Fraude a la Constitución

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Como es público, el 11 de mayo del presente, a través de sesión remota el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 112/2019, en la cual mediante sentencia se determinó declarar la invalidez del Decreto No. 351 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California que extendía el periodo de Jaime Bonilla como Gobernador electo de 2 a 5 años.

La referida sentencia, desde su emisión y en lo sucesivo será de absoluta relevancia para la vida pública de nuestro País.

Esto, no precisamente por haber invalidado la ampliación del mandato intentado, sino porque la SCJN por segunda ocasión para resolver un asunto utilizó el concepto de “fraude a la Constitución”; siendo la primera vez que se utilizó cuando la SCJN analizó la Ley de Seguridad Interior.

Concepto, que parafraseando las palabras del Ministro Arturo Zaldívar (en la sesión y en su columna publicada en Milenio) implica que “una autoridad en simulación de actuar en uso de sus competencias pretenda vulnerar la esencia o un mandato constitucional”.

Así, el “fraude a la Constitución” deja de ser un concepto retórico y se consolida como un verdadero principio de teoría del derecho para invalidar actos disfrazados de constitucionales, cuando no lo son.

Sobre el particular, considero que este concepto podría ser utilizado nuevamente en el corto plazo, cuando nuestros tribunales federales tengan que resolver sobre la constitucionalidad de las “contribuciones verdes” que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano han amagado con implementar y, que en el caso del Estado de Tamaulipas ya fueron aprobadas y entraran en vigor el siguiente año.

Lo anterior, pues simulando que están en uso de sus facultades para establecer contribuciones ambientales, lo que realmente se pretende es intervenir en la política sobre el sistema eléctrico nacional, violentando con esto los artículos 25 y 28 de nuestra Constitución, pues la rectoría en esa materia le corresponde exclusivamente a la Federación.

Sostengo esto, pues basta consultar las manifestaciones que han efectuado el grupo gobernadores sobre la implementación de las referidas contribuciones.

Incluso, en el caso de Tamaulipas en donde ya fueron aprobadas por el Congreso del Estado, al consultar la exposición de motivos de la reforma se observa:

“… la Federación ha optado de manera no razonable por promover los combustibles fósiles y establecer barreras de entrada a las alternativas limpias, lo que impacta en las decisiones que previamente ha tomado el Estado de Tamaulipas para la adopción al cambio climático, la mitigación de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero y la transición hacia una economía competitiva y sustentable.

El cambio regulatorio federal obliga, por tanto, a establecer medidas para internalizar los costos sociales derivados de un viraje hacia un modelo de desarrollo y productividad basado en combustibles fósiles.

Por tanto, a través de la presente iniciativa, se propone recurrir a instrumentos fiscales que no sólo generen recaudación para sufragar los gastos públicos sino que, también desincentiven la emisión de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático, esto es, “contribuciones verdes” que trasladen a los agentes económicos la carga de la contaminación y degradación de los elementos que, en conjunto, componen el medioambiente como un interés jurídicamente tutelado.

…”

Lo anterior, vuelve patente no solo la intención de violentar el marco constitucional, sino que incluso se pretende desincentivar la política eléctrica nacional que en uso de sus facultades dirige el gobierno federal.

Así, estimo que en el caso narrado podríamos estar en presencia de un nuevo “fraude a la Constitución”, pues las entidades federativas simulando estar actuando en usos de sus facultades para imponer contribuciones ambientales pretenden interferir en la política eléctrica nacional, violentando con esto los artículos 25 y 28 de nuestra norma fundamental.

Finalmente, a quien le corresponderá pronunciarse sobre su constitucionalidad será a nuestro valeroso Poder Judicial Federal.

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Morena-PT van en contra de la Ley de Seguridad Interior

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La bancada de Morena-PT, informó este domingo que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley de Seguridad Interior.

El vicecoordinador de la bancada, Miguel Barbosa, dijo que esta ley que fue aprobada por el congreso el pasado viernes, representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al País, atenta contra la paz social y que no resuelve el problema de inseguridad del país.

“No podemos resignarnos a que esta Ley se aplique en nuestro País. Si al actual Gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley, pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución”, dijo Barbosa.

Aunque Barbosa reconoció que necesitan el apoyo de 43 senadores, el legislador, dijo que buscarán firmas con el fin de revertir la aprobación.

