No alcanza votos el PRI para Mesa Directiva; Logra Frente Amplio Primer Victoria

El frente conformado por el PAN, el PRD y MC en la Cámara de Diputados impidió que el PRI y sus aliados obtuvieran las dos terceras partes de los votos para instalar la Mesa Directiva.

Diputados del PRI, el PVEM, Nueva Alianza y el PES consiguieron 257 votos; el PAN, el PRD, MC y Morena -quien también votó en contra- tuvieron 209 votos; hubo dos abstenciones.

Para nombrar a la Mesa Directiva son necesarios los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Al momento de la votación estaban en el Salón de Plenos 468 legisladores, por lo que eran necesarios 312 votos para conseguir que el priista Jorge Carlos Ramírez Marín se convirtiera en presidente de la Cámara baja.

La Mesa Directiva es el órgano directivo que representa y coordina los trabajos de la Cámara de Diputados.

La todavía presidenta de la Cámara baja, Guadalupe Murguía (PAN), decretó un receso para que la Junta de Coordinación Política busque un nuevo acuerdo y se someta nuevamente a votación del pleno.

A decir del PRI, si a la medianoche de este 5 de septiembre no hubiera Mesa Directiva instalada, la Cámara de Diputados se quedaría sin órgano directivo, por lo que no habría condiciones para continuar con las actividades legislativas.

El PAN, el PRD y MC insistieron en que, sin importar las consecuencias, no cambiarán su posición hasta que se vote la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el pase automático del procurador general de la República, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la Nación.

La votación en el pleno de San Lázaro se dio minutos después de que el frente opositor acusara al PRI de intentar “comprar” las conciencias de algunos de sus diputados.

El PRI negó las acusaciones y pidió que si tienen pruebas, las lleven ante las autoridades.

Los legisladores permanecen en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pendientes de una nueva votación; el plazo vence a la medianoche.

Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”