Ahora Corral impugna Ley de Seguridad Interior ante la SCJN

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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentí una controversia de constitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corral, considera que la controversial ley, que ya cuenta con varias impugnaciones, invade las competencias de los estados y municipios.

“Es invasiva de las facultades y las competencias de los municipios y las entidades federativas e incluso porque vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información”, aseguró el mandatario chihuahuense.

El panista informó que el busca que la ley sea declarada inconstitucional en su totalidad, esto debido a la definición en el articulo segundo de la misma.

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

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Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

Senadores impugnan Ley de Seguridad Interior

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Un grupo de senadores de México presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público.

La Suprema Corte ya analiza una controversia constitucional contra esta ley presentada por la alcaldía de Cholula, mientras la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México contempla presentar una acción de inconstitucionalidad.

Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

Va INAI contra artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su consejo consultivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, específicamente, contra el artículo 9, debido a que  dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

El instituto argumentó en un comunicado, que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior “transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad”, pues estos deben imperar para asegurar el derecho humano de acceso a la información.

El instituto llegó a la conclusión de que el dictamen de Ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos”.

Durante el primer encuentro del año del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente, informó  que hizo un llamado al Senado de la República “para proponer a los ciudadanas o ciudadanos mexicanos a ocupar los dos cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo“.

Por lo pronto, el INAI, a través de los siete comisionados pertenecientes al instituto, enviaron un oficio al Senado en el que destacaron que al nombrar  a ciudadanos al Consejo Consultivo que “coadyuvará a fortalecer y consolidar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en favor de la ciudadanía”.

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Morena-PT van en contra de la Ley de Seguridad Interior

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La bancada de Morena-PT, informó este domingo que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley de Seguridad Interior.

El vicecoordinador de la bancada, Miguel Barbosa, dijo que esta ley que fue aprobada por el congreso el pasado viernes, representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al País, atenta contra la paz social y que no resuelve el problema de inseguridad del país.

“No podemos resignarnos a que esta Ley se aplique en nuestro País. Si al actual Gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley, pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución”, dijo Barbosa.

Aunque Barbosa reconoció que necesitan el apoyo de 43 senadores, el legislador, dijo que buscarán firmas con el fin de revertir la aprobación.

“Vamos por una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos”.

Entre los artículos que Barbosa señalo que son violentados por la Ley de Seguridad Interior, están los artículos 21 y 89 de la Constitución Política, ya que confunde las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadano y la Seguridad Interior de sus órdenes de Gobierno e instituciones.

También, el senador aseguro que la Ley de Seguridad Interior viola los artículos 21 y 129 constitucionales, ya que entrega de forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares en tiempos de paz.

“La Ley de Seguridad Interior significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacional que obligan a nuestro País, como impone su artículo primero”, dijo el integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Otro de los puntos de riesgo que señalo Barbosa, esta la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, algo que el considera como formas modernas de guerra sucia.

Por último, Barbosa aseguro que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior había sido un grave error, ya que no daba una solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, sino que profundiza la descomposición social.

Pelea en tribunales y veto a Peña, son las reacciones de los partidos a la Ley de Seguridad Interior

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Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior, que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, los partidos políticos que se opusieron a la iniciativa anunciaron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad e incluso exigen al presidente Peña Nieto que vete el proyecto.

Por un lado, dos partidos de la alianza de Por México al Frente,  Movimiento Ciudadano y PRD, dicen que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.

El secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada  “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.

Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley y aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional“.

Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.

Aprueba la cámara de Diputados los cambios a la Ley de Seguridad Interior; La pasan al Poder Ejecutivo

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Esta mañana la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Ley de Seguridad Interior, después de que esta fuera avalada con ciertas modificaciones la noche de ayer en el Senado de la República.

La controversial ley, que ha sido referente de criticas por parte de políticos, activistas y hasta organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, será ahora turnada al Poder Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

En tan solo una hora, los diputados debatieron e hicieron posicionamientos.

Antes de la votación, diputados de los partidos que conforman el Frente Ciudadano por México, salieron del Pleno, con el objetivo de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no tuviera quórum para aprobar la ley.

Solamente un puñado de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), votaron a favor de la ley, siendo estos, Rubén Garrido, Genoveva Huerta, Elva Valles, Mercedes Aguilar, Miguel Huepa, Hugo Alejo, Lilia Armida García, Eukid Castañón y César Rendón, mismos que son cercanos al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El Senado aplico cambios a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, esto después de que fueran duramente cuestionados por organizaciones sociales y especialistas tacharon de cosméticos.

En el caso del artículo 7, por ejemplo, el Senado agregó que los derechos humanos deberán ser respetados de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales, y se elimino cualquier referencia a perturbaciones graves a la paz pública.

Por otro lado, en el artículo 8, se eliminó el señalamiento de que “deben ser pacíficas” las protestas sociales, para que no sean consideradas amenazas a la seguridad interior, eso si, sigue abierta la posibilidad de ser señaladas como un riesgo.

Finalmente, en el artículo 16, se agregó la frase “de acuerdo a sus facultades”, esto al referirse a la atribución del Presidente de ordenar operaciones inmediatas a las Fuerzas Armadas, cuando estén en grave peligro instituciones fundamentales del Gobierno.

(Con información de Grupo Reforma)

Aprueban Ley de Seguridad Interior en el Senado

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Monterrey (14 de diciembre de 2017).- Ante el reclamo insistente de las organizaciones civiles y la ciudadanía, la Ley  de Seguridad Interior se aprobó en las comisiones unidas del Senado.

La anterior fue avalado por las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, en la sala de juntas del Senado.

Cristina Díaz, Patricio Martinez, Fernando Torres y Roberto Gil Zuarth son algunos de los Senadores que aprobaron la iniciativa avalada por la Cámara de Diputados.

Entre los Senadores que rechazaron el dictamen se encuentran, Benjamín Robles, Juan Carlos Romero Hicks y Dolores Padierna.

Ante su oposición a esta Ley, os legisladores presentaron diversas reservas. Aunque Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación pidió que dichas pruebas sean llevadas al pleno.

 

 

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