¿Muerte civil para las y los servidores públicos corruptos?

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Recientemente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una de las novedades de la Ley es la posibilidad de que se sancione con inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a las y los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o hechos de corrupción (art. 78, fracción V). Por su parte, el Senado de la República como cámara de origen aprobó en marzo pasado un decreto de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), instituyendo la inhabilitación definitiva; esta iniciativa está ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. 

El objetivo de esta colaboración es delinear algunos problemas de lo que se ha denominado en los medios como “muerte civil”. 

Acerca de la formalidad del término, es cierto que periodísticamente resulta muy atractivo usar el término de “muerte civil”, pero este no es exacto, porque la institución no implica la pérdida de otras capacidades como el ejercer el sufragio activo. Lo que implica en verdad es solo la prohibición permanente de incorporarse a un empleo, cargo o comisión de naturaleza pública.

La delimitación de este tipo de sanción de acuerdo con la LGRA (art. 78) es solo temporal y fluctúa en el siguiente rango:

a).- De tres meses a 1 año, si la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno. b).- De 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede las 200 UMAS ($16, 898.00). c).- De 10 a 20 años, si se exceden las 200 UMAS.

La nueva LRANL publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio de 2019, agrega también la inhabilitación definitiva. Para ello, segmenta los supuestos de inhabilitación de la siguiente forma:

a).- Inhabilitación temporal de tres meses a 1 año cuando la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno.  b).- Inhabilitación temporal de 1 a 10 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 1, 500 el valor diario de la UMA ($126, 735.00). c).- Inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación exceda las 1,500 UMAS.

Este mismo modelo adoptado en Nuevo León fue el aprobado por el Senado en marzo pasado, aunque se mantiene la frontera de la gravedad en 200 UMAS y no en 1,500 como la local.

Considero que es importante preguntarnos como sociedad si 20 años de inhabilitación temporal constituyen un castigo suficiente que garantice la protección del bien común en los casos en que así sea pertinente según la LGRA. Para el Congreso de Nuevo León (norma ya vigente) y para el Senado (norma en proceso legislativo), parecería que la respuesta es negativa. No, no son suficientes 20 años de inhabilitación.

En este sentido, si la corrupción es tan grave como para justificar una sanción gravosa como la inhabilitación permanente para ser funcionario público, ¿no podría ser igualmente plausible como consecuencia penal en algunos de los delitos en los que conforme al artículo 19 constitucional se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas…? 

Señalo esto porque el Congreso Local no adecuó el Código Penal del estado para incluir como sanción penal la inhabilitación definitiva; y el Senado sólo se refirió a los delitos por hechos de corrupción (art. 212 del Código Penal Federal), pero no a otras posibles conductas delictivas que pudieran ser responsabilidad de personas que fungen como servidores públicos y que deberían ser más gravosas en cuanto a su sanción, como por ejemplo, cuando el abuso sexual o violación fuese cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público (art. 266 Bis Código Penal Federal): ¿No sería igualmente recomendable que un agente de migración abusador sexual o violador de una niña o niño fuera inhabilitado definitivamente para desempeñar cargos públicos, tal como se propone por el Senado para servidores públicos corruptos?

Ahora, estrictamente en el ámbito de las responsabilidades administrativas, en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política se establece como posibilidad de sanción a servidores públicos el siguiente catálogo: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Como puede advertirse, la norma constitucional no especifica claramente que pueda imponerse una inhabilitación definitiva. Dudo que respecto de una restricción de derechos de esta magnitud, la CPEUM haya dejado libertad de configuración al legislador ordinario. Desde esta perspectiva, ¿puede considerarse que la creatividad del Congreso Local está acorde a la CPEUM a pesar de que en esta no se contempla expresamente el supuesto de inhabilitación permanente? En todo caso, aun aceptando que la Constitución permite la libre configuración del legislador, ¿podía el Legislativo Local crear un supuesto novedoso cuando todavía no se aprueba la reforma a la Ley General respectiva, la cual es jerárquicamente superior a la ley local de responsabilidades administrativas? ¿Tenía el legislador local libertad configurativa para crear una frontera sancionatoria no de 200 UMAS, sino de 1,500?

En síntesis, parecería que en este tema debemos exigir a nuestros representantes: Primero, un debate serio y profundo sobre si la inhabilitación de servidores públicos debe aumentarse, en algunos casos, de veinte años a permanente; segundo, si acordamos que así deba ser, la decisión pública acerca de si la inhabilitación permanente o definitiva es un camino sancionador solamente para hechos de corrupción o también para otras conductas delictivas, y, finalmente, el ejercicio efectivo de las y los legisladores como defensores de la Constitución.

Bronco intenta insultar a Samuel García y se termina diciendo ‘zonzo’

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, consideró que el Senador por el mismo estado, Samuel García, esta obsesionado con destituirlo, esto después de que el Congreso local iniciará un procedimiento de sanción en su contra por las irregularidades en las firmas para su campaña presidencial.

“Esto es una obsesión de Samuel porque desde la campaña estuvo insiste e insiste, porque eso le generó votos”, dijo Rodríguez Calderón.

El día de ayer, la Comisión Anticorrupción del Congreso local admitió la orden de la Sala Especializada Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar sin desvío de recursos en el acoso de firmas del “Bronco” para ser candidato presidencial independiente en las elecciones del 2018.

El mandatario consideró dijo que confía en que los diputados locales no harán del asunto una persecución política. Por otro lado, calificó al García como “fifí” y “conservador”, t dijo que esta en la política porque es malo para los negocios.

“Es un niño nice, fifí, conservador, que esta explorando en la política, su papá lo metió a la política porque para el negocio no sirvió, en este país, los papás que tienen hijos, al mas zonzo lo meten a la política y al más inteligente lo dejan en los negocios”, afirmó el gobernador.

Protestas Contra UBER En El Congreso del Estado

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Esta mañana, frente al congreso del estado, taxistas públicos se levantaron en protesta en la avenida Zaragoza para hacer presente su apoyo a la decisión del Secretratrio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AET), Noé Chávez. Tambien manifestaron en las calles, sus opiniones en cuanto a las diferencias de trato para los taxistas, y los conductores de transporte privados. 

 

Arturo Rodríguez, vocero principal de esta protesta, dio a conocer a los medios, las peticiones y demandas de los taxistas que se organizaron. Dentro de ellas, demandaban la aprobación de una Ley de Movilidad. Una que establesca igualdad en cuanto a la cobranza de impuestos y de misma manera logre dividir los terrenos de operación para un campo de trabajo más justo. 

 

Dicha protesta ocurrió, tras la orden de Chávez, para iniciar una cacería de automóviles registrados para servicios de transporte privado. Esta decisión despertó opiniones polémicas entre los transportistas de servicios públicos y privados. Debido a que aquellos que fuesen miembros de organización de transporte privado, se les confiscó su vehículo, así como se les imponían multas de hasta 42,000 pesos

 

Con infromación de “El Horizonte”

Propone Luis Susarrey volver la Movilidad Sustentable un Derecho Humano en Nuevo León

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Esta mañana, varios diputados del congreso del estado se reunieron para publicamente anunciar la iniciativa que reforma los artículos 3 y 11 en cuanto a la movilidad  sustentable del estado y de sus habitantes.

Esta iniciativa establece que todos en Nuevo León tengan derecho a un transporte eficiente, de calidad, y un precio justo, comenta el Diputado del distrito 18, Luis Susarrey.

“Hemos hecho una ciudad para los automóviles y no para las personas”, dijo Susarrey.

Busca mejorar el transporte público, siendo que es un sistema de transporte en declive. Puesto que en Monterrey, ha evolucionado a un estado en donde el uso de un automóvil propio es más popular que uno de transporte urbano. Gracias a esto, las emisiones de carbono y el embotellamiento de tráfico han empeorado con los años. Actualmente está registrado que solo el 28.5 % de la población regia usa el transporte público; y que si no se hace un cambio, en un futuro esos números continuarán en decliebe.

Dicha reforma, además, tiene la intención de dar derecho a la movilidad, segura, accesible cómoda, eficiente de calidad y que promueva la igualdad. Establecer una jerarquía prioritaria de paso (primariamente al peatón, después al ciclista, luego al motociclista y por último a los automóviles ), promover un transporte público a un precio justo operado por un sistema integral y enfocado al usuario, dar derecho a una vía pública apta para ambos los automóviles y los peatones.

Morena quiere más periodos ordinarios en el Congreso

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Morena quiere ampliar los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión.

El senador Martí Batres, quien preside el Senado de la República, anunció que el próximo miércoles presentará una iniciativa de ley para que haya un tercer periodo que abarcaría los meses de junio y julio. 

“Hay que hablar de la necesidad de un tercer periodo ordinario. Voy a presentar esta iniciativa”, declaró el legislador.

“En la exposición de motivos pongo ejemplos de la tendencia que hay de la ampliación de periodos en algunos países, porque eso también es fortalecimiento del poder legislativo y hay una necesidad por el proceso de transformación que estamos viviendo”, añadió.

La iniciativa de reforma buscará modificar los artículos 65 y 66 constitucionales que establecen dos periodos que comprenden del 01 de septiembre al 15 de diciembre y del 01 de febrero al 30 de abril.

