Tras asesinato de Javier Valdez, colaboradores fueron espiados con ‘Pegasus’

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Dos días después del asesinato del periodista Javier Valdez, quien fue director del semanario Río Doce, sus colaboradores recibieron mensajes de texto infectados con el software Pegasus, el cual se utiliza para espionajes, informó este martes el Instituto Citizen Lab.

El afamado periodista, falleció el 15 de mayo de 2017, tras ser atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa.

El 17 de mayo, Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, jefe de información y director de Río Doce, respectivamente, recibieron mensajes de texto en los que afirmaban que los asesinos de su colega habían sido detenidos.

“El CJNG habría sido el responsable de la ejecución del periodista en Culiacán. Ver nota (exploit link)”, decían los mensajes que recibieron, de acuerdo a la investigación realizada por Citizen Lab.

Ambos periodistas sospecharon del origen de esos textos, por lo que no dieron click en los links.

“Cuando Villarreal y Bojórquez fueron atacados por RECKLESS-1 (versión para México) en mayo de 2017, había quedado claro durante casi ocho meses que se estaba abusando de Pegasus en México”, dice el reporte de Citizen Lab.

Pegasus fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, de acuerdo a Citizen LAB, el software fue usado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas, entre los que destacan, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, y abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com

Pegasus sigue activo en México: Citizen Lab

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En un nuevo informe Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, dio a conocer que el software espía Pegasus sigue funcionando en México.

En el documento presentado el día de hoy, los epecializastas dieron a conocer que identificaron que en el mundo hay 36 diferentes operadores de spyware, de los cuales tres están activos en México.

En el informe, reconocen que después de que dieran a conocer el año pasado que el programa espía, que supuestamente sólo es vendido a autoridades era usado para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, una parte de la infraestructura fue dada de baja parcialmente, pero nuevo servidores fueron activados en los meses siguientes.

De acuerdo a la evidencia recabada por los investigadores, en México hay vigentes 17 posibles infecciones de Pegasus.

Debido a este nuevo informe, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (RD3), exigió una investigación imparcial.

“En virtud de los nuevos hallazgos, reafirmamos nuestra exigencia para que se constituya un panel de expertos y expertas internacionales que investigue de manera imparcial, independiente y exhaustiva el uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, demandó RD3 en un comunicado.

Pegasus es un spyware que es desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

(Con información de Grupo Reforma)

Exige la CIDH investigación independiente en intento espionaje al GIEI

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El tema del espionaje por parte del gobierno federal sigue en punta de lanza, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano una investigación independiente sobre los presuntos espionajes realizados en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa, el cual intenta ubicar responsables.

José Eguiguren, presidente de la CIDH, declaró que: “debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales del espionaje”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que en marzo del 2016 uno de los miembros del GIEI fue víctima del programa de espionaje Pegasus, donde se realizaron llamadas con el fin de infectar su móvil y así extraer información. Cabe resaltar que, durante estas fechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba preparando su informe final sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El programa de espionaje Pegasus, es un software creado por el grupo israelí NSO, con el fin de persecución de criminales y terroristas, el cual este software se vende únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Gobierno Federal ha intentado volcar la realidad sobre el uso del programa Pegasus.

Confirma The Citizen Lab espionaje a líderes panistas

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El día de hoy la organización The Citizen Lab confirmo lo que había acusado el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, la semana pasada. Líderes de ese partido fueron víctimas de un intento de espionaje con el uso del malware Pegasus de la compañía NSO Group y que pertenece al gobierno federal.

El líder nacional Ricardo Anaya, el ex presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth y a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicaciones del PAN se les intento espiar en junio del año pasado.

El Senador Roberto Gil Zuarth fue al que más frecuentemente se le intento espiar, puesto que se le enviaron tres mensajes entre el 15 y 17 de junio. En los mensajes se le hacia referencia a una nota periodística, donde se mencionaba su nombre, en otro de los mensajes se le notifica sobre la supuesta muerte de un compañero y se le anexa en un hipervínculo la información del velatorio.

Caso simular fue el de Anaya, quien recibió un mensaje el 15 de junio del año pasado, donde se le notificaba sobre una nota sobre el en la revista Proceso y que se estaba volviendo viral. El mensaje iba a acompañado de un hipervínculo. Un mensaje similar recibió Rodríguez Doval el 14 de julio.

Con esta información se confirma lo dicho por el líder del PAN el pasado 21 de junio, donde acuso a las autoridades federales y que se exigió que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el director del CISEN y el titular de la PGR, comparecieran frente al Congreso de la Unión. También el panista pidió que se formara un equipo interdisciplinario externo para investigar el caso de espionaje contra periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y políticos.

PGR aún no pide apoyo a FBI

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La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer que el FBI apoyará en la investigación del presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano aún no solicita la ayuda.

Hasta este martes 27 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México no tiene conocimiento de que el gobierno mexicano haya hecho una solicitud al FBI para colaborar en el caso.

Tras dar a conocer el plan para investigar el caso, las organizaciones que denunciaron el presunto espionaje rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI, que la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR, anunció para investigar el caso.

Así mismo, demandaron  que “el plan de investigación”, que anunció la PGR, sea conformado por los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han sido afectados con el uso del software, así como las organizaciones denunciantes.

El presunto espionaje se realizó con un software llamado Pegasus,que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto niega que haya espiado a periodistas y activistas.

#MartesDeGrilla: “Pájaros en el alambre”

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Estimado lector, hoy hablaremos del famoso espionaje que ha sido noticia en México durante los últimos días.

