Los documentos que aquí desclasificamos (cartas y correos entre el Gobierno y KIA Motors) abren un nuevo frente en la batalla legal: los jueces deberán estudiar si existe desde usurpación de funciones, hasta traición a la patria, por parte de los gobiernos Estatal y Federal.
Se supone que en México las leyes las hacen los mexicanos, pero tenemos evidencia de que KIA Motors redactó 2 artículos de la Ley de Nuevo León (17 bis y 18 de la Ley de Fomento Industrial) para que se le pudieran regalar los incentivos que pedían, y Rodrigo Medina los firmó y envió al Congreso como propuestas de su gobierno. Como podrán ver en los documentos que desclasificamos, el Gobierno de Rodrigo Medina conspiró con el Gobierno Federal y con el Congreso Local para cambiar las leyes de Nuevo León, y dejarlas a modo para KIA.
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A continuación les mostramos una carta que el Secretario de Economía del Gobierno Peñista, Idelfonso Guajardo, envió a directivos de KIA, donde afirma que conoce a profundidad los contratos KIA-Medina, y que los respalda. En la misma carta se comprometió a obtener, por medio del Congreso de la Unión, los fondos federales necesarios para garantizar los regalos a KIA. Ni Medina a nivel local, ni Guajardo a nivel federal, respetaron la separación de poderes constitucional, a placer de un poder extranjero.
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Les mostramos evidencia también de que meses antes de la firma del “Memorando de Entendimiento para la Inversión y Construcción” (MOU), el “despacho divino” Santos Elizondo advirtió a la administración Medinista del alto riesgo que este MOU representaba para el gobierno, debido a que KIA no tenía obligación alguna con el gobierno nuevoleonés, y adicional a esto, los coreanos podían retirarse de la entidad en cualquier momento e incluso KIA Motors Company (KMC) podría iniciar acciones contra Nuevo León a través de un procedimiento arbitral con sede en Londres. El contrato firmado por Medina dejaba a Nuevo León a merced de la armadora.
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A pesar de las advertencias del prestigioso bufete de abogados, el gobierno de Medina se negó a seguir las recomendaciones. Adicionalmente, Santos Elizondo pidió que las cláusulas donde la redacción dice: “to the satisfaction of KMC, at KMC’s sole discretion”, y que son temas que “ellos redactaron”, se eliminaran de la redacción. Nuevamente, el gobierno estatal hizo caso omiso a las recomendaciones.
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En cuanto al perdón del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), Basham Asesores advirtió a Santos Elizondo lo siguiente:
“Derivado de un análisis de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, al Código Fiscal del Estado de Nuevo León y a la Ley de fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León, consideramos que tratándose de incentivos en materia de Impuesto Sobre Nóminas, el Gobierno del Estado únicamente se encuentra facultado para autorizar la reducción de hasta un 95% en el pago de dicho impuesto hasta por un período de cinco años.”
Adicionalmente dicen:
“El otorgamiento de dicho incentivo implicara una extralimitación con respecto a las facultades que para tales efectos la ley otorga al Secretario de Finanzas y Tesorero del Estado y, en este sentido, consideramos que el mismo es susceptible de ser declarado nulo por tratarse de un acto ultra vires.”
A estas observaciones, Santos Elizondo respondió que el Tesorero del Estado podía hacer un decreto y dudaban que existiera algún tipo de oposición en el Congreso, por lo tanto pasaría en cuestión de semanas. Cambiaron la ley a modo.
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Otras cosas que se pueden notar en los documentos en poder de este autor, son la presión y el tráfico de influencias que el entonces gobernador, Rodrigo Medina, utilizó con el fin de que el Congreso Local hiciera lo que él quería, pues hubo modificaciones a la Ley de Fomento Económico, modificaciones que abogados de Basham Asesores S.C. realizaron, a petición de KIA, de cómo debería de quedar el Art. 17 Bis y el 18.
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Los coreanos son negociadores por naturaleza. Después de las observaciones de Santos Elizondo y las modificaciones al MOU, los representantes de KIA cancelaron la agenda con los representantes del gobierno y subsecuentemente cortaron momentáneamente comunicaciones con ellos, a lo cual el entonces Secretario de Desarrollo Económico (SEDEC), Rolando Zubirán Robert, contestó casi rogando a la empresa coreana a regresar a las mesas de negociación, ya que el proyecto era muy importante si no es que el más importante del gobierno de Rodrigo Medina. Esa fue la última vez que el Gobierno Mexicano puso resistencia. Los siguientes meses se hizo todo lo que KIA dictó.
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Hoy en día, Rolando Zubirán Robert se desempeña como director general del Instituto Nacional del Emprendedor, dependencia que está bajo el ala, no más y no menos, que de la Secretaria de Economía, la cual preside Idelfonso Guajardo. De igual manera, Celina Villarreal Cárdenas, quien sucedió a Zubirán en el puesto, se desempeña hoy en día en la Secretaría de Economía.
El 8 de octubre del 2015, recién entrada la nueva administración del gobierno estatal, el Director Jurídico de SEDEC, Eduardo Alonso Mendívil, envió una carta al Lic. Manuel de la Torre, Director de Relaciones Gubernamentales de KIA Motors de México S.A. de C.V. En la carta sobresale que durante los tres meses de transición de gobierno, los nuevos integrantes de SEDEC y su Secretario Fernando Turner Dávila no tuvieron acceso a los contratos y convenios del estado con KIA, debido a la secrecía con los que tanto el gobierno como la empresa lo manejaron.
En la misma Alonso Mendívil, solicita la colaboración y disposición de la armadora coreana para hacer modificaciones a los contratos diciendo:
“…considerando la situación financiera del Estado y los inusuales beneficios que se otorgaron en dicho contrato, así como la falta de definición de las obligaciones de KIA, manifieste su disposición a modificar y considerar aligerar dicha carga y a definir de mejor manera sus obligaciones para hacerlas compatibles con la oferta que seguramente se hizo para convencer al pasado gobierno de autorizar dicho tratamiento tan favorables y extraordinario.”
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De los documentos y de lo antes mencionado se puede deducir que existieron afirmativamente irregularidades al momento de la negociación y consolidación de los contratos y convenios entre el Estado de Nuevo León y la empresa KIA. Lo que llama más la atención es la amplia disposición de más de un funcionario público en lograr traer a la empresa coreana a pesar de estar rompiendo (o cambiando) la ley, prácticamente regalando el estado, endeudándolo y haciendo contratos de alto riesgo como lo manifestó en su momento Santos Elizondo.
Hago especial énfasis en las acciones de Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, y de Rolando Zubirán Robert, entonces Secretario de Desarrollo Económico. ¿Habrá existido alguna ambición política detrás de ellos? No olvidemos que gran parte de los tratos se consolidaron en el 2014, un año antes de las elecciones del 2015 y que se ha manejado en varias ocasiones que el favorito para ocupar la candidatura del PRI para la gubernatura era Guajardo.
¿Debemos nosotros, los ciudadanos, ocuparnos y pagar la corrupción que existió en la administración pasada? No debemos olvidar que al final del día los terrenos, infraestructura, y hasta impuestos perdonados a KIA tendremos que pagar los nuevoleoneses, incluso podemos hablar hasta de los mexicanos en general al existir fondos federales comprometidos con la empresa coreana.
Quedará en manos de los jueces ahora.
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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”