#Kleroterion: “El Precio de la Verdad…”

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Durante mi trayectoria como diputado federal defendí y postulé una infinidad de temas, pero sin duda, uno de los que respaldé a cabalidad durante dos años, fue el estar a favor de las fuerzas armadas.

Dentro de mi trinchera como legislador y como presidente de la Comisión Bicamaral, afirmé que no había voluntad política para trabajar por un marco legal que diera certeza sobre el actuar de las fuerzas armadas, por lo que hubiera considerado un fracaso rotundo para la legislatura y para mí en lo personal, ya que esta tema pasó por un trastorno de bipolaridad debido al doble discurso, por lo que no se podía avanzar en ella y darle a las Fuerzas Armadas ese marco jurídico que requerían, por un lado muchos gobernadores del país aplaudían a las Fuerzas Armadas y pedían abiertamente que se realizara, pero en los hechos en la Cámara de Diputados no pasaba nada.

En mi análisis postulé que tendría que pactarse un plazo para que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles y así dejar a un lado tareas que no les corresponden, necesitábamos parámetros para el uso de la fuerza, ya que a once años prácticamente de estar las Fuerzas Armadas trabajando en tareas de seguridad, ya traían un desgaste normal y natural, asimismo, era necesario dotar de un marco legal que diera certeza jurídica no sólo a ellos, sino a la sociedad; también defendí, que era vital el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ya que no existía una política profesional que supliera las labores que realizaban, además era indispensable que los gobiernos estatales y municipales apremiaran la capacitación y profesionalización de sus policías.

Cuando fui nombrado presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tenía como función principal el control y evaluación de las políticas públicas y las acciones vinculadas con la viabilidad del Estado, mi trabajo lo realicé sin una línea o compromiso político, sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que tenía muy claro que en esta Comisión debía construirse Patria, por lo que mi prioridad fue trabajar para favorecer un marco legal propicio para que las fuerzas armadas continuaran con su labor al frente de la seguridad nacional, así como promover la cultura de la seguridad identificando en primera instancia la diferencia entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, explicando sus alcances, pros y contras, que muchas veces se confundían por la ciudadanía y hasta por autoridades estatales y municipales, entendiendo a la seguridad pública como aquella que está enfocada a la protección del individuo, mientras que la seguridad nacional atañe a todos los riesgos que afecten o pongan en duda la viabilidad del Estado, reconociendo que hay una línea muy tenue en ambas que a veces se entrelaza, como el tema de la delincuencia organizada, es un tema de seguridad nacional, pero que tiene su origen en la seguridad pública.

Estuve convencido que se tenía que fortalecer la visión que existía sobre las fuerzas armadas y dentro de esta comisión pude generar ámbitos correctos para explicar como estas instituciones actuaban de la mano para el fortalecimiento de la viabilidad del Estado mexicano.

Trabajé de la mano con otras instituciones involucradas en la seguridad nacional, con el Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, PGR, la Secretaría Técnica de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, exponiendo que los temas de seguridad nacional trascienden cualquier interés personal y de partidos políticos, por lo que no se debía lucrar políticamente con ellos, lo cual protegió el diálogo.

Para este tema siempre navegué contra corriente, hasta de mi propia bancada, cuando ellos estaban en contra, me sostuve siempre a favor, anteponiendo el ejemplo de mi estado, Nuevo León, ya que no hubiéramos salido de la problemática en la que estábamos si no hubieran participado las fuerzas armadas, la sociedad civil y el gobierno; participé desde la sociedad civil atendiendo víctimas de secuestro y extorsión, y las historias de las personas que fueron vejadas por la delincuencia organizada son de verdadero terror, entonces tuve como responsabilidad primordial reconocer a las fuerzas armadas y sobre todo por rescatar a mi estado.  

Fue entonces que después de tanto trabajo, finalmente el dictamen fue votado a favor por la Comisión de Gobernación, para después pasar al pleno de la Cámara de Diputados donde también fue aprobado, recuerdo muy bien que el exhorto a todos los partidos políticos a trabajar juntos para sacar esta ley, lo hice público en un programa de televisión en octubre de 2016, era uno de mis objetivos prioritarios desde que tomé el cargo de diputado, en ese sentido con la Ley de Seguridad Interior cumplí mi deber patriótico como legislador, estoy seguro que con esta reforma fortalecimos las instituciones del país.

Es muy importante reiterar que durante estos dos años de activismo a favor de las fuerzas armadas basé siempre mi tesis justo en lo que hoy dice el presidente electo, recordando que incluso cuando voté a favor de la ley, fui agredido públicamente hasta por compañeros de la bancada y del frente, pero siempre sostuve esta tesis de que no podíamos estar sin las fuerzas armadas y hoy el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador me da la razón, ya que no hay más opción que dejar al Ejército y a la Marina en las calles haciendo labores de seguridad pública, mientras no se consolide a la Policía Federal, asegurando que sin ellos no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia que hoy vivimos, por lo anterior estoy convencido que hice muy bien “al casarme con mi congruencia, es el precio de la verdad y no sólo lo digo yo”.

 

#Kleroterion: “Justicia para nuestros policías”

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En este cierre de periodo y apunto de terminar los trabajos para esta legislatura, la Cámara de Diputados avaló con 320 votos a favor y uno en contra, el Dictamen que permite la reincorporación de agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la federación, estados y municipios, separados de sus cargos y demuestren en un juicio su inocencia o despido injustificado, lo anterior se logró modificando la fracción XIII del apartado B, del artículo 132 Constitucional.

Entendamos que esto no significa la permanencia de policías que infrinjan la ley, sino únicamente velar por el fortalecimiento de las corporaciones, otorgando estabilidad en el empleo a elementos que cumplan con su cargo.

El principal motivo de esta iniciativa es la dignificación de todos los servidores públicos que pertenecen a instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, destacando que la mayoría de los integrantes de estas instituciones se manejan con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Recordemos que la reforma de 1999 impidió la reinstalación del policía cuando no cumplieran los requisitos que las leyes en ese entonces señalaran para permanecer en tales instituciones, después, en 2008, se estableció la prohibición a la reincorporación aún cuando la autoridad judicial determinara que la separación fuera injustificada.

Antes de esta reforma, la no reinstalación del policía luego de obtener resultado a favor en el juicio o medio de defensa promovido, lo único que reflejaba era el deterioro de la familia del servidor público, perjudicando su núcleo social pasando a un estado desprovisto de los medios para solventar las necesidades básicas, además de no ser bien visto ante la sociedad por tratarlo como una persona sin respeto y valores y por supuesto no hablemos cuando se presentan a solicitar empleo, ya que por la misma circunstancia se ven imposibilitados de obtener otro.

Sin embargo, es importante señalar que durante varios meses e incluso años, en todos los sectores de la población se habló acerca del asunto de la militarización en el país, aunado a los debates arduos de la Ley de Seguridad Interior, es por esto que dentro de mi agenda legislativa me propuse adoptar este tema tan sensible e importante y por el que nadie se preocupaba, los agentes del ministerio público, los cuerpos policiacos de cualquier índole o rango, así como cualquier individuo que tenga labores relativas a la seguridad en el país. Considerando la premisa de que el sustento de sus familias lo obtienen como producto de su actividad de servicio público, con esfuerzo, dedicación y en ocasiones cubriendo horarios extremos.

Todos hablaron de temas de seguridad, pero nadie entendía que para poder lograrlos era necesario apoyar a los trabajadores con estas labores, ya que son los principales actores para que cualquier ley relativa pueda ejecutarse, nadie los tomó en cuenta, nadie habló de mejorar o formar policías, pero sobre todo nadie habló de brindarles certeza y protección laboral, porque hasta la propia Constitución los tenía en el olvido, así como los Partidos Políticos sin excepción, Gobernadores y Fiscal General o Procurador, por lo que existía un notorio y preocupante abandono hacia ellos.

Es así que, con esta iniciativa, se les da dignidad, logrando que en caso de que sean despedidos injustificadamente pueden ser reinstalados en su empleo. Estoy convencido que con esto se logra pagar una deuda histórica que tenemos con nuestros policías y cuerpos de seguridad, se dio un gran paso para recuperar la seguridad a nuestras familias y un avance fundamental para que en México por primera vez, se fortalezcan las instituciones públicas, entendamos que estas personas se juegan la vida diariamente, con una sola finalidad, cuidarnos a todos nosotros, por lo que es nuestra obligación protegerlos en todos los aspectos.

En conclusión, en una sociedad como la nuestra es imperativo fortalecer a nuestras instituciones, no podemos hablar de seguridad y justicia, si tenemos desprotegidos a nuestros cuerpos policiacos, una ciudad segura debe tener una policía segura, pero esto sólo se logra, no con buena voluntad, sino con reformas como éstas que protegen al servidor público, al policía honesto, valiente e incorruptible, al ministerio público justo y equitativo, al perito virtuoso y capaz de su labor, así como aquel trabajador en el ámbito de seguridad pública comprometido con su país y con respeto hacia su sociedad.

Cabe mencionar que con esta iniciativa cumplo al 100% mi agenda legislativa que me propuse al comienzo de la legislatura, por lo que me quedo sin ningún pendiente en la cámara de diputados, esperando que esto abra la brecha para un sin fin de reformas que beneficien a los buenos servidores públicos, ya que estoy convencido, que son más los honestos, por eso puedo decir que como legislador de la LXIII Legislatura, “los miembros de las instituciones policiales no son, ni fueron olvidados”.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Ahora Corral impugna Ley de Seguridad Interior ante la SCJN

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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentí una controversia de constitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corral, considera que la controversial ley, que ya cuenta con varias impugnaciones, invade las competencias de los estados y municipios.

“Es invasiva de las facultades y las competencias de los municipios y las entidades federativas e incluso porque vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información”, aseguró el mandatario chihuahuense.

El panista informó que el busca que la ley sea declarada inconstitucional en su totalidad, esto debido a la definición en el articulo segundo de la misma.

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

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Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

Senadores impugnan Ley de Seguridad Interior

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Un grupo de senadores de México presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público.

La Suprema Corte ya analiza una controversia constitucional contra esta ley presentada por la alcaldía de Cholula, mientras la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México contempla presentar una acción de inconstitucionalidad.

Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

Va INAI contra artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su consejo consultivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, específicamente, contra el artículo 9, debido a que  dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

El instituto argumentó en un comunicado, que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior “transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad”, pues estos deben imperar para asegurar el derecho humano de acceso a la información.

El instituto llegó a la conclusión de que el dictamen de Ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos”.

Durante el primer encuentro del año del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente, informó  que hizo un llamado al Senado de la República “para proponer a los ciudadanas o ciudadanos mexicanos a ocupar los dos cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo“.

Por lo pronto, el INAI, a través de los siete comisionados pertenecientes al instituto, enviaron un oficio al Senado en el que destacaron que al nombrar  a ciudadanos al Consejo Consultivo que “coadyuvará a fortalecer y consolidar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en favor de la ciudadanía”.

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Morena-PT van en contra de la Ley de Seguridad Interior

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La bancada de Morena-PT, informó este domingo que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley de Seguridad Interior.

El vicecoordinador de la bancada, Miguel Barbosa, dijo que esta ley que fue aprobada por el congreso el pasado viernes, representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al País, atenta contra la paz social y que no resuelve el problema de inseguridad del país.

“No podemos resignarnos a que esta Ley se aplique en nuestro País. Si al actual Gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley, pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución”, dijo Barbosa.

Aunque Barbosa reconoció que necesitan el apoyo de 43 senadores, el legislador, dijo que buscarán firmas con el fin de revertir la aprobación.

“Vamos por una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos”.

Entre los artículos que Barbosa señalo que son violentados por la Ley de Seguridad Interior, están los artículos 21 y 89 de la Constitución Política, ya que confunde las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadano y la Seguridad Interior de sus órdenes de Gobierno e instituciones.

También, el senador aseguro que la Ley de Seguridad Interior viola los artículos 21 y 129 constitucionales, ya que entrega de forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares en tiempos de paz.

“La Ley de Seguridad Interior significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacional que obligan a nuestro País, como impone su artículo primero”, dijo el integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Otro de los puntos de riesgo que señalo Barbosa, esta la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, algo que el considera como formas modernas de guerra sucia.

Por último, Barbosa aseguro que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior había sido un grave error, ya que no daba una solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, sino que profundiza la descomposición social.

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