Exige la CIDH investigación independiente en intento espionaje al GIEI

El tema del espionaje por parte del gobierno federal sigue en punta de lanza, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano una investigación independiente sobre los presuntos espionajes realizados en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa, el cual intenta ubicar responsables.

José Eguiguren, presidente de la CIDH, declaró que: “debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales del espionaje”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que en marzo del 2016 uno de los miembros del GIEI fue víctima del programa de espionaje Pegasus, donde se realizaron llamadas con el fin de infectar su móvil y así extraer información. Cabe resaltar que, durante estas fechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba preparando su informe final sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El programa de espionaje Pegasus, es un software creado por el grupo israelí NSO, con el fin de persecución de criminales y terroristas, el cual este software se vende únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Gobierno Federal ha intentado volcar la realidad sobre el uso del programa Pegasus.

Confirma The Citizen Lab espionaje a líderes panistas

El día de hoy la organización The Citizen Lab confirmo lo que había acusado el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, la semana pasada. Líderes de ese partido fueron víctimas de un intento de espionaje con el uso del malware Pegasus de la compañía NSO Group y que pertenece al gobierno federal.

El líder nacional Ricardo Anaya, el ex presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth y a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicaciones del PAN se les intento espiar en junio del año pasado.

El Senador Roberto Gil Zuarth fue al que más frecuentemente se le intento espiar, puesto que se le enviaron tres mensajes entre el 15 y 17 de junio. En los mensajes se le hacia referencia a una nota periodística, donde se mencionaba su nombre, en otro de los mensajes se le notifica sobre la supuesta muerte de un compañero y se le anexa en un hipervínculo la información del velatorio.

Caso simular fue el de Anaya, quien recibió un mensaje el 15 de junio del año pasado, donde se le notificaba sobre una nota sobre el en la revista Proceso y que se estaba volviendo viral. El mensaje iba a acompañado de un hipervínculo. Un mensaje similar recibió Rodríguez Doval el 14 de julio.

Con esta información se confirma lo dicho por el líder del PAN el pasado 21 de junio, donde acuso a las autoridades federales y que se exigió que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el director del CISEN y el titular de la PGR, comparecieran frente al Congreso de la Unión. También el panista pidió que se formara un equipo interdisciplinario externo para investigar el caso de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y políticos.

PGR aún no pide apoyo a FBI

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer que el FBI apoyará en la investigación del presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano aún no solicita la ayuda.

Hasta este martes 27 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México no tiene conocimiento de que el gobierno mexicano haya hecho una solicitud al FBI para colaborar en el caso.

Tras dar a conocer el plan para investigar el caso, las organizaciones que denunciaron el presunto espionaje rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI, que la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR, anunció para investigar el caso.

Así mismo, demandaron  que “el plan de investigación”, que anunció la PGR, sea conformado por los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han sido afectados con el uso del software, así como las organizaciones denunciantes.

El presunto espionaje se realizó con un software llamado Pegasus,que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto niega que haya espiado a periodistas y activistas.

#MartesDeGrilla: “Pájaros en el alambre”

Estimado lector, hoy hablaremos del famoso espionaje que ha sido noticia en México durante los últimos días.

Dicho espionaje que cuesta en promedio 77 mil dólares por cada ataque (según John Scott, investigador del CitizenLab) y que de acuerdo al periódico New York Times habría sido orquestado por el Gobierno Federal. Leyó bien, 77 mil dólares por cada ataque. Como si el gobierno no tuviera otras prioridades más urgentes que espiar a sus opositores.

El caso es sumamente grave, y es que por medio de peritajes independientes el periódico de talla internacional habría llegado a la conclusión de que el gobierno en turno estaría utilizando el software “Pegasus” para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Dicho software se utiliza internacionalmente para el espionaje en asuntos de terrorismo y crimen organizado. Por medio de Pegasus, el usuario tiene la capacidad de ver las llamadas, mensajes, correos, además de tener acceso al micrófono y las cámaras del celular. Pero aquí lo preocupante es que hoy en día se haya utilizado en personas particulares, que en este caso da la casualidad son quienes enfrentan constantemente al gobierno federal.

“Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien exhiba alguna conversación mía, ya lo ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que culpar al gobierno.” dijo el presidente con complejo de inspector gadget, quien negó rotundamente que el espionaje sea un plan orquestado por gobierno que encabeza.

Entre que yo no fui, fue teté. El más perjudicado es el ciudadano activo quienes no solo tienen que remar contra corriente al denunciar y gritar “foul” cada vez que el gobierno se equivoca, sino que ahora lo hacen mientras les tiran piedras y los amenazan. Esto es un atentado directo contra la libertad en todas sus formas.

