Una consulta más

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Nuevamente les vengo a escribir del mecanismo de consulta en México. Un mecanismo que emocionó al legislarse pero que ha perdido credibilidad por la manera en la que se aplica en nuestro país; una manera que simplemente no se apega a lo que establecen las leyes para su debida formulación. 

He escrito antes sobre la consulta popular de las elecciones de 2018 y la “consulta” que hubo del NAICM, pero ahora nos enfrentamos a otro escenario: una consulta ciudadana en Nuevo León sobre el tema fiscal. Primero, es importante destacar que sí hay una diferencia entre consulta popular y ciudadana: Según la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, la popular se realiza únicamente en jornadas electorales federales y en conjunto con la Comisión Electoral Estatal, la cual valora que la pregunta en cuestión no sea tendenciosa o contenga juicios de valor y que no sea referente a temas tributarios, administración pública interna y regulación del Congreso del Estado o el Poder Judicial. Por otro lado, la consulta ciudadana la realiza independientemente el poder ejecutivo estatal o municipal y no existen restricciones en cuanto a los temas. 

Entonces el Congreso del Estado no fue nada ingenuo en plantear esta consulta como ciudadana y no como popular, porque eso les permite realizarla antes de la jornada electoral y también que fuera sobre el tema fiscal que tanto ha causado división entre los ciudadanos y gobernadores. Técnicamente, sí se está cumpliendo con todos los requisitos de forma para utilizar este mecanismo de participación ciudadana. 

Pero hay algo más, que es lo que me llevó a escribir este artículo, y es sobre el tema y la pregunta en sí. El Poder Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León ya se pusieron de acuerdo y determinaron que la pregunta para la consulta será la siguiente: “Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”. 

Sinceramente, ¿quién en su sano juicio diría que no a esa pregunta? ¿Me estás preguntando que si quiero más dinero para que nos vaya mejor? ¡Pues claro que sí! Aquí se puede ver otra buena decisión del Congreso para hacer esta consulta una consulta ciudadana, porque es una pregunta totalmente tendenciosa y con juicios de valor. Es impactante que mencionen la cifra sobre como Nuevo León solo recibe 29 centavos por cada peso que contribuye (y es la única cifra que usan para respaldar su postura para recibir más dinero), pero lo que los impulsores de esta consulta no te cuentan es que aún con esto, Nuevo León es el quinto mayor estado en recibir participaciones federales (lo pueden revisar en el cuadro 7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603570&fecha=27/10/2020). Los impulsores también dicen que como Nuevo León es el tercer estado en aportar al PIB nacional (que sí es), por eso se nos debería de regresar más, pero tampoco te cuentan que el cálculo para las participaciones y aportaciones federales para los estados no solo se basa en el PIB sino también en la cantidad de población que se tiene, la cantidad de impuestos locales que recaudan y otros factores como carencias sociales para algunos fondos del ramo 33. Recapitulando: en Nuevo León, sí somos la tercera entidad con mayor aportación al PIB y sí se nos regresa 29 centavos por cada peso, pero aún así somos el quinto mayor estado con participaciones federales y hay más factores sobre el PIB para recibir este dinero. 

Ahora, otra cuestión sobre esta consulta ciudadana es que se va a llevar a cabo electrónicamente entre el 6 de diciembre y 28 de febrero. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del INEGI, en Nuevo León, solo 66.5% de la población cuenta con acceso a internet desde sus casas. Entonces hace falta que el gobierno defina cómo es que toda la ciudadanía del estado va a poder participar en esta consulta.

No se pueden andar diciendo verdades a medias para obtener más dinero. El gobierno primeramente debería de tener una planeación estratégica sobre sus recursos y transparentar qué es lo que hace con el dinero que ya recibe antes de andar pidiendo más. Y si van a realizar la consulta tienen que asegurar que todas y todos puedan participar, sino solo va a ser una consulta más para que las clases sociales medias y altas que cuentan con internet en sus hogares y dispositivos electrónicos puedan ejercer su participación ciudadana. 

Advierte Adrián de la Garza que sin reactivación económica podría haber crisis de inseguridad

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, advirtió que si no se permite la reactivación económica de otros negocios se podría caer en una crisis de inseguridad.

De la Garza señaló que aunque se han tomado buenas decisiones en los tiempos de cierre y reaperturas, también es cierto que al población necesita trabajar.

“No nada más sería una crisis social, no nada más de inseguridad sino también en la calidad de vida se va a ver afectada a como estamos acostumbrado, pero creo que se tomó una decisión muy a tiempo de estar reactivando”, indicó el edil tras acudir al Congreso del Estado por el arranque del Tercer Año Legislativo.

Por otro lado, el alcalde regio indicó que ya existe el plan de la Secretaría de Salud de ir reactivando diferentes negocios.

