Presidencia ha aclarado que el programa Pegasus no tiene como objetivo conocer información privada sobre actores políticos y sociales

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La Presidencia de la República ha declarado que las actividades de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras dependencias son llevadas a cabo de acuerdo con la ley y no están dirigidas a obtener información sobre la vida privada de figuras políticas, sociales y mediáticas.

Según un comunicado emitido por la dependencia, estas actividades de inteligencia se realizan únicamente para ayudar en la procuración de justicia. Sin embargo, ha habido casos en los que la información recopilada a través de estas actividades ha llevado a la vinculación de algunas personas con organizaciones delictivas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado las acusaciones de que la Sedena, a través del Centro Militar de Inteligencia, esté llevando a cabo espionajemediante el malware Pegasus.

En cuanto a la intervención del teléfono del activista de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, el presidente ha explicado que estaba hablando con un presunto narcotraficante que estaba siendo investigado y que por eso se obtuvo la grabación.

El comunicado de la Presidencia ha dejado claro que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y la inteligencia sólo pueden intervenir las comunicaciones privadas con una orden judicial.

El objetivo de todas estas actividades de inteligencia es combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, y sólo se han detenido a personas relacionadas con estos delitos.

En relación con los documentos difundidos en los medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje, la Presidencia ha aclarado que no son oficiales y no están firmados ni avalados por ninguna autoridad competente, por lo que son falsos.

Además, ha señalado que, debido al ciberataque sufrido por la Sedena, algunos formatos de informes militares quedaron expuestos al público, lo que podría permitir quepersonas ajenas al instituto armado creen documentos para perjudicar su imagen.

Por último, la administración actual ha informado que la autoridad judicial ha detenido a 1.393 personas, incluyendo a 27 líderes presuntos de organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, como Ovidio «N», José Guadalupe «N», Gerardo «N», José Antonio «N» y José Alfredo «N».

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Periodistas y activistas denuncian espionaje por parte del Gobierno.

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Tres periodistas y un activista defensor de los derechos humanos, expusieron haber sido víctimas de espionaje bajo el software “Pegasus“, mismo que era utilizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que se ha revelado que estaría siendo aplicado durante el actual periodo de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una investigación por parte de medios y colectivos como el Citizen Lab de Toronto, se descubrió que en el actual Gobierno se está utilizando una versión más “potente” de dicha herramienta, donde se utiliza un link “malware” del cual no es necesario abrirlo para que el dispositivo se infecte.

Este programa es desarrollado por la compañía israelí NSO, y es una herramienta de spyware que es capaz de acceder remotamente a los teléfonos para extraer información privada y confidencial.

La empresa solo vende su producto exclusivamente a Gobiernos con el objetivo de ser una vía para atender y prevenir atentados terroristas, desarticular redes de tráfico sexual y de drogas y localizar a personas privadas de su libertad.

La utilización de esta plataforma fue descubierta después de la reciente filtración por parte del grupo “Guacamaya“, que expuso documentos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y confirmó el vínculo con NSO Group.

Durante el comienzo de su mandato, López Obrador afirmó que no haría uso de este tipo de herramientas, pues es un “espionaje ilegal“; a principios de este año había vuelto a reiterar que no se utilizaban este tipo de softwares y negó estar ligados con este tipo de compañías que ofrecen el servicio.

Las cuatro víctimas de espionaje expusieron que presentarán una denuncia este lunes.

Gobierno encuentra 31 contratos con empresas fachadas por Pegasus: SSPC

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Esta mañana en conferencia de prensa la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que tras una revisión en archivos de la Segoby Cisen se encontraron 31 contratos con diversas empresas fachada relacionadas con Pegasus, por conceptos como el uso de tecnología de inteligencia. 

Rodríguez detalló que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, se destinaron 61 millones de dólares para adquirir software, hardware, bases de datos, plataformas y mantenimiento de equipos.