Fuerza Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret, Salvador Camarena y todos aquellos que han sido víctimas de este terrible y cobarde acto. No nos dejaremos.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

…Y ven declaraciones como amenaza

En un comunicado firmado por el Centro Prodh, Social TIC, Artículo 19, Poder del Consumidor, IMCO y R3D, organizaciones conformadas por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, declararon que vieron las declaraciones de ayer del Presidente Enrique Peña Nieto, como una amenaza, por lo que les preocupa.

Peña Nieto dio ayer su primer posicionamiento sobre los presuntos espionajes contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, que salieron publicados esta semana en el diario estadounidense, The New York Times. en el discurso Peña dijo que esperaba que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera con celeridad deslindar responsabilidades y que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Estas declaraciones no han sido bien tomadas por las organizaciones que han solicitado a un grupo independiente de investigadores para el caso de espionaje.

Los firmantes del comunicado consideran que Peña Nieto, n o se comprometió a aplicar la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, “sino que envío un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.

Para los denunciantes es también preocupante que el mismo Presidente de la República se sienta susceptible de ser víctima de espionaje, y que lo vea como una actividad normal. Esto después de que en el mismo discurso en Jalisco, el Presidente afirmará, que el también ha sido hackeado y cuida mucho lo que habla por teléfono, por el mismo miedo a que lo escuchen y graben.

Por último, exigieron que se arme un panel independiente para monitorear la investigación de la PGR y solicitaron que los contratos firmados con las empresas que venden equipos de espionaje, se hagan públicos.

Se alborota el Congreso de la Unión tras presunto espionaje del Gobierno Federal

Tras los presuntos espionajes realizados por el Gobierno Federal a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, el día de ayer la Comisión Permanente del Congreso, abordo el tema. Legisladores priistas y del Partido Verde Ecologista de México impidieron que se diera un debate frontal, ante las acusaciones que realizará el The New York Times.

Tanto priistas y del verde defendieron en todo momento al gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que son calumnias por parte del NYT, y solo se busca desprestigiar la figura del gobierno federal, lo cual lo consideraron una estrategia electoral para derrotar al PRI rumbo al 2018.

Por su parte, el diputado priista Cabrera Ruiz criticó la postura del Partido Acción Nacional, a los cuales acuso de no tener memoria, esto, tras las acusaciones de espionaje que ha sufrido Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y Alejandra Sota, ex vocera durante la presidencia de Felipe Calderón.

La senadora priista Graciela Ortiz, comentó que tal publicación internacional le resulta “indignante”, pues no se puede tener “la creencia para poder hacer una aseveración como la que se hizo”.

La diputada de Morena, Vidal Llerenas, expresó que “es interesante como Trump y el PRI se unen para detractar al principal diario del mundo y garante de libertad de expresión”.

El Senador Miguel Barbosa comentó: “Queremos escuchar al presidente de la República. Sí queremos la comparecencia de los titulares de las dependencias. Pero queremos escuchar al presidente de la República y su posición frente a estos asuntos verdaderamente lamentables (…). Hagamos de este un asunto de Estado y que esa práctica política de los gobiernos de abuso de poder… no se siga circunscribiendo a una realidad lamentable”.

Tras ello, el diputado del PAN, Federico Döring, lamentó que el PRI condena los hechos de espionaje, pero por otro lado desvirtúa la labor periodística. Criticó que el gobierno mexicano mantiene una postura omisa en este terreno.

Jesús Zambrano del PRD señaló que los hechos denunciados son lamentables y la inacción de las autoridades es inaceptable; si el gobierno dice que no fue, entonces que diga quién sí.

A su vez, el senador Benjamín Robles expuso que todos saben que el espionaje es el común denominador del país, ya que no es privativo del gobierno actual, sino que ha sido utilizado recurrentemente por distintos grupos políticos. Advirtió que los responsables de estas acciones son el presidente de la República y el secretario de Gobernación, ya que son ellos quienes están al frente de las instituciones de seguridad.

PGR dice que indagará a proveedores y tecnología usada para espiar a periodistas

Este miércoles  La Procuraduría General de la República (PGR) informó  sobre el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, después de que periodistas y activistas denunciaran que fueron espiados con un software llamado Pegasus que ha sido adquirido por diferentes dependencias del gobierno mexicano.

“Se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera  este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos, señaló la PGR por medio de un comunicado

Se agregó que se investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.

La PGR apuntó que una de sus fiscalías especializadas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), fue quien inició la carpeta de investigación, y que se garantizará el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en las indagatorias,  por sí o a través de sus representantes.

El espionaje se realizó con un software llamado Pegasus, que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

La investigación del Citizen Lab, iniciada originalmente por el caso de un activista árabe en los Emiratos Árabes Unidos, reveló que México es el principal comprador de este malware espía.

#ElPesoDeLaResponsabilidad: “Gobierno Abierto en México: ¿La Alianza que no fue?”

En términos generales, Gobierno Abierto es un concepto que se emplea para caracterizar a aquel gobierno que inaugura un proceso de interacción con los ciudadanos, a través de una relación de doble vía, en la que éstos expresan sus opiniones sobre políticas públicas, coparticipan en la producción de bienes o servicios públicos, e intervienen activamente en el control y evaluación de la gestión gubernamental.

El concepto ha estado en el centro de numerosos estudios de Ciencia Política desde hace, por lo menos, una década. Quizás tomó su mayor proyección cuando en 2011 se creó la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), con el propósito de construir la mayor instancia institucional global de intercambio y evolución conjunta en la materia. Precisamente, México fue uno de los ocho fundadores de esa alianza, junto a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Actualmente son 75 países los que se han adherido a la Alianza, realizando más de 2500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables (para más información sobre la Alianza se puede consultar: goo.gl/MyqZ4n).

La importancia del tema –y, aún más, de la Alianza– radica en que los instrumentos de cualquier gobierno que se considere “abierto” deben estar basados en tres principios fundamentales: 1) transparencia y acceso a la información; 2) participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3) colaboración entre diferentes sectores (público, privado y sociedad civil), con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión del Estado y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de toda la población, aprovechando las ventajas del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Así, resulta evidente que este modelo pretende establecer nuevos elementos sobre la manera en cómo los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Uno de esos elementos es, sin duda, el valor de la confianza. Valor que, por naturaleza, debe ir en dos direcciones: de los ciudadanos a los gobernantes, y viceversa.

Me interesa escribir sobre este tema debido a que apenas el pasado lunes 19 de junio diversos medios de comunicación informaron, con base en un reportaje de The New York Times, a su vez elaborado a partir en un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que diversos representantes de la sociedad civil habían sido espiados a través de sus teléfonos celulares por medio de un software conocido como Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group Technologies, cuyo capital y oficinas centrales se encuentran en Israel. Como lo escribió ayer Salvador Camarena, el artículo del diario estadounidense amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (documento que se puede revisar en el siguiente vínculo: https://goo.gl/r8pt89).

Sin embargo, este no es el primer caso de espionaje contra integrantes de la sociedad civil que se da en nuestro país. Ya en mayo pasado, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) determinó retirarse de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en el plano federal, argumentando que han perdido la confianza en el Secretariado Técnico, institución tripartita en la que participan representantes del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como órgano garante. En este sentido, organizaciones como Fundar, GESOC, Transparencia Mexicana y CIDAC, entre otras, censuraron la actitud asumida por las autoridades frente a evidencias de que se había violentado la privacidad de algunos de sus miembros. Sin confianza no pueden continuar participando en la Alianza, argumentaron.

Avanzar para que la construcción de los Sistemas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción incorporen las exigencias de organizaciones civiles, académicas y empresariales, es un elemento indispensable para restaurar la relación Estado-sociedad. Como lo mencionó Jacqueline Peschard en su toma de protesta como presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata, pues, de una nueva relación entre sociedad y gobierno, y para que prospere es indispensable que exista un dialogo basado en el respeto mutuo y la confianza de las partes.

El establecimiento de políticas relacionadas con Gobierno Abierto, construidas a partir de mecanismos transparentes y con aportaciones ciudadanas, ha demostrado ser eficaz en otras regiones del mundo. México no debe ser la excepción. Con todo –como se argumenta desde la Ciencia Política– se debe reconocer que Gobierno Abierto, como idea y como práctica, continúa siendo un concepto en construcción. Por desgracia, el contexto actual lleva a suponer que la idea difícilmente se podrá materializar mientras siga existiendo un déficit de confianza entre las partes. Toca ahora al gobierno actuar para recuperarla. Cuidado, si no lo hace, se puede perder una oportunidad que no regresará.

En medio de protestas por ataques a la prensas, Osorio Chong niega espionaje a periodistas

Periodistas en Sinaloa protestaron con pancartas, para exigir resultados en las investigaciones por el asesinato de Javier Valdez, frente al gabinete de seguridad federal, encabezado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según reporto el seminario Ríodoce, periodistas de distintos medios locales dieron la espalda al gabinete de seguridad federal, a la par que mostraron las pancartas con la leyenda “Justicia Javier Valdez”.

Ademas Ríodoce reporto que los funcionarios como el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el secretario General del CISEN, Miguel Robles Bárcena, Osorio Chong, se reunieron para analizar la compra de equipamiento y tecnología para mejorar la seguridad, en ese momento cuatro periodistas se pusieron de pie al frente de los funcionarios y comenzaron su protesta.

El Secretario de Gobernación informó que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abiertas varias líneas de investigación, por el caso de Javier Valdez.

Osorio Chong también rechazó que desde el gobierno federal se lleve a cabo algún tipo de espionaje o investigación a periodistas, defensores de los derechos humanos u organizaciones no gubernamentales.

Sobre el caso de espionaje, menciono que solicitó que de existir elementos, se presente la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que ésta realice la investigación correspondiente.