PGR aún no pide apoyo a FBI

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer que el FBI apoyará en la investigación del presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano aún no solicita la ayuda.

Hasta este martes 27 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México no tiene conocimiento de que el gobierno mexicano haya hecho una solicitud al FBI para colaborar en el caso.

Tras dar a conocer el plan para investigar el caso, las organizaciones que denunciaron el presunto espionaje rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI, que la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR, anunció para investigar el caso.

Así mismo, demandaron  que “el plan de investigación”, que anunció la PGR, sea conformado por los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han sido afectados con el uso del software, así como las organizaciones denunciantes.

El presunto espionaje se realizó con un software llamado Pegasus,que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto niega que haya espiado a periodistas y activistas.

EPN y el Proveedor del equipo de Espionaje podrían tener vínculos: Mexicanos Contra la Corrupción

Monterrey (27 de junio de 2017).- Aunque la empresa Balam Seguridad Privada negó que se le vendió equipo del tan mencionado software “Pegasus”, al gobierno de Enrique Peña Nieto, un reportaje hecho por proceso y MCCI dictan lo contrario.

Con base en una exitosa estrategia, dos jóvenes empresarios se asociaron para crear la empresa Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V, en una de las principales proveedoras del gobierno federal, en temas de seguridad e inteligencia en sistemas.

Proceso y mexicanos contra la corrupción, realizaron una investigación, en la que participaron Mathieu Tourliere, Raúl Olmos, y Daniel Lizárraga, quien señala que Asaf Zanzuri consigue tecnologías de Israel (país del que es originario).

Rodrigo Ruiz Treviño de nacionalidad Mexicana, es el encargado de abrir las puertas de las agencias de seguridad nacional.

Este último Ruiz Treviño, es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, amigo íntimo de Emilio Gamboa Patrón, Senador priista, y coordinador de  Puertos y Marina de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (STC) en el gobierno del actual presidente de la república mexicana.

A continuación se muestra un fragmento del reportaje hecho por MCCI y Proceso:

Antes de fundar Balam Seguridad Privada -el 15 de mayo de 2012- y convertirse en proveedor oficial, Ruiz Treviño sólo tenía experiencia en el negocio de restaurantes y bares. En las redes sociales solía presumir su vida de mirrey. Zanzuri, por su parte, había trabajado en la industria del espionaje en Israel y Europa, según su currículum.

Balam es una de las empresas intermediarias que vendió al gobierno mexicano el polémico software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, cuyo propósito es infectar teléfonos celulares a través de mensajes de texto para tomar el control del dispositivo, incluido su micrófono y su cámara.

En julio de 2015 Proceso reveló que Balam Seguridad Privada -y su filial Grupo Tech Bull- surtieron a diversas agencias de seguridad mexicana material de intercepción, así como un centro de mando desarrollado por Elbit, una de las principales compañías de Defensa de Israel.

Las agencias receptoras pertenecían a la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal, así como “una gran cantidad de procuradurías, incluida la del Estado de México”.

Meses antes, el 6 de febrero de 2014, Balam Security sirvió de intermediario en la venta de dos aviones de espionaje Dominator XP -fabricados por Aeronautics Ltd- a las Fuerzas Armadas de México. El negociador del contrato fue Zanzuri.

Este semanario también reveló, en la investigación global Panama Papers, que a principios de 2015 Ruiz Treviño y Zanzuri pretendieron abrir dos fideicomisos: uno en Nueva Zelanda -The Diamond Trust y The Sapphire Trust- y otro en Holanda, para evadir sus obligaciones fiscales y mover dinero desde cuentas abiertas en Suiza.

Para ello, contrataron los servicios del despacho panameño Mossack Fonseca y del abogado mexicano Alejandre Doporto, ambos especializados en la incorporación de estructuras offshore.