“Vamos por una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos”.

Entre los artículos que Barbosa señalo que son violentados por la Ley de Seguridad Interior, están los artículos 21 y 89 de la Constitución Política, ya que confunde las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadano y la Seguridad Interior de sus órdenes de Gobierno e instituciones.

También, el senador aseguro que la Ley de Seguridad Interior viola los artículos 21 y 129 constitucionales, ya que entrega de forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares en tiempos de paz.

“La Ley de Seguridad Interior significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacional que obligan a nuestro País, como impone su artículo primero”, dijo el integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Otro de los puntos de riesgo que señalo Barbosa, esta la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, algo que el considera como formas modernas de guerra sucia.

Por último, Barbosa aseguro que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior había sido un grave error, ya que no daba una solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, sino que profundiza la descomposición social.

Pelea en tribunales y veto a Peña, son las reacciones de los partidos a la Ley de Seguridad Interior

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Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior, que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, los partidos políticos que se opusieron a la iniciativa anunciaron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad e incluso exigen al presidente Peña Nieto que vete el proyecto.

Por un lado, dos partidos de la alianza de Por México al Frente,  Movimiento Ciudadano y PRD, dicen que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.

El secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada  “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.

Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley y aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional“.

Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.

Aprueba la cámara de Diputados los cambios a la Ley de Seguridad Interior; La pasan al Poder Ejecutivo

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Esta mañana la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Ley de Seguridad Interior, después de que esta fuera avalada con ciertas modificaciones la noche de ayer en el Senado de la República.

La controversial ley, que ha sido referente de criticas por parte de políticos, activistas y hasta organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, será ahora turnada al Poder Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

En tan solo una hora, los diputados debatieron e hicieron posicionamientos.

Antes de la votación, diputados de los partidos que conforman el Frente Ciudadano por México, salieron del Pleno, con el objetivo de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no tuviera quórum para aprobar la ley.

Solamente un puñado de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), votaron a favor de la ley, siendo estos, Rubén Garrido, Genoveva Huerta, Elva Valles, Mercedes Aguilar, Miguel Huepa, Hugo Alejo, Lilia Armida García, Eukid Castañón y César Rendón, mismos que son cercanos al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El Senado aplico cambios a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, esto después de que fueran duramente cuestionados por organizaciones sociales y especialistas tacharon de cosméticos.

En el caso del artículo 7, por ejemplo, el Senado agregó que los derechos humanos deberán ser respetados de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales, y se elimino cualquier referencia a perturbaciones graves a la paz pública.

Por otro lado, en el artículo 8, se eliminó el señalamiento de que “deben ser pacíficas” las protestas sociales, para que no sean consideradas amenazas a la seguridad interior, eso si, sigue abierta la posibilidad de ser señaladas como un riesgo.

Finalmente, en el artículo 16, se agregó la frase “de acuerdo a sus facultades”, esto al referirse a la atribución del Presidente de ordenar operaciones inmediatas a las Fuerzas Armadas, cuando estén en grave peligro instituciones fundamentales del Gobierno.

(Con información de Grupo Reforma)

Aprueban Ley de Seguridad Interior en el Senado

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Monterrey (14 de diciembre de 2017).- Ante el reclamo insistente de las organizaciones civiles y la ciudadanía, la Ley  de Seguridad Interior se aprobó en las comisiones unidas del Senado.

La anterior fue avalado por las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, en la sala de juntas del Senado.

Cristina Díaz, Patricio Martinez, Fernando Torres y Roberto Gil Zuarth son algunos de los Senadores que aprobaron la iniciativa avalada por la Cámara de Diputados.

Entre los Senadores que rechazaron el dictamen se encuentran, Benjamín Robles, Juan Carlos Romero Hicks y Dolores Padierna.

Ante su oposición a esta Ley, os legisladores presentaron diversas reservas. Aunque Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación pidió que dichas pruebas sean llevadas al pleno.

 

 

“Ley de Seguridad Interior debe aprobarse esta semana”; dice Gamboa

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Monterrey (13 de diciembre de 2017).- Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, afirmó que su partido se esta esforzando para que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada esta semana. Todo esto antes de que el periodo ordinario de sesiones en el Senado, concluya.

Reafirmó que el dictamen que esta en manos del Senado debe ser modificado, incluyendo las propuestas de los especialistas, ONG y legisladores de la oposición.