Batres Guadarrama insistió en la necesidad del tercer periodo porque apenas concluyen los dos ordinarios se convoca a un extraordinario para avanzar en la legislación pendiente.

Al respecto, citó el caso de la Guardia Nacional, que en estos momentos se revisa en un periodo extraordinario, además de que la reforma educativa también va a requerir una legislación secundaria que se tiene que ir trabajando.

“Eso hace necesario la necesidad de hablar de un tercer periodo ordinario“, agregó.

#Kleroterion: “Movilidad o Transporte Público un Derecho Humano”

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Las grandes ciudades en el mundo aplican métodos para que los ciudadanos tengan mejores servicios, una parte fundamental se distingue por la movilidad, en específico, el transporte público, que hace que cualquier metrópoli logre sus actividades de manera adecuada.

Estamos seguros que nuestro estado, está a la altura; sin embargo, para este tema estamos sujetos a un grupo de permisionarios, que lo único que buscan es un beneficio propio, por lo que si no están de acuerdo con la tarifas, hacen paro de unidades, es decir, el típico acto de niño que dice “me llevo mi balón si no hacen lo que yo digo”, impactando de manera negativa a la sociedad, es así que este transporte necesita una reestructuración, ya que no puede permitirse un transporte condicionado y que afecte a centenares de ciudadanos.

Es importante la adquisición del sistema de transporte urbano para poder brindar el servicio como el estado lo merece; por su parte el Gobernador presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para lograrlo, por lo que es momento que los diputados se pongan del lado de la gente, siendo los propios legisladores quienes por varios meses han criticado este servicio ostentando que ha faltado mano dura, pero ahora que se quiere tomar el control, se salen por la tangente, criticar es muy fácil, ¡claro!, desde dentro de un carro con aire acondicionado.

Este trabajo es conjunto si queremos aspirar a ser como las mejores ciudades, donde el “servicio de transporte es público”, pero necesitamos saber con quién contamos, conscientes que la movilidad es un derecho humano, por lo que estamos dispuestos a que el manejo del sistema de transporte venga de la propia sociedad civil, de un empresario con vocación de servir.

En una primera etapa, debemos adquirir el control del transporte, asimismo, que el congreso entienda las necesidades reales de la sociedad y que impacte su apoyo, por lo que es momento de que tomen las decisiones correctas, en una segunda etapa, aspirar a ser como las mejores ciudades del mundo, teniendo un transporte público gratuito, convencido de que puede lograrse a través de métodos de recaudación que subsidien este sistema, concluyo diciendo que los asuntos de movilidad en cualquier estado siempre generarán productividad, ya que cualquier ciudad será próspera, teniendo “un estado con verdadera movilidad”.

La Ciudad es Nuestra

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En la zona metropolitana de Monterrey, y casi en todas las ciudades del país,  todos hemos sido testigos transitando por un lugar o visitando un parque, plaza, o área pública descuidada y en total abandono, en muchos casos esa es la imagen normalizada en la que se encuentran, estando mucho más tiempo en el abandono que con alguna mejora o atención por parte de las autoridades. Otro ejemplo del descuido de los espacios públicos es la lentitud y total desinterés en reparar o restaurar la infraestructura que ha sido dañada por algún accidente o vándalos. 

También podemos observar, por ejemplo, la calle Morelos en el Barrio Antiguo de Monterrey, donde hace algunos años se remodeló y se generaron mejores espacios peatonales y limitaciones a los vehículos privados, sin embargo, al transitar hoy en día podemos apreciar un total descuido, banquetas rotas, alcantarillas expuestas poniendo en peligro al peatón, así como la falta de alumbrado público, además de que los pedestales de concreto que fueron instalados para proteger al peatón se han ido desapareciendo, nunca remplazados. Esto es lamentable, que en el primer cuadro de la ciudad, a pocos metros del Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal y del Congreso del Estado, tengamos una infraestructura urbana en pésimas condiciones y en un aparente abandono. 

Es verdaderamente inaceptable que tengamos gobiernos que no atiendan sus responsabilidades y que no tengan la más mínima intención de ponerse al servicio de la ciudadanía. Nadie se hace responsable. 

Adentrándose en la ciudad, en algunas colonias los parque públicos son arreglados en muy pocas ocasiones, y muchas de estas solo coincidentes con procesos electorales, sin embargo, solo se les da mantenimiento por “encimita”, sin considerar los gustos, intereses o necesidades de los vecinos. 

