Dará Mauricio pelea por construcción de museos

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El ex alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, informó que dará batalla legal en caso de que la construcción de los museos sea cancelada.

Fernández rechazó los cuestionamientos hechos por la Comisión Especial que investiga los museos y aseguró que todo esta hecho conforma a la Ley.

“Es totalmente falso el sobrecosido, ni siquiera se ha terminado de construir la obra”, dijo el ex edil en una conferencia de prensa en la sede estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“Lo que engañosamente no están incluyendo es que se aprobó hacer un estacionamiento dentro del patronato de 300 carros para ayudar a generar ingresos en una carta que Miguel Treviño firmó, yo creo que el señor no tiene palabra, honradez y no tiene nada, no es posible que desconozca todo. Le quito toda la responsabilidad al municipio de cualquier sobre costo que pueda tener los museos, yo los pago. Ua se ofreció firmado que yo pago si hay una diferencia”, informó el tres veces alcalde de San Pedro.

Por otro lado, el panista cuestionó a Treviño por no respetar los acuerdos, incluso firmados, sobre los museos.

“Tenemos un Alcalde inculto, tan rajón, le pido que cumpla su palabra, que sea hombrecito y que sea un hombre de honor, tengo una carta firmada y no está cumpliendo con ella”.

Por último, el sampetrino dijo que esperaba que en caso de dar la pelea legal, los tribunales le den la razón legal.

Descalifica Cantú ‘pacto de civilidad’

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El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, descalificó el pacto de civilidad que acordaron los demás candidatos a la alcaldía regia.

En un video subido a su cuenta de Twitter, Cantú, catalogó de “reunión de amigos” el desayuno donde pactaron los candidatos, además dijo que lo hicieron por el miedo que le tienen a él.

“Hace unos momentos el PRI invita a un desayuno a todos los candidatos para la Alcaldía de Monterrey, con el pretexto de acordar un pacto de civilidad. Tengo que decirlo, fuimos invitados al desayuno, pero no quisimos asistir por una razón muy clara, el PRI no tiene la calidad moral, ni la legitimidad para convocarlo”.

Por otro lado, dijo que está cansado del cinismo y terquedad del PRI, y los acuso de querer ganar a la malo lo que no pudo por las buenas.

“Esta reunión de amigos sólo refleja algo, el miedo que nos tienen. ¿Quién creen que pagó la cuenta?”, pregunta el panista.

Felipe de Jesús Cantú se registra para elección extraordinaria

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Felipe de Jesús Cantú, se registró como candidato a la elección extraordinaria de Monterrey por el Partido Acción Nacional (PAN).

Cantú, fue acompañado por el dirigente nacional del albiazul, Marko Cortés, además de los dirigentes estatales panistas de los 32 estados de la República.

Cortés dijo que todo el panismo de México va a defender el voto de los regiomontano.

“Tenemos la oportunidad de que se ratifique la decisión de los regios. Más que sólo ganar la elección en una segunda ocasión, venimos a defender el voto, Acción Nacional entero estará ciudadano el voto de los regios”, dijo el panista.

Además, el presidente del PAN, pidió a las autoridades electorales investigar cualquier uso de recursos públicos para beneficiar a los candidatos.

Por su parte, Cantú, pidió a las autoridades municipales, estatales y municipales, no intervenir en el proceso para beneficiar a algún candidato.

“Así como exigimos que nadie meta mano en el proceso, así nos declaramos listos para empezar en cuanto la autoridad electoral dé el banderazo de inicio, la campaña electoral para garantizar que haya la participación que requiere esta elección de Monterrey”.

Al ser cuestionado sobre el apoyo de observadores el día de la elección, el candidato panista dijo que ya se tienen cubiertas el 100% de las casillas.

Felipe de Jesús Cantú, es el primero en registrarse como candidato ante la Comisión Estatal Electoral (CEE).

‘Gobers’ del PAN rechazan plan de seguridad y superdelegados de AMLO

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12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como inaceptable que, en materia de seguridad, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pretenda supeditar a las autoridades locales a través de coordinadores estatales.

