#Kleroterion: “Yo voy con la Guardia Nacional…”

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Al finalizar el 2018, así como en este comienzo de año, hemos escuchado en medios visuales, impresos y electrónicos, el estudio y análisis de la viabilidad de la Guardia Nacional, muchos especialistas en la materia han dado sus opiniones, así como gran parte de la cúpula política también han expresado sus posturas. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo audiencias públicas con Gobernadores, Alcaldes, Senadores, Diputados, especialistas, entre otros; sin embargo, no restando la eficacia de estas reuniones de trabajo y más allá de los tecnicismos y razonamientos jurídicos, no se han escuchado las versiones, posturas, experiencias u opiniones de los que realmente viven la inseguridad en el país: los ciudadanos.

A la gente no le importa la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, seguridad interior o cualquier tipo de concepto, por otro lado, lo único que saben y exigen es que haya cuerpos de seguridad cuidándolos, sin pensar que se necesite una guardia nacional, al ejército, marinos, policía federal, estatal o municipal, lo único que quieren es salir a la calle y estar en paz, poder transitar por sus colonias con seguridad, que sus hijos puedan ir a las escuelas con tranquilidad, que puedan trasladarse a sus trabajos o cualquier otro lugar, con un sólo pedimento, estar seguros, tranquilos y protegidos, por supuesto, como un derecho fundamental de cualquier sociedad.

Pero en la historia de la seguridad moderna, nos damos cuenta que hoy los únicos que pueden garantizarla son los militares y no sólo es un dicho personal, está documentado y también se tienen las estadísticas que infirieron una mejoría en muchos estados; es por esto, que en su momento, como diputado federal, investigador y estudioso del tema de seguridad nacional y simplemente como ciudadano, apoye con firmeza la ley de seguridad interior y es ahora que apoyo la instauración de la Guardia Nacional.

Ahora bien, quien diga que el país vive en una estado de excepción, pues simple y sencillamente está negando una realidad, ya que las estadísticas oficiales no son nada alentadoras; a continuación menciono a qué me refiero.

Para empezar la más reciente y conocida guerra contra el narcotráfico de los dos últimos sexenios, fueron más 250 mil las personas que fueron asesinadas en nuestro país, en un lapso de 2006 a 2018, esto con datos corroborados y expuestos por el propio INEGI, por lo que a todas luces nos arroja que de ninguna manera en nuestro país, nos encontramos en un  estado de excepción, pues queda evidenciada la necesidad de un reingeniería en la Nación en materia de seguridad, para borrar o aminorar esas estadísticas sin precedentes, con niveles que nos equipararán a países en guerra, de acuerdo al informe “Estadísticas Mundiales de la Salud 2017”, elaborado por la OMS.

Es por esto, que es necesario que el dictamen de la Guardia Nacional que ahora se analiza y discute en la Cámara de Diputados, sea aprobado a la brevedad. Sabemos muy bien que el mismo Gobierno reconoció y ahora con el entrante reconoce el fracaso en la estrategia de seguridad; estoy convencido que nuestra Nación no resistirá 12 años más de inseguridad, delincuencia organizada y el lacerante narcotráfico, por sólo decir algunos de los delitos más relevantes, no deben ser reformas para ampliar el catálogo o tipificación de delitos, es reducirlo, erradicarlo, debemos entender que deben eliminarse no aumentarse.

Hoy en día se tienen diagnósticos para la utilización de la Armada de México para las actuaciones en seguridad pública, por lo que al regularse jurídicamente mediante la Guardia Nacional, no estaríamos experimentando resultados ni juicios, estaríamos al nivel de otros países que cuentan con ella, por supuesto, con resultados benéficos y que devolvieron la seguridad en todos sus ámbitos en estados y municipios que se había perdido en su totalidad.

Explicando más específicamente el número de homicidios antes mencionados, se desprende que en el 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 29,159 carpetas de investigación por homicidio doloso y 10395 en 2018, tan sólo en los primeros cuatro meses, por lo que se registra un incremento muy importante en lo que restó del año. Asimismo, todas estas muertes no significan sólo de la lucha contra el narco, también se refieren a ejecuciones, levantamientos y enfrentamientos entre grupos delictivos en todas sus facetas.

Concluyo diciendo que se debe estructurar y llevar a cabo una verdadera estrategia de seguridad, dejar atrás esas campañas electorales que durante mucho tiempo toman como bandera sólo dos temas, inseguridad y corrupción; además de tener en cuenta que culpar a las fuerzas armadas de la violencia en el país, sería tanto como exonerar a los delincuentes de sus actos.

Quitemos de nuestra memoria de seguridad en México, esa máxima de que si lo secuestraron, es por que estaba de opulento, porque tenía un carro del año, que vestía de determinada forma, que simplemente era próspero, o la violaron porque se vestía de tal manera o transitaba por lugares que no debía, lo robaron porque dejó las cosas en algún lugar y no las cuido, la pasamos siempre culpando a la víctima, pero no al delincuente, pareciera que en México se vuelven permanentes estos actos de inconsciencia social, reduciéndose a que siempre el culpable es la víctima y nunca el delincuente.

Activistas llevan a AMLO carta contra Guardia Nacional

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El colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que decepciona la propuesta del Gobierno electo de crear una Guardia Nacional con policías militares, y exigió que los diputados de la mayoría de Morena escuchen las críticas y a las víctimas para optar por fortalecer la vía civil para combatir al crimen.

“Todavía es posible optar por la vía civil. Así se lo diremos también al presidente electo (…) Que la verdadera transformación de la vida pública parta del diálogo y los diagnósticos generados por la escucha y demandas de las víctimas. Y ahí nos encontraremos”, expusieron.

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Víctor Gutiérrez, de México Unidos contra la Delincuencia; Alfredo Lecona, de los colectivos Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva; Itxel Cisneros, de Cencos, Alberto Solís Castro, de Servicios y Asesoría para la Paz, y Carlos Treviño, de Causa en Común ofrecieron conferencia de prensa en San Lázaro previo a la entrega de una carta al tabasqueño.

Más tarde, la carta fue entregada en las oficinas de López Obrador en la Colonia Roma por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano, entre otros.

En la conferencia en San Lázaro, los representantes de las organizaciones que siguieron el debate de la Ley de Seguridad Interior y se opusieron a ella, recordaron al coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Mario Delgado, sus palabras cuando era senador y argumentó en contra de la militarización del País.

Mostraron un video de Delgado cuando dijo que la Ley de Seguridad Interior desaparecía los incentivos a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes.

“Es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían Seguridad sin Guerra, impulsar un nuevo proyecto de militarización, a pesar de que, al momento de la votación de la Ley de Seguridad Interior, en ambas Cámaras, los y las legisladoras de Morena, entre otras y otros, denunciaron la falta de debate serio y llevaron a tribuna las voces de las víctimas. Hoy venimos a recordarles sus palabras”, manifestaron.

En la conferencia, acompañados de la diputada sin partido Lucía Riojas, de la organización Iniciativa Ahora, recordaron que la militarización de la seguridad pública ha generado demasiado dolor, por las 250 mil muertes, casi el mismo número de desplazados y más de 37 mil desapariciones.

“La militarización del País no es la solución”, afirmó el colectivo en el comunicado leído ante los medios de comunicación en la Cámara de Diputados.

Hace un año, advirtieron, buscaban impedir la legalización de la guerra militar contra el crimen, ahora se trata de evitar su constitucionalización, a través de las propuestas de Morena.

“No podemos pasar del fraude a la Constitución, señalado como tal la semana pasada cuando la Corte debatió la Ley de Seguridad Interior, al fraude a la realidad y a las víctimas. El debate nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere debe ser amplio y abierto a todas las voces, sin imponer como punto de partida la creación de la Guardia Nacional ni algún otro proyecto que proponga la fórmula que no ha funcionado”.

La promesa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijeron, de no usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo no es garantía.

“Llevar este nuevo modelo de militarización a la Constitución lo dejaría ahí, con el riesgo de que cualquier gobierno autoritario haga uso de él”, remarcaron.

Afuera de la casa de transición, María Elena Morera refirió que la sociedad civil está inconforme con el plan de seguridad anunciado por el equipo de López Obrador, pues militariza al país y pretende desaparecer a los cuerpos policiacos.

La presidenta de Causa en Común llamó a que se refuerce a los elementos de seguridad, y aunque existen fallas pidió no matar a la Policía.

“Eso no es como si ustedes van al doctor porque les duele la pierna y el doctor les dice: bueno como te duele la pierna, te la cortamos”, dijo.

Los asesores de López Obrador y de Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad, aseguró, los están mal informando.

“Lo que necesitamos es replantearnos cómo queremos la seguridad desde la vía civil, no desde la vía militar”, manifestó.

La iniciativa de la Guardia Nacional, dijo, va contra los derechos humanos y organizaciones como Cencos han documentado que las violaciones a éstos están ligadas con la presencia de militares.

“El presidente electo siempre nos dijo que lo que él quería era un proceso de paz y es lo que creo que todos los mexicanos queremos” , aseveró.

Declara la SCJN inconstitucional la Ley de Seguridad Interior

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, esto a casi un año que fue promulgada por el gobierno federal.

El ministro Fernando Franco González, aseveró que el tema de seguridad interior es una facultad del Presidente de la República, quien deberá motivar sus decisiones y apegarse a la Constitución, así como a los tratados internacionales.

“El Congreso de la Unión no tiene competencia para emitir la Ley de Seguridad Interior; no obstante, debo precisar que la disposición por el Presidente de la República de las fuerzas armadas permanentes como los señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundados y motivados su acto, ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas en que se encuentra involucrados México, las cuales este tribunal pleno ha reconocido que nos son obligatorias”, dijo el ministro en la la sesión de este jueves.

Por su parte el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se pronunció a favor de impulsar una nueva ley, ya que en una legislación desarticulada podría generar un mal mayor y destacó que no debe normalizarse el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

“Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma, completa, integral, estructurada, que sea congruente y que dé certeza jurídica. En ese sentido me inclinare por pronunciarme por la invalidez de esta norma”, sugirió el Ministro Presidente de la SCJN.

Mientras tanto, Jorge Pardo Rebolledo, afirmó que no comparte la visión de quienes aseguran que dicha legislación busca regular aspectos en materia de seguridad pública o empedrar a las fuerzas armadas.

“Una legislación que me parece que es necesaria, que nuestro contexto y realidad social exige y que también me parece indispensable para salvaguardar, en primer lugar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país, como también darle un marco regulatorio a las propias fuerzas armadas para que sepan cuáles son los límites y cuáles son los lineamientos que deben seguir cuando intervengan en este tipo de acción. Concluyó diciendo que la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, ni menos empoderando a las fuerzas armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”.

La Ley de Seguridad Interior quedo invalidada por mayoría de nueve votos.

#Kleroterion: “El Precio de la Verdad…”

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Durante mi trayectoria como diputado federal defendí y postulé una infinidad de temas, pero sin duda, uno de los que respaldé a cabalidad durante dos años, fue el estar a favor de las fuerzas armadas.

Dentro de mi trinchera como legislador y como presidente de la Comisión Bicamaral, afirmé que no había voluntad política para trabajar por un marco legal que diera certeza sobre el actuar de las fuerzas armadas, por lo que hubiera considerado un fracaso rotundo para la legislatura y para mí en lo personal, ya que esta tema pasó por un trastorno de bipolaridad debido al doble discurso, por lo que no se podía avanzar en ella y darle a las Fuerzas Armadas ese marco jurídico que requerían, por un lado muchos gobernadores del país aplaudían a las Fuerzas Armadas y pedían abiertamente que se realizara, pero en los hechos en la Cámara de Diputados no pasaba nada.

En mi análisis postulé que tendría que pactarse un plazo para que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles y así dejar a un lado tareas que no les corresponden, necesitábamos parámetros para el uso de la fuerza, ya que a once años prácticamente de estar las Fuerzas Armadas trabajando en tareas de seguridad, ya traían un desgaste normal y natural, asimismo, era necesario dotar de un marco legal que diera certeza jurídica no sólo a ellos, sino a la sociedad; también defendí, que era vital el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ya que no existía una política profesional que supliera las labores que realizaban, además era indispensable que los gobiernos estatales y municipales apremiaran la capacitación y profesionalización de sus policías.

Cuando fui nombrado presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tenía como función principal el control y evaluación de las políticas públicas y las acciones vinculadas con la viabilidad del Estado, mi trabajo lo realicé sin una línea o compromiso político, sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que tenía muy claro que en esta Comisión debía construirse Patria, por lo que mi prioridad fue trabajar para favorecer un marco legal propicio para que las fuerzas armadas continuaran con su labor al frente de la seguridad nacional, así como promover la cultura de la seguridad identificando en primera instancia la diferencia entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, explicando sus alcances, pros y contras, que muchas veces se confundían por la ciudadanía y hasta por autoridades estatales y municipales, entendiendo a la seguridad pública como aquella que está enfocada a la protección del individuo, mientras que la seguridad nacional atañe a todos los riesgos que afecten o pongan en duda la viabilidad del Estado, reconociendo que hay una línea muy tenue en ambas que a veces se entrelaza, como el tema de la delincuencia organizada, es un tema de seguridad nacional, pero que tiene su origen en la seguridad pública.

