La línea 3: el mal gobierno y el transporte público

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La semana pasada se estrenó la Línea 3 del metro que atraviesa Monterrey y San Nicolás. Una obra que ejemplifica lo peor de nuestros gobiernos en todos sus niveles. La culminación del metro es el monumento del mal gobierno de Nuevo León. 

La historia del metro en Nuevo León comienza en 1987 con la construcción de la primera línea. Se construyó entre 1988 y 1991, terminando en 3 años la obra cuya operación continúa hoy en día. Al concluir la construcción de la Línea 1, se diseñó un Plan Maestro con el objetivo de trazar una ruta clara de cómo se debía expandir la red de metro en el área metropolitana de Monterrey para asegurar una cobertura para la mayoría de la población. De acuerdo con el Plan, se extendió la red con una segunda línea que se construyó en dos etapas, la primera de 1993 a 1994 y la segunda del 2005 al 2008. Fue en estos años cuando el Plan se aventó por la borda y se empezaron a hacer obras basadas en intereses distintos a los de la ciudadanía.  

En 2013 inicia la construcción de la Línea 3 con la promesa de que para agosto del 2015 se entregaría la obra. Pasaron 8 años para que esto fuera realidad: atrasos por falta de financiamiento, errores en la adquisición de equipo y material y una mala administración del proyecto convirtieron la obra en el monumento a la ineficiencia gubernamental. Lo peor es que ya inaugurada, el flujo de usuarios, el sistema de boletaje (tarjeta MIA) y la publicidad de su apertura han sido errores que siguen sumando a la incapacidad del Ejecutivo estatal. 

Año tras año hemos sido testigos de la construcción de pasos a desnivel, viaductos elevados y obras monstruosas que aseguran que haya un flujo vehicular continuo. A pesar de estas inversiones millonarias en todos los municipios de la zona metropolitana, la solución ha quedado muy corta. El tráfico cada día está peor, los accidentes siguen en aumento, las muertes por atropellamiento y la falta de infraestructura ciclista y peatonal se han dejado en el olvido. Todo para beneficiar a los vehículos privados. 

Si bien se realizó un esfuerzo importante en el desarrollo del metrobús mediante la Ecovía, su diseño, implementación y operación han dejado mucho que desear. De nuevo los intereses de quienes toman las decisiones han sido más importantes que las necesidades de los usuarios. Tenemos un sistema cooptado por un grupo de “transportistas” que lo último que hacen es cuidar del bienestar de los usuarios y proveer un buen servicio. Los dimes y diretes entre el gobernador, los transportistas y las agencias responsables de este sistema llevan años sin encontrar una solución. Esto sale a la luz cada vez que hay una amenaza de aumento de tarifa al transporte. 

El Plan Maestro fue ignorado por Natividad, Medina y el Bronco, así como por las legislaturas de todos estos años. El PRI y el PAN son los principales responsables del fracaso de la movilidad en nuestra ciudad, la segunda más grande del país. A falta de alternativas para transportarse, la mayoría de las vecinas y vecinos se han visto obligados a moverse en camión o adquirir un vehículo privado. 

Hoy vivimos en una cultura cochista, donde el 99% de la inversión en movilidad se dedica a vehículos privados, mientras más de la mitad de la población se traslada utilizando el transporte público. Las administraciones anteriores han dejado en claro que no sólo no hay interés en impulsar un Sistema Integral de Transporte, sino que el coche es la única opción de transporte para ellos. 

Esto es insostenible y tiene que cambiar. No podemos seguir sin rumbo claro, no podemos seguir ignorando la crisis de movilidad en la que vivimos, no podemos seguir respirando el aire contaminado. La solución no es sencilla y debe ser de raíz. Debemos dar un giro de 180° a la inversión en infraestructura para transporte. 

Tenemos que retomar los planes previamente desarrollados, adecuarlos a la realidad del Monterrey de hoy en día y tener un plan de implementación bien definido. Hace falta desarrollar propuestas basadas en las necesidades de los usuarios, análisis costo-beneficio para identificar el transporte más efectivo y eficiente (metro elevado o subterráneo, metrobús con carril exclusivo, transporte de diesel o electricidad, etc.), infraestructura para alternativas de transportación y asegurar el financiamiento necesario para su cumplimiento. 

La movilidad es un derecho y es nuestra responsabilidad hacerlo valer. Por nosotros, nuestras vecinas y vecinos, y por las generaciones regias que vienen, tenemos que construir el Monterrey que queremos. 

Kristian Macías es profesor universitario y consultor en políticas públicas. Actualmente es candidato independiente a diputado local del distrito 4 en Monterrey.

Conoce más en: www.kristianmacias.com

Priistas apoyan candidatura de Adrián de la Garza

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Funcionarios y ex funcionarios priistas asistieron, esta tarde, a una reunión privada para respaldar la candidatura del alcalde con licencia, Adrián de la Garza, hacia la gobernatura por el PRI. 

Entre los asistentes destacaron los ex gobernadores neoloneses Natividad González Parás y Sócrates Rizzo, el ex dirigente del PRI estatal, Pedro Pablo Treviño, los presidentes municipales Cristina Díaz, César Garza, el ex secretario de Desarrollo social en Nuevo León, Federico Vargas, el ex secretario de economía  Ildefonso Guajardo Villareal, entre otras personalidades.  Rodrigo Medina no estuvo presente en la reunión.

La campaña de Adrián hacia la gobernatura comenzará de manera oficial a partir del 5 de marzo.

Con Información de: “El Norte” y “El Porvenir”. 

Presenta Ildefonso Guajardo la asociación civil “El Nuevo León que queremos”

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El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, presentó ante ex gobernadores la creación de la Asociación Civil “El Nuevo León que queremos”, con el fin de participar activamente en acciones para la ciudadanía del estado.

En una conferencia en el salón de eventos Las Lomas, Guajardo, dio una clara sobre su experiencia en la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), frente a los ex gobernadores Jorge Treviño, Benjamín Clariond, Sócrates Rizzo y Natividad González Parás.

“La asociación es un foro plural para la inclusión y propuestas de ideas que participe activamente en pro de todos los ciudadanos de Nuevo León”, comentó el ex funcionario federal.

Cabe mencionar que Guajardo ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de contender como abanderado del PRI por la Gubernatura, señaló que el evento no fue político y descartó que sea enviar un mensaje de apoyo para sus intenciones.

“Fue una presentación frente a una convocatoria de la sociedad para presentar el desenlace de lo que fue el acuerdo de libre comercio T-MEC y ver un poco la parte final de esto. Tengo gozo de la amistad de los cuatro exgobernadores que me acompañaron esta mañana, su presencia el único mensaje que deja es que ellos están atendiendo una reunión para poder analizar un trabajo que me tocó encabezar”, comentó.

Al ser cuestionados sus aspiraciones a la Gubernatura, Guajardo señaló que buscará estar presente y ser designado por su partido.

Fuerza Civil: La debacle de una institución

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Luego de que una persona cayera del 14vo piso del edificio de departamentos “El semillero” en el centro de Monterrey, la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que 3 elementos de Fuerza Civil  – aunque versiones extra oficiales dicen que son tres elementos de Fuerza Civil y dos de la Dirección General de Investigaciones (DGI) – fueron detenidos por estar directamente involucrados en el atentado y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Aunque ha habido varias contradicciones entre el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, y los primeros reportes que se arrojaron a la opinión pública, tratando de deslindar a Fuerza Civil del suceso, y culpando a un policía rural y cinco elementos de la DGI, este no es el primer caso donde elementos de dicha institución se ven inmersos en delitos de esta naturaleza en los últimos años.

Vale la pena recordar brevemente la historia de dicha institución – y el contexto de inseguridad que vivía Nuevo León –  y cómo paulatinamente Fuerza Civil fue perdiendo el reconocimiento y los resultados que tuvo en un inicio, debido a la soberbia y desconocimiento sobre el tema de unos cuantos. Durante los sexenios de los ex gobernadores Natividad González Parás (2003-2009) y con mayor despunte en el de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), Nuevo León vivió un contexto de violencia sin precedentes. La debilidad institucional y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipales de garantizar a sus gobernados un clima de seguridad y paz social, fomentó el inició de una nueva etapa en la relación entre la Iniciativa Privada (IP) y el Ejecutivo estatal. 

A partir de esta colaboración – junto con Universidades de la entidad y algunos grupos de la Sociedad Civil – surgió el ambicioso programa denominado “Alianza por la Seguridad”, donde se lograron acuerdos hasta ese momento impensables. Entre ellos, destaca el diseño de un nuevo modelo policial estatal llamado Fuerza Civil, siendo este resultado de una suma de esfuerzos sociales.

