Juez concede 5 amparos contra padrón móvil

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El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó cinco nuevas suspensiones provisionales a particulares que promovieron amparos en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que entró en vigor el pasado sábado 17 de abril.

Con esta se suman seis medidas cautelares concedidas contra el decreto que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La medida es para el efecto de que no se aplique la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut, y en consecuencia, no se les cancelen por si falta de registro.

El Panaut obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a darse de alta y registrar sus datos biométricos, es decir, huella dactilar y facial, así como el iris de los ojos, de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados. También establece que el Panaut contendrá, sobre cada línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, y nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario.

En su resolución, el juez Gómez Fierro argumentó que la entrega de datos “podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos“. Además de que: “No se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales (…) podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor.

Con información de la Jornada

Secretaría de Economía publica lineamientos para reapertura a empresas

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La Secretaría de Economía (SE) difundió un comunicado expresando los lineamientos de retorno a las actividades económicas a partir de hoy, por lo que se estarán obligados a cumplir los sectores esenciales de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, los cuales reanudarán a partir de hoy.

Así mismo, será el referente del resto de las actividades esenciales en las áreas las cuales resulte la aplicación. 

Se le obliga a la empresa a garantizar una distancia de 1.5 metros entre personas, así como evitar el hacinamiento en los espacios, incrementar el uso de vehículos para transporte de personal y establecer horarios alternados de comidas, actividades cotidianas y baños para evitar el contacto.

Así mismo, se deberá asignar un área de aislamiento en caso de que haya trabajadores a los que se les detecte signos de enfermedades respiratorias o temperatura corporal mayor a 37.5 grados centígrados. Estas áreas deberán darle a esta persona un cubrebocas y remitirlas a su domicilio particular o a servicios médicos. 

Las empresas deberán proveer a sus trabajadores equipo de protección, esto incluye: tres cubrebocas (de preferencia lavables), además de protección facial, goggles, o lentes con protección lateral, superior e inferior de ojos.

Se deberá identificar a personas trabajadoras que hayan estado en contacto con una persona infectada, en caso de que surja un brote dentro del recinto. Por lo que se les enviará a su domicilio. 

Se deberá evitar el retorno de personas trabajadoras enfermas sin contar con la evaluación médica pertinente y llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario, y evaluar posibles casos de contagio.

Es imperativo que las empresas que regresen a las actividades respondan al documento “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria“, y que necesariamente bajo el acuerdo de buena voluntad debe basarse y tener su respaldo en dicho protocolo, en la plataforma correspondiente: www.gob.mx/nuevanormalidad. Deberán responderse los datos generales de identificación que a dicha plataforma contenga y cumplimentar la carta-compromiso. En el caso de empresas multiplanta, se registrará cada planta en forma individual.

Ya que haya sido respondido, el IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo no mayor a 72 horas, por lo que las empresas recibirán notificación vía correo electrónico sobre la aprobación, solicitud de ampliación de la información o denegación del protocolo de seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales consideradas.

El IMSS podrá formular una solicitud de ampliación de información, siendo que las empresas e industrias podrá recabar diferentes aspectos o la totalidad del Protocolo de Seguridad Sanitaria.

Se podrá negar la autorización, en este caso las empresas podrán reiniciar el proceso aportando para su análisis el Protocolo de Seguridad Sanitaria.

El informe incluye que: “La reapertura económica no implica que la epidemia esté superada. La autoridad determinará semanalmente el nivel estatal de alerta para que la autoridad sanitaria local tome las decisiones pertinentes en el ámbito socio-económico. La forma en que empresas y personas trabajadoras atiendan las recomendaciones sanitarias será determinante para mantener un nivel de alerta que permita una mayor actividad socio-económica“.

El texto señala, finalmente, durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que siguen siendo ellas las que mayoritariamente se encargan de la supervisión escolar en casa.

Con información de El Norte

Se investigan casos de espionaje

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Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas denunciaron a la Procuraduría General de la República (PGR) casos de espionaje gubernamental, exigieron investigación.

