Advierten que darán 13.5 años de prisión por outsourcing ilegal

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El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, advirtió que quienes recurran a esquemas de subcontratación ilegal enfrentarán penas de 13.5 años de cárcel debido a que esta práctica se considerará un delito calificado.

Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto en el tema de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, Romero aseguró que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica.

“El mensaje debe ser claro, las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de personal o la simulación de servicios especializados”, señaló el funcionario.

Aseguró que el que un delito sea calificado significa que las prestadoras acusadas de cometerlo llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos, lo cual está de conformidad con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2020.

“La iniciativa tiene por objeto esclarecer una calificativa específica para este tipo de casos. Manda un mensaje claro a la población con el efecto de inhibir estas prácticas. quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13.5 años de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de tres o más personas que ejecuten estos esquemas de manera reiterada y permanente, serán procesados por delincuencia organizada. Esto también va en congruencia con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de este año”, explicó Romero.

Agregó, que la intención del Gobierno es terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal como la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Este problema trastoca los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona grandes problemas al fisco”, indicó.

Citó cifras de la Secretaría de Trabajo (STPS), la cual ha señalado que en el papis existen cerca de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden el pago de impuestos por 21 mil millones de pesos.

También, aseguró que se tienen detectadas mil 200 empresas con distinto esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862 mil 489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales.

“Son subcontrataciones basadas en el engaño porque están basadas en aparentar la subcontratación de sus propios empleados para eludir el pago del impuesto sobre la renta y acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera ilegal”.

La insensibilidad Hacendaria en tiempos de crisis

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Recién la semana pasada el Secretario de Hacienda anunció con bombo y platillo la implementación de gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta a:

1) Descarga o acceso a contenido multimedia

2) Intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos

3) Clubes en línea y aplicaciones de citas

4) Enseñanza a distancia o páginas de test

Lo anterior se suma a los gravámenes impuestos a servicios digitales como plataformas de entretenimiento streaming, entrega de comidas, transporte por medio de aplicaciones, y otras más.

Las medidas que cito en el párrafo que antecede definitivamente son un duro golpe al comercio electrónico que en tiempos de crisis no era necesario un gravamen sino estímulos.

Pero las medidas que anunció la semana pasada el Secretario de Hacienda constituyen una insensibilidad, insensatez, abuso, retroceso y estancamiento.

Aun seguimos padeciendo la pandemia del COVID-19 y nos encontramos lejos, según la Organización Mundial de la Salud, de volver a la normalidad como la conocemos.

Aunque cierto es que ya se están desarrollando vacunas y medicamentos en todo el mundo, también es cierto que aun no se han probado en humanos y mucho menos podrían ser comercializadas para poder volver a la vida cotidanta pre COVID.

Es alarmante la cifra de contagios y defunciones en México y que la misma Organización Mundial de la Salud pronostica de manera poco alentadora.

De modo que las estimaciones para volver a la vida cotidana pre COVID se estiman al menos hasta enero de 2021, y esto implica la mayoría de los trabajos presenciales y por supuesto el sector académico.

Al pretender gravar la enseñanza a distancia o la descarga de contenido multimedia se afecta gravemente a alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, es decir, a todos, y por supuesto a los padres de familia, tanto en planteles educativos públicos como privados.

En los planteles privados es evidente que el costo aumentaría por educación puesto que a las inscripciones y colegiaturas habría que añadir el costo del uso de plataformas en línea y de la descarga de los contenidos multimedia.

Sin embargo en los planteles educativos públicos, al no contar la Secretaría de Educación Pública ni las autoridades educativas estatales con una plataforma lo suficientemente desarrollada, ni los alumnos el acceso en algunos casos ni siquiera a internet, representa una insensatez de proporciones épicas.

Si las autoridades educativas decidieran crear una plataforma educativa a distancia para planteles públicos, el costo de la misma sería un duro golpe a las finanzas públicas por la cantidad de alumnado y el tamaño de servidores y tecnología que esto implicaría, amen de las vicisitudes que implicaría para las familias mexicanas la adquisición de equipo electrónico y acceso a internet.