Añadió que los contratos con los montos serán entregados a la Fiscalía General de República (FGR), para que se realicen las investigaciones correspondientes, se sancione a los responsables y se acabe con esa práctica que violó la intimidad de cientos de personas. 

Refirió que la empresa israelí NSO Group Technologies desarrolló el programa de espionaje Pegasus que adquirió la entonces Procuraduría General de la República por medio de la empresa Grupo Tech Bull S.A. De C.V.

Dijo que la empresa israelí usó compañías fachadas “llevando a cabo una simulación de contratos relacionados con Pegasus” en diferentes  instancias del gobierno federal.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Gobierno de EPN gastó 32 mdd en espionaje: UIF

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Este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, por un costo de contratación de 32 millones de dólares, recurso que se direccionó a NSO Group, una empresa de hackers con sede en Israel.

Nieto Castillo agregó que Grupo Tech Bull, una empresa fachada, constituida por Balam Seguridad Privada, contrató durante el año 2014 dicho software. El objetivo era espiar principalmente a la oposición, entre ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, la UIF indicó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones.

Añadió que este no es el primer caso que se tiene reportado en México en materia de adquisición de una malware.

El funcionario recordó que el primer espionaje se remonta a la administración de Felipe Calderón, y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de empresas de software.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

En lista de software de espionaje Pegasus hallan teléfonos de más de 25 periodistas mexicanos

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El escándalo de espionaje de Pegasus reveló que más de 15 mil números telefónicos de personas en México, incluyendo de al menos 25 periodistas, estaban en la lista de “personas de interés” de los clientes de NSO desde 2016.

17 medios asociados al Pegasus Project forman una investigación coordinada por Forbidden Stories, con apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional, dio a conocer hoy el resultado de una investigación según la cual defensores de derechos humanos, periodistas y abogados en distintos países han sido blanco de espionaje de parte de gobiernos que han utilizado el software de espionaje Pegasus, a pesar de que NSO insiste en que sólo se usa contra criminales y periodistas.

En junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times reveló cómo en la administración de Enrique Peña Nieto se utilizó Pegasus para intervenir teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país. El escándalo de Pegasus en México no es nuevo.

Lo que revela el análisis difundido hoy es que la lista de teléfonos de “personas de interés” es mucho más grande de lo que se pensaba. A nivel global, la lista contiene más de 50 mil números telefónicos, pero es México, donde diferentes instancias del gobierno adquirieron Pegasus, el país con más teléfonos incluidos en el periodo 2016-2017.

De acuerdo con la investigación, los gobiernos de al menos 10 países eran clientes de NSO; con números telefónicos ingresados en el sistema: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México y Ruanda. Marruecos y los EAU tienen más de 10 mil números incluidos, entre ambos países.

A nivel global, son más de 180 los teléfonos de periodistas incluidos en la lista, entre ellos reporteros, editores y ejecutivos del Financial Times, CNN, The New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters, detalló The Guardian.

En el caso particular de México, uno de los teléfonos incluidos es el del reportero Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo de 2017. Su teléfono no fue encontrado, así que no puede saberse si fue infectado con el malware.

Cuestionada sobre el tema, NSO dijo a los medios del Pegasus Project que aun si el teléfono de Pineda fue intervenido, no significa que los datos recabados de allí contribuyeron de algún modo a su muerte. Él es uno de los al menos 25 periodistas que al parecer fueron seleccionados como candidatos a vigilancia en un periodo de dos años.

Además de Pineda y su novia, la lista incluye teléfonos de periodistas como Azam Ahmed, el entonces corresponsal del New York Times en México, así como de Carmen Aristegui, Andrés Villarreal, Ismael Bojórquez, Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso; Jorge Carrasco Aráizaga, entonces reportero y hoy director del semanario, Alejandro Caballero, quien coordinaba el sitio web de Proceso, los reporteros Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna (ambos de Quinto Elemento Lab), detalló el semanario Proceso.

Figuran en la lista también los celulares del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y de quien entonces fuera fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, de acuerdo con Proceso, pero también de sindicalistas, líderes religiosos, académicos, médicos, otros políticos y sus familiares, cuyos nombres darán a conocer los medios integrados a Forbidden Stories a lo largo de los próximos días.

Los medios asociados al Pegasus Project aclararon que la presencia de un número telefónico en la lista no significa que en efecto el teléfono haya sido infectado con Pegasus, un malware que permite a los operadores extraer mensajes, fotos, correos electrónicos, grabar llamadas, activar micrófonos secretos e incluso tener la ubicación de la víctima. Sin embargo, sí es un indicio de que se trata de potenciales blancos de los clientes de NSO y análisis forenses de algunos teléfonos cuyos nombres están en esa lista demostró, según The Guardian, que más de la mitad tenían rastros de Pegasus.

NSO afirma que “no opera los sistemas que vende a los clientes gubernamentales, y que no tiene acceso a los datos de los objetivos de sus clientes”, indicó The Guardian.

En su respuesta a los medios de Forbidden Stories, NSO negó “las falsas declaraciones” hechas sobre las actividades de sus clientes, pero dijo que “seguiría investigando las informaciones creíbles de mal uso del sistema y tomará medidas apropiadas”. La firma israelí asegura vender el sistema sólo a agencias militares, de procuración de justicia e inteligencia en 40 países, y que revisa rigurosamente los historiales de derechos humanos de sus clientes antes de autorizarlos a usar sus herramientas de espionaje.

El Ministerio de Defensa israelí es el encargado de regular a la NSO y conceder las licencias de exportación individuales antes de que la tecnología pueda ser vendida a un nuevo país.

En México, el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), la hoy extinta Procuraduría General de la República (a través de la Agencia de Investigación Criminal), y la Secretaría de Defensa (Sedena) fueron las instituciones que operaron Pegasus en el gobierno de Peña Nieto.

Cuestionados sobre el tema, los gobiernos de Ruanda, India y Hungría rechazaron haber usado Pegasus para hackear los teléfonos de las personas incluidas en la lista. The Guardian señaló que los gobiernos de Azerbaiyán, Bahréin, Kazajistán, Arabia Saudita, México, los EAU y Dubai no respondieron a la solicitud de comentarios.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Confirma The Citizen Lab espionaje a líderes panistas

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El día de hoy la organización The Citizen Lab confirmo lo que había acusado el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, la semana pasada. Líderes de ese partido fueron víctimas de un intento de espionaje con el uso del malware Pegasus de la compañía NSO Group y que pertenece al gobierno federal.

El líder nacional Ricardo Anaya, el ex presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth y a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicaciones del PAN se les intento espiar en junio del año pasado.

El Senador Roberto Gil Zuarth fue al que más frecuentemente se le intento espiar, puesto que se le enviaron tres mensajes entre el 15 y 17 de junio. En los mensajes se le hacia referencia a una nota periodística, donde se mencionaba su nombre, en otro de los mensajes se le notifica sobre la supuesta muerte de un compañero y se le anexa en un hipervínculo la información del velatorio.

Caso simular fue el de Anaya, quien recibió un mensaje el 15 de junio del año pasado, donde se le notificaba sobre una nota sobre el en la revista Proceso y que se estaba volviendo viral. El mensaje iba a acompañado de un hipervínculo. Un mensaje similar recibió Rodríguez Doval el 14 de julio.

Con esta información se confirma lo dicho por el líder del PAN el pasado 21 de junio, donde acuso a las autoridades federales y que se exigió que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el director del CISEN y el titular de la PGR, comparecieran frente al Congreso de la Unión. También el panista pidió que se formara un equipo interdisciplinario externo para investigar el caso de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y políticos.