En caso de que las autoridades emprendieran una investigación, sólo aparecerían como directores de los fideicomisos empleados de Mossack Fonseca en Nueva Zelanda. Tenían todo calculado; incluso dos años antes crearon la firma llamada Orion Trust, la misma oficina puesta al servicio de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

El enlace

A fines de 2014 un empleado de Balam Security se comunicó con la empresa italiana Hacking Team, una firma rival de NSO en el desarrollo de programas espías para gobiernos, para informarle que Balam Security representaba “una gran cantidad de empresas israelíes porque uno de los propietarios, Asaf Zanzuri, es de Israel”.

Los archivos internos de Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015 -incluidos miles de correos electrónicos-, muestran que Ruiz Treviño era el enlace de la empresa con agencias del gobierno mexicano.

En un correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2014, un intermediario israelí llamado Eric Banoun presentó a Ruiz Treviño como “uno de los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia en México”, e informó que era el principal negociador con la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam.

En aquél entonces, Balam se encontraba en una situación difícil: había vendido -y cobrado- a la PGR por la venta de un paquete de 500 infecciones del sistema Pegasus. Sin embargo, cuando NSO se enteró que la venta se había concretado, aumentó sus precios 50%. Balam buscó una solución que permitiera sustituir Pegasus; se acercó con Hacking Team, que desarrollaba el sistema Remote Control System, capaz, como Pegasus, de tomar el control de los dispositivos móviles.

En su edición del miércoles 21, el periódico Reforma informó que, pese a una serie de problemas, Balam finalmente pudo vender Pegasus a la PGR. El presupuesto asignado para esa compra fue de 148.5 millones de pesos, pero el costo pudo ser mayor.

En septiembre de 2016, el diario The New York Times informó que el gobierno mexicano había pagado 15 millones de dólares en 2014 por el sistema de espionaje, equivalente a 202 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces.

Según los correos de Hacking Team filtrados por WikiLeaks, Ruiz Treviño también intervino en la negociación para abastecer equipos de seguridad a por lo menos cinco estados de la República: su correo electrónico apareció en la negociación de contratos para el Estado de México, Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán, aunque no se precisa si las ventas se concretaron.

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Réplica

La empresa Balam Seguridad Privada rechazó que haya vendido el mencionado software ‘Pegasus'” a alguna dependencia del gobierno, además que afirmó que no cuenta con el permiso para vender o comercializar dicho programa.

En una carta dirigida a este medio -que retoma la investigación de Proceso y MCCI– Balam pide aclarar esto “para no dañar la imagen de la empresa” que “no se encuentra involucrada en dicha venta o comercialización del citado software”. Sobre Rodrigo Ruiz Treviño no hay mención alguna. 

Uno de los autores del reportaje refirió que ya analizan una respuesta a la compañía.

 

(Con información de Aristegui Noticias)

#MartesDeGrilla: “Pájaros en el alambre”

Estimado lector, hoy hablaremos del famoso espionaje que ha sido noticia en México durante los últimos días.

Dicho espionaje que cuesta en promedio 77 mil dólares por cada ataque (según John Scott, investigador del CitizenLab) y que de acuerdo al periódico New York Times habría sido orquestado por el Gobierno Federal. Leyó bien, 77 mil dólares por cada ataque. Como si el gobierno no tuviera otras prioridades más urgentes que espiar a sus opositores.

El caso es sumamente grave, y es que por medio de peritajes independientes el periódico de talla internacional habría llegado a la conclusión de que el gobierno en turno estaría utilizando el software “Pegasus” para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Dicho software se utiliza internacionalmente para el espionaje en asuntos de terrorismo y crimen organizado. Por medio de Pegasus, el usuario tiene la capacidad de ver las llamadas, mensajes, correos, además de tener acceso al micrófono y las cámaras del celular. Pero aquí lo preocupante es que hoy en día se haya utilizado en personas particulares, que en este caso da la casualidad son quienes enfrentan constantemente al gobierno federal.

“Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien exhiba alguna conversación mía, ya lo ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que culpar al gobierno.” dijo el presidente con complejo de inspector gadget, quien negó rotundamente que el espionaje sea un plan orquestado por gobierno que encabeza.

