Ley de Seguridad Nacional

Aprueban Cámara de Diputados iniciativa de AMLO para regular a agentes extranjeros en México

by Redacción
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Este martes la Cámara de Diputados aprobó, con 329 votos a favor, la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la presencia de agentes extranjeros en México.

Con el dictamen se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

“Aprobamos dictamen para actualizar el marco legal para regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros”, publicó la Cámara de Diputados en sus redes sociales.

En el proyecto se contempla que los agentes extranjeros que operen en nuestro país no cuenten con inmunidad en caso de que cometan un delito.

Además, la iniciativa propone que los agentes extranjeros porten solamente las armas de fuego que autorice la Secretaría de la Defensa Nacional y presenten un informe mensual obligatorio a las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad y Protección Ciudadana.

Adicionalmente, no podrán realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que viole la Constitución mexicana.

Cabe recordar que el presidente López Obrador explicó el 8 de diciembre que envió la iniciativa porque considera que no hay marco legal claro sobre el actuar de estos agentes en México.

“Nosotros queremos de una vez resolver esto, que las reglas estén claras, que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable, que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que están llevando a cabo. Es decir, poner orden”, dijo durante #LaMañanera.

Senado alista reforma para restringir presencia de agentes de la DEA en México

by Redacción
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El Senado mexicano alista una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para restringir la presencia de agentes extranjeros, entre ellos los de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

“Muestra una clara defensa a la autonomía, la independencia y la soberanía nacionales”, expresó este lunes Ricardo Monreal, presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al compartir la iniciativa del mandatario.

La reforma crearía un marco legal que “defina y acote” las funciones de los agentes de seguridad extranjeros en México, expuso Monreal, quien también es coordinador en el Senado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Además, añadió, regularía el intercambio de información entre autoridades mexicanas y elementos extranjeros en el país, y normaría las funciones de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en seguridad nacional.

Las modificaciones, comentó, obligarían a las embajadas y misiones extranjeras a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre “hechos en materia de seguridad” de los que “tengan conocimiento”.

Los agentes del exterior también deberán compartir con las autoridades de México la información “de la que se alleguen”, indicó.

“Las reformas propuestas por el Ejecutivo federal en materia de seguridad nacional representan un parteaguas en la defensa de nuestra soberanía”, defendió Monreal.

La iniciativa ocurre tras tensiones bilaterales por la captura del exjefe del Ejército de México, Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles luego de una investigación de la DEA que Washington no compartió con el Gobierno de López Obrador.

El extitular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) afrontaba cinco cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero tras una investigación de la DEA.

Pero tras el reclamo de López Obrador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó el 17 de noviembre retirarle los cargos y devolverlo en libertad a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación con el expediente estadounidense.

En ese momento, el mandatario negó haber amenazado a Estados Unidos con expulsar a los agentes de la DEA del territorio mexicano.

También aseguró que “no hay nada oculto” en la negociación con la administración de Donald Trump tras afrontar cuestionamientos por negarse a reconocer la victoria electoral de su rival demócrata, Joe Biden.

Aun así, el líder de Morena en el Senado presumió la nueva iniciativa, que también quita la inmunidad a los agentes extranjeros y limita su trabajo al intercambio de información con México.

“Ningún presidente se había atrevido a plantearlo de manera tan firme y categórica”, manifestó Monreal.

(Fuente: EFE)

#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

by Waldo Fernández
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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

La seguridad nacional y la ley de Seguridad Interior

by Waldo Fernández
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El Foro Internacional “La Seguridad Nacional de México: La perspectiva multidimensional y los retos del siglo xxi” que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 2017 contó con la participación de actores del ámbito político y académico, unos expertos y conocedores de esta área del quehacer nacional, y otras con alguna responsabilidad en distintos ámbitos de la seguridad.
El que suscribe estas líneas, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló que al presidir esta comisión lo ha hecho sin una línea o compromiso político, y sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que en esa Comisión debe construirse Patria. Uno de los factores que inciden de forma negativa en la capacidad para fortalecer nuestras instituciones de seguridad nacional e interior proviene, en parte, de sobreestimar factores políticos sobre la propia seguridad del país.
Esta expresión, no es gratuita porque la evidencia muestra que la mezquindad y la poca voluntad política tiene a los ciudadanos y las Fuerzas Armadas de México en la incertidumbre: no se querido aprobar un marco jurídico que regule el actuar de marinos y soldados. Tener una Ley brindarían garantías y certeza a ciudadanos y Fuerzas Armadas. Es complejo comprender cómo puede ser mejor que las Fuerzas Armadas actúen sin un marco jurídico claro, cómo puede ser mejor no tener metodologías que justifiquen su trabajo, tiempos y lugares definidos para que desarrollen las tareas que se les ordenan,  y generar tramos de decisión específicos.  La realidad es que nada hay que comprender, nuestras Fuerzas Armadas continúan en la indefinición porque hay intereses políticos que buscan comprometer su desempeño y la confianza pública que la ciudadanía les tiene. 
Durante once 11 años los gobernadores, diputados y senadores cuando hay algún foro o reunión con las fuerzas castrenses expresan su apoyo, pero al momento de aprobar las leyes los mismo Legisladores no han querido cambiar la situación en materia de seguridad nacional e interior. Algunas voces dicen que ahora, después de años de estar con lo mismo, el calendario no es el más adecuado, algunos ya piensan en dejar pasar esta temática porque “ya empezó el proceso electoral”, sin embargo, este tema debiera ser prioritario más allá de la coyuntura electoral.
 
Se trata de fortalecer nuestras instituciones, de generar patriotismo, de dar un mensaje contundente sobre que los políticos están con los buenos. La situación no es menor ante el grado de desconfianza que existe hacia los políticos, de acuerdo con la Encuesta nacional 2017 elaborada por del Gabinete de Comunicación Estratégica nueve de cada diez personas contestan que no “confiarían las llaves de su casa”, es decir se registra un déficit de confianza ciudadana.
El actuar político deja que desear, por ello es urgente establecer una agenda que trascienda la coyuntura política y que se proponga resolver los problemas reales de una sociedad real. Este nivel de reprobación contrasta con el de las Fuerzas Armadas ya que al preguntarle a los ciudadanos “¿con la presencia del Ejército en las calles usted se sentiría más o menos seguro?” el 62% de ellos contestó “Más seguro”, es decir la sociedad sí confía en nuestras instituciones castrenses mientras que los políticos con bajos niveles de aprobación no son siquiera para darles las leyes necesarias para trabajar mejor y generar certezas.
Un tema que interesa y preocupa a la ciudadanía es la seguridad, por ello deben aprobarse leyes que permitan articular las sinergias necesarias para construir una mejor seguridad, y en materia legislativa, se necesita mejorar las leyes de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional. Dar seguridad a los ciudadanos y a la actuación de las fuerzas castrenses, correspondería a los actores políticos. Lo único que piden las Fuerzas Armadas del Legislador es regular con base en el Estado de derecho lo que hacen desde hace once años, eso no es mucho pedir.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

by Waldo Fernández
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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos