#PolíticaAPie: “La reversa también es cambio”

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Durante 18 años un tabasqueño señalaba, criticaba y proponía como él si podía con el país, desde cosas fáciles, como perforar un pozo petrolero, hasta ponerse al tu por tu con Donald Trump. Durante sus dos derrotas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador parecía ser el un ungido (porque así lo cree él) para darle a nuestro país la gloria que tanto merece, proyectos fantasiosos, difíciles, pero como asegura, con el apoyo del pueblo los consolidaría. Spoiler, no los hace tan buenos como los platicó, no es lo mismo ser borracho, a ser cantinero.

Son dos proyectos los que abanderan la causa (necedad) de la 4ta Transformación: La refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya en la península de Yucatán, lo cual no suena mal, si fuera 1990, esto cuando la economía y todos los países empiezan la migración a energías limpias y nuestro país puede ser potencia en ese rubro, en el caso del tren, se presenta cuando los países mueven sus trenes de pasajeros con energía eléctrica. Obras que beneficiarían a cualquier país, pero aquí no contábamos con que el presidente se empaña en hacer todo lo contrario a la lógica y a la razón.

La refinería de Dos Bocas llegará a nuestro país, si es que la terminan en su sexenio, después de depredar completamente toda la zona en la cual se planea instalar, además, dentro de los estudios que se hacen para ver la capacidad de producción no es nada alentador, ya que al parecer seguiremos importando gasolina, lo cual, la solución termina siendo parte del problema. Producirá más, pero con el pleito de México con la OPEP, el petróleo mexicano tiene incertidumbre, una cosa es sacarlo, otra venderlo. Ahora el flamante y fraudulento Tren Maya se echo andar la construcción este mes, porque ya le apuraba inaugurar algo al parecer, lo cual sigue lleno de inconsistencias, esta semana el precio de construcción se elevo 13%, se determina que mas del 60% de las especies que habitan la selva están en riesgo y para ponerle la cereza a este pastel que nadie quiere, resulta que el Tren Maya funcionara con diesel, así es, contaminando aún más la zona y dejando a un lado la posibilidad de tener algo bueno en medios de transporte, regresaremos al siglo XX con transporte en base a combustión, lo mas curioso es que México no tiene, ni tendrá con la refinería de Dos Bocas, la capacidad ni la producción de diesel para alimentar al Tren Maya, lo cual hace que sea necesario importar el combustible, ósea que nos saldrá la misma o peor, como les digo, una buena idea en las manos equivocadas puede terminar muy mal.

Cuando pareciera que la 4T no tendría suficientes problemas que solucionar, el neoliberal COVID19, este virus oriental que llego para quedarse, y últimamente solo nos permite ver como el Presidente López Obrador contradice absolutamente todo lo recomendado por Hugo Gatell, que preocupante ver como un epidemiólogo, alguien que le sabe al tema, termina haciéndose a un lado por parte de los constantes dichos de su jefe. Hasta el momento han reportado casi 15,000 decesos y alrededor de 130,000 casos confirmados de coronvirus, registrando nuevos records de contagios diarios, ¡ni el mismo Wuhan pasaba esto! Sabemos que el confinamiento genera perdidas y desesperación en la población, pero de nada servirá si además de poner el semáforo en rojo, las autoridades de salud no se ponen en su papel y promueven medidas de sanidad necesarias en todos los estados. Mientras tanto, ¿Qué hace el presidente?, ¿Qué hace el señor?, pues se dedica a decir en sus conferencias mañaneras que no tengamos miedo y que salgamos a las calles, si de irresponsabilidades hablamos, el Presidente que no usa cubrebocas, es el mejor ejemplo. Seguimos siendo calificados como los peores, normal en esta 4T.

Me encantaría dejar de escribir cosas en las cuales la 4T no ha decepcionado, pero ahora con la difusión de los cinco créditos que ha pedido el Gobierno de López Obrador al Banco Mundial, para financiar sus obras y reparticiones de dinero que abiertamente reparten disfrazadas de “becas”. Con esto, otra vez miente y decepciona al decir en su campaña de 18 años que no pediría créditos, ni deuda para el país, pero al final dijo el ganso que no, que era necesario y que a aparte ya lo había pensado, en fin la hipocresía, o ¿Cómo ven?

