Author: Jorge Robertt Rodríguez Hernández

Caso Medina: el trampolín presidencial del Bronco

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Ante el hartazgo del abuso y del hambre de poder de los partidos políticos, la ciudadanía de Nuevo León optó, en las elecciones del año pasado, por votar al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, para la gubernatura. Apreciando a este mismo como una esperanza última que resolvería todos los problemas heredados por su antecesor (esto, como producto de hacer creerle a la población, o bien mantenerla en el error, que tenemos una democracia electoral cuando en realidad tenemos una democracia representativa), los nuevoleoneses le confiaron el cumplimiento de diversas problemáticas, entre las cuales, se encontraban promesas realizadas por el actual gobernador en campaña; casos como Monterrey VI, transporte público gratuito para estudiantes, la eliminación de la tenencia y la resolución de los escándalos de corrupción de Medina, constituyen una parte intrínseca de aquellas promesas electorales que, de una u otra manera, contribuyó a que los electores le confirieran su voto a la opción independiente.

…los nuevoleoneses le confiaron el cumplimiento de diversas problemáticas, entre las cuales, se encontraban promesas realizadas por el actual gobernador en campaña; casos como Monterrey VI, transporte público gratuito para estudiantes, la eliminación de la tenencia y la resolución de los escándalos de corrupción de Medina, constituyen una parte intrínseca de aquellas promesas electorales…

Ahora bien, remontándonos al día de hoy, habríamos de preguntarnos ¿cuántas promesas, de las dichas previamente, ha cumplido Jaime Rodríguez? En cuanto a la tenencia, por el momento se promete una eliminación “gradual” de la misma, hasta llegado el 2018, año donde se asegura, será eliminada. Por parte de Monterrey VI, la mayoría hemos presenciado la exagerada variabilidad con la que el gobernador responde: unos días asegura la cancelación del proyecto, otros asegura que dicho proyecto es la única opción, por lo que podría decirse, al igual que la tenencia, que actualmente se encuentra en espera el cumplimiento de la cancelación definitiva. Asimismo, en el caso de la gratuidad del transporte público para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, la historia no es muy distinta a lo dicho previamente, pues si bien el poder legislativo votó a favor de la mencionada gratuidad del transporte, actualmente no se ha comunicado un proyecto oficial al secretario de transporte, que explique a detalle cómo será llevada a la práctica dicha propuesta.

De las promesas que continúan (viéndolo de forma optimista) “en espera”, no puede faltar una que se encuentra, con más fuerza que las demás, en la mente de la sociedad de Nuevo León. Se trata de Medina, aquel gobernador acusado de extraer cantidades monetarias exorbitantes del erario (o mejor dicho, tu dinero y el mío que pagamos de los impuestos) y el cual continua libre y sin ser investigado de forma seria. Esto mismo, aunado al hecho de como Jaime ha mencionado en reiteradas ocasiones a través de los medios, su intención de contender a la presidencia, deja claro un aspecto: o logra llevar ante la justicia a Medina y compañía, o se despide de su sueño de fungir como candidato presidencial.

…aunado al hecho de como Jaime ha mencionado en reiteradas ocasiones a través de los medios, su intención de contender a la presidencia, deja claro un aspecto: o logra llevar ante la justicia a Medina y compañía, o se despide de su sueño de fungir como candidato presidencial.

¿Por qué se menciona esto? Porque hasta ahora no ha cumplido con alguna de las promesas que aseguraba, llevaría a cabo al ser electo, por lo que faltando dos años para las votaciones para presidente de la república, su último bastión habría de ser el encarcelar a Medina, para lograr posicionarse como un candidato “decente”, y además, para bien o para mal, no ensuciar el nombre de los candidatos independientes (esto, debido a la captación que hay hacia el como un “representante de los mismos, a raíz de ser el primer gobernador electo que no contaba con un partido político que lo respaldara). Será el tiempo el que dicte el destino de su carrera política, mas sin embargo, sería la ciudadanía la que al final deberá reclamar el poder que tienen como pueblo para exigirle al ejecutivo, que cumpla con cada compromiso que hizo en campaña, y no lo deje como un simple conjunto de palabras demagógicas a las que estamos tan acostumbradas de parte de los demás servidores públicos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El fantasma del populismo

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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En la política, bien se sabe de la técnica del discurso descalificador, que lleva por objetivo atacar a aquellos individuos o grupos que contrarían los ideales propios y representan un peligro para estos mismos. Ejemplos como la conocida frase “eje del mal”, mencionada por George Bush en un discurso realizado en el 2002, (por medio del cual pretendía designar a una serie de países como “aliados del terrorismo”), hasta casos más recientes como el del partido político español PODEMOS, acusado por diversos agentes de ser pro ETA, muestran la clara vigencia de este recurso. Ahora bien, actualmente es apreciable un calificativo particular utilizado con frecuencia, mismo que pretende agrupar a un conjunto de personajes con rasgos aparentemente similares; se trata del conocido “término”: populismo.