PGR aún no pide apoyo a FBI

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La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer que el FBI apoyará en la investigación del presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano aún no solicita la ayuda.

Hasta este martes 27 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México no tiene conocimiento de que el gobierno mexicano haya hecho una solicitud al FBI para colaborar en el caso.

Tras dar a conocer el plan para investigar el caso, las organizaciones que denunciaron el presunto espionaje rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI, que la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR, anunció para investigar el caso.

Así mismo, demandaron  que “el plan de investigación”, que anunció la PGR, sea conformado por los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han sido afectados con el uso del software, así como las organizaciones denunciantes.

El presunto espionaje se realizó con un software llamado Pegasus,que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto niega que haya espiado a periodistas y activistas.

#MartesDeGrilla: “Pájaros en el alambre”

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Estimado lector, hoy hablaremos del famoso espionaje que ha sido noticia en México durante los últimos días.

Dicho espionaje que cuesta en promedio 77 mil dólares por cada ataque (según John Scott, investigador del CitizenLab) y que de acuerdo al periódico New York Times habría sido orquestado por el Gobierno Federal. Leyó bien, 77 mil dólares por cada ataque. Como si el gobierno no tuviera otras prioridades más urgentes que espiar a sus opositores.

El caso es sumamente grave, y es que por medio de peritajes independientes el periódico de talla internacional habría llegado a la conclusión de que el gobierno en turno estaría utilizando el software “Pegasus” para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Dicho software se utiliza internacionalmente para el espionaje en asuntos de terrorismo y crimen organizado. Por medio de Pegasus, el usuario tiene la capacidad de ver las llamadas, mensajes, correos, además de tener acceso al micrófono y las cámaras del celular. Pero aquí lo preocupante es que hoy en día se haya utilizado en personas particulares, que en este caso da la casualidad son quienes enfrentan constantemente al gobierno federal.

“Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien exhiba alguna conversación mía, ya lo ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que culpar al gobierno.” dijo el presidente con complejo de inspector gadget, quien negó rotundamente que el espionaje sea un plan orquestado por gobierno que encabeza.

Entre que yo no fui, fue teté. El más perjudicado es el ciudadano activo quienes no solo tienen que remar contra corriente al denunciar y gritar “foul” cada vez que el gobierno se equivoca, sino que ahora lo hacen mientras les tiran piedras y los amenazan. Esto es un atentado directo contra la libertad en todas sus formas.

Fuerza Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret, Salvador Camarena y todos aquellos que han sido víctimas de este terrible y cobarde acto. No nos dejaremos.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

…Y ven declaraciones como amenaza

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En un comunicado firmado por el Centro Prodh, Social TIC, Artículo 19, Poder del Consumidor, IMCO y R3D, organizaciones conformadas por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, declararon que vieron las declaraciones de ayer del Presidente Enrique Peña Nieto, como una amenaza, por lo que les preocupa.

Peña Nieto dio ayer su primer posicionamiento sobre los presuntos espionajes contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, que salieron publicados esta semana en el diario estadounidense, The New York Times. en el discurso Peña dijo que esperaba que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera con celeridad deslindar responsabilidades y que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Estas declaraciones no han sido bien tomadas por las organizaciones que han solicitado a un grupo independiente de investigadores para el caso de espionaje.

Los firmantes del comunicado consideran que Peña Nieto, n o se comprometió a aplicar la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, “sino que envío un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.

Para los denunciantes es también preocupante que el mismo Presidente de la República se sienta susceptible de ser víctima de espionaje, y que lo vea como una actividad normal. Esto después de que en el mismo discurso en Jalisco, el Presidente afirmará, que el también ha sido hackeado y cuida mucho lo que habla por teléfono, por el mismo miedo a que lo escuchen y graben.

Por último, exigieron que se arme un panel independiente para monitorear la investigación de la PGR y solicitaron que los contratos firmados con las empresas que venden equipos de espionaje, se hagan públicos.