Me gustaría dejar de hacerlo, me gustaría, pero a estas alturas del partido, a un año de las elecciones intermedias, defender las ocurrencias del Presidente es masoquismo puro. Hasta la BOA, que termino como un documento todo mal redactado saliendo desde las oficinas de la SEGOB. En fin, el viejo truco de los socialistas, cuando todo sale mal, hay que culpar a alguien más.

Sé que lo cambios no se dan de la noche a la mañana, para algunos el gobierno de Andrés Manuel está justo a tiempo para enderezar el timón y apuestan por su proyecto, pero para algunos, cada vez más, más tiempo significaría más ocurrencias y menos resultados, la violencia sigue su escalada, el INEGI reporta que los ciudadanos perciben en su última medición, altos índices de corrupción en su gobierno, lo cual no cuadra con el mensaje que tanto recalca y que hasta para curar el coronavirus sirve.

Cuidado organismos autónomos, cuidado INE, cuidado AFORES, cuando se le empiecen a acabar las ideas al señor presidente, con la excusa de la corrupción, va a poner la mira en ellos. Ya sabemos cual es el resultado después de que López Obrador se aferra a algo, lo asfixia, lo transforma y lo pone a su servicio, como lo hace actualmente con México.

Cuando prometieron cambio, no sabíamos que la reversa también es cambio.

Jóvenes, los que más sufren económicamente por la pandemia

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas. 

De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.

Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo. 

Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres. 

Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.

Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.

En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.

Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.

Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.

Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.

#Kleroterion: “Las Guerras que se ganan pegándole al dinero”

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A partir del sexenio de Felipe Calderón, en México se emprendió una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esa batalla se prolongó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y permanece como un frente abierto en este gobierno. 

La tónica de esta guerra en los dos sexenios anteriores hizo énfasis en el despliegue de las fuerzas armadas y en hacer uso del poder de fuego para  ir a la caza de los líderes de los diferentes carteles o bandas criminales.

Durante doce años fueron comunes las noticias de enfrentamientos contra los criminales y la aprehensión y presentación de sus cabecillas, ya fuera a ocho columnas en la prensa o mediante enlaces en vivo en algún noticiero.

Pero las guerras nunca se ganan solamente en el campo de batalla y de hecho, si nos atenemos a una de las máximas de Sun Tzu, “el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar.” Es decir sin disparar un sólo cartucho o librar una sola pelea.

¿Cómo se logra esto? Yendo tras el dinero, cortando al enemigo sus fuentes de financiamiento. Eso es precisamente lo que la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, está haciendo. 

Una muestra de ello es el anuncio que hizo la UIF el martes pasado para informar que se congelaron casi 2,000 cuentas bancarias ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación por un monto de $2950 millones de pesos.

Esta operación se suma a las 18 cuentas que en marzo pasado le habían congelado ya a integrantes del Cártel de Sinaloa y a las 300 que en noviembre del 2019 le congelaron también al Cártel de Sinaloa y al de Santa Rosa de Lima que opera en el centro de México. Esas dos operaciones significaron un golpe a las finanzas de crimen organizado por más de mil millones de pesos. 

Ese es el verdadero cambio de estrategia que en este sexenio está aplicando en la lucha contra el crimen organizado el Gobierno de México.

Bajo el mando de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido en pieza clave para desarticular la estructura financiera de los grupos criminales que durante décadas han asolado a México. 

Contrario a lo que pasaba en los sexenios anteriores, en este no se trata de llevar a cabo operativos deslumbrantes o de disparar balas a diestra y siniestra. Dese cuenta que lo que menos les importa a los criminales es la pérdida de vidas humanas porque en el México profundo tan falto de oportunidades y con tantas carencias, la carne de cañón sobra.

Y que si uno de sus cabecillas cae, casi de inmediato otro toma su lugar para ejercer el control de su estructura territorial y financiera.

