Como los mismos manifestantes lo dicen, no se trata de discriminar a parejas gays, sino de proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Claro, no hay discriminación, solo preocupación: no vaya a ser que “se les pegue” esa “condición”, que se “vayan a confundir” por tener ese tipo de “modelos”, o que vayan a ser víctima de acoso en las escuelas (porque claro, la sociedad va a continuar siendo igual de intolerante). Pero no es discriminación. Y aquí es en donde el argumento cae por su propio peso.

Este movimiento lo que intenta es preservar el “derecho” de esos padres para educar a sus hijos de forma tal que no sean gays. O a evitar que haya “mal suertudos”, infantes dados en adopción, que podrían caer en ambientes gays. Tal vez no todos lo ven así, pero sospecho que muchos sí adhieren implícitamente a esta idea.

En el momento en que se defiende la idea que los gays no nacen, sino que se hacen, se asumen posturas homofóbicas en donde sí se discrimina. Un homosexual, no es, digamos, como un gordo, el cual, en la gran mayoría de los casos, no nace, sino que se hace (excepción hecha a casos de tiroides o de metabolismos lentos).

Un gay nace y, si se le respeta su derecho de auto-determinación y a su privacidad, vivirá su vida gay, bien gay, aunque haya sido educado en un ambiente heterosexual. Lo contrario también es cierto: así como lo heterosexual no es contagioso, lo homosexual tampoco lo es.  

Conclusión: me declaro en contra de la ideología de la gordura

Quisiera yo que esta columna fuera una pérdida de tiempo, que no sirviera para nada. Pero no es así. Todavía falta mucha educación, aunque la paradoja de la intolerancia no nos deja mucho espacio para caminar hacia atrás. Señalo que me declaro en contra del matrimonio entre las personas obesas. No es natural tener sobrepeso. La ciencia es clara sobre cuál es el índice de grasa corporal “normal” y saludable.

Además, y sin tomar en cuenta el “bullying” al que pueden ser expuestos en las escuelas los niños de condición redonda, todos sabemos que por comer chatarra se contraen enfermedades crónicas incurables, como la diabetes. ¿No castiga así “Dios” la gula? El objetivo primero de la alimentación es nuestra supervivencia.

 

 

Comamos entonces sencillito, en las proporciones recomendadas. Y no nos hagamos de la vista gorda: en varias partes de la Biblia se intuye que la gordura es pecado. Para muestra varios ejemplos: bebedores y comelones empobrecerán; el hijo glotón es vergüenza de su padre; no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen; y la habilidad de decir “no”, el “auto-dominio”, es uno de los frutos del Espíritu.

¿Quién ha visto a un Jesús regordete? Nadie, porque nuestro Cristo es flaco. Así lo quiso nuestro Señor. Y como él también quiere que seamos a su imagen y semejanza, entonces todos debemos ser delgados. Imagínese la degeneración de un mundo en donde infantes, inocentes criaturas, se contagien de la gordura de sus padres.

La paradoja de la intolerancia me lleva hoy a ponerle un alto a los eufemismos, y a llamar las cosas como son. Tolerar la homofobia escondida detrás de la defensa de la “diversidad del pensamiento” es dar un paso atrás. La “ideología de género” que tanto incomoda, es la misma que censura la ablación de clítoris (por razones culturales o religiosas) en Asia y África.

Comencemos a defender los relativismos culturales, y perderemos entonces los avances universales que hemos alcanzando durante el siglo XX, y que diferencian el mundo moderno de otras etapas de la historia humana. Hoy, debemos denunciar la intolerancia para parar su progreso. Por cierto, se me olvidaba aclarar: no soy “gordofóbico”: no tengo nada en contra de los gorditos.

De hecho, tengo varios amigos y amigas con ese estilo de vida (o “condición”). Los quiero mucho, (no los promuevo, pero) los tolero e, incluso, los respeto. ¿O ahora resulta que no puedo ejercer mi “derecho humano” a no estar de acuerdo con la “ideología” de la gordura?    

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México, octubre de 2016

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dimes y Diretes: “La triple crisis de confianza en México”

by Dimes y Diretes
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En México nos han enseñado que el Estado, centro del poder político, se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde éstos Poderes, conformados principalmente mediante elecciones democráticas, se ejerce el Gobierno, todo lo anterior de acuerdo a lo que marca la Constitución.

Por ello, señalan las enseñanzas tradicionales, en nuestro país tenemos una democracia funcional, y un Estado de Derecho basados en el dominio de la Constitución, ejercido por las instituciones del Estado.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado.

La realidad es que el sistema político en México nace, crece y se reproduce mediante una serie de prácticas que asignan poder de acuerdo a mecanismos extralegales, mientras que las elecciones son un juego de simulaciones, que por tanto, no aseguran un Estado de Derecho ni constituyen una democracia.




Me explico:

El poder en México se ejerce no por tres Poderes del Estado, sino por tres grupos de operación política, unidos por un pacto de impunidad.

El primer grupo, el más pequeño es la partidocracia. Ésta se compone por el gobierno, los partidos políticos y sus líderes.

Ellos controlan la llave para acceder a los puestos de elección popular, que son la puerta de entrada para robar.

El segundo conjunto, más numeroso, constituye los llamados grupos de interés, que son las cámaras empresariales, los medios de comunicación, los líderes sindicales, empresarios gigantes o grandes corporativos, el narcotráfico, las agrupaciones religiosas, poderes extranjeros y bancos. Ellos se encargan de legitimar social, financiera y mediáticamente a los gobernantes corruptos, a cambio de privilegios de todo tipo.

Finalmente, el conjunto más grande o numeroso, son las bases de apoyo, compuesto por los cientos de miles de afiliados a gremios, centrales obreras, sindicatos, partidos, empleados públicos, asociaciones, clubes, empresas, etc., mismos que son presionados por sus líderes para brindar apoyo electoral a los elegidos del sistema.

Esta manifestación dinámica del poder en México es el legado del PRI, adoptado posteriormente por el PAN, PRD y demás partidos, y es la esencia de la partidocracia mexicana.

Su pacto de impunidad es de lo más sencillo, y tiene solo un mandamiento: “Entre los integrantes de esta mafia, nadie, nunca, estará sujeto a los dictados de la Ley.”

Sin embargo, algo huele a podrido…

Este sistema autoritario pseudo democrático (el más longevo que se haya visto en la historia de la Humanidad), se encuentra actualmente en una profunda crisis, que se manifiesta claramente en el enfrentamiento entre Gobierno, empresarios y maestros de la CNTE y SNTE.

Recordemos: Como parte del Pacto por México, los partidos políticos y Peña Nieto plantearon una “reforma educativa” que evaluaría a los maestros, expulsando a los malos elementos de acuerdo a la Ley.

Esta expulsión de miles de maestros mediocres sería en efecto el fin de los privilegios obtenidos por las mafias sindicales de la educación durante décadas, un golpe maestro que debilitaría mortalmente a la CNTE y el SNTE, principal oposición para privatizar el sistema educativo nacional, dejándolo listo para ser entregado a la agrupación empresarial “Mexicanos Primero”, a quienes se les prometió este coto de poder.

Todo ello constituye, evidentemente, una ruptura del pacto mafioso de impunidad, puesto que los sindicatos de la educación, habiendo apoyado al PRI, al PAN y al PRD durante décadas, no están dispuestos a que sus privilegios hereditarios sean eliminados.

Para estos sindicatos, el sistema educativo es suyo, y no se lo pueden “asignar” a nadie… más que a ellos. Para los empresarios, es suyo, porque se los prometió el gobierno. Y para el gobierno, es suyo, puesto que la Ley le da la autoridad…

El saberse deshonestos, les impide sentarse a negociar.

Así de simple y así de vulgar es la crisis triple crisis de confianza que tiene paralizado a medio México:

Los maestros no confían en el gobierno ni en los empresarios;
Los empresarios no confían en el gobierno ni en los maestros;
El gobierno no confía ni en los maestros ni en los empresarios.

En resumen, los sospechosos de siempre, los que garantizaron la “paz social” a cambio de privilegios, han llegado a un punto de choque que puede ser el epitafio del verdadero sistema político mexicano.

Todos ellos quieren controlar la manzana de la discordia: el sistema educativo nacional. Ninguno está dispuesto a ceder. Por lo anterior, solo la fuerza permitirá que alguno de ellos prevalezca sobre los demás.

Y en este momento, la fuerza está en manos de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra acorralado, en el peor momento de su sexenio y empeorando, mientras el 2018 se acerca rápidamente…

Dios nos agarre confesados.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Implementación de un jurado en nuestro sistema procesal: ¿Opción viable y necesaria?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Desde el año 2008, en virtud de la notoria ineficiencia y corrupción del sistema procesal mixto empleado desde hace tiempo en nuestro país, se optó por iniciar un camino para modificar dicho sistema por uno de carácter acusatorio. Actualmente, se ha llegado al plazo límite en el que cada entidad federativa debió haber adecuado todos los elementos necesarios para que estos se acoplasen con las reformas planteadas.

Aspectos que radican desde la óptima capacitación de la policía, hasta la creación de nuevos espacios donde puedan llevarse a cabo los juicios orales, constituyen algunas de las piezas imprescindibles para asegurar la correcta aplicación del proceso de carácter garantista e igualitario que se decidió poner en marcha.

No obstante, luego de haberse cumplido el plazo para que cada estado modificara todo lo necesario, valdría la pena hacerse la pregunta: ¿Se incluyó todo lo necesario a las reformas de nuestro sistema procesal? ¿O acaso existen fundamentos que pasamos de largo y que deberíamos plantear, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito en lo que la administración de justicia se refiere? Dentro de las consideraciones que probablemente debieron contemplarse, considero la implementación de un jurado como una de las más urgentes; definido como una institución en la cual los ciudadanos contribuyen a la administración de justicia mediante la emisión de un veredicto que decide la culpabilidad o inocencia de un imputado en un juicio, la figura del jurado es aplicada actualmente en un diverso grupo de países (en los cuales es variable el rango de aplicación de dicha figura, por ejemplo: Brasil sólo utiliza al jurado para ciertos delitos) , entre los que son parte: España, Estados Unidos, Noruega, Escocia, Brasil, Italia, Suecia, entre otros. De esta forma, los países que cuentan con un jurado incluyen, de una forma mayor a la ciudadanía, en lo que la administración de la justicia se refiere.

Si bien hay actualmente objeciones a tal institución, bajo argumentos como la considerable posibilidad de persuadir a un grupo personas que no son precisamente conocedores del derecho, absolviendo así a individuos culpables de los delitos que se les imputan, habría que preguntarse ¿qué hay de los demás poderes de la unión? Pues se habla mucho del riesgo antes mencionado, sin tomar en cuenta que actualmente un gran número de nuestros legisladores no cuentan exactamente con una carrera afín a la creación de normas; lo siguiente tomando en cuenta que, son ellos los que pueden modificar nuestra ley suprema: la Constitución Mexicana.

Dicho esto, no se trata por otro lado, de sugerir la existencia de un poder legislativo donde imperen los conocedores del derecho y la política sobre la voluntad del pueblo, sino al contrario: habría que ampliar esa voluntad del pueblo hacia nuestro poder judicial, el cual hoy carece de democracia.

Igualmente, por el hecho de ser necesaria la progresividad de las leyes, entendiéndose esto como el llevar a cabo una reforma de proporción considerable por etapas, (tal como se llevó a cabo la transición del sistema mixto al sistema acusatorio) considero que la propuesta de crear un jurado debería implementarse por pasos, comenzando por implementar jurados para casos civiles, así como para delitos menores. Esto, con el fin de dotar a la democracia de un carácter progresivo, para que de esta forma los ciudadanos estemos más adentrados en los asuntos que nos conciernen.

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