“Estamos viendo con mucho agrado que hay planes por parte de la autoridad de salud de ya ir poco abriendo las diferentes actividades económicas que faltan por aperturas. Obviamente se abrirá con todas las condiciones de sana distancia, con todas las condiciones de salud que ya nos han recomendado y ya nada más nos falta hacer el esfuerzo por todos los ciudadanos de que se estará reactivando”.

Propone Susarrey accesibilidad en estacionamientos por ley

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Para que cumplan con la obligación de implementar cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas el Diputado del PAN, Luis Susarrey propuso continuar con los beneficios fiscales a los propietarios de edificios y centros comerciales.

Se trata de una reforma a la Ley de Fomento a la Construcción de Edificios de Estacionamientos para quiénes cumplan con la instalación de lugares preferentes continúen con los beneficios fijados en la ley y que son la exención de impuestos catastrales, de impuesto sobre nómina y derechos en el registro de la propiedad, entre otros. Empero, de no cumplir con el requisito de accesibilidad, dichos incentivos les serán retirados.

“Las personas de la tercera edad y personas embarazadas tienen complicaciones para trasladarse y la idea es que los edificios que no cumplan con la accesibilidad no se les den esos beneficios ya fijados en la Ley”, explicó Luis Susarrey.

El panista indicó que su propuesta va acompañada con un exhorto para que en Congreso del Estado se cumpla con la normativa.

“Es un Exhorto para predicar con el ejemplo en el Congreso ya que no hay cajones para personas con discapacidad, mucho menos para personas embarazadas o de la tercera edad. ” aseguró. “Tenemos que predicar con el ejemplo y no lo hacemos en el estacionamiento del Congreso”, añadió.

El legisador de Acción Nacional afirmó que en países como España y Chile, y Estados como Colima ya existen por ley lugares para personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas. En la reunión Virtual también estuvo la Diputada Lidia Estrada Flores y el Presidente del PAN Estatal, Mauro Guerra Villarreal.

Aprueban en primera vuelta leyes de paridad

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El Congreso del estado aprobó por mayoría la primera vuelta de las reformas en materia de paridad en Nuevo León.

La tarde de este martes en sesión extraordinaria y con 27 votos a favor pasó la primera vuelta del dictamen que se aprobó en días pasados por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.

En contra de este dictamen votaron los legisladores de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del grupo legislativo de Morena quienes difieren del dictamen y señalan se debe de pasar tal como se encuentra a nivel federal.

En primera vuelta se requieren tan solo 22 votos de los 42 legisladores para poder aprobarlo, sin embargo, para la segunda vuelta la cual se tendría que presentar antes del 9 de julio se requieren al menos 28 votos para que pueda pasar en el pleno del Congreso.

Una vez votado se abrió a debate la propuesta de reforma previamente aprobada, en la cual mostraron los legisladores sus puntos a favor y en contra del dictamen aprobado.

Ramiro González, legislador de Morena, coordinador de la bancada de Morena dijo que el dictamen debe de cambiar para que sea tal cual se aprobó a nivel federal.

Quien también se mostró en contra fue la diputada de Movimiento Ciudadano Tabita Ortíz, quien indicó que dicho dictamen de reforma no es suficiente para llevar adelante el tema de paridad.

Es un dictamen que busca reformar la Constitución de la entidad en materia de paridad de género, sin embargo, podemos observar que dicho dictamen no cumple con lo establecido por la Constitución Federal, debido a que no garantiza una paridad de género plena en todo, ni un reconocimiento verdadero de los derechos políticos electorales de las mujeres”, expresó Ortiz.

 

 

(Con información ABC noticias)

Dan suspensión para retirar sellos de “clausura” de Congreso de Nuevo León

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El senador Samuel García presumió en sus redes sociales que el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional contra la clausura del Congreso del Estado, por lo que los sellos tendrán que ser retirados en un plazo de máximo 24 horas.

García afirmó que el acuerdo fue publicado esta mañana en el portal del Poder Judicial.

“Presenté una suspensión para de inmediato quitaran los sellos y el Congreso pudiera seguir con la continuación de la sanción al ‘Bronco’ y a Manuel. Ahorita a las 9 de la mañana en la lista del juzgado me admiten el amparo y me conceden la suspensión, van a obligar a quitar los sellos en menos de 24 horas. La misma autoridad que los puso, Saludo, es la que los tiene que quitar hoy en menos de 24 horas o es cuestión penal por la violación de suspensión”, sostuvo el legislador de Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, el emecista dijo que el Gobierno del Estado también presentó amparos para detener la operación del Congreso, pero ya fueron negados.

Por su parte, el diputado local, Luis Donaldo Colosio, señaló que la acción del Estado fue una invasión al Poder Legislativo, que ahora un Juzgado buscará detener.

“El acto ilegal de clausurar el Congreso, que un Poder clausure al otro, pues más allá que detuvo el tema de la sanción, detuvo todos los temas del Poder Legislativo, incluido paridad, la reforma electoral. El freno absoluto al Poder Legislativo, independientemente del tema, es una completa afrenta a la división de poderes y del sistema democrático de nuestro País”, señaló Colosio.

Barbosa toma control de la escuelas privadas

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Miguel Barbosa Huerta, el gobernador de Puebla, envió una iniciativa de ley para darle al Gobierno estatal mayores atribuciones sobre la educación y control de las escuelas privadas.

La Ley de Educación del Estado de Puebla fue aprobada el pasado 15 de mayo por el Congreso del estado, con 26 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

De acuerdo con la LX Legislatura, el propósito de la nueva ley es adecuar el marco jurídico estatal a la nueva Reforma Educativa, a fin de garantizar el acceso a una educación de excelencia, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural del Estado.

A partir de ahora se contemplará un proceso educativo basado en “4-A“, es decir, en asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Otro punto de esta nueva normativa de educación es que se prohibirá que se condicione la compra de uniformes y materiales esenciales para las escuelas, de acuerdo a Barbosa.

 

 

 

 

(Con información de ABC noticias)

Bronco firma Ley de Movilidad

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El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón (alias “el Bronco”), ha firmado un decreto en el cual se establece la nueva Ley de Movilidad del Estado, la cual será publicada el día de mañana en el Periódico Oficial del Estado para que ésta entre en vigor.

Noé Chávez, titular de la Agencia Estatal del Transporte, ha publicado a través de sus redes sociales una fotografía en la cual aparece con el Bronco y el documento, firmado. El diciembre pasado, el Congreso del Estado avaló la nueva Ley de Movilidad con 39 votos a favor para el estado de Nuevo León. Se aprobó después de 14 meses de haber estado bajo análisis por diferentes mesas de trabajo e incluso diversas polémicas que se fueron presentando entre los diputados y promoventes.

Acerca de los puntos a considerar del nuevo reglamento, se contempla la desaparición de la Agencia Estatal del Transporte, la cual será reemplazada a su vez por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad y la Junta de Gobierno. Esta Junta será conformada por 25 integrantes, que serán: “el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, el director de Metrorrey, tres alcaldes metropolitanos, uno más de un municipio no metropolitano, legisladores locales y representantes del Observatorio de Seguridad Vial, el Instituto Estatal de las Mujeres, así como del Consejo Cívico de las Instituciones, y cámaras privadas.” (Posta, 2020)

(Con información de Posta)

TSJ da a conocer que desde 2013 hay 3 procesos abiertos contra mujeres por aborto

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dio a conocer que desde 2013, al iniciar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y hasta la fecha hay tres proceso en contra de mujeres por interrupción de su embarazo, sin embargo, ninguno ha tenido sentencia condenatoria.

De acuerdo con información solicitada por La Jornada, al no alcanzar sentencia ninguna mujer fue detenida, hasta el último corte de actualización de la información dada de inicios de octubre. En tanto, los procesos fueron de la siguiente manera:

1. 2017 en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro. 

2. En 2018 quedó radicado en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Sur Oriente. 

3. A inicios de 2019 e inició en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución región Judicial Sur.

Cabe mencionar que el pasado 8 de octubre el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Puebla que elimina las causales y reduce las penas por aborto pero no permite la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas como lo propuso la diputada priista Rocío García Olmedo.

 

 

(Con información del Político)

¿Muerte civil para las y los servidores públicos corruptos?

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Recientemente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una de las novedades de la Ley es la posibilidad de que se sancione con inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a las y los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o hechos de corrupción (art. 78, fracción V). Por su parte, el Senado de la República como cámara de origen aprobó en marzo pasado un decreto de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), instituyendo la inhabilitación definitiva; esta iniciativa está ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. 

El objetivo de esta colaboración es delinear algunos problemas de lo que se ha denominado en los medios como “muerte civil”. 

Acerca de la formalidad del término, es cierto que periodísticamente resulta muy atractivo usar el término de “muerte civil”, pero este no es exacto, porque la institución no implica la pérdida de otras capacidades como el ejercer el sufragio activo. Lo que implica en verdad es solo la prohibición permanente de incorporarse a un empleo, cargo o comisión de naturaleza pública.

La delimitación de este tipo de sanción de acuerdo con la LGRA (art. 78) es solo temporal y fluctúa en el siguiente rango:

a).- De tres meses a 1 año, si la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno. b).- De 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede las 200 UMAS ($16, 898.00). c).- De 10 a 20 años, si se exceden las 200 UMAS.