En esas condiciones pelear en el campo de batalla sin pegarle a los criminales en donde realmente les duele, en su recursos económicos, es pérdida de tiempo. Si vamos a ganar esta guerra no será llenando el país de sangre sino quitándole a los grupos criminales su dinero y sus fuentes de financiamiento. Eso es precisamente lo que Santiago Nieto y la UIF están haciendo. Porque así es como se ganan las guerras, pegandole al dinero.

Destape

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En sus burdas maniobras para desestabilizar al estado de Jalisco, Morena y AMLO acaban de propulsar la candidatura presidencial de Enrique Alfaro para el sexenio 2024-2030, y probablemente como uno de los líderes políticos en las campañas electorales del 2021. 

El destape prematuro se anticipó como consecuencia de las manifestaciones violentas organizadas por reventadores profesionales de Morena, los mismos que al día siguiente exhibieron su furia y su imbecilidad en Polanco. El  presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, remató el día de ayer con una serie de datos dignos de la Secretaría de Hacienda, en un intento para desvirtuar los reclamos sobre el Pacto Fiscal Federal que encabeza el propio gobernador de Jalisco. En otras palabras, AMLO y los estrategas electorales de Morena le tienen miedo a Enrique Alfaro, sobre el cual no tienen carpetas ni expediente en la UIF. 

Políticamente, el emecista tiene la capacidad de reunir una gran coalición con alto nivel de convocatoria en el norte del país y con una fuerte llamada  para el ala conservador de Morena, aquellos que fueron engañados por los extremistas comunistas quienes últimamente tienen la atención de AMLO y le dictan las medidas de gobierno que acabarán de hundir a México a nivel de Venezuela. 

La parte negativa de la ecuación es el factor violencia que en su desesperación los líderes porristas de Morena introdujeron en un debate que hasta ahora era relativamente pacífico. Si nos referimos al modelo venezolano, esta variante en el juego político era de esperar. Son tácticas comunes de quienes carecen de argumentos equilibrados. Sus argumentos son de odio y de agresión. 

Después de estos episodios tapatíos y observando la nula reacción a la convocatoria en Monterrey, será interesante analizar las reacciones de las supuestas pre-pre candidatas de Morena para la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz y Tatiana. ¿Estarían dispuestas a que sus campañas se vean ensuciadas con los porros de Morena? ¿Estarían listas para firmar un pacto con un diablo que no dominarán y que las puede manipular en terrenos desconocidos para ellas?

Cuenta Regresiva

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Domingo 6 de junio de 2021. Día de elecciones en México. Si bien aún falta un año entero, es conveniente comenzar a abordar el tema pues las intenciones de los grupos políticos no tardan en hacerse ver.

A lo largo del país, en las 32 entidades federativas, se elegirán diferentes cargos estatales y municipales. 15 estados tendrán nuevo gobernador o gobernadora, 30 estados renovarán alcaldías y también 30 estados tendrán nuevas legislaturas locales, además de otros cargos menores. Y a nivel federal, se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, con 500 escaños en juego. 

En este proceso electoral también se podrá ver la participación de nuevas alternativas políticas, como lo es México Libre, partido del expresidente Felipe Calderón, o el PES que regresa a la escena nacional después de su refundación. 

Estas elecciones intermedias tienen una importancia sin precedentes debido a la profunda división que vive México hoy en día. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha separado a la opinión pública de manera que en los siguientes comicios estaremos definiendo el rumbo de nuestro país. 

Morena tiene en 2021 la oportunidad perfecta para afianzar un poder inalcanzable a lo largo de México. Con 15 gubernaturas en juego y la renovación de la Cámara de Diputados, podría ahora tener mayoría en el Poder Legislativo y también en la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

Para la oposición, en la que se encuentran partidos como Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, es el único momento que tendrán para revertir la situación política de México y poder quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, así como evitar que el oficialismo se apodere de la mayoría de los gobiernos estatales y alcaldías en juego. 

Dependiendo de los resultados de esta elección podremos hablar del camino que tomará México en los siguientes años. Un control completo por parte del oficialismo sería peligroso para nuestra democracia, por lo que las distintas oposiciones deberán hacerse de un plan ambicioso, congruente y sobretodo eficaz, para recuperar terreno perdido y poder equilibrar las esferas políticas en México. 

