Pelea en tribunales y veto a Peña, son las reacciones de los partidos a la Ley de Seguridad Interior

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Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior, que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, los partidos políticos que se opusieron a la iniciativa anunciaron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad e incluso exigen al presidente Peña Nieto que vete el proyecto.

Por un lado, dos partidos de la alianza de Por México al Frente,  Movimiento Ciudadano y PRD, dicen que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.

El secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada  “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.

Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley y aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional“.

Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.

La seguridad nacional y la ley de Seguridad Interior

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El Foro Internacional “La Seguridad Nacional de México: La perspectiva multidimensional y los retos del siglo xxi” que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 2017 contó con la participación de actores del ámbito político y académico, unos expertos y conocedores de esta área del quehacer nacional, y otras con alguna responsabilidad en distintos ámbitos de la seguridad.
El que suscribe estas líneas, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló que al presidir esta comisión lo ha hecho sin una línea o compromiso político, y sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que en esa Comisión debe construirse Patria. Uno de los factores que inciden de forma negativa en la capacidad para fortalecer nuestras instituciones de seguridad nacional e interior proviene, en parte, de sobreestimar factores políticos sobre la propia seguridad del país.
Esta expresión, no es gratuita porque la evidencia muestra que la mezquindad y la poca voluntad política tiene a los ciudadanos y las Fuerzas Armadas de México en la incertidumbre: no se querido aprobar un marco jurídico que regule el actuar de marinos y soldados. Tener una Ley brindarían garantías y certeza a ciudadanos y Fuerzas Armadas. Es complejo comprender cómo puede ser mejor que las Fuerzas Armadas actúen sin un marco jurídico claro, cómo puede ser mejor no tener metodologías que justifiquen su trabajo, tiempos y lugares definidos para que desarrollen las tareas que se les ordenan,  y generar tramos de decisión específicos.  La realidad es que nada hay que comprender, nuestras Fuerzas Armadas continúan en la indefinición porque hay intereses políticos que buscan comprometer su desempeño y la confianza pública que la ciudadanía les tiene. 
Durante once 11 años los gobernadores, diputados y senadores cuando hay algún foro o reunión con las fuerzas castrenses expresan su apoyo, pero al momento de aprobar las leyes los mismo Legisladores no han querido cambiar la situación en materia de seguridad nacional e interior. Algunas voces dicen que ahora, después de años de estar con lo mismo, el calendario no es el más adecuado, algunos ya piensan en dejar pasar esta temática porque “ya empezó el proceso electoral”, sin embargo, este tema debiera ser prioritario más allá de la coyuntura electoral.
 
Se trata de fortalecer nuestras instituciones, de generar patriotismo, de dar un mensaje contundente sobre que los políticos están con los buenos. La situación no es menor ante el grado de desconfianza que existe hacia los políticos, de acuerdo con la Encuesta nacional 2017 elaborada por del Gabinete de Comunicación Estratégica nueve de cada diez personas contestan que no “confiarían las llaves de su casa”, es decir se registra un déficit de confianza ciudadana.
El actuar político deja que desear, por ello es urgente establecer una agenda que trascienda la coyuntura política y que se proponga resolver los problemas reales de una sociedad real. Este nivel de reprobación contrasta con el de las Fuerzas Armadas ya que al preguntarle a los ciudadanos “¿con la presencia del Ejército en las calles usted se sentiría más o menos seguro?” el 62% de ellos contestó “Más seguro”, es decir la sociedad sí confía en nuestras instituciones castrenses mientras que los políticos con bajos niveles de aprobación no son siquiera para darles las leyes necesarias para trabajar mejor y generar certezas.
Un tema que interesa y preocupa a la ciudadanía es la seguridad, por ello deben aprobarse leyes que permitan articular las sinergias necesarias para construir una mejor seguridad, y en materia legislativa, se necesita mejorar las leyes de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional. Dar seguridad a los ciudadanos y a la actuación de las fuerzas castrenses, correspondería a los actores políticos. Lo único que piden las Fuerzas Armadas del Legislador es regular con base en el Estado de derecho lo que hacen desde hace once años, eso no es mucho pedir.