Estuve convencido que se tenía que fortalecer la visión que existía sobre las fuerzas armadas y dentro de esta comisión pude generar ámbitos correctos para explicar como estas instituciones actuaban de la mano para el fortalecimiento de la viabilidad del Estado mexicano.

Trabajé de la mano con otras instituciones involucradas en la seguridad nacional, con el Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, PGR, la Secretaría Técnica de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, exponiendo que los temas de seguridad nacional trascienden cualquier interés personal y de partidos políticos, por lo que no se debía lucrar políticamente con ellos, lo cual protegió el diálogo.

Para este tema siempre navegué contra corriente, hasta de mi propia bancada, cuando ellos estaban en contra, me sostuve siempre a favor, anteponiendo el ejemplo de mi estado, Nuevo León, ya que no hubiéramos salido de la problemática en la que estábamos si no hubieran participado las fuerzas armadas, la sociedad civil y el gobierno; participé desde la sociedad civil atendiendo víctimas de secuestro y extorsión, y las historias de las personas que fueron vejadas por la delincuencia organizada son de verdadero terror, entonces tuve como responsabilidad primordial reconocer a las fuerzas armadas y sobre todo por rescatar a mi estado.  

Fue entonces que después de tanto trabajo, finalmente el dictamen fue votado a favor por la Comisión de Gobernación, para después pasar al pleno de la Cámara de Diputados donde también fue aprobado, recuerdo muy bien que el exhorto a todos los partidos políticos a trabajar juntos para sacar esta ley, lo hice público en un programa de televisión en octubre de 2016, era uno de mis objetivos prioritarios desde que tomé el cargo de diputado, en ese sentido con la Ley de Seguridad Interior cumplí mi deber patriótico como legislador, estoy seguro que con esta reforma fortalecimos las instituciones del país.

Es muy importante reiterar que durante estos dos años de activismo a favor de las fuerzas armadas basé siempre mi tesis justo en lo que hoy dice el presidente electo, recordando que incluso cuando voté a favor de la ley, fui agredido públicamente hasta por compañeros de la bancada y del frente, pero siempre sostuve esta tesis de que no podíamos estar sin las fuerzas armadas y hoy el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador me da la razón, ya que no hay más opción que dejar al Ejército y a la Marina en las calles haciendo labores de seguridad pública, mientras no se consolide a la Policía Federal, asegurando que sin ellos no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia que hoy vivimos, por lo anterior estoy convencido que hice muy bien “al casarme con mi congruencia, es el precio de la verdad y no sólo lo digo yo”.

 

#Kleroterion: “Justicia para nuestros policías”

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En este cierre de periodo y apunto de terminar los trabajos para esta legislatura, la Cámara de Diputados avaló con 320 votos a favor y uno en contra, el Dictamen que permite la reincorporación de agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la federación, estados y municipios, separados de sus cargos y demuestren en un juicio su inocencia o despido injustificado, lo anterior se logró modificando la fracción XIII del apartado B, del artículo 132 Constitucional.

Entendamos que esto no significa la permanencia de policías que infrinjan la ley, sino únicamente velar por el fortalecimiento de las corporaciones, otorgando estabilidad en el empleo a elementos que cumplan con su cargo.

El principal motivo de esta iniciativa es la dignificación de todos los servidores públicos que pertenecen a instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, destacando que la mayoría de los integrantes de estas instituciones se manejan con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Recordemos que la reforma de 1999 impidió la reinstalación del policía cuando no cumplieran los requisitos que las leyes en ese entonces señalaran para permanecer en tales instituciones, después, en 2008, se estableció la prohibición a la reincorporación aún cuando la autoridad judicial determinara que la separación fuera injustificada.

Antes de esta reforma, la no reinstalación del policía luego de obtener resultado a favor en el juicio o medio de defensa promovido, lo único que reflejaba era el deterioro de la familia del servidor público, perjudicando su núcleo social pasando a un estado desprovisto de los medios para solventar las necesidades básicas, además de no ser bien visto ante la sociedad por tratarlo como una persona sin respeto y valores y por supuesto no hablemos cuando se presentan a solicitar empleo, ya que por la misma circunstancia se ven imposibilitados de obtener otro.