El Instituto Nacional Electoral tiene registradas a casi 95 millones de personas habilitadas para votar, otra razón por la que estas serán unas elecciones históricas. Tomando en cuenta la pésima participación que se registró en los estados que tuvieron contiendas electorales en 2019, se espera que activar a la ciudadanía e impulsarla a participar sea uno de los más grandes retos. 

Como ciudadanos debemos asumir el rol que nos toca en este proceso, y entender que somos de suma importancia para el funcionamiento de nuestra democracia. Sin nuestros votos, sin una ciudadanía participativa, no habrá forma de lograr los cambios que nuestro país necesita. 

2021 es el año en el que debemos pasar del reclamo a la acción. Que todas nuestras exigencias, inconformidades o necesidades en todos los niveles del gobierno se conviertan en votos y podamos percibir nuestra participación haciendo un cambio. 

En los últimos meses hemos vivido todo tipo de situaciones que sin duda alguna moldearán el futuro. Es por eso que ahora más que nunca debemos ser partícipes del proceso de construcción de ese futuro, en vez de simplemente quedarnos callados como durante muchas generaciones se ha hecho. 

Sea cual sea tu ideología, preferencia o decisión, lo importante es que participes. La belleza de nuestra democracia radica en que hay espacio para todas las opiniones y posturas. Fallamos como ciudadanos cuando esa opinión y postura, no la externamos y no la hacemos valer.

Así que ya sabes, tu voto cuenta ahora más que nunca. Inicia la cuenta regresiva, rumbo al domingo 6 de junio de 2021. 

Es hora de hablar de la policías en México

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La muerte de Giovanni López en manos de cuerpos policiacos en Ixtlahuacán, Jalisco, nos hace revivir un tema que diversos gobiernos han preferido ignorar y no resolver, dejando que crezca y crezca y siga creciendo, generando víctimas: la situación de las policías locales. Independientemente de los tintes políticos del caso, no debemos perder de vista que gran parte del problema y el origen del mismo, es la situación generalizada de las policías locales en México. La agenda pendiente para mejorar la eficacia y situación de las corporaciones policiacas, se debe a una falta de visión integral sobre seguridad pública.

Debemos entender, que las policías locales son ese primer contacto de la ciudadanía con los aparatos del Estado, desde esa perspectiva, podemos afirmar que ellos son los que conocen las dinámicas comunitarias de la violencia, su posición en una comunidad puede tener un impacto positivo para el mejor desarrollo de una comunidad, ya que “este conocimiento es indispensable para atender conductas antisociales y promover una convivencia pacífica entre los vecinos, con un uso mínimo de la fuerza” (López, 2019). Esta perspectiva de primer contacto ciudadano, facilitador de soluciones comunes y su conocimiento de la situación local, nos hace ver lo imperativo de las reformas y políticas públicas en materia de seguridad pública tengan como base estos puntos partida.

Sin embargo, la población tiene un nivel de satisfacción muy bajo de las policías, la segunda peor calificada, conforme a la ENCIG 2019 del INEGI, esto se debe en gran medida a esos comportamientos y acciones sistemáticas y muy arraigadas en muchas instituciones policiacas a nivel local. Si vemos que, conforme a los artículos 41 fracción V, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se prevé el Certificado Único Policial (CUP), el cual es el aval de capacitación y conocimiento básico en sus tareas, sin embargo, de acuerdo con una investigación de Animal Político, sólo el 27.5% de las policías locales y municipales cuentan con un CUP, lo que se traduce en 1 de cada 4, en términos generales, ninguna entidad federativa cuenta con el 100% de sus cuerpos policiacos certificados. Esto nos muestra una parte del problema, el cual es la falta de capacitación y educación completa, y entender que el ejercicio de la seguridad pública debe ser considerada desde una profesionalización, ya que en la concepción tradicional sólo es considerada como una labor más que ignora su importancia y relevancia social.

Si analizamos el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) desarrollado por la organización Causa en Común, que genera indicadores como la carrera policial, certificación, profesionalización, seguridad social y régimen disciplinario, la organización concluye que “ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente con los requisitos mínimo de ley y las corporaciones policiales en el país subsisten precariamente, no se desarrollan“. Esto es de preocuparnos, ya que no se están tomando las medidas adecuadas para que las policías tengan una  formación adecuada. Del INDEPOL 2018 se puede señalar que  en 14 entidades, durante 2015, 2016, y 2017 no sesionó en ninguna ocasión la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, el cual es el órgano encargado de las directrices para formar verdaderos profesionales en las instituciones de seguridad pública.  Así como es importante tomar la carrera policial como una verdadera profesión pública, se debe tener en cuenta que existe una mala educación sobre prácticas apegadas a  los  más altos estándares de derechos humanos, y esto se ve reflejado en el alto índice de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ante Comisiones locales en la materia. Esto resulta muy importante para obtener buenos resultados, ya que al estar en contacto directo con situaciones no de alto impacto, responder de manera proporcional apegado a prácticas adecuadas en atención ciudad y tener protocolos bien establecidos para la atención de crímenes de alto impacto, abonan a reducir violaciones graves a los derechos humanos y romper con el actual ciclo de abuso de la fuerza. A esto debemos señalar las condiciones adversas con las cuales deben desempeñar sus labores, con salarios ínfimos y con pocas o nulas prestaciones, las cuales tampoco generan un incentivo para profesionalizar o incentivar a los cuerpos policiacos a mejores estándares o prácticas.

Otra dimensión del problema son los recursos públicos para las corporaciones policiacas, ya que  el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que se transfiere a las entidades federativas el cual pare el 2020 son 7, 436, 542, 144.00 millones de pesos, y vemos que existe una mala aplicación e inversión de dichos recursos, un fenómeno preocupante en los estados es el subejercicio de dicho fondo, ya que la gran mayoría tiene un subejercicio debido a dos grandes factores, primero al “incumplimiento de metas y objetivos del fondo y el segundo, como resultado de la incapacidad o la imposibilidad de ejercer el total del recurso “. La suma de estos factores, nos deja que ver gran parte del problema es que la situación dentro de dichas instituciones no permite grandes avances. Lo que sucedió en el caso de Giovanni no debe volver a ocurrir, y para ello debemos tomarnos el papel de las policías locales enserio. Desafortunadamente, “el diseño institucional que regula la función policial en México las coloca prácticamente como meras espectadoras de los problemas de seguridad”. Es por ello que es urgente una reforma integral al sistema nacional de seguridad pública que impacte a nivel local. Las dinámicas locales tienen una tendencia a ser más efectivas y exitosas, y ese ha sido la reforma pendiente. En ningún momento considero que se pueda (y deba) justificar el actuar de los policías que mataron a Giovanni, sin embargo, la situación deja al descubierto que debemos cambiar la estructura y políticas públicas para evitar a más víctimas en manos de policías. Mejores controles internos, rendición de cuentas y transparencia sobre los programas internos y políticas institucionales son puntos que también se debe exigir a los gobiernos locales. Como lamentablemente señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): “durante más de dos décadas, sucesivos, gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abusos y corrupción”.  

reneramirezbenitez@gmail.com 

Twitter: Renesito_ 

De la protesta al voto

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Las protestas de los últimos días han pasado de ser internacionales a nacionales, internalizando el racismo y clasismo que hemos ignorado por siglos y levantando la voz para tener un diálogo urgente y necesario al respecto.

Nuestro tejido social está resquebrajado y las instituciones responsables de nuestra protección son nuestros verdugos. Contamos con una cifra negra enorme, donde 93% de los delitos no se denuncian, y los que se llegan a denunciar se topan con pared en una investigación sin resultados o en “trámite”. En 2019 a nivel nacional se registraron más de 2 millones de delitos del fuero común y en 2018 más de 5.9 millones de intervenciones policiales. Toda esta carga de trabajo recae sobre las policías locales (municipales y estatales) siendo los delitos de robo, lesiones, violencia familiar y homicidio los de mayor incidencia. 