Se ofreció una conferencia de prensa por parte de las víctimas después de que se divulgara un informe en el que se documentan a más de una docena de nuevos casos de espionaje con el programa Pegasus, vendido al Gobierno de México.

Además, pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares y reformas legales para generar más controles gubernamentales de herramientas de espionaje.

“Exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones  independientes, exhaustivas  y transparentes,así como sanciones contra los responsables”, indicó Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.

Entre las víctimas documentadas se encuentran periodistas  Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, y defensores de derechos humanos como Mario Patrón , del centro  Prodh.

Se explicó durante la rueda de prensa que las víctimas han recibido mensajes sobre temas que han abordado, como el caso de Ayotzinapa, investigaciones sobre la Casa Blanca de la Primera Dama, la Ley 3de3, entre otros.

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas” afirmó Ruelas.

La organización documentó un total de 88 casos de intento de espionaje en México.

PARA OBTENER INFORMACIÓN HAY QUE EXIGIRLA

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En los últimos años los medios de comunicación han tenido un papel protagónico en nuestro país en esferas de suma importancia como la política. Esta aseveración no es nada nueva ni asombra, sin embargo, sí preocupa. Preocupa porque la ética de los medios informativos, en especial los noticieros y periódicos, se ha disminuido a tal grado que pareciera que han olvidado su función principal, que es precisamente informar.

No hace falta tener una gran capacidad analítica para identificar la conducta ética con la que debieran regirse los medios.

Queda claro que se va perdiendo cuando hay manipulación de la información y no sólo me refiero a cambiar la información o generar en aquellos que la reciben cierta inclinación, sino que existe omisión de información de algunos acontecimientos que de igual manera se podría considerar como manipulación.

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Cabe aclarar que el objetivo de este artículo no es meramente criticar a los medios, pues no olvidemos que, si bien debieran de regirse por principios que les lleva a difundir información con plena veracidad, también debe quedarnos claro que la realidad es que siguen siendo negocios.

Lo que les atribuye a mi parecer una connotación negativa es que, a medida que nos vamos dando cuenta de la parcialidad con operan la mayoría de los medios de comunicación, los percibimos cada vez más como actores que se venden al mejor postor y dejamos de confiar en ellos.

A primera instancia pareciera que esto es un aspecto negativo que sólo afecta al medio, pues la poca credibilidad que se le atribuye le genera menos audiencia, lectores, etc, lo que a la postre disminuye el valor de la empresa. De manera simple: disminución en la credibilidad menor audiencia = menos utilidades.

Visto de esa forma no parece tan malo, ya que la parte afectada sería solamente la empresa, pero no es así. La parcialidad de los medios genera un problema mayor y en este caso, sí afecta a la sociedad de manera directa. Dicho problema tiene que ver con la desinformación en la que la sociedad se ve inmersa.

En un panorama utópico, y quiero pensar que bajo el esquema en el que fueron creados los medios de comunicación en primera instancia, actores como la televisión y los periódicos son un SERVICIO o HERRAMIENTA para que las personas podamos tener información de TODO aquello que acontece a nuestro alrededor, entendido como nuestro colonia, municipio, estado, país, continente hasta el mundo en su totalidad, ya que como señala Harold Lasswell, son mecanismos a través de los cuales los individuos perciben el mundo que los rodea. Pero por el momento esa esencia se ha perdido.

Entiendo que darle imparcialidad a cualquier nota no es tarea fácil, pues es complicado y prácticamente imposible que un ser racional no genere opinión sobre lo que sucede a su alrededor. Sin embargo se debiera empujar a que todo aquel que tenga en su mano la responsabilidad de informar, aunque sea a una sola persona, haga precisamente eso, informe y no convenza de creer su enfoque, con quien comparte dicha información.