En mi tesis de licenciatura – donde analizo la relación entre la Iniciativa Privada y el Gobierno del estado, a la luz del diseño de esta política pública – pude constatar en base a entrevistas a actores involucrados en el diseño y a la investigación y análisis de indicadores, dos puntos importantes: El primero, Fuerza Civil tuvo un éxito parcial de acuerdo a diferentes indicadores, pues tres delitos principales que habían aumentado de manera muy acelerada, disminuyeron considerablemente en la entidad (homicidio, secuestro y extorsión) los años posteriores a la implementación de esta política pública, cuando en el resto del país, la situación era distinta – de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) – y el segundo, que con sus resultados inmediatos lograron captar un alto nivel de aceptación entre la sociedad neoleonés, incluso, fue un modelo policial ejemplo a nivel nacional. 

¿Qué hacía distinta a esta corporación policial a la de las otras 31 entidades? 5 puntos importantes: El primero, el número de efectivos – debía alcanzar a 15mil al final del sexenio -; el segundo, los sueldos de los efectivos, donde alcanzaba (con prestaciones) hasta los 20,000 pesos; el tercero, la formación, seis meses de academia de policía complementados por el programa SINERGIA de formación continua; el cuarto, la participación activa de la iniciativa privada, pues buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos fue asumido por algunos empresarios de Nuevo León; y el quinto, que el reclutamiento de los policías se hizo en diversos estados, únicamente a personas que nunca antes hayan estado en alguna corporación policial, ni fuerzas armadas, es decir, sin experiencia – algo que sin duda tiene sus pros y contras -. 

Entonces, ¿Que pasó con tan innovadora y prestigiada institución? ¿Quién es, el o los responsables de la ruina de Fuerza Civil?

En el entendido de que una institución no se construye en tan poco tiempo y mucho menos si de seguridad pública se trata – pues requiere tiempo para madurar – y que las políticas de seguridad deben ser integrales, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” al tomar protesta y no entender esto – o no querer entenderlo – modificó en el transcurso dicha política pública; el primer cambio: apenas tomando el cargo, corrió a los mandos civiles y puso militares, rompiendo con la esencia de la política, a lo que yo todavía no entiendo qué parte de “Civil” no entendió de “Fuerza CIVIL” el gobernador.. y por otro lado, prácticamente se olvidó a la iniciativa privada, pues se limitó su participación en buena medida, lo que generó el actual descontento del sector empresarial de Nuevo León, pues consideran que no se ha dado seguimiento al proyecto que ellos crearon.

Para obtener resultados, hay que tener continuidad en la construcción de instituciones, si seguimos con la mentalidad de que cada 6 años significa un “borrón y cuenta nueva” no se va a poder progresar en un tema tan sensible y con tantas aristas como lo es la seguridad pública, la realidad, – les guste a algunos o no – es que algunas cosas si se venían haciendo bien, debido precisamente a que, se fortaleció la relación entre muchos actores generando una gobernanza democrática real.

En perspectiva comparada, se puede ver una similitud con lo que recientemente ha venido sucediendo a nivel federal en el tema de seguridad y en lo cual, se debe poner especial atención por parte de la sociedad civil, oposición y ciudadanos en general, pues es que no se trata de desmantelar todo lo que había, si no de conservar lo que funciona y mejorar lo que no. La Seguridad pública no se trata de si la ponemos en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Seguridad Pública, no se trata de si la llamamos Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Gendarmería Nacional o la Guardia Nacional, no importa como le llames, si los procesos al interior, programas de prevención, protocolos, reformas institucionales, colaboración entre los tres niveles de gobierno, el marco legal, etc, no los modificamos todo va a seguir igual; el problema es de fondo, mientras sigamos cambiando únicamente la forma, el problema perdurará; como diría Albert Einstein “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, pero a algunos gobernantes, los ciega la soberbia.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Envía Javier Duarte carta a Samuel García; Le pide que respete su “presunción de inocencia”

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Este lunes el Senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer que el jueves de la semana pasada se recibió en el Senado de la República una carta del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, donde le exige manifestarse públicamente a favor de su “presunción de inocencia”.

García Sepúlveda informó ayer en su cuenta de Instagram que el oficio hace referencia a los abogados de Duarte y hasta un domicilio para recibir respuesta.

“En primer lugar, sé que le molestó que lo traiga con una auditoria permanente con denuncias y, lo que más le molesta, es que el Senado, por primera vez por unanimidad, votó enviarle a La Haya el caso. No me voy a dejar amedrentar”, dijo el Senador por Nuevo León.