Ahora bien, actualmente es apreciable un calificativo particular utilizado con frecuencia, mismo que pretende agrupar a un conjunto de personajes con rasgos aparentemente similares; se trata del conocido “término”: populismo.

Sin embargo, aquellos lectores no muy familiarizados con dicho término se preguntarán ¿en qué consiste el populismo? Pues bien, si se empieza a analizar lo dicho por diversas figuras del mundo político, el populismo podría resumirse en lo siguiente: acervo de discursos y actitudes, que encaminan a concebir un adversario (entidad colectiva en gran parte de los casos) como el responsable de la mayoría de los males que sufre la población de un país, así como el hecho de decir a la ciudadanía lo que esta quiere escuchar y colmarla de falsas promesas. Habiendo dicho esto, y siendo realistas ¿qué político se libra de no haber hecho todo lo anterior al menos una vez en campaña? ¿No es, lo previamente establecido, un reflejo de cómo está nuestra política actualmente? Lo que plantean los implícitamente autodenominados “enemigos del populismo” no es ese término carente de sustento y de argumentos sólidos, sino que va hacia algo más sencillo y practicado desde el nacimiento de la política: la demagogia.

Entendida como aquel discurso donde se pretende atrapar al ciudadano mediante propuestas irrealizables, oratorias cautivadoras que exaltan los sentimientos y crean simpatía con el aspirante a algún cargo público, la demagogia (sea en forma total o parcial) es un mal del que lamentablemente pocos servidores públicos se escapan. ¿Que si el hecho de mencionar que el avión presidencial del mandatario en turno será vendido una vez que la persona que lo mencionó, sea votada para ejecutivo es demagogia? Seguro que sí, tanto como el hecho de declarar la nueva independencia (caso Bronco) de un estado en el que se ganó la gubernatura, o bien, como el pavonearse en redes sociales, cambiando constantemente las fotos con el fin de intentar ganar simpatía de las minorías (caso Peña).

Entendida como aquel discurso donde se pretende atrapar al ciudadano mediante propuestas irrealizables, oratorias cautivadoras que exaltan los sentimientos y crean simpatía con el aspirante a algún cargo público, la demagogia (sea en forma total o parcial) es un mal del que lamentablemente pocos servidores públicos se escapan.

No obstante, volviendo al eje central, ¿por qué motivo se ha optado por encasillar de populistas a ciertos personajes? O mejor dicho ¿qué características ideológicas comparten en común estos mismos? Dejando de lado el concepto de “demagogia” (debido a que, a mis ojos claro, no hay político que se salva de adoptarla) puede decirse que, tanto grupos políticos que han sido “insultados” con este término, como PODEMOS en España, Syriza en Grecia, y hasta MORENA en México, coinciden en replantear un aspecto clave de la democracia: devolver la soberanía al pueblo y volver a las raíces de lo que se conoce como la cosa pública (mejor conocida como república. A pesar de tales descalificaciones, por individuos que incluso lucran y viven de concebir al populismo como el mayor de los males (Gloria Álvarez, por ejemplo), cayendo por cierto en la paradoja de ese supuesto populismo al emplear uno de sus elementos, la lucha por tener un gobierno auténticamente democrático y republicano deberá de seguir, y si algo nos ha mostrado la historia es que las personas que lograron cambiar al país fueron en algún punto tachados por los grupos de poder, tal como ahora.

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FUNDENL: Madres al pie de lucha

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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“En efecto, la sociedad no es más que una familia más grande”
–Mahatma Gandhi

Para muchos, el 10 de mayo representa una fecha para celebrar y reconocer a aquellas mujeres que les dieron la vida; para otros, esta fecha simboliza un día más de resistencia y lucha por encontrar a aquellos que estarían festejando a estas mismas: a las madres de las personas desaparecidas. Sea en el norte o sur del país, las desapariciones forzadas han constituido un calvario para los ciudadanos, tanto para los que viven sumergidos en el temor de pensar como sus seres queridos podrían ser los próximos en tener la calidad de desaparecido, como para los mexicanos que lo viven en carne propia y repentinamente no encuentran y desconocen el paradero de algún familiar o conocido.

Estos mismos, al observar la respuesta ineficiente (si no es que nula) de las autoridades, han optado por organizarse y buscar por ellos mismos a su gente (que, por cierto, también es nuestra gente). Tal es el caso de FUNDENL (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos “as” en Nuevo León) colectivo compuesto por madres de hijos, los cuales actualmente tienen calidad de desaparecidos.

Sea en el norte o sur del país, las desapariciones forzadas han constituido un calvario para los ciudadanos, tanto para los que viven sumergidos en el temor de pensar como sus seres queridos podrían ser los próximos en tener la calidad de desaparecido, como para los mexicanos que lo viven en carne propia…

Ha sido por medio de marchas, conferencias, así como mediatización, que las madres y padres pertenecientes a FUNDENL, han dado a conocer la realidad que vive una parte considerable de la población. Con ello, también han puesto en alto la bandera de todos los ciudadanos de Nuevo León que se encuentran encarando estas situaciones, las cuales son el resultado de una guerra “contra las drogas” que no tenía razón de ser, y a su vez, de la corrupción y el autoritarismo de las mismas autoridades de las que es bien sabido, han contribuido directamente a la perpetración de tales crímenes contra el pueblo mexicano (Ayotzinapa, por ejemplo).

Ha sido por medio de marchas, conferencias, así como mediatización, que las madres y padres pertenecientes a FUNDENL, han dado a conocer la realidad que vive una parte considerable de la población. Con ello, también han puesto en alto la bandera de todos los ciudadanos de Nuevo León que se encuentran encarando estas situaciones…

Asimismo, ha sido gracias a estos esfuerzos llevados a cabo por los colectivos, y los ciudadanos que se han unido en las movilizaciones sociales, lo que nos ha abierto, no solo los ojos, sino nuestro corazón, y con ello hemos vislumbrado lo siguiente: Nuestra gente desaparecida, ES MÁS QUE UNA CIFRA que irá a archivarse en un conjunto de estadísticas las cuales tratarán de ser atenuadas con el fin de tranquilizar a sociedad; nuestra gente que seguimos buscando trasciende a los fríos números que pretenden encuadran toda vida, la esperanza, el amor y los sueños que se esconden tras esa historia irrepetible que nuestros mexicanos aún por encontrar guarda dentro de su ser.

Por otra parte, tales esfuerzos conjuntos demuestran el poder que surge de la unidad entre los ciudadanos y hacen ver que, gracias a esta misma, es posible plantar cara frente a las situaciones de adversidad, pero más que eso, que es posible encarar el olvido y el miedo, provocado por grupos delincuenciales y servidores públicos que solo se sirven a ellos mismos.

La lucha sigue, y FUNDENL pone el ejemplo al encontrarse en resistencia permanente, movilizándose el día de las madres con motivo de la marcha de la dignidad nacional, y defendiendo el pilar de la memoria colectiva frente a un estado que no cumple con su función más básica: proteger a la población y defender los derechos humanos. Este conjunto de acciones habrían de recordarnos lo que siempre hemos sabido: no hay amor más grande, que el de una madre hacia su hijo.

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Fuero político: el “pégame pero no me dejes” legal

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Entre los principios que definen a un estado de derecho se encuentra la justicia, misma que contribuye a que existan diversos factores que integran una dualidad. Una de las manifestaciones básicas de la justicia radica en el hecho de que todo individuo sea juzgado por la ley, sin contar con privilegios como los que podría tener una persona con título nobiliario en países donde esta costumbre continúa vigente. De igual manera, la justicia debe entenderse no solo en ser juzgado por la misma ley que se aplica a todo mexicano, sino también en el hecho de ser congruentes. No puede haber democracia si no se juzga de la misma forma a cada ciudadano. Algunos defenderán a capa y espada que es necesario el fuero para que los servidores públicos no sean víctimas de ataques orquestados por opositores.

Sin embargo, de ser la posibilidad de tener en riesgo la libertad, imagen moral o integridad el motivo por el que existe este tipo de inmunidad llamado fuero, se tendría entonces que extender el fuero a diversos profesionistas, quienes arriesgan incesantemente la vida misma y no poseen una inmunidad que resulte en que la decisión de salvar su integridad física o moral recaiga sobre sujetos de su misma área de trabajo que determinen si estos deben ser o no procesados penalmente. Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Asimismo, si el argumento a favor del fuero es la ausencia por motivo de que al proceder penalmente se impida el ejercicio de responsabilidades del servidor público, se debería recordar que este cuenta con un suplente, para que tome su lugar cuando sea necesario; para que lo cubra todo el tiempo que haga falta. Si esto es realizado en cualquier empleo ¿por qué no habría de realizarse dentro de la política?

En las variadas esferas laborales, los patrones, los consumidores y demás implicados deben pagar el precio de que un empleado, tal vez muy capaz, se ausente por diversas causas, como por ejemplo, una procedencia penal y deba de reemplazársele todo el tiempo que permanezca la causa que lo impide realizar su labor. En la política, el pueblo está dispuesto a pagar ese precio que se paga en los demás sectores de trabajo, debido a que el fuero es equiparable a decir que: el remedio es peor que la enfermedad.

Además, como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad; con ejemplos como Medina y Duarte, en el norte y sur, respectivamente, el fuero ha demostrado ser la herramienta perfecta para que los políticos continúen empobreciendo, oprimiendo y censurando a los ciudadanos; aunado al pensamiento caudillista que parte de la sociedad mexicana posee, da como resultado que esta misma inmunidad sea considerada como una especie de “pégame pero no me dejes”, de carácter legal: ya que para salir adelante ocupamos un líder obligatoriamente, no importa si este ha cometido un acto ilícito, pues más vale estar mal acompañados que solos, pues como ciudadanos no podemos hacer algo sin ayuda de nuestros políticos.

…como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad…

He ahí una justificación pobre que a veces llega a emplearse para mantener vigente el fuero político. No obstante, como sociedad siempre se puede cambiar y comenzar a hacer frente a esta situación, exigiendo la derogación de este artilugio, cuya función no radica más que en conservar este régimen, donde individuos con la responsabilidad de velar por los intereses populares se reparten el botín que proviene de cada uno de nosotros como contribuyentes.

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“Chapulineo” y otras artimañas políticas para eludir el poder demoráctico

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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En la política mexicana bien se sabe que, existen lagunas y privilegios dentro de la ley, los cuales fungen como herramientas para aquellos servidores públicos, cuya hambre de poder se encuentra muy por encima del objetivo principal de su cargo: servir al pueblo. Entre aquellas herramientas se pueden concebir, entre las más escuchadas, al fuero político: entendido como una inmunidad la cual “salva”, por medio del voto del congreso que se erige como juez, a los funcionarios públicos de ser procesados penalmente.

Asimismo, entre tales “artimañas” cabe resaltar al chapulineo; este mismo se comprende como un artilugio a través del cual, un servidor público puede pedir permiso a su partido (y no a la ciudadanía que lo votó) para desocupar su cargo popular, con el objetivo de competir por otro igualmente, designado por el voto. Cabe destacar que, como se ha observado en diversos casos, en la ley no existe ningún impedimento para que, le sea impedido volver a aquel funcionario a su cargo anterior luego de haber perdido la contienda electoral.

…considero que, uno como funcionario público, debe tener la vergüenza y el compromiso suficiente para ocupar el cargo por el que la gente lo eligió, no la mitad de este mismo, o un cuarto o un tercio, sino TODO el tiempo que dura el cargo popular; los ciudadanos no elegimos a una persona para que este una parte del periodo de tal puesto…

Los ejemplos de esta traición hacia la voluntad del pueblo (hay que llamar a las cosas por su nombre) sobran; Ivonne Álvarez, con su conocido “dobleteo” en la materia, primero pediría licencia para dejar su cargo de Presidenta municipal con el fin de competir por la senaduría. Posteriormente, esta misma nuevamente pediría licencia del cargo nombrado previamente para contender por la gubernatura de Nuevo León, resultando en el ya conocido desenlace, donde pierde las votaciones, y como era de esperarse, vuelve al senado sin el más mínimo remordimiento.

Otro ejemplo destacable radica en la ex-alcaldesa de Monterrey: Margarita Arellanes. Como muchos recordarán, a pesar de su pésima administración como presidenta municipal, esta tuvo un mayor deseo por el poder que el del hecho de sentir vergüenza, por lo que decidió imitar los pasos de su contraparte priísta (Ivonne Álvarez), e intentó recurrir al llamado “chapulineo”, con el fin de competir por la candidatura a gobernador por el Partido Acción Nacional. El desenlace fue el esperado: Arellanes teniendo por pérdida la candidatura, con su imagen más golpeada de lo que ya se encontraba, y contemplando el fin de su carrera política.

En la política mexicana bien se sabe que, existen lagunas y privilegios dentro de la ley, los cuales fungen como herramientas para aquellos servidores públicos, cuya hambre de poder se encuentra muy por encima del objetivo principal de su cargo: servir al pueblo.

Estos ejemplos del chapulineo nos hacen reflexionar, a cada uno de nosotros, en el hecho de que como ciudadanos, no nos podemos permitir este tipo de conductas entre nuestros servidores públicos, los cuales como menciona su nombre, son nuestros servidores y no al contrario. Que si daña el derecho a ser votado el luchar por eliminar la posibilidad de chapulinear dirán algunos partidarios de esta práctica. No obstante, considero que, uno como funcionario público, debe tener la vergüenza y el compromiso suficiente para ocupar el cargo por el que la gente lo eligió, no la mitad de este mismo, o un cuarto o un tercio, sino TODO el tiempo que dura el cargo popular; los ciudadanos no elegimos a una persona para que este una parte del periodo de tal puesto, yo voté por una persona para que sea gobernador 6 años, no 5 ni 4, sino 6 años completos. Lo mismo con los alcaldes, diputados, senadores y demás cargos, por lo que si un político desea conservar o recuperar su credibilidad, y le importa un poco su gente, que no “chapulinee”, y respete la decisión de quienes lo votaron.

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Representación indígena en el congreso

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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¿Rumbo a un “sexenio perdido”?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Ya han pasado 4 años desde aquel día en el que, luego de dos sexenios donde el Partido Acción Nacional se mantuvo en el poder ejecutivo, el Partido Revolucionario Institucional volvió a los pinos; para algunos, esto significó el regreso del autoritarismo y del estado de censura apreciable en décadas anteriores, para otros tal retorno simbolizó, la llegada de un PRI “renovado”, el cual podría brindar mejores resultados y contribuiría a “limpiar” la imagen que dicha agrupación había construido a lo largo del tiempo. Ahora bien, encontrándonos a dos años de cumplirse el sexenio del ejecutivo Enrique Peña Nieto, uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué se ha ganado y que se ha perdido durante estos casi seis años de gobierno?

…pareciera ser que actualmente contamos con un gobierno que elude las propias leyes que dice defender, y en su lugar, da paso a una serie de acciones arbitrarias basadas en el beneficio individual y no en el bien común, mucho menos en los principios que posee la sociedad en su conjunto.

Entre lo que pudiera considerarse como aspectos de carácter positivo del casi sexenio de EPN, pudiera destacarse la captura de figuras prominentes que desde tiempo atrás los gobiernos previos habían intentado procesar, tanto de la esfera política como del crimen organizado. Entre ellos se pueden mencionar la líder sindical Elba Esther Gordillo, así como la lograda detención “doble” (hasta la fecha) de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos negativos que se han apreciado a lo largo de esta administración, se encuentra la clara y abierta complicidad entre ciertos sectores empresariales y el mandatario, Peña Nieto. Para ahondar en tal tópico, basta con ver la estrecha relación entre la empresa Grupo HIGA y el gobierno federal: desde el escabroso asunto de la casa blanca, así como el asunto del excesivamente caro avión presidencial hasta la actualidad con la situación en la comunidad de Xochicuautla, en la cual, policías federales junto con empleados de la empresa previamente mencionada, desalojaron a los habitantes de dicha comunidad con el fin de proceder a la demolición de tales hogares para iniciar la construcción de una carretera; a lo anterior se suma el hecho de que, además de atropellarse totalmente el respeto hacia los asentamientos de las agrupaciones de pueblos originarios, se atropella el derecho constitucional de amparo que cada mexicano posee: los habitantes de Xochicuautla habían obtenido la suspensión definitiva de la construcción de la mencionada carretera, el cual aseguraba la interrupción de la obra hasta haber finalizado el juicio de amparo.

Sumando la poca, si no es que nula, eficiencia de las “reformas estructurales” tan difundidas en su momento, e igualmente, el aumento de la violencia a lo largo del país y los abusos de autoridad, el gobierno de EPN pareciera encaminar al país a lo que podría denominarse, un sexenio perdido.

Por esto mismo, pareciera ser que actualmente contamos con un gobierno que elude las propias leyes que dice defender, y en su lugar, da paso a una serie de acciones arbitrarias basadas en el beneficio individual y no en el bien común, mucho menos en los principios que posee la sociedad en su conjunto. Sumando la poca, si no es que nula, eficiencia de las “reformas estructurales” tan difundidas en su momento, e igualmente, el aumento de la violencia a lo largo del país y los abusos de autoridad, el gobierno de EPN pareciera encaminar al país a lo que podría denominarse, un sexenio perdido. Se entiende como sexenio perdido a aquellas administraciones públicas, no solo ineficientes en los resultados y rendición de cuentas, sino también regresivas en lo que se refiere al avance de los derechos humanos y vinculación con la sociedad.

Considero que, a lo largo de estos cuatro años de gobierno, no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en la mayoría de los ámbitos fundamentales: derechos, transparencia, desigualdad, unidad. Si no exigimos y dejamos claro que, en una democracia el pueblo decide su destino y el gobierno contribuye a la realización del mismo, (y no al revés) en unos años, además de contar a las nuevas generaciones como la nación pasó seis años de retrocesos y nulos avances, vamos a presenciar cómo pasa lo mismo con el gobierno de ese momento.

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Panamá papers: ¿Qué pasará con México?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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“Es mejor morir a odiar y temer, es mejor morir dos veces a hacerse odiar y temer; tal oración habría de ser la máxima de toda sociedad organizada políticamente”
–Nietzsche

Bien se sabe de diversos casos, a lo largo de la historia de numerosos países, en los que, a raíz de una ardua investigación por parte de periodistas consagrados a su labor de difundir la verdad, se termina por descubrir la traición de diversos servidores públicos mediante el desvío de recursos. Desde el escándalo de Watergate, así como la filtración de documentos clasificados en Wikileaks, hasta sucesos aun en curso, como la malversación de fondos en el que se halla implicado el expresidente brasileño, Lula da Silva, se han apreciado diversos acontecimientos en los que, se ha hecho justicia y los funcionarios involucrados han sido obligados a dimitir. No obstante, se han visto otros escenarios en los que aquellos encargados de administrar la ley no han encarado tales situaciones de la forma debida, y por lo mismo, los responsables han tenido el privilegio de continuar impunemente con sus cargos.

El día de hoy, la interrogante antes planteada se encuentra más latente que nunca, debido a la red global desenmascarada recientemente, llamada Panamá papers. Como bien se sabe, a través de este artilugio un sinnúmero de servidores públicos, estrellas del deporte, actores, empresarios, entre otros, depositaban considerables sumas monetarias con el fin de tener un paraíso fiscal en el que los impuestos no fueran problema. Entre las reacciones ante tales escándalos, hemos visto una polarización considerable, tanto de la sociedad como de los actores de este suceso; de parte de Islandia, podemos apreciar a una sociedad completamente organizada, lo suficiente como para exigir en conjunto la dimisión de su primer ministro, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, lo cual se ha logrado exitosamente. De parte de Argentina, el presidente actual Mauricio Macri, se ha remitido a mencionar que “los negocios que este hacía eran legales”.

Como bien se sabe, a través de este artilugio un sinnúmero de servidores públicos, estrellas del deporte, actores, empresarios, entre otros, depositaban considerables sumas monetarias con el fin de tener un paraíso fiscal en el que los impuestos no fueran problema.

Ahora bien, ¿Cuál ha sido la respuesta de los mexicanos participes en la red de paraísos fiscales? Por parte del presidente de Tv Azteca, Salinas Pliego, este no se ha extendido más para tachar la participación de Carmen Aristegui, llamando “amarillista” la investigación; por otra parte, está por verse la respuesta que dará el empresario implicado en estos sucesos, Juan Armando Hinojosa, actual dueño de la empresa Grupo HIGA.

En cuanto a la respuesta gubernamental, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, comenta que “Tener recursos en el extranjero no es ilegal, lo ilegal es que, teniéndolos ahí, obteniendo una utilidad, rendimiento, intereses, no los declare en México“. Lo anterior puede interpretarse, en el modo más optimista posible, como una especie de promesa en cuanto a investigar los hechos y observar si las conductas encuadran con algún delito.

¿Dónde estábamos nosotros cuando se destapó le asunto de la casa blanca, en la que claramente nuestro señor presidente se encontraba involucrado? ¿Por qué en Islandia los ciudadanos procedieron a tomar las calles para exigir la renuncia de su mandatario y aquí en México no lo realizamos, al menos no la gran mayoría, cuando hizo falta?

Pasando a otro punto, personalmente, al enterarme de esta red masiva cuyo fin último es la evasión de impuestos, si bien despertó en mí una indignación al saber de los implicados y de las hasta ahora, débiles respuestas del gobierno, también se ha generado un asombro al observar la polarización social entre la comunidad mexicana y la comunidad islandesa. Si bien es cierto, se podrá decir que la diferencia en cuanto a la respuesta de ambas sociedades se debe, a que en caso de Islandia estaba implicado el primer ministro ¿Dónde estábamos nosotros cuando se destapó le asunto de la casa blanca, en la que claramente nuestro señor presidente se encontraba involucrado? ¿Por qué en Islandia los ciudadanos procedieron a tomar las calles para exigir la renuncia de su mandatario y aquí en México no lo realizamos, al menos no la gran mayoría, cuando hizo falta?

Desde mi punto de vista, a lo que se debe esta diferencia en cuanto a la respuesta de los ciudadanos islandeses con los mexicanos, es que tal vez en Islandia, parte de la cultura cívica, de los valores que comparte la sociedad, sea que el salir a las calles (de forma pacífica, en todo momento, claro está) cuando sea necesario, no es un acto vandálico o “revoltoso”, como se dice comúnmente en algunas partes de México, sino que es un acto de civismo y de compromiso con la comunidad; tal vez nos haga falta cambiar ese aspecto e incorporar a nuestros valores para así levantar la voz cuando así se necesite, y de una manera totalmente desprovista de violencia, pero nutrida de valor y amor a la patria, hagamos realidad el gobierno que merecemos.

Finalmente, realzando lo anteriormente dicho, habría que preguntarnos lo siguiente: Ahora que se han destapado estos casos donde están relacionadas figuras públicas relevantes, donde está por verse si hay complicidad entre autoridades y los actores mencionados ¿Qué haremos nosotros, como pueblo mexicano, si presenciamos una vez más, una clara complicidad entre servidores públicos con sujetos del sector empresarial, como se vio con el caso de la casa blanca? ¿Exigiremos como sociedad, que se haga justicia y se dejen de lado los nexos e intereses particulares? ¿O acaso pondremos el escándalo de los Panama papers junto a otros sin resolver? La repuesta a esta pregunta no está más que en manos de cada uno de nosotros.