En un desplegado, los gobernadores señalaron que la condición esencial del funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria.

Por otro lado, los mandatarios estatales se manifestaron a favor de “construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.

Sin embargo, aseguraron que colaboraran con el futuro gobierno, pero aclararon que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.

“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”, se lee en la misiva.

Agregaron que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales.

“Por eso nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobierno estatales”.

En su opinión, para combatir la inseguridad es necesarioatender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado, así como fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.

“Establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria”, abundó.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables.

Aunque reconocieron la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y dijeron estar de acuerdo con que continúen con esa labor, consideraron que sólo deben participar “en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir mas a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales”, subrayaron.

El desplegado fue firmado por los siguientes mandatarios estatales:

C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes

Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California

Mtro. Carlos Mendoza Davis
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango

Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato

Lic. Antonio Echevarría García
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Dr. José Antonio Gali Fayad
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla

MVZ. Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro

C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán

(Con información de Aristegui Noticias)

#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com

Un día antes de Noche Buena… Elección Extraordinaria de Monterrey

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La Comisión Estatal Electoral (CEE) modificó este viernes el calendario electoral para la elección extraordinaria de Monterrey, por lo que los comicios se movieron del 16 al 23 de diciembre, un día antes de Noche Buena.

En sesión extraordinaria la CEE resolvió por unanimidad que será el 23 de diciembre cuando se lleve a cabo la elección extraordinaria de Monterrey, esto con el fin de cumplir con el calendario de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que implica el registro de precandidatos, presentación de plataformas política y precampañas.

De acuerdo al nuevo calendario, el registro de candidatos y coaliciones será del 20 de noviembre al 4 de diciembre, las pre campañas del 25 a 27 de noviembre y las campañas del 5 al 19 de diciembre.

“Exploramos la posibilidad de quedarnos el día 16, sin embargo, es prácticamente y materialmente imposible por todos los proceso que se desencadenan”, dijo el Consejero Presidente de la CEE, Mario Garza.

Los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT), señalaron que la nueva fecha beneficia al candidato del PRI, por la baja afluencia que habría por las fiestas decembrinas.

“De ese par de magistrados, que meten su cuchara de manera ilegal escudándose en chicanearías, no me queda duda que son un PRI-MOR”, dijo Gilberto de Jesús Gómez, representante del PAN ante la Comisión.

Por su parte, Juan Fabricio Cázares del PT, aseguró que el cambio favorece a una persona.

“Ese día 23 para muchas familias del pueblo de Nuevo León, principalmente de Monterrey, es una fecha sagrada, es una fecha donde el ciudadano ya esta preparando las fiestas de Noche Buenas. Por lo tanto, no vemos que vaya a haber mucha participación ciudadana. Con lo que acaban de hacer, de impugnar la resolución del Tribunal, están ayudando a una sola persona a que vuelva a tomar el Gobierno”, dijo Cázares señalando la impugnación de Morena al acuerdo de la CEE, donde se establecía que los partidos deberían ir con los mismos candidatos y coaliciones que en los comicios del 1 de julio.

Roberto Benavides, representante de Morena, defendió la impugnación asegurando que lo hicieron para ejercer su derecho de ir con otro candidato, que no sea el Pato Zambrano.

 

Exige PAN no cambiar la fecha de elección de Monterrey

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El Partido Acción Nacional (PAN) exigido esta mañana a la Comisión Estatal Electoral (CEE), no modificar la fecha de la elección extraordinaria de Monterrey y mantenerla para el 16 de diciembre.

En conferencia de prensa, el candidato panista, Felipe de Jesús Cantú, el abogado general del CEN del PAN, Eduardo Aguilar, y Juan Manuel Oliva, Secretario de Elecciones del CEN, aseguraron que un cambio de fecha en la elección sólo beneficiaría al PRI.

“Sería una fecha que inhibiría la votación. Sería un voto de estructura, una fecha a la medida del PRI”, afirmó Oliva.

Por su parte, Felipe de Jesús Cantú solicito que se haga mas accesible el voto para los ciudadanos y que los comicios no sean en una fecha complicada de diciembre.

