AMLO presenta su Plan Nacional de Paz y Seguridad

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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024.

Dicho plan pretende lograr que “las familias de México recuperen la tranquilidad y confianza en las instituciones” y la prioridad “será garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los mexicanos.”.

Dicho plan tiene 8 ejes, los cuales son los siguientes.

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Se eliminarán fueros, paraísos fiscales y se van a monitorear en tiempo real las adquisiciones de Gobierno. Las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios serán obligatorias.

Además, buscar la tipificación de la corrupción como delito grave; eliminar el fuero; y debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.

2. Garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación.

3. Garantizar el respeto y promoción de derechos humanos. No se permitirá la represión ni tortura, y se investigarán todas las denuncias de violación a los derechos humanos.

Tipificar, con sanción definida, los incumplimientos de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por las comisiones estatales.

Aunado a ello, construir una cultura de derechos humanos que se incluya tanto en los planes de estudio oficiales como en los instrumentos de publicidad de las instancias de Gobierno.

Impulsar la liberación de las personas que están presas por acciones políticas y que no llevaron a cabo ningún acto violento.

4. Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral para mejorar la relación en lo individual y colectivo. Además se promete un gobierno austero honesto, incluyente y respetuoso de las libertades .

5. Reformular el combate a las drogas, y reorientar los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación.

6. Se busca emprender la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en cuatro ejes de justicia transicional: verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes.

Se impulsarán leyes que contribuyan a poner fin a los confrontamientos armados y posibilitar los procesos de desarme del crimen organizado.

Se incluyen leyes especiales que puedan brindar reducción de penas a infractores y amnistía a miembros de grupos criminales, siempre y cuando las víctimas acepten ofrecer perdón.

7. Recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social.

Se buscará separar a los imputados de los sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.

8. Nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de una cultura de paz de la mano de instituciones y población. Se repensará la seguridad nacional y se reorientará a las fuerzas armadas para fortalecer sus funciones y estrechar lazos con la sociedad

Se creará una Guardia Nacional para prevención del delito, preservación de seguridad y combate a la delincuencia.

Esta Guardia estará formada por elementos de las policías militar, naval y militar. Además se convocará a civiles para que se integren y reciban formación y adiestramiento con nuevas prácticas que incluyen la enseñanza de procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y actualización de la tecnología para mejorar su desempeño.

Habrá coordinaciones a nivel nacional, estatal y regional. Se sumarán asociaciones civiles organismos ciudadanos para revisar resultados.

En la explicación del plan se señala que sería desastroso relevar a las fuerzas armadas de su encomienda en materia de seguridad pública.

“Si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate a la delincuencia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones. Los soldados y marinos no han sido entrenados ni debidamente facultados para prevenir e investigar delitos. Esa falta de correspondencia entre preparación, atribuciones y misión ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en atropellos a la población”.

La Guardia Nacional se encargará de la prevención del delito, de la seguridad pública, y el combate a la delincuencia en todo el país.

Desaparecen dos camionetas con 90 migrantes en Puebla

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El coordinador de la Pastoral Migrante en Puebla, Gustavo Rodríguez Zarate, denunció que dos camionetas que transportaban a cerca de 90 ciudadanos centroamericanos que son parte de la Caravana Migrante desaparecieron al llegar a la capital poblana.

Rodríguez dio a conocer que la desaparición se dio por la zona de la colonia La María y la autopista de México. Mientras que testigos señalaron que hombres que portaban máscaras de calavera y armados, quienes viajaban en tres camionetas, interceptaron los vehículos y encañonaron al chofer y a las personas a bordo. Minutos después se retiraron sin dañar a nadie.

Sin embargo, hay quienes aseguran que las camionetas desaparecieron porque después de los hechos algunos no encontraron a sus familiares.

El parróco Gustavo Rodríguez indicó que el sábado 3 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas los sujetos, se llevaron los transportes donde viajaban mujeres y niños migrantes, por lo que no descartó que estas personas puedan ser víctimas de trata y comercio sexual.

