La Movilidad y el Respeto Cívico

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Lamentablemente la semana pasada fuimos testigos de hechos de tránsito en el cual lamentablemente perdieron la vida cuatro ciclistas.

Recientemente se aprobó en diciembre del año pasado la nueva Ley de Movilidad para el Estado de Nuevo León que contiene una visión más amplia respecto a la manera de trasladarnos de un lugar a otro dentro de la zona metropolitana y dentro del Estado.

Esta Ley contiene una jerarquización de movilidad empezando y como prioridad el peatón y las personas con movilidad limitada (personas de la tercera edad, niños, etc), posteriormente los usuarios o conductores de medios no motorizados y posteriormente los demás medios motorizados.

En el área metropolitana de Monterrey cada vez vemos menos agentes de tránsito, y cuando los vemos es para atender un accidente que ya sucedió o para operativos anti alcohol, pero no vemos a estos agentes como hace unos 20 años implementando el operativo radar, cuidando las zonas escolares, patrullando para detectar alguna irregularidad vial y temas preventivos.

Esto ha llevado a que la cultura tan mexicanizada de no respetar reglas y no respetar a los demás se salga de orden. Cada vez vemos más en los medios de comunicación y en las redes sociales incidentes de peleas entre conductores porque simple y sencillamente todos se sienten dueños exclusivos de la calle, más alla de las leyes y los reglamentos.

Los ordenamientos jurídicos fueron creados para regular la manera en que convivimos en sociedad, sin embargo, cuando no existe el valor del respeto, poco se puede hacer para respetar el ordenamiento jurídico que nos hace convivir bajo ciertos lineamientos.

México sigue siendo el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Impunidad elaborado por la UDLAP, y esto deriva en que, al no existir castigos o al no implementarse los mismos, cada quien hace lo que le viene en gana e impera la ley del más fuerte, en este caso y en esta semana, lamentablemente la fuerza de un vehículo automotor contra el poco peso y volumen de una bicicleta y el cuerpo humano.

Es el mes de Julio de 2020, siete meses han pasado desde que se publicó la nueva Ley de Movilidad, y no solamente los ciudadanos no la respetan, sino que las autoridades municipales tampoco han armonizado sus reglamentos y tampoco han adaptado las vialidades con carriles confinados para los medios no motorizados como lo establece la nueva legislación.

La pandemia no es pretexto para no cumplir la ley y para que las autoridades no cumplan lo que deben cumplir, ejemplo de ello, es que siguen los trabajos en Calzada del Valle en los que se contempla todo, menos un modelo de calle completa.

Hay quienes, sin el menor síntoma de sensibilidad, acusan a los ciclistas de ocupar un carril, y es fácil emitir un juicio cuando no se trata de un familiar, sin embargo tampoco consideran que en las vialidades en que se suscitaron estas lamentables tragedias no existe un carril confinado a medios no motorizados, ni en esos municipios en donde ocurrieron los hechos existen reglamentos armonizados con la nueva legislación.

Más allá de deslindar culpas, que a nosotros no nos toca, sino a un juez de lo penal, lo que si nos corresponde es tomar responsabilidad sobre respetar a los demás y respetar las normas jurídicas para convivir como sociedad y prevenir lamentables pérdidas humanas.

La insensibilidad Hacendaria en tiempos de crisis

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Recién la semana pasada el Secretario de Hacienda anunció con bombo y platillo la implementación de gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta a:

1) Descarga o acceso a contenido multimedia

2) Intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos

3) Clubes en línea y aplicaciones de citas

4) Enseñanza a distancia o páginas de test

Lo anterior se suma a los gravámenes impuestos a servicios digitales como plataformas de entretenimiento streaming, entrega de comidas, transporte por medio de aplicaciones, y otras más.

Las medidas que cito en el párrafo que antecede definitivamente son un duro golpe al comercio electrónico que en tiempos de crisis no era necesario un gravamen sino estímulos.

Pero las medidas que anunció la semana pasada el Secretario de Hacienda constituyen una insensibilidad, insensatez, abuso, retroceso y estancamiento.

Aun seguimos padeciendo la pandemia del COVID-19 y nos encontramos lejos, según la Organización Mundial de la Salud, de volver a la normalidad como la conocemos.

Aunque cierto es que ya se están desarrollando vacunas y medicamentos en todo el mundo, también es cierto que aun no se han probado en humanos y mucho menos podrían ser comercializadas para poder volver a la vida cotidanta pre COVID.

Es alarmante la cifra de contagios y defunciones en México y que la misma Organización Mundial de la Salud pronostica de manera poco alentadora.

De modo que las estimaciones para volver a la vida cotidana pre COVID se estiman al menos hasta enero de 2021, y esto implica la mayoría de los trabajos presenciales y por supuesto el sector académico.

Al pretender gravar la enseñanza a distancia o la descarga de contenido multimedia se afecta gravemente a alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, es decir, a todos, y por supuesto a los padres de familia, tanto en planteles educativos públicos como privados.

En los planteles privados es evidente que el costo aumentaría por educación puesto que a las inscripciones y colegiaturas habría que añadir el costo del uso de plataformas en línea y de la descarga de los contenidos multimedia.