Tuve la oportunidad de capacitar policías municipales y estatales. Trabajé con ellos en campo, y viví largas jornadas de sus turnos de 12×24 o 24×48 (horas trabajadas por horas de descanso). Fui testigo del esfuerzo para salir adelante y que se saben responsables de la defensa y protección de la ciudadanía. Pero también me tocó ver una clara falta de capacitación y conocimiento de derechos humanos de quienes juraron proteger. Una falta de sensibilidad y conciencia en el uso de la fuerza. Falta de habilidades y entrenamientos para deescalar los conflictos, para asegurar la escena y las evidencias, o para entrevistar a los testigos. No hay lectura de derechos y hay desconocimiento de las acciones legales durante la detención. La situación es tan grave que Nuevo León sólo 6.3% de los detenidos llega al MP, parte esencial para probar la legalidad de la detención. Además el análisis y seguimiento del resultado de las estrategias policiales es muy limitado. Los indicadores, mediciones, confianza ciudadana y análisis del desempeño es prácticamente inexistente. 

La mayoría de los policías son estatales (172,000), luego municipales (150,000), luego federales (37,000). A pesar de una clara necesidad de profesionalización y recursos en lo local las estrategias de seguridad se concentran en la federación, no hay prevención sólo reacción al delito. Así es como la solución de la 4T a una estrategia fallida de intervención militar ha sido no sólo replicarla, sino legalizarla. Fue así que se formalizó la participación del ejército y se les facultó como policías, esta es la nueva Guardia Nacional. 

No es coincidencia que llevemos 13 años en una guerra que no acaba, y no se ve que vaya a acabar pronto. Todo el enfoque ha sido de arriba hacia abajo. No se ha dado una coordinación real entre la federación, los estados y los municipios, donde las estrategias, recursos, herramientas, capacitaciones han sido variados y desproporcionados. Un claro ejemplo es el abandono de estados y municipios que siguen en la misma situación deplorable de hace más de una década donde el 82% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos mensuales y el 93% de los policías estatales menos de 20 mil. Los responsables de la seguridad de comunidades enteras ganan menos que el gerente de una sucursal bancaria promedio, y yo sigo sin conocer a alguien que valore su dinero más que su vida.

La sociedad ya no aguantó y estalló en protesta contra la inoperancia del sistema político particularmente por la inseguridad, la opacidad, el abuso de poder, la corrupción, la falta de resultados y los asesinatos que quedan impunes. La protesta es una forma legítima de presión social y de exigencia de cambio, ha sido una de las expresiones sociales de mayor relevancia histórica, y siempre ha dado pie a nuevas alternativas. Las marchas hacen tangible un reclamo social y demuestran el soporte que tienen en la población. Encienden pasiones y provocan discusiones, debates y análisis acerca de los modos, tiempos, razones y motivos, pero siempre serán legítimas.

Pero la trascendencia de la protesta, la marcha, el reclamo y el señalamiento será realidad cuando se plasme en las urnas con su voto. Porqué esa es la única manera de asegurar que las cosas serán distintas, reemplazando a los políticos y partidos de siempre. 

Si queremos resultados distintos, analicemos nuestras opciones, busquemos esos perfiles de ciudadanos comprometidos, humanistas, expertos, empáticos que crean en lo social y en lo público. Necesitamos personas que promuevan la transparencia, la libertad de expresión, el estado de derecho, la evaluación ciudadana y la responsabilidad social. 

Sigamos marchando, sigamos exigiendo, sigamos denunciando. Tenemos un año para pasar de las calles a las urnas, del post y el share al voto. El 2021 es el momento para reemplazarlos y empezar el cambio que queremos para nuestra ciudad y nuestro país. 

Para más información del Sistema de Seguridad escuchar episodio de “Seguridad en México” de Kristian con K

https://open.spotify.com/episode/7p4z7q3OyjiXxXZ8YfIOIe

El monopolio de la violencia

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Como estudiante de ciencia política, una de las frases más populares en clases es “el Estado tiene el monopolio de la violencia”. Este pensamiento surge de Max Weber, y a lo que se refiere es que un Estado, ejerciendo su papel como autoridad, tiene la posibilidad de usar la violencia legítimamente dentro de un territorio para poder tener control sobre las situaciones de este territorio. O, en otras palabras, el Estado puede usar la violencia en caso de que haya un atentado a la paz y al orden de las normas de un lugar específico. Pero ¿debería, la violencia, ser la primera y única opción si el Estado percibe que se está atentando el orden público?