Por otro lado, García pidió al abogado de Duarte “no pasarse de vivo”, ya que el principio de inocencia lo debe de respetar la Procuraduría cuando persigue un delito o los jueces penales antes de dictar sentencia.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, recordó que no es la primera vez que recibe presiones, ya que en el pasado le ocurrió al denunciar cuentas públicas d los ex gobernadores priistas de Nuevo León, Rodrigo Medina y Natividad González Parás, y de la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arrellanes.

García dio a conocer el documento completo de 15 páginas en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Duarte fue sentenciado a 9 años en prisión el pasado 26 de septiembre por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Un Auditor que no audita

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Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

#ElNidoDelGavilán: “Felipe en altamar”

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Aunque aún está en el aire la impugnación a las sentencias del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. Adrián de la Garza y Cristina Díaz ya se perfilan para arrancar labores como alcaldes de Monterrey y Guadalupe, respectivamente. 

En tanto, Felipe de Jesús Cantú sigue en un “plantón” en los bajos municipales buscando generar influencia para cambiar el resultado.

Más allá, si los magistrados actuaron con dolo, si Felipe ganó o no ganó en votos. Lo cierto es que parece que Felipe está solo y sin apoyo. El domingo apareció el neo-caudillo del PAN de la actualidad, Javier Corral, llamando a la solidaridad del partido con Felipe y Pedro Garza.

También ha aparecido Margarita Zavala en este “teatro de la impugnación” apoyando a los afectados. Sin embargo, el efecto es aun débil y sin mucha luz, como Margarita.

El triunfo de Felipe de Jesús Cantú era un resurgimiento de su carrera, carrera que si bien ha sido criticada por el tema de las canchas en el río Santa Catarina y el supuesto incremento de “cabarets/table dances” en Monterrey en su época de alcalde, es un perfil bastante digno dentro del PAN de Nuevo León.

Un perfil que ha sabido librar el desastre que vive el PAN actualmente, después de ser alcalde y no ser candidato a gobernador contra Natividad González parecía que su carrera se iría en vivir de lo plurinominal ya sea diputación federal o una senaduría. Deambuló en algunos puestos menores de la administración federal, pero regresó inusitadamente a la palestra política cuando venció a Margarita Arellanes por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

A tal grado, el PAN vivía una guerra civil en años anteriores que tuvo que venir un exalcalde de casi 15 años atrás para una candidatura de tal nivel…. 

Llegó el tsunami Bronco y Felipe se fue quedando atrás, logrando un muy relegado tercer lugar… algo histórico para mal para un partido que competía codo a codo con el PRI.

Pasó el tiempo y la vida política le vuelve a dar otra oportunidad ante la persistente pugna entre grupos del PAN, llega así a la candidatura a la alcaldía contra figuras como Maderito, el Pato Zambrano y el alcalde Adrián de la Garza.

Llegó el tsunami Morena que por poco y mata al PRI. Parecía que el PAN se llevaba los municipios más poblados, Monterrey y Guadalupe. El PAN se jactaba de que Nuevo León hizo frente a Morena dado que se llevaron la mayoría de las diputaciones locales y amarraron un senador.

Sin embargo, también era cierto, que perdieron contra un aliado “a medias” (MC) las dos senadurías y que la joya de la corona, San Pedro, la perdieron inesperadamente contra un independiente.

Llegó otra tormenta del TEE y les quitó la sonrisa a Felipe y a Pedro. Por ahí salió Raúl Gracia, la manzanita Salinas y otros a alegar. Ni Bronco, ni MORENA ni nadie del círculo de AMLO ha salido a hablar. Damián Zepeda, líder del PAN se ha sumado, pero de momento, no se ve respuesta.

Las marejadas políticas no parecen llevar a buen puerto el barco del PAN, un barco que suma varios años en problemas en altamar.

Lo dicho, dicho está.

Regalando Diputaciones como Enchiladas

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Los Partidos tienen la receta perfecta para que puedan negociar el robo de Diputaciones, sin que nadie se de cuenta. Son dos ingredientes, la complejidad intencional de la Ley Electoral sobre cómo se asignan los Curules de Proporcionalidad, para que pocos entiendan y nadie grite faul. El segundo ingrediente son las lagunas legales, áreas grises que justifique los criterios a modo de la CEE, resultados de negociación partidista.

Es el robo más complejo a nuestra democracia, le echan tanto coco a este crimen electoral debido a que el Congreso es la clave para fortalecer su estructura de poder, así como para aprobar las cuentas públicas del Ejecutivo, lleno de compadres Partidistas. 