La nueva LRANL publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio de 2019, agrega también la inhabilitación definitiva. Para ello, segmenta los supuestos de inhabilitación de la siguiente forma:

a).- Inhabilitación temporal de tres meses a 1 año cuando la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno.  b).- Inhabilitación temporal de 1 a 10 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 1, 500 el valor diario de la UMA ($126, 735.00). c).- Inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación exceda las 1,500 UMAS.

Este mismo modelo adoptado en Nuevo León fue el aprobado por el Senado en marzo pasado, aunque se mantiene la frontera de la gravedad en 200 UMAS y no en 1,500 como la local.

Considero que es importante preguntarnos como sociedad si 20 años de inhabilitación temporal constituyen un castigo suficiente que garantice la protección del bien común en los casos en que así sea pertinente según la LGRA. Para el Congreso de Nuevo León (norma ya vigente) y para el Senado (norma en proceso legislativo), parecería que la respuesta es negativa. No, no son suficientes 20 años de inhabilitación.

En este sentido, si la corrupción es tan grave como para justificar una sanción gravosa como la inhabilitación permanente para ser funcionario público, ¿no podría ser igualmente plausible como consecuencia penal en algunos de los delitos en los que conforme al artículo 19 constitucional se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas…? 

Señalo esto porque el Congreso Local no adecuó el Código Penal del estado para incluir como sanción penal la inhabilitación definitiva; y el Senado sólo se refirió a los delitos por hechos de corrupción (art. 212 del Código Penal Federal), pero no a otras posibles conductas delictivas que pudieran ser responsabilidad de personas que fungen como servidores públicos y que deberían ser más gravosas en cuanto a su sanción, como por ejemplo, cuando el abuso sexual o violación fuese cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público (art. 266 Bis Código Penal Federal): ¿No sería igualmente recomendable que un agente de migración abusador sexual o violador de una niña o niño fuera inhabilitado definitivamente para desempeñar cargos públicos, tal como se propone por el Senado para servidores públicos corruptos?

Ahora, estrictamente en el ámbito de las responsabilidades administrativas, en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política se establece como posibilidad de sanción a servidores públicos el siguiente catálogo: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Como puede advertirse, la norma constitucional no especifica claramente que pueda imponerse una inhabilitación definitiva. Dudo que respecto de una restricción de derechos de esta magnitud, la CPEUM haya dejado libertad de configuración al legislador ordinario. Desde esta perspectiva, ¿puede considerarse que la creatividad del Congreso Local está acorde a la CPEUM a pesar de que en esta no se contempla expresamente el supuesto de inhabilitación permanente? En todo caso, aun aceptando que la Constitución permite la libre configuración del legislador, ¿podía el Legislativo Local crear un supuesto novedoso cuando todavía no se aprueba la reforma a la Ley General respectiva, la cual es jerárquicamente superior a la ley local de responsabilidades administrativas? ¿Tenía el legislador local libertad configurativa para crear una frontera sancionatoria no de 200 UMAS, sino de 1,500?

En síntesis, parecería que en este tema debemos exigir a nuestros representantes: Primero, un debate serio y profundo sobre si la inhabilitación de servidores públicos debe aumentarse, en algunos casos, de veinte años a permanente; segundo, si acordamos que así deba ser, la decisión pública acerca de si la inhabilitación permanente o definitiva es un camino sancionador solamente para hechos de corrupción o también para otras conductas delictivas, y, finalmente, el ejercicio efectivo de las y los legisladores como defensores de la Constitución.

Bronco intenta insultar a Samuel García y se termina diciendo ‘zonzo’

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, consideró que el Senador por el mismo estado, Samuel García, esta obsesionado con destituirlo, esto después de que el Congreso local iniciará un procedimiento de sanción en su contra por las irregularidades en las firmas para su campaña presidencial.

“Esto es una obsesión de Samuel porque desde la campaña estuvo insiste e insiste, porque eso le generó votos”, dijo Rodríguez Calderón.

El día de ayer, la Comisión Anticorrupción del Congreso local admitió la orden de la Sala Especializada Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar sin desvío de recursos en el acoso de firmas del “Bronco” para ser candidato presidencial independiente en las elecciones del 2018.

El mandatario consideró dijo que confía en que los diputados locales no harán del asunto una persecución política. Por otro lado, calificó al García como “fifí” y “conservador”, t dijo que esta en la política porque es malo para los negocios.

“Es un niño nice, fifí, conservador, que esta explorando en la política, su papá lo metió a la política porque para el negocio no sirvió, en este país, los papás que tienen hijos, al mas zonzo lo meten a la política y al más inteligente lo dejan en los negocios”, afirmó el gobernador.