Además, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana para que acudan a Puebla a resguardar a los migrantes.

La Fiscalía de Puebla informó que sólo se sabe del hecho por la declaración del coordinador de la organización de apoyo a migrantes, ya que no existe algún otro reporte.

2 mil 200 migrantes son atendidos en albergue de CDMX: se espera llegada del doble en esta semana

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Alternando largas caminatas con tramos carreteros a bordo de autobuses, o en coches particulares que ofrecieron ‘aventones’, un primer contingente de aproximadamente 2 mil 200 personas de la Caravana Migrante arribó desde este domingo procedente de Veracruz a Ciudad de México, donde se instalaron en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’.

La CDHDF estima que para el jueves la cifra de migrantes atendidos sea de al menos 5 mil 500.

Previo a la entrada al recinto deportivo, los migrantes formaron largas filas para recibir cobijas, ropa de abrigo, y calzado. Sin embargo, Carlos Roberto Martínez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), dijo en entrevista que se requiere el apoyo de la ciudadanía capitalina para poder seguir atendiendo a los miles de migrantes que se espera que lleguen en las próximas horas.

Otra de las cosas que más demandan los migrantes es calzado, debido que, ante las largas caminatas tras dos semanas de Caravana, muchos llegaron a Ciudad de México con los zapatos destrozados, o incluso descalzos.

“También serán bienvenidos productos de higiene personal, como toallas sanitarias, papel de baño, jabón, shampoo, o pasta de dientes”, añadió Carlos Roberto Martínez.

El doctor Emilio Mora, jefe de los servicios de Salud de la delegación Iztacalco, informó por su parte que, hasta las 5 de la tarde de este domingo, en los tres módulos que se instalaron con doctores en el albergue, atendieron a 30 personas con infección en las vías respiratorias, cinco de ellos menores de edad.

Por lo que, dijo, la prioridad es recibir antibióticos, analgésicos para el dolor, ibuprofeno, y antiparasitarios. “Hemos tenido bastantes casos de personas que llegan con diarrea y gastrointeritis”, apuntó el médico, quien agregó que también se recibirán vendas, gasas sanitarias, y guantes de látex.

Además, el personal médico y de enfermería que quiera prestar voluntariamente sus servicios puede hacerlo presentándose en el albergue.

Alma Orozco, subdirectora de Grupos Sociales de la alcaldía Iztacalco, apuntó que este domingo se repartieron más de 300 comidas, aunque para los próximos días la cifra se multiplicará al mismo ritmo que vayan llegando más migrantes.

“La gente que quiera puede colaborar trayendo latas de atún, comida preparada, café, pan, y, sobre todo, agua embotellada”, indicó Orozco.

Además de cobijas, alimentación, y atención sanitaria, el gobierno capitalino instaló módulos de servicios psicológicos y atención jurídica, y un fuerte operativo policiaco y de tránsito en la entrada y en los alrededores del estadio-albergue Jesús Martínez ‘Palillo’.

PGR critica fallo de Tribunal Colegiado por caso Ayotzinapa

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La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que los magistrados desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público de la Federación, esto tras el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, donde se solicita que se haga una Comisión de la Verdad para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014.

El Tribunal Colegiado considero que respectos a la investigación hecha por la PGR del caso Iguala no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial, por lo que ordena crear una Comisión de la Verdad.

Por su parte, la PGR respondió que hasta el momento no ha sido notificada de la resolución del amparo otorgado a las víctimas del caso Ayotzinapa, pero que realiza un análisis sobre la versión pública para determinar las acciones que correspondan conforma a derechos.

También la PGR, critica que los magistrados desconozcan la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política, corresponde al Ministerio Público de la Federación.