El Congreso de Nuevo León está compuesto por 42 diputados. 26 entran directo ganando su distrito y los 16 restantes son elegidos por proporcionalidad, algo que es en principio noble para que la mayor cantidad de Votantes sean representados por un Diputado. Digo en principio porque el PRI y el PAN nos metieron a los mentados Pluris de Lista el año pasado. 

El proceso para asignar estos 16 curules tiene reglas más complicadas que un manual en coreano para armar un avión a escala, si a este le arrancaran unas páginas.

Simplificare de manera muy general, el proceso de cómo se asignan estas 16 diputaciones y los abusos de la CEE para regalarle curules al PAN y al PRI, como si fueran enchiladas.

El primer paso es asignar Diputaciones por “Porcentaje Mínimo”, empezando con los Pluris, que quedan en deuda con su Partido en lugar de con los Electores. Cada Partido que llegue a más del 3% de todos los votos, puede meter al Primero de su Lista de Pluris. Si obtienen más del 6%, meten a sus dos Pluris. 

Aquí empieza la inconsistencia de la CEE. Luis Susarrey, que era Pluri del PAN, gano su distrito. Entonces la CEE determinó que la asignación le tocaba entonces al siguiente de la Lista de Pluris.

Pero para Movimiento Ciudadano, con Luis Donaldo Colosio, que igual gano su distrito y estaba en la lista de Pluris de MC, la CEE determino algo diferente. En lugar de brincarse al siguiente de la Lista de Pluris, metió al Suplente de Colosio.

Ambos criterios son debatibles, pero es una barrabasada que la CEE aplique diferentes criterios en la misma sentada. Es tan incompatible como decir Heil Hitler y Namaste en el mismo respiro. 

Viene el segundo paso, el Coeciente Electoral, donde se calcula solo los votos de los Partidos que pudieron colocar a un Diputado en el paso anterior, restando los votos contenidos en los 3 y 6 porcientos utilizados para hacerlo, lo que se divide entre los Curules que aún no fueran asignados.

Pero la CEE se brinca esto y comienza el cálculo de la sub y sobre representación. Esta figura se usa para ponerle un suelo y un techo a las fórmulas de asignación, para que las matemáticas de la asignación estén alineadas a la realidad de los votos. Así se define el mínimo y máximo de diputados que un Partido puede tener, si con las fórmulas de asignación un Partido está sobre representado le quitan las Diputaciones correspondientes y si esta sub representado se las asignan. 

La CEE cometió dos violaciones, primero tomo como base la votación efectiva, cuando la Constitución y el sentido común, marca que debe ser la emitida.

De esta manera el PAN pudo robarse una Diputación, ya que su tope era 15 Curules, pero le dieron 16.

Pero para que funcionen las cochinadas en la CEE se tienen que repartir pa’ todos, entonces al PRI le regalaron también una diputación. Solo que no se pusieron tan técnicos, sencillamente redondearon el número de Sub Representación de 5.6 a 6, como si estuvieran en el OXXO! Lo cual, además de una idiotez, es un crimen.

Para agrandar el insulto, el curúl que se robó el PRI, fue arrebatado arbitrariamente a MC, el único partido que hizo bien las cosas en esta Legislatura.

Una verdadera vergüenza el trabajo del Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, y pues del PRI PAN ni se diga, son organizaciones criminales por excelencia.

Por falta de espacio no puedo entrar en los siguientes pasos de las asignaciones, pero quería transmitirles lo más alarmante para que juntos actuemos. ¿Cómo?

Difundiendo el mensaje en nuestros círculos y exigiéndole a los Magistrados del Tribunal Electoral en estos correos gastonenriquez@tee-nl.org.mx lealisla@tee-nl.org.mx jbautista@tee-nl.org.mx ya que estamos en sus manos. También es importante entender la importancia del Legislativo, con auténticos diputados, Medina y Natividad ahorita serían roomies en el Topo Chico. Imagínense esa chulada, que los Gobernantes no puedan robar.

“46.76% de las desapariciones ocurridas en Nuevo León fueron realizadas por agentes estatales”: Informe

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Un informe del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, derriba los mitos sobre las desapariciones en Nuevo León. Con el uso de datos registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) se pudo llegar a la conclusión que autoridades de los tres niveles de gobierno han sido y son responsables de casi la mitad de las desapariciones en la entidad.

El informe del Observatorio se basa en 548 casos de desaparición que han sido documentados por CADHAC y se complementa con los de notas periodísticas de algunos diarios de la localidad entre los años 2010 y 2016. Los datos que arroja el informe son escalofriantes, el 91.55 por ciento de los desaparecidos en Nuevo León no son criminales.