Sin embargo en los planteles educativos públicos, al no contar la Secretaría de Educación Pública ni las autoridades educativas estatales con una plataforma lo suficientemente desarrollada, ni los alumnos el acceso en algunos casos ni siquiera a internet, representa una insensatez de proporciones épicas.

Si las autoridades educativas decidieran crear una plataforma educativa a distancia para planteles públicos, el costo de la misma sería un duro golpe a las finanzas públicas por la cantidad de alumnado y el tamaño de servidores y tecnología que esto implicaría, amen de las vicisitudes que implicaría para las familias mexicanas la adquisición de equipo electrónico y acceso a internet.

En cambio, si las autoridades educativas decidieran contratar una plataforma, ésta tendría que someterse al nuevo gravamen que anunció la Secretaría de Hacienda y con esto aumentaría el costo ya sea para la autoridad educativa, en caso de que ésta se haga cargo del gasto, o bien, para las familias mexicanas que en lugar de pagar uniformes tendrían que pagar el acceso a una plataforma que eliminaría la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3º Constitucional y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

El fin recaudatorio de la autoridad hacendaria podría lesionar aun más la ya muy lastimada economía de los mexicanos afectados por una crisis sanitaria que además se suma al -10% que estima el Fondo Monetario Internacional para el Producto Interno Bruto al final de este año y a la tasa de desempleo sin precedentes en nuestro país.

Nueva Normalidad Urbana y Movilidad

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Ante la esperada o inesperada llegada del COVID 19 en todo el mundo enfrentamos nuevos retos para el trabajo, los estudios, la convivencia y los traslados.

La Organización Mundial de la Salud ha catalogado el COVID 19 como una enfermedad endémica, es decir, que estará presente siempre, como el caso de otros virus como el VIH o la influenza.

En este contexto somos nosotros los que debemos adaptarnos a la nueva realidad exista o no exista en un futuro algún anti viral efectivo o una vacuna.

Las respuestas de las diferentes autoridades del sector salud y de otros entes gubernamentales, tanto estatal como federal, han sido confusas y divergentes.

Ya es motivo de humor en las redes sociales que cada semana aplazan más el fin de la pandemia o del pico de contagios.

Lo que es una realidad es que en Nuevo León la semana recién transcurrida tuvo un nuevo récord de contagios de COVID 19, y muchos jóvenes y adultos continúan con paseos o reuniones, sin embargo, lo que no puede detenerse es la actividad productiva, ya que muchos trabajadores y muchos comerciantes viven prácticamente de los ingresos diarios por su trabajo.

Ante esta situación y ante una realidad de una ciudad dispersa urbanísticamente hablando, con grandes distancias a recorrer entre trabajo y casa, así como a los comercios indispensables, nos lleva a la reflexión de replantear el modelo urbano y de movilidad que actualmente tenemos.

Se dan casos de trabajadores que viven en un municipio como Apodaca o Escobedo y tienen que trasladarse a Monterrey o San Pedro para trabajar, y la gran mayoría de los trabajadores utilizan el transporte público.

Recientemente se promulgó la nueva Ley de Movilidad del Estado que prevé mejores condiciones para los usuarios, así como para los prestadores del servicio para que puedan brindar mayor frecuencia de paso entre unidades de autobuses y mayores condiciones de seguridad y comodidad a los usuarios.

Sin embargo, en lo que termina de aplicarse a cabalidad la nueva ley nos enfrentamos a la realidad que ha prevalecido los últimos años en el área metropolitana de Monterrey, y esto es que no existe una frecuencia adecuada de paso de autobuses y que los que pasan permanecen saturados.

Lo anterior obedece a una cuestión de costos y de oferta y demanda, es decir, que para un prestador de servicios no es factible bajo la tarifa vigente brindar una frecuencia de paso adecuada porque representaría pérdida, dadas las largas distancias que recorren las diferentes rutas. Bajo este contexto tenemos que un autobús que sale del municipio de García tiene la mayor demanda de pasaje en su municipio, pero en el camino el autobús levanta relativamente pocos pasajeros, lo que no hace rentable el servicio y tampoco se encuentra el servicio en condiciones de poner a disposición de los usuarios mayor cantidad de unidades para reducir la frecuencia de paso y poder implementar medidas como la sana distancia dentro de las unidades.

La autoridad del Instituto de Movilidad tiene un gran reto para resolver dicha problemática, sin embargo dicha responsabilidad y reto no son exclusivos de dicha dependencia, sino que también se debe replantear el diseño urbano de la ciudad.

Si existieran distritos urbano ampliamente densificados y con usos mixtos permitiría que la población pudiera caminar apenas unas cuadras de su departamento a su oficina, pero la realidad es que vivimos en una metrópoli en que abundan los usos de suelo separados y el crecimiento horizontal.

Es importante que las autoridades estatal y municipal permitan un nuevo diseño urbano mediante nuevas reglas de densificación en la ley, en los planes de desarrollo urbano y en los permisos, lo que permitiría la creación de distritos urbanos como los hay en otras grandes ciudades del mundo, que hacen rentable el transporte público y permiten los traslados a pie entre casa y trabajo a la población.