Por otro lado, respecto a las acusaciones de tortura, la PGR indica que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

Al final, aclaro que la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

(Con información de Noticias MVS)

 

Policías municipales de Allende, Coahuila implicados en masacre: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación por violaciones graves 10VG/2018, implicó a policías municipales de Allende, Coahuila en la desaparición y asesinato de por lo menos 38 personas, entre ellas tres menores de edad, en esa entidad del norte del país.

De acuerdo al documento, los agentes municipales autorizaron o dieron apoyo a grupos de “Los Zetas” para saquear casas, cometer desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores en marzo del 2011.

La CNDH señala que hubo complicidad de los agentes en la privación ilegal de la libertad de dos personas, también en la detención arbitraria de 34 personas y privaron de la libertad a 5 menores de manera ilegal.

El organismo aseguró que presentara pronto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de servidores públicos del Gobierno estatal de Coahuila y del Municipio de Allende, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Además presentará una quejaste la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende en contra de los agentes por participar en los hechos de marzo del 2011.

La comisión también da un plazo no mayor a seis meses, para que el Ayuntamiento de Allende y otros municipios de la región fronteriza, lleve a cabo procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales.

 

Mueren 8 recién nacidos en Guerrero

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Monterrey N.L (03 de Enero 2017).- La falta de recursos económicos y las medidas sanitarias correspondientes fueron las causantes de que al menos ocho recién nacidos murieran en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, según información emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH aseguró que “existían coincidencias en los procedimiento y complicaciones asociadas a la prematurez de bebés, lo que ameritaba atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”, pero esta se encontraba inhabilitada por trabajos de ampliación.

Se responsabilizó al hospital de improvisar en 2015 áreas de vigilancia que no contaban con los cuidados necesarios de sanidad.

Informó que las madres de los bebes, no fueron informadas del estado de salud en el que se encontraban los recién nacidos, ni del motivo o motivos de fallecimiento e incluso la Fiscalia General y el Gobierno estatal mantuvieron al menos 18 meses inactiva la investigación del caso.

Por ello se le solicitó al Gobernador, Héctor Astudillo Flores, reparar el daño a madres y padres de las victimas fallecidas.

 

 

#ElTalónDeAquiles: “Violencia de Género”

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Pasó lo que se temía: el terremoto que todos en Ciudad de México (CDMX) esperaron por años, aconteció el 19 de septiembre de 2017. El derrumbe de edificios no debe sorprender: se sabía de la precariedad estructural en varios sectores capitalinos y, por el epicentro y tipo de sismo, poco era lo que se podía hacer. Vino después lo de siempre: medios de comunicación reportaron el dolor de CDMX (olvidándose del resto del país); el sensacionalismo hizo de Frida Sofía, una niña inexistente, una heroína precoz; se vaticinó un movimiento telúrico mayor: nada mejor que las redes sociales para anunciar el fin del mundo. Los políticos fueron víctima de la indignación ante el patético intento de escabullirse ante las demandas ciudadanas de donar fondos de la campaña electoral a la reconstrucción. Hubo intentos de fraude de inescrupulosos que trataron de aprovecharse de la desgracia. Y claro, salieron las banderas. Ni siquiera en estos casos me gusta el nacionalismo, pero lo acepto, hubo solidaridad. La historia dirá que los mexicanos se unieron para levantarse, como debe ser, y como todo pueblo lo hace, en estas circunstancias.

¿Pero en dónde estábamos antes del drama? Un día antes del fatídico terremoto, ciudadanos indignados de al menos cinco Estados mexicanos, manifestaban por el asesinato de Mara Fernanda Castilla, una estudiante de Ciencia Política originaria de Xalapa (Veracruz), de 19 años de edad, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Castilla perdió la vida presumiblemente el 8 de septiembre, al abordar un taxi para regresar a su casa. Estuvo desaparecida durante ocho días.