En cuanto a quienes fueron los responsables de la desaparición se tiene registro que entre el 2005 y 2015 el 46.76 por ciento de las desapariciones fueron realizadas por agentes estatales, el 46.04 por ciento por organizaciones criminales y el 7.19 por ciento por particulares. Se encontró también que la mayoría de los casos de desaparición forzada, fueron a través de cateos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. El informe dice, “las desapariciones, cuando ocurren en espacio público, son mayormente ejecutadas por agentes estatales y cuando suceden en espacios privados son mayormente ejecutadas por grupos particulares.”

Por otra parte, el Observatorio encontró que el 86.7 por ciento de las víctimas son hombres y el 13.3 por ciento son mujeres, la mayoría entre las edades de 18 y 33 años. La mayoría de los hombres se dedicaban al comercio establecido o eran choferes de transporte o maquinaria, mientras en el caso de las mujeres, la mayoría se dedicaba al trabajo doméstico.

CADAHAC informa que de los casos registrados, se ha demostrado que las desapariciones denunciadas ante las autoridades han recibido una respuesta estatal que no es eficiente. Por otro lado, se tiene registro que la se denuncia más seguido una desaparición forzada cuando esta se llevo acabo por un particular que cuando se lleva a cabo por agentes oficiales.

El informe que fue presentado en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) en la ciudad de Monterrey, derriba los mitos de las desapariciones en nuestro estado, donde usualmente el imaginario oficial y social, es que la gente que desaparece se lo llevaron por algo o se fueron por su propón pie.

Cabe mencionar que el informe abarca desde la administración de Natividad González Parás hasta una parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”. El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad recomienda a las autoridades estatales mejorar las estrategias de investigación para asignar responsabilidad y encontrar a las víctimas, como también encontrar la verdad detrás de las desapariciones.

Con información del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y Flacso México.

La SCT paga contratos sin justificar y en operaciones simulados

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Luis Carlos Castillo Cervantes también conocido como el Rey de los Dragones,  recibió en adjudicación de obras por parte del gobierno federal por 850 millones de pesos.

El Rey de los Dragones es un apodo conocido por varios ex gobernadores y funcionarios mexicanos entre ellos Ricardo Monreal, Humberto Moreira, Eugenio Hernández, Tomas Yarrington, Natividad González Paras, Rodrigo Medina e inclusive Enrique Pena Nieto.

Luis Carlos Castillo Cervantes el tan conocido Rey de los Dragones, fue durante la administración, de los funcionarios mencionados, él sirvió como su proveedor predilecto.

Castillo Cervantes fue liberado recientemente, después de llegar a un acuerdo donde entrego bienes y también acepto haber cometido lavado de dinero, entre otros delitos. Durante las audiencias en las cortes de Texas se dio por conocida la amistad entre Castillo Cervantes y Enrique Peña Nieto.

A través de su empresa Inmex, Castillo Cervantes obtuvo durante años grandes contratos por los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, y algunos más, a cambio de sobornos que entregaba en efectivo, algunos en su famosa residencia en Texas.

El gobierno federal también le entregó varios contratos a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los detalles de las transacciones y los sobornos que pagaba a los ex gobernadores y al gobierno federal ahora se encuentran en el acuerdo de “clemencia” para su reducción de condena que Castillo Cervantes pactó con los fiscales de Texas.

Durante las audiencias, la fiscal Hampton detalló la entrega de sobornos que realizó El Rey de los Dragones para los entonces gobernadores Eugenio Hernández y Humberto Moreira, testimonio que fue ratificado por Guillermo Flores Cordero, otro empresario detenido por lavar unos 30 millones de dólares para el ex gobernador de Tamaulipas y quien acaba de ser liberado gracias a su colaboración con los fiscales.

Gracias a las confesiones de Javier Villarreal, ex tesorero de Moreira, quien fue testigo de las transacciones y sobornos,  Castillo Cervantes fue detenido y acusado por lavado de dinero, ya que sabía que el movimiento de fondos para pagar sobornos representaba un fraude bancario. Hasta ahora se le ha incautado un jet y 36 millones de dólares.

En la última audiencia celebrada el pasado 4 de enero en Corpus Christi se declaró culpable y espera que su sentencia sea menor a 20 años de prisión, gracias a un acuerdo con los fiscales para la reducción de su condena.

 

Con información de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Revista Proceso.