Entre que yo no fui, fue teté. El más perjudicado es el ciudadano activo quienes no solo tienen que remar contra corriente al denunciar y gritar “foul” cada vez que el gobierno se equivoca, sino que ahora lo hacen mientras les tiran piedras y los amenazan. Esto es un atentado directo contra la libertad en todas sus formas.

Fuerza Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret, Salvador Camarena y todos aquellos que han sido víctimas de este terrible y cobarde acto. No nos dejaremos.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

PGR pide ayuda para investigar espionaje en México

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que solicitó ayuda a organismos internacionales para la investigación que realiza por el espionaje realizado a periodistas y activistas de derechos humanos.

El titular de Fiscalía Especializada para los delitos contra libertad de expresión (Feadle) ,  Ricardo Sánchez, anunció el apoyo de instituciones como: La Unión Internacional de Comunicaciones de la ONU , del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, Escuela superior de Ingeniera del Instituto Politécnico Nacional, Héctor Osuna Jaime, expresidente de la Comisión de Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia de Canadá.

También se ordenará a las compañías de telefonía el registro de llamadas a los celulares de los periodistas y defensores para verificar  que sus equipos fueron atacados por el malware Pegasus.

Además,  se indagarán las empresas que vendieron software para espionaje a entidades de la República y la posibilidad de un mal uso respecto a este.

El Senador Miguel Barbosa, acusa a Osorio Chong de ser el responsable del espionaje

Monterrey (23 de junio de 2017).- Asegura Miguel Barbosa, que el responsable del espionaje a periodistas y activistas, a través del programa “Pegasus”, es El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Aseguró que la Sedena ni la PGR tuvieron que ver con esto, si no que a través del CISEN y Gobernación.

“Sin duda que cuando hablamos de que el CISEN es quien opera un software que es utilizado para el espionaje político, nos estamos refiriendo al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al director del CISEN, sin duda que ellos son los responsables políticos frente a estos hechos, no son ajenos”, mencionó.

Barbosa dijo que esto es en referencia a la lucha que tiene el PRI (Partido Revolucionario Institucional), por permanecer en la presidencia de México.

En una conferencia de prensa, el ahora ex perredista y ahora Senador por Morena, mencionó que es reprobable que el CISEN haya utilizado el software con fines políticos.

“Esta fue una entrega controla, una entrega controlada en esa disputa que tiene dentro del propio poder por el asunto del 2018, eso es”, afirmó.

“El presidente está enojado por su Gobierno, como un Gobierno espía. Reconoce que el Gobierno cuenta con herramientas tecnológicas para ello, pero que no las utiliza con sus críticos. Le recomendamos que también se enoje con el ala de su Gobierno que filtro las sabanas de algunos casos de espionaje, ¿o que la operación de los softwares ya está al alcance de todos?”, agregó Barbosa.

También le sugirió al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que tome media en contra del sector de su gabinete que ha sido participe del espionaje.

…Y ven declaraciones como amenaza

En un comunicado firmado por el Centro Prodh, Social TIC, Artículo 19, Poder del Consumidor, IMCO y R3D, organizaciones conformadas por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, declararon que vieron las declaraciones de ayer del Presidente Enrique Peña Nieto, como una amenaza, por lo que les preocupa.

Peña Nieto dio ayer su primer posicionamiento sobre los presuntos espionajes contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, que salieron publicados esta semana en el diario estadounidense, The New York Times. en el discurso Peña dijo que esperaba que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera con celeridad deslindar responsabilidades y que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Estas declaraciones no han sido bien tomadas por las organizaciones que han solicitado a un grupo independiente de investigadores para el caso de espionaje.

Los firmantes del comunicado consideran que Peña Nieto, n o se comprometió a aplicar la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, “sino que envío un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.

Para los denunciantes es también preocupante que el mismo Presidente de la República se sienta susceptible de ser víctima de espionaje, y que lo vea como una actividad normal. Esto después de que en el mismo discurso en Jalisco, el Presidente afirmará, que el también ha sido hackeado y cuida mucho lo que habla por teléfono, por el mismo miedo a que lo escuchen y graben.