Estas últimas semanas hemos visto como se han levantado protestas en contra del abuso de fuerza de los cuerpos policiales y así mismo, la nula respuesta de los gobiernos, específicamente de Estados Unidos y de México, sobre las preocupaciones de los ciudadanos sobre este tema. Hemos visto imágenes y videos de cómo las protestas están siendo llevadas a otro nivel, pues la policía ha estado ejerciendo aún más su “poder” y ha estado creando todavía más violencia de la que las personas protestaban en primer lugar.  

Poniendo énfasis en lo que está sucediendo en Guadalajara, los ciudadanos realmente están en todo su derecho de protestar. En el artículo 9 de nuestra Constitución, se establece: “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. 

Usualmente los momentos violentos de parte de los protestantes hacia las autoridades o la marcha en general surgen de personas infiltradas, pero la mayoría de las protestas se han intentado llevar de manera pacífica y aún así la policía está realizando detenciones ilegales y ejerciendo una fuerza desmesurada sobre los asistentes. Entonces, ¿será que el gobierno considera que la gente que reclaman por injusticias son un atentado hacia el orden público? ¿Por qué el gobierno no mejor utiliza su poder para crear acciones estratégicas y escuchar a la ciudadanía? ¿Por qué tiene que ser la violencia la primera respuesta para querer “solucionar” una situación?

El ejercicio de la violencia impide que haya comunicación, resolución y consenso con la gente. Pienso que el gobierno se está perjudicando solo, y únicamente hacen que las personas dejen de confiar en ellos como autoridad legítima. Aunque las fuerzas locales sean las que están respondiendo ante las protestas, el Poder Ejecutivo Federal también debería impulsar a estos gobiernos locales a actuar con sentido común. Todos los niveles del gobierno deben de saber utilizar su monopolio de la violencia de manera inteligente y no crear más desorden del que se tiene o por el que se lucha. 

Del puente a la Alameda

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A la flor de la canela, menudo pie la llevaba por la vereda que se estremecía al ritmo de su cadera. Así inmortalizó la compositora peruana Chabuca Granda en su canción “La flor de la canela” a una mujer que veía caminar felizmente y con elegancia por las calles de Lima a mediados del siglo pasado.

Una mujer caminando, un río, una banqueta, que en Perú le llaman vereda, y un espacio público. Hasta la fecha, la ecuación se repite en muchas ciudades de América Latina y Monterrey no es la excepción. 

¿Qué pasa si a la ecuación le quitamos una o algunas de sus variables? 

En días reciente, sobre la Avenida Constitución, se inició la demolición de los puentes Cuauhtémoc y Pino Suárez en su cruce con el río Santa Catarina.  Este trabajo ha generado molestias y cambios de ruta entre automovilistas. Para los que se mueven en auto se eliminó una de las variables de la ecuación, para otros, la ecuación estaba incompleta desde hace años.  

A diario, cientos de personas, que desde el auto son invisibles, cruzaban a pie, principalmente por el Puente Pino Suárez, de la Colonia Independencia al centro de la ciudad con destino a trabajos, paradas de transporte público, compras y diversas actividades que se pueden satisfacer en el centro de Monterrey, incluyendo ir a pasear a la Alameda. 

El recorrido, desde antes de la demolición de los puentes, no era romántico como en una canción. 

Para llegar a la Alameda, una persona caminando, tenía que esquivar autos y camiones por el arroyo vehicular del puente ya que en tramos se esfumaban las banquetas. Después, si optaba por utilizar un terrible y olvidado puente peatonal, tenía que incrementar más de trescientos metros el recorrido, subir y bajar escaleras y pasar por zonas oscuras, sucias, llenas de matorrales y tramos inaccesibles para algunas personas. Y al final, le esperaba un crucero continuo de autos a toda velocidad sin ninguna consideración por peatones. De las banquetas y cruces peatonales para llegar a la Alameda ni siquiera hablaré. 