“El deseo del PRI es que la gente no vote porque no les gusta el resultado, porque están dispuestos a aceptarlo como ya lo demostraron en la elección de julio pasado. En este momento es la voluntad ciudadana, insistimos que tiene que ser el ciudadano el que se manifieste y no los partidos políticos”, dijo el panista.

“Que se respalden las facilidades para que la gente pueda votar y no se le interrumpan sus días de descanso, sus días de actividad religiosa, o participación familiar y vacaciones. Por lo mismo insistimos que el 16 sería el último día posible”.

El día de ayer el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Garza, dio a conocer que se analiza si cambiar la fecha de la elección extraordinaria de Monterrey para el 23 o 30 de diciembre.

Ratifican triunfo de Mauro Guerra como Presiente Estatal del PAN

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El Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo León, ratificó este lunes el triunfo de Mauro Guerra como dirigente estatal del partido, esto tras haber concluido el computo oficial de la elección interna.

Guerra consiguió 7 mil 128 votos, mientras que su oponente, Sandra Pámanes, obtuvo solamente mil 728 sufragios.

El presidente de la Comisión Organizadora del proceso, Alfredo Rodríguez, informó que la participación fue de alrededor del 57% y que las incidencias fueron mínimas.

“Fue una jornada con un voto arriba del 50 por ciento, es muy buena concurrencia. Prácticamente durante la jornada electoral no hubo incidencias”, dijo Rodríguez.

Al ser cuestionado sobre la posible impugnación de Pámanes al proceso, el funcionario panista dijo que hasta el momento solo se ha entrado por los medios de comunicación y que se trataría de señalamiento muy genéricos, y que será la candidata la que este a cargo de la prueba.

Por su parte el actual dirigente estatal del albiazul, Iván Medrano, rechazó que el partido quede dividido tras el proceso y aseguró que lo que sigue es concentrarse en la elección extraordinaria por la alcaldía de Monterrey.

El expresidente Felipe Calderón renuncia al PAN

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El expresidente Felipe Calderón renunció esta tarde al Partido Acción Nacional.

La noticia fue difundida por la dirigencia nacional del PAN, quien en un comunicado lamentó la dimisión.

En una carta entregada a la dirigencia nacional, Calderón Hinojosa argumentó que renuncia al cargo porque “la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN, y no le interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos”.

Calderón Hinojosa renunció unos minutos antes de concluir la jornada interna por la dirigencia nacional, en la cual comentó que votó por el candidato Manuel Gómez Morin, por respeto al esfuerzo que está realizando.

El ex presidente advirtió que la manipulación del padrón interno anula cualquier posibilidad de cambio en el PAN.

El pasado jueves, Felipe Calderón anunció que buscará crear un nuevo partido en 2019 ya que el PAN dejó de ser opción ante el nuevo gobierno porque está controlado por una camarilla.

Multan a Ricardo Anaya por “calumniar” a Riobóo

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El ex candidato Presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue sancionado con una multa de 16 mil pesos por calumniar durante el tercer debate Presidencial y un acto proselitista a José María Riobóo.

En su sesión de este miércoles, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el exabanderado presidencial “generó intencionalmente la idea de que el empresario Riobóo era corrupto”, al señalar que fue el contratista favorito de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, al darle contratos.

El TEPJF consideró inoperantes los agravios de Anaya al hacer inferencias sobre licitaciones sin concursos que se traducen en imputaciones por hechos de corrupción, por lo que consideraron que el panista debe de pagar una multa de 16 mil pesos para subsanar las afectaciones provocadas al empresario.

Los magistrados, salvo Felipe de la Mata, coincidieron en que partidos y candidatos están obligados a ser cautelosos al referirse a particulares y evitar expresiones que atenten contra la honorabilidad o reputación de una persona.

La magistrada presidente Janine M. Otálora señalo que las expresiones utilizadas en el debate intentaron generar una imagen imprecisa de un particular, ya que le imputaba la participación en el delito de corrupción y hubo afectación a la honra de este ciudadano.