Visto de un modo para muchos un poco fatalista, se va creando un círculo vicioso que a final de cuentas afecta a la sociedad, pues al momento que el medio de información pierde credibilidad, la audiencia deja de procurarlo y reduce los canales de información a los que tiene acceso. Por otro lado, incluso cuando la audiencia no se dé cuenta y siga confiando enteramente en lo que presentan dichos medios, al momento de que las notas (periodísticas, televisivas, etc.) son manipuladas, la audiencia termina no estando informada realmente. Es decir, que sin importar cual de estos dos panoramas se presente, al final, tenemos una sociedad desinformada.

En cuanto a la política se refiere, la desinformación tiene un impacto negativo sobre el compromiso cívico, pues aletarga el aprendizaje político y por ende reduce el activismo y la participación.

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Pero, al final de cuentas, sólo queda mencionar que en éste, como en muchos otros casos, todo aquél que no sea capaz de exigir, deberá conformarse con padecer.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Transparencia e información como garantía democrática: El procedimiento para la CEDHNL

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El próximo 1° de febrero, el Congreso del Estado iniciará el segundo período ordinario de su primer año legislativo. Entre otros pendientes de la agenda legislativa se encuentra la designación de la persona que deberá fungir por los próximos cuatro años como titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

Estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

El 14 de enero pasado, el Ejecutivo estatal remitió al Congreso su primera opción como propuesta: el profesor Eduardo Román González. En segunda posición, está la también profesora universitaria Magda Yadira Robles y, como tercer lugar, la actual consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral, Sofía Velasco. Aunque por razones profesionales estimo que el mejor perfil es justamente el del profesor Román, estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

Tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

Afirmo que el resultado del procedimiento no solamente es constitucionalmente sólido, sino, además, y tal vez más importante aún, que el resultado de dicho procedimiento; por primera vez en la historia de la integración del organismo protector de derechos humanos en nuestro estado, se ha permitido que todas las personas antes referidas sean una garantía de seriedad, conocimiento, profesionalismo y honradez en la encomienda de presidir la CEDHNL. En otras palabras, sostengo que tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

En efecto, conforme a modelos de democracia participativa o de autonomía democrática, una de sus características fundamentales es un sistema abierto de información con el fin de garantizar decisiones informadas acerca de todas las cuestiones públicas (Held, Modelos de democracia, 1992). Pues bien, el procedimiento delineado en la convocatoria publicada el 16 de diciembre pasado, así como su implementación y posteriores decisiones, fue transparente y permitió, notablemente, que las personas contáramos con información relevante del perfil, trayectoria, plan de trabajo y habilidades de los aspirantes registrados. Valga un solo ejemplo, la etapa de desempate que se realizó entre el profesor Román y la Doctora Robles, resultó un ejercicio de apertura democrática sin paralelo. Todo el procedimiento mismo, ojalá sea considerado para futuras designaciones de órganos públicos con relevancia constitucional.

Por otra parte, el fundamento de la convocatoria misma es un adelanto en la práctica constitucional de nuestro país que no puede tener marcha atrás. Me explico: uno de los fundamentos de la convocatoria es el artículo 102, apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada el 10 de junio de 2011 (Diario Oficial de la Federación), y en él se estableció que los “titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.” En los artículos transitorios de la señalada reforma se fijó un plazo de un año a fin de que las legislaturas estatales realizaran la adecuación correspondiente: si el Congreso del Estado no realizó la reforma pertinente, ¿significaba esto que no era constitucionalmente válido realizar un procedimiento de consulta abierto y transparente? Me parece que en un régimen democrático la Constitución es la guía principal en la actuación de las autoridades. Estimo que si la Constitución es en verdad normativa, el procedimiento y su resultado son jurídicamente correctos.

En suma, Constitución y democracia son términos inescindibles. En este sentido, la convocatoria, el procedimiento y el resultado obtenido para la propuesta del Ejecutivo a fin de integrar la Presidencia de la CEDHNL son, a no dudarlo, una garantía objetiva y democrática para las personas que vivimos en Nuevo León. Quien aún tenga dudas al respecto sólo debe analizar los perfiles y trayectorias de las tres personas que llegaron a la terna final. Estoy seguro que cualquiera realizará una excelente labor en la protección de los derechos humanos en nuestro estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”