Campañas políticas y responsabilidad pública

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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

La seguridad nacional y la ley de Seguridad Interior

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El Foro Internacional “La Seguridad Nacional de México: La perspectiva multidimensional y los retos del siglo xxi” que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 2017 contó con la participación de actores del ámbito político y académico, unos expertos y conocedores de esta área del quehacer nacional, y otras con alguna responsabilidad en distintos ámbitos de la seguridad.
El que suscribe estas líneas, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló que al presidir esta comisión lo ha hecho sin una línea o compromiso político, y sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que en esa Comisión debe construirse Patria. Uno de los factores que inciden de forma negativa en la capacidad para fortalecer nuestras instituciones de seguridad nacional e interior proviene, en parte, de sobreestimar factores políticos sobre la propia seguridad del país.
Esta expresión, no es gratuita porque la evidencia muestra que la mezquindad y la poca voluntad política tiene a los ciudadanos y las Fuerzas Armadas de México en la incertidumbre: no se querido aprobar un marco jurídico que regule el actuar de marinos y soldados. Tener una Ley brindarían garantías y certeza a ciudadanos y Fuerzas Armadas. Es complejo comprender cómo puede ser mejor que las Fuerzas Armadas actúen sin un marco jurídico claro, cómo puede ser mejor no tener metodologías que justifiquen su trabajo, tiempos y lugares definidos para que desarrollen las tareas que se les ordenan,  y generar tramos de decisión específicos.  La realidad es que nada hay que comprender, nuestras Fuerzas Armadas continúan en la indefinición porque hay intereses políticos que buscan comprometer su desempeño y la confianza pública que la ciudadanía les tiene. 
Durante once 11 años los gobernadores, diputados y senadores cuando hay algún foro o reunión con las fuerzas castrenses expresan su apoyo, pero al momento de aprobar las leyes los mismo Legisladores no han querido cambiar la situación en materia de seguridad nacional e interior. Algunas voces dicen que ahora, después de años de estar con lo mismo, el calendario no es el más adecuado, algunos ya piensan en dejar pasar esta temática porque “ya empezó el proceso electoral”, sin embargo, este tema debiera ser prioritario más allá de la coyuntura electoral.
 
Se trata de fortalecer nuestras instituciones, de generar patriotismo, de dar un mensaje contundente sobre que los políticos están con los buenos. La situación no es menor ante el grado de desconfianza que existe hacia los políticos, de acuerdo con la Encuesta nacional 2017 elaborada por del Gabinete de Comunicación Estratégica nueve de cada diez personas contestan que no “confiarían las llaves de su casa”, es decir se registra un déficit de confianza ciudadana.
El actuar político deja que desear, por ello es urgente establecer una agenda que trascienda la coyuntura política y que se proponga resolver los problemas reales de una sociedad real. Este nivel de reprobación contrasta con el de las Fuerzas Armadas ya que al preguntarle a los ciudadanos “¿con la presencia del Ejército en las calles usted se sentiría más o menos seguro?” el 62% de ellos contestó “Más seguro”, es decir la sociedad sí confía en nuestras instituciones castrenses mientras que los políticos con bajos niveles de aprobación no son siquiera para darles las leyes necesarias para trabajar mejor y generar certezas.
Un tema que interesa y preocupa a la ciudadanía es la seguridad, por ello deben aprobarse leyes que permitan articular las sinergias necesarias para construir una mejor seguridad, y en materia legislativa, se necesita mejorar las leyes de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional. Dar seguridad a los ciudadanos y a la actuación de las fuerzas castrenses, correspondería a los actores políticos. Lo único que piden las Fuerzas Armadas del Legislador es regular con base en el Estado de derecho lo que hacen desde hace once años, eso no es mucho pedir.