Uno de los efectos de la pandemia por COVID19 en muchas ciudades del mundo, incluyendo ciudades del país, ha sido modificar la movilidad y dar mayor importancia al espacio peatonal, al transporte no motorizado y reducir el uso del auto privado. Algunas ya lo estaban haciendo y la pandemia sólo aceleró el proceso.

Ampliar banquetas para mejorar la sana distancia, implementar ciclovías temporales y permanentes que ayuden a reducir la saturación en el transporte, reducir la velocidad en las calles y propiciar el comercio y el trabajo de cercanía han sido algunas de las medidas tomadas en diversas ciudades como preparación para una nueva normalidad. 

Los puentes de Pino Suarez y Cuauhtémoc se construirán de nuevo, la pregunta es si serán de nuevo con una marcada preferencia a mover autos o se aprovechará el momento para reconstruir con justicia social y se dará preferencia a peatones y ciclistas para unir con dignidad dos zonas de la ciudad que tan solo las divide un río. 

En rediseñar los puentes para conectar de manera segura, a pie o en bicicleta, la colonia Independencia con el centro de la ciudad puede estar la bienvenida a una nueva visión de movilidad o regresar a la miopía urbana que solo sabe mover autos y olvida que las ciudades se pueden conectar de manera sostenible. 

Si los nuevos puentes no se pueden cruzar de manera segura caminando, no habrá nueva normalidad, será la misma que ya conocemos y se habrá perdido la oportunidad de probar que una ciudad caminable es posible. 

En el aprovechamiento correcto del espacio público está la posibilidad de tener un feliz recorrido del puente a la Alameda en cualquier medio de transporte o que siga siendo un privilegio para los que van en auto, imposible si se quiere hacer en bicicleta o un suplicio para quienes lo hacen a pie. 

La aprobación de AMLO baja: su partido enfrenta un escenario adverso para 2021

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

El nivel de aprobación del presidente López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en 60 por ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

El efecto rally behind que mencionamos hace un mes en Reporte-19 como uno de los factores en el incremento de la popularidad del presidente parece haber llegado a un punto de agotamiento. 

La aprobación de AMLO ha vuelto a los niveles que tenía en marzo, cuando comenzó el confinamiento. Este nivel de aprobación es el más bajo en lo que va de su presidencia.

La disminución en la popularidad presidencial se registra en el mes con más contagios y fallecimientos por COVID-19, pero también en el que las medidas de confinamiento han detenido buena parte de la actividad económica y productiva del país.

El Economista-Mitofsky también compartieron su encuesta de mayo en la que se aprecia una aprobación del 50%.  Un aspecto relevante en el estudio es la aprobación por tipo de ocupación. Los profesores y trabajadores informales son quienes más alta tienen su valoración (66% y 67%) mientras que los empresarios y personas desempleadas son quienes más lo reprueban (58% y 62%, respectivamente).

La desagregación de aprobación por Estados muestra que donde mayor incremento hubo fue en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Durango, mientras que el decremento se hizo más latente en Campeche, Nuevo León, Baja California Sur y Durango.

La probabilidad de que la aprobación del presidente continúe a la baja es alta por factores obvios: el aumento en el costo humano y económico de la pandemia y un zoom de los factores de rechazo para el presidente se encuentra en la opinión al manejo de problemáticas específicas.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero, el 62% de la población piensa que AMLO ha manejado “mal/muy mal” el empleo y el 57% piensa lo mismo sobre la economía.

Esto configura un escenario adverso para el mandatario y su partido, pues aunque falta un año, enfilarse hacia 2021 con una percepción mayoritaria de mal manejo en la economía y seguridad podría acarrear considerables costos electorales. Es probable que el debilitamiento de la imagen presidencial sea más agudo en los estados del norte, donde históricamente la votación por AMLO siempre fue menor que en el centro y sur.

Es relevante recordar que en la elección de 2018 Nuevo León fue el segundo estado con menos votos para AMLO, solo por detrás de Guanajuato (La única entidad en la que no ganó).