En cambio, si las autoridades educativas decidieran contratar una plataforma, ésta tendría que someterse al nuevo gravamen que anunció la Secretaría de Hacienda y con esto aumentaría el costo ya sea para la autoridad educativa, en caso de que ésta se haga cargo del gasto, o bien, para las familias mexicanas que en lugar de pagar uniformes tendrían que pagar el acceso a una plataforma que eliminaría la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3º Constitucional y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

El fin recaudatorio de la autoridad hacendaria podría lesionar aun más la ya muy lastimada economía de los mexicanos afectados por una crisis sanitaria que además se suma al -10% que estima el Fondo Monetario Internacional para el Producto Interno Bruto al final de este año y a la tasa de desempleo sin precedentes en nuestro país.

Propone el PRI eliminar el IVA por dos meses por COVID-19

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El dirigente nacional del Partido Revolucionario Internacional (PRI), Alejandro Moreno, propuso una serie de medidas para enfrentar la crisis económica que propició el COVID-19 en el papis, entre las cuales está la desaparición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por dos meses.

El priista indicó que las 10 propuestas fueron discutidas con expertos y colocarían al país en sintonía con el resto de los países del mundo que enfrentan la pandemia, aunque deberían de aplicarse de inmediato.

Las 10 propuestas son: declarar, con carácter de inmediato, cuarentena rigurosa a nivel nacional, eliminar el impuesto del 16% del IVA en abril y mayo, que hoteles, servicios de taz, Uber y plataformas similares están a disposición del sistema de salud para traslado y aislamiento de personas contagiadas, y que el Gobierno pague por estos servicios, aumentar pruebas de detección del virus de acuerdo a los criterios de la OMS, que la Cámara de Diputados asigne recursos extraordinarios para reabastecer insumos médicos, que se aumente 30% el salario de todo el personal médico durante abril y mayo, disponer de “bancos de alimentos” en las 32 entidades del país, cancelar inmediatamente por un mes el ingreso de vuelos internacionales, posponer el pago de servicios básicos como agua y luz y que el gobierno complemente el salario de trabajadores afectados.

Las propuestas fueron publicadas por Moreno en su cuenta de Twitter.

#ElTalónDeAquiles: “La cuesta de Mora”

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La noticia le dio la vuelta al mundo: The New York Times intituló “Costa Rica Education Minister Resigns Under Evangelical Fire for LGBTQ Policy“. La renuncia del Ministro de Educación (MEP), Edgar Mora, el primero de julio, acontece en una compleja coyuntura en Costa Rica caracterizada, entre otros, por una desaceleración económica, una crisis fiscal y una alta movilización social. En ese marco, se libran manifestaciones sociales en las que sindicatos, estudiantes y grupos evangélicos se presentan unidos, movilizados sobre la base de una sólida estrategia de desinformación y de noticias falsas. 

El detonante fue la entrada en vigencia de una reforma fiscal pospuesta por más de veinte años. El primero de julio entró a regir el impuesto al valor agregado (IVA) y una serie de iniciativas que solucionan problemas por años denunciados por los ticos, como la necesidad de contener el gasto público y de identificar evasores fiscales. Pero pagar más impuestos no es popular en ningún país, y ante la estrategia de comunicación del gobierno, que brilló por su ausencia, la reforma fiscal (aprobada en la Asamblea Legislativa desde diciembre de 2018), se convirtió en el blanco de los manifestantes.

Días antes del primero de julio, el sector pesquero se movilizó en contra de la aplicación del IVA a los productos derivados de este sector. La marcha terminó de forma inusitada para un país estable como Costa Rica, cuando Casa Presidencial recibió piedras y un cabo de dinamita. No hubo heridos, pero en la madrugada siguiente una bomba molotov explotó en el despacho de una diputada. Simultáneamente, conductores de camiones de carga bloquearon vías solicitando ayuda en la solución de aspectos económicos como el cobro de impuestos de entrada a Nicaragua por parte de las autoridades del ese país. Cuando el presidente Carlos Alvarado decidió recibirlos, los mismos se enfocaron en solicitar la renuncia del ministro Mora. Como padres de familia, indicó uno de ellos, hay que oponerse al cambio de la doctrina costarricense, cristiana. Más allá de la absurdidad anecdótica, es legítimo preguntarse: ¿Qué tiene que ver el jerarca del MEP con todo esto? 

Un pequeño porcentaje de colegiales también se movilizó, esta vez contra supuestas políticas educativas.  Se instó a no ir a clase el 28 de junio porque se celebraría el Día Mundial del Orgullo LGBTIQ+ en las escuelas. Se pidió el retiro de un proyecto legislativo de “educación dual”, pues condenaría los estudiantes a trabajar por salarios risibles. Se manifestó contra la creación de baños neutros en centros educativos pues revolverían a hombres y mujeres de todas las edades en el mismo baño (y, supongo, al mismo tiempo). La movilización fue también contra las pruebas FARO (creían que dejaban a los graduados sin título) y contra unos drones que el MEP desea adquirir (los cuales serían utilizados para vigilarlos). Cuando el gobierno corrió a aclarar, ya no pudo con el fuego. La cabeza de Mora era un trofeo. No solo había el ministro sobrevivido, a pesar de la cúpula sindical, a una huelga de 93 días en 2018, sino que desde el inicio de su gestión, desafió a sectores ultraconservadores, cuando lanzó comentarios por Twitter sobre el suicidio y se definió como no creyente en un país en donde ser ateo es pecado. La cuesta se le había empinado al ministro Mora desde tiempo atrás.

El gobierno acusó a los manifestantes de generar desinformación. Aún con razón, la respuesta fue tardía. Se indicó que se podía aprovechar, sin ser forzoso, ciertas fechas (el día LGBTIQ+ incluido) para sensibilizar sobre los efectos del bullying. La educación dual permite a jóvenes desarrollar competencias prácticas a partir de conocimientos teóricos, gracias a becas financiadas en parte por el sector privado. Los baños neutros, los que hay en casas de habitación y en los aviones (con la notable excepción de Interjet) son una sugerencia para integrar mejor a los que lo requieran. En vez de comparar conocimientos teóricos, las pruebas FARO diagnostican las competencias adquiridas para luchar contra la estigmatización derivada de la deserción colegial y para modernizar la educación de adultos. En fin, los drones mejoran los programas de agricultura de precisión.

En un mundo de grises, es irresponsable zanjar entre negro y blanco. El pluralismo es intrínseco a la sociedad. Pero la fabricación de noticias falsas en función de intereses opacos que debilitan la democracia como espacio deliberativo, y la aparición de argumentos puritanos en movimientos sociales, es preocupante, pues desnudan el hecho que, en esta defensa de intereses particulares, algunos están dispuestos a torcer hechos, distorsionar debates, acrecentar silencios derivados de muros de incomprensión, caldear ánimos y fabricar realidades. Todo ello para ganar ante un gobierno con poco apoyo legislativo, de comunicación deficiente, y sujeto, con o sin razón, a críticas provenientes de todos lados, incluyendo de las eternamente insatisfechas fuerzas progresistas y de los ilustres liberales que creen que los clivajes del siglo XX – derecha versus izquierda – siguen permeando las dinámicas políticas del siglo XXI. Algunos apenas empiezan a entender que criticar a la centroizquierda desde la centroderecha es un sinsentido en tiempos de ascendencia de extremismos que ponen en duda el contrato social basado en el consenso democrático.

El 2 de julio, el parlamento, ubicado en lo que en San José se conoce como Cuesta de Moras, aprobó una moratoria de tres meses en las sanciones por el incumplimiento de tributación del IVA. Sin embargo, el sector sindical publicó una lista de peticiones en donde se solicita, entre otros, una revisión de la educación para alinearla “a los valores cristianos como parte esencial de la identidad y la familia costarricense”. Y aunque la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) desmienta la tesis de la alianza entre sindicalistas y pentecostales sugerida por uno de los periódicos de mayor circulación en Costa Rica, La Nación (que tampoco es santo en materia de sesgo informativo), no deja de llamar la atención el puritanismo en el discurso social. Se oculta aquí un oportunismo del cual ya fue víctima el otrora socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), cuando intentó cooptar los valores religiosos para ganar votos en las elecciones de 2018. 

En esta instrumentalización política, es posible que los manipulados crean que la salida de Mora es, en efecto, para salvaguardar al ethos tico de la degeneración generada por el género y su ideología. Pero, si en río revuelto, ganancia de pescadores, es esencial preguntarse: ¿Quiénes son los pescadores y cuales son los dividendos? Porque dudo que los pescadores que manifestaron a finales de junio sean los “ganadores”, y que los estudiantes sean los principales beneficiados de este episodio de movilización social. 

Fernando A. Chinchilla 

Montreal, 7 de julio de 2019