Todo este abandono y descuido de parte de los gobiernos, principalmente municipales, es un claro reflejo del desinterés, corrupción e ineptitud de quienes están al cargo, y uno de los principales promotores de barrios inseguros. Todo esto tiene que terminar, se debe cambiar el modelo de Gobierno Municipal escuchando a la ciudadanía para resolver sus demandas y necesidades para generar espacios públicos de calidad y utilidad, poniendo al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, para que sea parte nuclear de los proyectos en los que se gasta el dinero de todos. Porque la ciudad es nuestra, de todas y todos, y en este momento solo jugamos un papel de espectadores.

Plantea Víctor Fuentes cobrar impuestos a pedreras

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El Senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, logró que se aprobara el día de ayer un punto de acuerdo en donde se exhorta al Congreso del Estado que realice reformas legales para aplicar un impuesto ambiental a las pedreras.

Ante la grave problemática de contaminación en el área metropolitana, el exhorto plantea que con una tasa impositiva que permita resarcir el daño ambiental y a la salud que generan las pedreras.

El Senador panista argumentó que a diferencia de lo que ocurre en otras entidades como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche y Baja California, en Nuevo León no se pagan recursos s por la explotación de los cerros.

“En resumidas cuentas, se estaña destruyendo la salud de los habitantes, los cerros, el ambiente, y todo ello sin contar con un recurso que permita resarcir de alguna forma estos daños”, dijo Fuentes en el Senado.

El punto de acuerdo, también solicita que la Federación intervenga de manera urgente y que el Gobierno estatal de Nuevo León implemente medidas cautelares para mitigar el daño de las pedreras y ordenar operativos de inspección, suspensión y clausura de las mismas.

Por su partem la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos, propuso una reforma a la Ley Ambiental para que no se autoricen pedreras que hayan comenzado actividades de manera irregular.

(Con información de Grupo Reforma)

Avanza remoción de Fiscal de Veracruz

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La remoción del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, avanzó en el Congreso del Estado.

Con 39 votos a favor y 11 en contra, los legisladores aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto para adicionar la fracción XLIV al Artículo 33 de la Constitución que se refiere a la designación y remoción del Fiscal General.

Con esta modificación, los diputados tendrán la facultad de remover del cargo al actual Fiscal con los votos de las dos terceras partes del Congreso.

Tras la asunción de Cuitláhuac García como Gobernador, la bancada de Morena buscó en el Congreso la forma para remover al Fiscal, quien fue designado por nueve años en 2016.

El presidente de la Mesa Directiva José Manuel Pozos, instruyó remitir el dictamen a todos los ayuntamientos del Estado para su análisis y que informen el sentido de su voto.

Winckler inició procesos contra más de 60 funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

No obstante, en los últimos días tres altos ex funcionarios han sido liberados para enfrentar su proceso en libertad.

El hecho desató una serie de comentarios entre el Gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal General.

Aprueba Congreso del Estado Contralor interno

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Con 33 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el Congreso Local aprobó la figura de Contralor.

Lo anterior fue criticado por Luis Donaldo Colosio, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien estuvo acompañado de sus compañeros de bancada así como de Ivonne Bustos, coordinadora del Partido Verde; Tabita Ortiz, del Partido Encuentro Social; así como los diputados de Morena, Claudia Tapia y Arturo B. de la Garza, quienes se sumaron a la causa y coincidieron en que no se contemplaron los requisitos para garantizar su autonomía poniendo así un “Contralor a modo”.

Colosio expresó que el Contralor será designado por los coordinadores de las bancadas además de no contar con un mecanismo para denuncia y defensa.

“Contralor malhechor eso es lo que se acaba de aprobar el día de hoy en el Congreso del Estado, hoy votamos un dictamen que no buscaba sustituir el dictamen para una Contraloría, buscábamos darle más atribuciones a los contralores, mayor transparencia y mayores requisitos de legibilidad.

“Que no fuera solo una persona en una mesa oscura avalada por la Cocri, sino que fuera una convocatoria pública, es el pleno del Congreso quien tenía la última palabra y el día de hoy se le negó esa decisión”, comentó Colosio.

Dicha iniciativa fue presentada por el priista Francisco Cienfuegos ante la Comisión de Legislación.

Al respecto Manuel Cavazos, integrante de la comisión, defendió la creación del órgano al señalar que se trata de un avance y poder así sancionar malas conductas, así mismo dijo aún puede tener modificaciones.

“El Contralor no estará a modo de ningún partido político, éste será aprobado en el pleno del Congreso y no en lo oscurito, es un gran paso formar esta figura, en su momento vendrá, habrá un nombramiento que se hará de manera transparente, es una figura que pone a Nuevo León en punto de lanza”, concluyó Cavazos.