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¿Democracia en riesgo? Crítica a la reforma del artículo 59 constitucional

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Las anécdotas, relatos e historias que nos contaban cuando niños sobre aquella lucha revolucionaria, en la que el pueblo mexicano derrocó a Díaz y cuyos resultados fueron, entre muchas cosas, el establecimiento del principio “No reelección” en las bases democráticas, parecen ir camino al olvido; esto debido a que, a partir del 2018, los diputados federales y locales, senadores y alcaldes podrán ser reelectos en forma consecutiva.

De acuerdo a la reforma del artículo 59 constitucional, realizada en el 2014, se establece que “Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.”

Asimismo, en cuanto a los presidentes municipales, regidores y síndicos, cada constitución local adecuó la reelección dentro de la misma; en el caso de la constitución de Nuevo León se estipuló en el numeral 124 lo siguiente: “Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, podrán ser electos consecutivamente hasta por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Los presidentes municipales de los ayuntamientos no podrán ser electos para el periodo inmediato, en municipio diverso al cual se desempeñaron como tales.”

…es altamente posible que los partidos políticos no postulen nuevamente a aquellos que prefieran los ciudadanos, sino a aquellos que más acoplados se encuentren a sus intereses; dejando así la gran probabilidad de hacer a un lado a los diputados o senadores que hicieron una buena labor pero que no supieron alinearse a los intereses de sus respectivos partidos.

Ahora bien, en virtud de mantener la fidelidad con el encabezado del artículo, y tomando en cuenta que todo juicio de valor debe encontrarse dotado de un análisis objetivo con el fin de fortalecer una postura determinada, se procederá a dictar los puntos que explican el motivo por el cual se considera a las reformas actuales de reelección inmediata como un problema para instituir una democracia progresiva.

En primer lugar, cabe destacar el sometimiento al que se encuentran los servidores públicos ante el partido del que forman parte, ya que, de acuerdo con la reforma, serán los partidos políticos a los que pertenecen los que se encargarán de postular nuevamente a los mismos como candidatos de la agrupación política. Dicho esto, surgen dos interrogantes. La primera ¿Qué pasaría en el supuesto donde la ciudadanía desee reelegir a un funcionario público mas, sin embargo, su partido debido a cuestiones internas, opte por no otorgarle la reelección consecutiva? ¿Ahí donde quedó aquel poder del pueblo que se supone, estas reformas a la constitución iban a fortalecer?

No debemos olvidar que actualmente, en los partidos políticos existen intereses particulares que bien podrían considerarse por encima de la voz del pueblo. Es por esto mismo que me mantengo escéptico en el hecho de que los partidos vayan a otorgar nuevamente la postulación al funcionario que los ciudadanos acepten, y en su lugar, sean guiados en primera instancia por aspectos ajenos a la aprobación del pueblo. Resumiendo lo anterior, es altamente posible que los partidos políticos no postulen nuevamente a aquellos que prefieran los ciudadanos, sino a aquellos que más acoplados se encuentren a sus intereses; dejando así la gran probabilidad de hacer a un lado a los diputados o senadores que hicieron una buena labor pero que no supieron alinearse a los intereses de sus respectivos partidos.

Considero que un grupo considerable de jóvenes… no tendrían oportunidad frente a una persona que lleva mayor número de años y sobretodo, mayor número de contactos en su partido los cuales opten por postularlo nuevamente como candidato.

Por otra parte, la segunda cuestión habría de ser la siguiente: ¿Qué hay de los funcionarios públicos independientes? En base al mecanismo de requerir un partido político, o coalición, para que un servidor pueda recurrir a la reelección consecutiva, se pone en tela de juicio el destino que les deparará a aquellos diputados, senadores y alcaldes que ganaron en un inicio las votaciones de forma independiente. Tal cuestión debería ser replanteada lo más pronto posible, pues de no ser así, aquellos afectados no tendrían más opción que recurrir a mecanismos como el juicio de amparo.

Asimismo, otra cuestión que vale la pena destacar es la opacidad total en cuanto al distrito por el cual podrán volver a fungir como candidatos aquellos ciudadanos que laboran en el congreso. Prácticamente, no existe especificación alguna en la constitución federal que comprometa a que los partidos postulen nuevamente para el mismo distrito a sus militantes, sino que, al contrario, pareciera que estos podrían ocupar algún otro distrito diferente al que representaron en primer lugar. Este supuesto habrá de aplicar, en el escenario donde un diputado o senador hayan cambiado de domicilio, con el objetivo tal vez, de volver a comenzar en un espacio geográfico donde no se sepa de su ineficiencia.