Sin embargo, es importante señalar que durante varios meses e incluso años, en todos los sectores de la población se habló acerca del asunto de la militarización en el país, aunado a los debates arduos de la Ley de Seguridad Interior, es por esto que dentro de mi agenda legislativa me propuse adoptar este tema tan sensible e importante y por el que nadie se preocupaba, los agentes del ministerio público, los cuerpos policiacos de cualquier índole o rango, así como cualquier individuo que tenga labores relativas a la seguridad en el país. Considerando la premisa de que el sustento de sus familias lo obtienen como producto de su actividad de servicio público, con esfuerzo, dedicación y en ocasiones cubriendo horarios extremos.

Todos hablaron de temas de seguridad, pero nadie entendía que para poder lograrlos era necesario apoyar a los trabajadores con estas labores, ya que son los principales actores para que cualquier ley relativa pueda ejecutarse, nadie los tomó en cuenta, nadie habló de mejorar o formar policías, pero sobre todo nadie habló de brindarles certeza y protección laboral, porque hasta la propia Constitución los tenía en el olvido, así como los Partidos Políticos sin excepción, Gobernadores y Fiscal General o Procurador, por lo que existía un notorio y preocupante abandono hacia ellos.

Es así que, con esta iniciativa, se les da dignidad, logrando que en caso de que sean despedidos injustificadamente pueden ser reinstalados en su empleo. Estoy convencido que con esto se logra pagar una deuda histórica que tenemos con nuestros policías y cuerpos de seguridad, se dio un gran paso para recuperar la seguridad a nuestras familias y un avance fundamental para que en México por primera vez, se fortalezcan las instituciones públicas, entendamos que estas personas se juegan la vida diariamente, con una sola finalidad, cuidarnos a todos nosotros, por lo que es nuestra obligación protegerlos en todos los aspectos.

En conclusión, en una sociedad como la nuestra es imperativo fortalecer a nuestras instituciones, no podemos hablar de seguridad y justicia, si tenemos desprotegidos a nuestros cuerpos policiacos, una ciudad segura debe tener una policía segura, pero esto sólo se logra, no con buena voluntad, sino con reformas como éstas que protegen al servidor público, al policía honesto, valiente e incorruptible, al ministerio público justo y equitativo, al perito virtuoso y capaz de su labor, así como aquel trabajador en el ámbito de seguridad pública comprometido con su país y con respeto hacia su sociedad.

Cabe mencionar que con esta iniciativa cumplo al 100% mi agenda legislativa que me propuse al comienzo de la legislatura, por lo que me quedo sin ningún pendiente en la cámara de diputados, esperando que esto abra la brecha para un sin fin de reformas que beneficien a los buenos servidores públicos, ya que estoy convencido, que son más los honestos, por eso puedo decir que como legislador de la LXIII Legislatura, “los miembros de las instituciones policiales no son, ni fueron olvidados”.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Ahora Corral impugna Ley de Seguridad Interior ante la SCJN

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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentí una controversia de constitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corral, considera que la controversial ley, que ya cuenta con varias impugnaciones, invade las competencias de los estados y municipios.

“Es invasiva de las facultades y las competencias de los municipios y las entidades federativas e incluso porque vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información”, aseguró el mandatario chihuahuense.

El panista informó que el busca que la ley sea declarada inconstitucional en su totalidad, esto debido a la definición en el articulo segundo de la misma.

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

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Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

Senadores impugnan Ley de Seguridad Interior

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Un grupo de senadores de México presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público.

La Suprema Corte ya analiza una controversia constitucional contra esta ley presentada por la alcaldía de Cholula, mientras la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México contempla presentar una acción de inconstitucionalidad.

Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

Va INAI contra artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su consejo consultivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, específicamente, contra el artículo 9, debido a que  dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

El instituto argumentó en un comunicado, que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior “transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad”, pues estos deben imperar para asegurar el derecho humano de acceso a la información.

El instituto llegó a la conclusión de que el dictamen de Ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos”.

Durante el primer encuentro del año del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente, informó  que hizo un llamado al Senado de la República “para proponer a los ciudadanas o ciudadanos mexicanos a ocupar los dos cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo“.

Por lo pronto, el INAI, a través de los siete comisionados pertenecientes al instituto, enviaron un oficio al Senado en el que destacaron que al nombrar  a ciudadanos al Consejo Consultivo que “coadyuvará a fortalecer y consolidar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en favor de la ciudadanía”.