“Vamos a tomar en consideración las inquietudes que trajeron las ONG, la sociedad civil. No sé si todas, va a depender de las comisiones correspondientes. Yo seré respetuoso de ellos y buscaré hacer el consenso para que se apruebe aquí en el Senado”, mencionó al terminar la sesión ordinaria.

“Vamos a hacer el esfuerzo… yo creo que (la ley) debe salir esta semana”, agregó.

Por su parte Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, pidió se recordara el exhorto que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, para ampliar la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior.

“El propio gobierno ha hecho una exhortación a escuchar con mayor detenimiento a voces de la sociedad civil, expertos, académicos, para que robustezcan esta minuta que vino de la Cámara de Diputados”, comentó Herrera.

El coordinador del PRD, Luis Sánchez, tampoco se hizo esperar y adelantó que su bancada votará en contra de dicha ley.

“Nos oponemos a la Ley de Seguridad Interior, no puede salir como está, es violatoria de los derechos humanos”, dijo el perredista.

 

 

 

 

Ley de Seguridad Interior es contraria a las recomendaciones de la ONU: exrelatores

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La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave riesgo para los derechos humanos en México, señalaron exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas.

Los exrelatores que se manifestaron contra la Ley son Juan Méndez, exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzky exintegrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Christof Heyns exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los exrelatores señalan que como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitaron México y conocieron de manera directa los retos de seguridad que enfrenta el país.

Ademas señalan que la Ley no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual, también carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas “que oscurecen sentido del texto”.

Añadieron que el texto “no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos”.

Por ello, dicen, se suman al rechazo de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Quitan a ONGs firmas en contra de Ley de Seguridad Interior

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Esta mañana integrantes de las organizaciones Seguridad sin Guerra y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acusaron que elementos de seguridad de la Cámara de Senadores, les arrebataron 120 mil firmas impresas y en formato electrónico, al momento de ingresar al recinto.

“Me dicen que cuando entraron acá les quitaron las firmas. Me parece que, insisto, yo llamo la atención al senador Ernesto Cordero de manera pública para que dé instrucciones a quien tenga que darlas, empezando por la seguridad mayor, el secretario administrativo, el señor Figueroa”, dijo la senadora Angélica de la Peña, quien junto con el senador Mario Delgado, permitieron la entrada de los integrantes de las organizaciones civiles.

La senadora De la Peña, insistió en que se le devolvieran las firmas a las ONGs, puesto que estas no tienen ningún veneno o cianuro en las hojas para que los envenenen.

“Me parece que es absurdo que nos e garantice la entrada, como lo hicieron de manera ordenada registrándose. Por favor, entréguenoslas. Me parece verdaderamente grave que estas acciones pasen aquí”, insistió la senadora.

Ya en conferencia de prensa, las representantes de las organizaciones, afirmaron que hasta el momento y solo en cinco días, han acumulado 120 mil firmas en contra de la Ley de Seguridad Interior, a través de la plataforma change.org.

Por su parte la politólogo y activista, Denise Dresser, aseguró que esa ley tenía fines políticos, ya que, según ella, la ley permite que se utilicen las Fuerzas Armadas en caso de que haya algún tipo de conflicto postelectoral.

“Los senadores del PRI, del Partido Verde y los llamados rebeldes del PAN preparan el equivalente a un autogol militar, negociado y avalado por los altos mando de las Fuerzas Armadas”, aseguro Dresser.

“El Ejército propone y el Congreso dispone, a la orden, a la orden para aprobar una ley que ampliaría el concepto de uso legítimo de la fuerza permitiendo a las Fuerzas Armadas repeles de forma agresiva las formas de resistencia social no agresivas o intervenir en conflictos postelectorales”, aseveró la politólogo.

Por su parte la presidenta de Ciudadanos por una Causa Común, María Elena Morena, dijo que las autoridades deben de priorizar primero la preparación policiaca.

“Necesitamos fortalecer el sistema de las Policías en todos los niveles, necesitamos que se incentive que realmente estas Policías civiles, que son las que por ley y como lo establece la Constitución tienen el mandato para cuidar a la ciudadanía, no son los militares”, comento la activista.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el pasado miércoles 30 de noviembre en el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que fue turnada al Senado para su análisis y posterior aprobación o rechazó.

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