Para una persona como yo, que siempre ha trabajado con mujeres brillantes y fuertes, colegas de las que he aprendido un mundo, fue toda una revelación el poder ver, por vez primera, con ojos de mujer, a Cholula, ese pueblo masculinamente tranquilo y amigable que me recibió en enero. Claro, desde mi primer día en México (2012), me percaté del fastidioso machismo que aqueja a esta sociedad. Pero ahora comprendí, gracias a los testimonios de mis estudiantes, que el asesinato de una joven universitaria puede tan sólo ser la punta del iceberg, pues el acoso es constante, y la inseguridad creciente, para todas las mujeres. Contrariamente al hombre, las residentes de San Andrés de Cholula se exponen a diario a situaciones que van desde lo desagradable (piropos, vulgaridades) hasta cuadros potencialmente peligrosos para su integridad física.

Aplaudí su indignación e iniciativa, pero les indiqué que el reto no consistía en hacer conciencia sobre la importancia del tema hoy, sino en mantener la violencia de género en un lugar prioritario en la agenda de discusión de problemas nacionales. Al fin y al cabo, entre 2013 y 2015 ocurrió un feminicidio por semana; solo en 2017, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos contó 83, y en el primer semestre de 2017, se contabilizaron, en promedio, 35 denuncias diarias de violación sexual, la gran mayoría de parte de mujeres, para un total de 6,444. Además, entre 2007 y 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 17,274 casos de presunción de homicidios de mujeres. En síntesis, la situación es alarmante.

No estoy ignorando la amplitud de la catástrofe originada por el terremoto del 19 de septiembre, ni la necesidad de ayuda inmediata. Sin embargo, este es un ejemplo de cómo un evento coyuntural, de alto impacto, puede alterar la agenda pública, y sacar del reflector un problema crónico, estructural, y de gran magnitud. El pecado de Mara es salir a divertirse, con tanta libertad como la mía; nuestro pecado, sería olvidarlo. Ante lo coyuntural, no perdamos de vista lo estructural. El reto es re-visibilizar la tragedia de la violencia de género sin parecer insensible ante el drama causado por el movimiento sísmico. Y para ello, un recordatorio de en donde estábamos antes del desastre, puede ser un buen comienzo.

Fernando A. Chinchilla

San Andrés de Cholula, 5 de octubre de 2017

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

Dimes y Diretes: “Componiendo lo irreparable”

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El día de ayer la Presidencia de Enrique “Henry Monster” Peña Nieto tuvo otrooooooooo golpe fuerte, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos los 22 muertos en Tanhuato, Michoacán, fueron afirmativamente asesinados extrajudicialmente a manos de la Policía Federal, esto contrario a lo que el gobierno viene diciendo desde hace largos quince meses.

La Presidencia de Peña Nieto va de mal en peor y el mes de agosto no ha sido el mejor para la administración peñista desde finales del 2014, cuando el caso Ayotzinapa y la Casa Blanca se le juntaron al Presidente.

En este mes Peña ha sufrido múltiples golpes, el primero el departamento de su esposa en Miami y el pago del predial del mismo por parte de un posible contratista del gobierno federal. Después los bajos números de aprobación tanto entre ciudadanos y líderes que dio a conocer el periódico Reforma, una serie de lamentables declaraciones y ahora esto. Parece que a Peña Nieto solo falta que lo orine un perro.




Los malos manejos por parte del gobierno cada vez son más notorios. La descoordinación, incluso el mal gobierno, son cosas que ya no se pueden ocultar más por parte de la administración de “Henry Monster” Peña Nieto. El conflicto de interés, asesinatos arbitrarios y los fracasos ya son el pan de cada día con nuestro actual Presidente.

Difícil veo que este gobierno se pueda levantar de nuevo, y pueda demostrar en los dos años que le quedan alguna diferencia que podamos decir que es contundente.

En otras palabras, Enrique Peña Nieto, está tratando de componer lo irreparable, y con el caso Tanhuato, muchas respuestas tendrá que dar su gabinete de seguridad y por ende el mismo Presidente, pues estar alegando quince meses que los Policías Federales no asesinaron de manera extrajudicial y luego las investigaciones digan que sí, es muy, muy grave.

Ahí se leen.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”