…actualmente, en los partidos políticos existen intereses particulares que bien podrían considerarse por encima de la voz del pueblo. Es por esto mismo que me mantengo escéptico en el hecho de que los partidos vayan a otorgar nuevamente la postulación al funcionario que los ciudadanos acepten…

Finalmente, un argumento de carácter ajeno a lo estipulado de forma ortográfica en la reforma, es el asunto de la alternancia y de las oportunidades robadas a los que desean incursionar por primera vez en la vida política. ¿Qué pasará con aquellos jóvenes militantes de algún partido, que aspiran iniciar como diputados de su distrito, pero que, lamentablemente se encuentran con que es postulado nuevamente el mismo funcionario de la legislatura pasada? Considero que un grupo considerable de jóvenes pertenecientes a una agrupación política no tendrían oportunidad frente a una persona que lleva mayor número de años y sobretodo, mayor número de contactos en su partido los cuales opten por postularlo nuevamente como candidato.

Son por estos motivos, que antes de optar por esta reforma, sería conveniente defender la no reelección con el mismo ahínco y el mismo amor hacia lo justo y hacia lo que es democrático, tal como lo hizo Madero en su momento.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Democratización del poder judicial: ¿Un bien necesario?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.”
–Theodore Roosevelt

Desde que México se ha pronunciado, de acuerdo al artículo 40 constitucional, como una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos”, se ha concebido al voto de la ciudadanía como un derecho y obligación para designar a los poderes ejecutivo y legislativo. No obstante, en un esfuerzo por analizar y obtener conclusiones en base a la realidad, habría que cuestionarse ¿Qué hay del poder judicial? ¿Por qué si o por qué no debería de someterse a un proceso de “democratización”?

Retornando al aspecto constitucional, en la carta magna se estipulan dentro del capítulo IV, los procesos que designan a los integrantes del poder judicial; sea a través de una terna sometida por el poder ejecutivo que sea considerada por el senado, o por medio del mismo poder judicial, en cada nombramiento no hay presencia alguna de sufragio. A lo mucho, podría argumentarse en el caso de la terna convocada por el presidente electo para cubrir las vacantes de ministro de la suprema corte, una tenue aparición del voto popular. Lo anterior claro, en el supuesto en el que la ciudadanía sepa de esta facultad que posee el ejecutivo, e igualmente, que tal conocimiento influya en la elección por el candidato, lo cual dudo enormemente.

…La democracia, al igual que los derechos fundamentales, deberán ser progresivos, por lo que considero menester el hecho de evaluar la posibilidad de incluir el sufragio dentro del sistema judicial, tal como se realiza en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.

En base a lo anterior, y en observancia de la misma situación en cuanto a las constituciones locales de cada entidad federativa, se puede afirmar lo siguiente: Actualmente no existen cargos en el poder judicial que sean designados democráticamente. Lo único que se aprecia en la designación de los puestos judiciales es una intervención exclusiva de dos de los tres poderes de la unión, en este caso el ejecutivo y el mismo poder judicial, dejando de lado a quien le deben su existencia: al pueblo.

Bien podrían establecerse argumentos para justificar esta ausencia de democracia, como aseverar que es necesario contar con personas preparadas para ostentar tales cargos. No obstante, frente a este argumento a favor de la inexistencia de la democracia en el poder judicial, cabría preguntarse lo siguiente: ¿Y no es necesario también disponer de personas capaces para algo tan importante como la creación de leyes, en el caso del poder legislativo? ¿No es imprescindible contar con un ciudadano con la debida preparación para ocupar el cargo de presidente de la república?

Estas interrogantes habrían de llevarnos a reconocer que en los tres poderes de la unión se necesitan personas preparadas, lo cual no debe por un lado, suspender la problemática planteada, ni por otro aseverar que la única solución para tal problemática sea el aumento de requisitos para algunos cargos públicos de elección popular (habría que tomarse en cuenta otras opciones, como la creación de un sistema de evaluación para funcionarios públicos, o bien, la revocación de mandato). Aparte de lo planteado, cabría incorporar, además de las cuestiones previas, una tercera pregunta: ¿Cómo es posible que el pueblo designe a quién creará, reformará y adicionará las normas (poder legislativo), pero no designe a quienes vayan a garantizar su cumplimiento (poder judicial)?

Actualmente no existen cargos en el poder judicial que sean designados democráticamente. Lo único que se aprecia en la designación de los puestos judiciales es una intervención exclusiva de dos de los tres poderes de la unión, en este caso el ejecutivo y el mismo poder judicial, dejando de lado a quien le deben su existencia: al pueblo.

Puntualizando los cuestionamientos anteriores, concluyo con lo siguiente: La democracia, al igual que los derechos fundamentales, deberán ser progresivos, por lo que considero menester el hecho de evaluar la posibilidad de incluir el sufragio dentro del sistema judicial, tal como se realiza en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.

Finalmente, cierro con una frase que hace tiempo mencionaba alguien cercano a mi “Si como ciudadanos confiamos por medio del voto la tarea de cambiar nuestra constitución y la tarea de que alguien nos represente como presidente de la república frente a otras naciones, por supuesto que habríamos de confiar a través de ese voto a quienes nos vayan a juzgar al momento de encontrarnos en conflicto con la ley”.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”