Dicho espionaje que cuesta en promedio 77 mil dólares por cada ataque (según John Scott, investigador del CitizenLab) y que de acuerdo al periódico New York Times habría sido orquestado por el Gobierno Federal. Leyó bien, 77 mil dólares por cada ataque. Como si el gobierno no tuviera otras prioridades más urgentes que espiar a sus opositores.

El caso es sumamente grave, y es que por medio de peritajes independientes el periódico de talla internacional habría llegado a la conclusión de que el gobierno en turno estaría utilizando el software “Pegasus” para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Dicho software se utiliza internacionalmente para el espionaje en asuntos de terrorismo y crimen organizado. Por medio de Pegasus, el usuario tiene la capacidad de ver las llamadas, mensajes, correos, además de tener acceso al micrófono y las cámaras del celular. Pero aquí lo preocupante es que hoy en día se haya utilizado en personas particulares, que en este caso da la casualidad son quienes enfrentan constantemente al gobierno federal.

“Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien exhiba alguna conversación mía, ya lo ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que culpar al gobierno.” dijo el presidente con complejo de inspector gadget, quien negó rotundamente que el espionaje sea un plan orquestado por gobierno que encabeza.

Entre que yo no fui, fue teté. El más perjudicado es el ciudadano activo quienes no solo tienen que remar contra corriente al denunciar y gritar “foul” cada vez que el gobierno se equivoca, sino que ahora lo hacen mientras les tiran piedras y los amenazan. Esto es un atentado directo contra la libertad en todas sus formas.

Fuerza Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret, Salvador Camarena y todos aquellos que han sido víctimas de este terrible y cobarde acto. No nos dejaremos.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

…Y ven declaraciones como amenaza

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En un comunicado firmado por el Centro Prodh, Social TIC, Artículo 19, Poder del Consumidor, IMCO y R3D, organizaciones conformadas por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, declararon que vieron las declaraciones de ayer del Presidente Enrique Peña Nieto, como una amenaza, por lo que les preocupa.

Peña Nieto dio ayer su primer posicionamiento sobre los presuntos espionajes contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, que salieron publicados esta semana en el diario estadounidense, The New York Times. en el discurso Peña dijo que esperaba que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera con celeridad deslindar responsabilidades y que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Estas declaraciones no han sido bien tomadas por las organizaciones que han solicitado a un grupo independiente de investigadores para el caso de espionaje.

Los firmantes del comunicado consideran que Peña Nieto, n o se comprometió a aplicar la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, “sino que envío un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.

Para los denunciantes es también preocupante que el mismo Presidente de la República se sienta susceptible de ser víctima de espionaje, y que lo vea como una actividad normal. Esto después de que en el mismo discurso en Jalisco, el Presidente afirmará, que el también ha sido hackeado y cuida mucho lo que habla por teléfono, por el mismo miedo a que lo escuchen y graben.

Por último, exigieron que se arme un panel independiente para monitorear la investigación de la PGR y solicitaron que los contratos firmados con las empresas que venden equipos de espionaje, se hagan públicos.

Se alborota el Congreso de la Unión tras presunto espionaje del Gobierno Federal

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Tras los presuntos espionajes realizados por el Gobierno Federal a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, el día de ayer la Comisión Permanente del Congreso, abordo el tema. Legisladores priistas y del Partido Verde Ecologista de México impidieron que se diera un debate frontal, ante las acusaciones que realizará el The New York Times.

Tanto priistas y del verde defendieron en todo momento al gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que son calumnias por parte del NYT, y solo se busca desprestigiar la figura del gobierno federal, lo cual lo consideraron una estrategia electoral para derrotar al PRI rumbo al 2018.

Por su parte, el diputado priista Cabrera Ruiz criticó la postura del Partido Acción Nacional, a los cuales acuso de no tener memoria, esto, tras las acusaciones de espionaje que ha sufrido Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y Alejandra Sota, ex vocera durante la presidencia de Felipe Calderón.

La senadora priista Graciela Ortiz, comentó que tal publicación internacional le resulta “indignante”, pues no se puede tener “la creencia para poder hacer una aseveración como la que se hizo”.

La diputada de Morena, Vidal Llerenas, expresó que “es interesante como Trump y el PRI se unen para detractar al principal diario del mundo y garante de libertad de expresión”.

El Senador Miguel Barbosa comentó: “Queremos escuchar al presidente de la República. Sí queremos la comparecencia de los titulares de las dependencias. Pero queremos escuchar al presidente de la República y su posición frente a estos asuntos verdaderamente lamentables (…). Hagamos de este un asunto de Estado y que esa práctica política de los gobiernos de abuso de poder… no se siga circunscribiendo a una realidad lamentable”.

Tras ello, el diputado del PAN, Federico Döring, lamentó que el PRI condena los hechos de espionaje, pero por otro lado desvirtúa la labor periodística. Criticó que el gobierno mexicano mantiene una postura omisa en este terreno.

Jesús Zambrano del PRD señaló que los hechos denunciados son lamentables y la inacción de las autoridades es inaceptable; si el gobierno dice que no fue, entonces que diga quién sí.

A su vez, el senador Benjamín Robles expuso que todos saben que el espionaje es el común denominador del país, ya que no es privativo del gobierno actual, sino que ha sido utilizado recurrentemente por distintos grupos políticos. Advirtió que los responsables de estas acciones son el presidente de la República y el secretario de Gobernación, ya que son ellos quienes están al frente de las instituciones de seguridad.