Por último, exigieron que se arme un panel independiente para monitorear la investigación de la PGR y solicitaron que los contratos firmados con las empresas que venden equipos de espionaje, se hagan públicos.

“A mi también me han espiado; tengo cuidado al hablar por teléfono” asegura Peña Nieto

Durante la inauguración del Parque Industrial Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones por el supuesto espionaje del Gobierno Federal contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.

Peña Nieto, aseguró que incluso a el lo han hackeado, “a mi también me han espiado; tengo cuidado al hablar por teléfono” dijo el primer mandatario de México.

Por otro lado, dio a conocer que se va a denunciar a las personas que lo difamaron con el tema y dijo que el aparato de inteligencia del Gobierno era solamente para mantener la seguridad nacional, no para espiar.

Se alborota el Congreso de la Unión tras presunto espionaje del Gobierno Federal

Tras los presuntos espionajes realizados por el Gobierno Federal a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, el día de ayer la Comisión Permanente del Congreso, abordo el tema. Legisladores priistas y del Partido Verde Ecologista de México impidieron que se diera un debate frontal, ante las acusaciones que realizará el The New York Times.

Tanto priistas y del verde defendieron en todo momento al gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que son calumnias por parte del NYT, y solo se busca desprestigiar la figura del gobierno federal, lo cual lo consideraron una estrategia electoral para derrotar al PRI rumbo al 2018.

Por su parte, el diputado priista Cabrera Ruiz criticó la postura del Partido Acción Nacional, a los cuales acuso de no tener memoria, esto, tras las acusaciones de espionaje que ha sufrido Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y Alejandra Sota, ex vocera durante la presidencia de Felipe Calderón.

La senadora priista Graciela Ortiz, comentó que tal publicación internacional le resulta “indignante”, pues no se puede tener “la creencia para poder hacer una aseveración como la que se hizo”.

La diputada de Morena, Vidal Llerenas, expresó que “es interesante como Trump y el PRI se unen para detractar al principal diario del mundo y garante de libertad de expresión”.

El Senador Miguel Barbosa comentó: “Queremos escuchar al presidente de la República. Sí queremos la comparecencia de los titulares de las dependencias. Pero queremos escuchar al presidente de la República y su posición frente a estos asuntos verdaderamente lamentables (…). Hagamos de este un asunto de Estado y que esa práctica política de los gobiernos de abuso de poder… no se siga circunscribiendo a una realidad lamentable”.

Tras ello, el diputado del PAN, Federico Döring, lamentó que el PRI condena los hechos de espionaje, pero por otro lado desvirtúa la labor periodística. Criticó que el gobierno mexicano mantiene una postura omisa en este terreno.

Jesús Zambrano del PRD señaló que los hechos denunciados son lamentables y la inacción de las autoridades es inaceptable; si el gobierno dice que no fue, entonces que diga quién sí.

A su vez, el senador Benjamín Robles expuso que todos saben que el espionaje es el común denominador del país, ya que no es privativo del gobierno actual, sino que ha sido utilizado recurrentemente por distintos grupos políticos. Advirtió que los responsables de estas acciones son el presidente de la República y el secretario de Gobernación, ya que son ellos quienes están al frente de las instituciones de seguridad.

PGR dice que indagará a proveedores y tecnología usada para espiar a periodistas

Este miércoles  La Procuraduría General de la República (PGR) informó  sobre el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, después de que periodistas y activistas denunciaran que fueron espiados con un software llamado Pegasus que ha sido adquirido por diferentes dependencias del gobierno mexicano.

“Se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera  este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos, señaló la PGR por medio de un comunicado

Se agregó que se investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.

La PGR apuntó que una de sus fiscalías especializadas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), fue quien inició la carpeta de investigación, y que se garantizará el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en las indagatorias,  por sí o a través de sus representantes.

El espionaje se realizó con un software llamado Pegasus, que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

La investigación del Citizen Lab, iniciada originalmente por el caso de un activista árabe en los Emiratos Árabes Unidos, reveló que México es el principal comprador de este malware espía.