“No vivimos una época de terror”.- González Garza

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Con la participación del Secretario General de Gobierno, Manuel González, y del Secretario de Seguridad, Bernardo González Garza, arrancó en el Congreso local el análisis de la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Jaime Rodríguez.

Durante su comparecencia frente a diputados locales, González Garza aseguró que no se vive “una época de terror”, sino que los crímenes que se registran son vinculados a la pugna entre grupos delincuenciales.

Indicó que el delito de homicidio doloso presenta una reducción considerable, sin embargo admitió que el delito que sí registra un incremento del 10 por ciento es el de homicidio vinculado a la delincuencia organizada.

“El homicidio doloso en orden común tiene una reducción en nuestro Estado, el delito que presenta un aumento es son los homicidios vinculados a la delincuencia organizada“, indicó.

Además dijo que incrementaron las cifras de detenidos, toda vez que en 2017 se registraron 11 mil 700 casos e incrementaron para 2018 con 14 mil detenidos en el Estado.

Aseguró que la Policía Estatal es líder a nivel nacional, al ser la corporación más confiable, según informes del INEGI.

González Garza también señaló que cada mes se integran 100 policías estatales, sin embargo no especificó cuántas bajas presenta la corporación en ese mismo lapso.

Aclaró que se busca que de esa cantidad, el 70 por ciento sean habitantes de Nuevo León y el resto ciudadanos de otras entidades, con la finalidad de conocer las problemáticas que se viven diariamente.

Con cambios senadores apoyan extinción de bienes

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Senadores del PRI, PRD, PAN y MC se dijeron a favor de aplicar la extinción de dominio a bienes involucrados en actos de corrupción como lo propuso Morena, aunque con varios cambios.

En entrevista, la senadora priista Vanessa Rubio indicó que si bien toda iniciativa que busque tomar medidas justas en procesos contra corrupción debe ser apoyada, aclaró que el PRI impulsará otro enfoque.

“La extinción de dominio requiere ser más inmediata, no al final del juicio, sino al inicio del juicio. Hay muchas muestras a nivel internacional, en el grupo de acción financiera fue uno de los ejemplos que nos pusieron”, detalló.

“Nosotros vamos a trabajar en una ley específica de extinción de dominio que hemos venido señalando desde hace varios meses. Existe la ley de extinción de dominio en México, lo que necesitamos es hacerla más efectiva, más eficiente”.

Damian Zepeda, coordinador del PAN en el Senado, refirió que el partido también tiene sus propuestas en la materia que estarán presentando en las siguientes semanas.

“Si tú revisas ahorita lo que se ha logrado recuperar por vía extinción de dominio, es ridícula la cifra. No funciona”, señaló.

“En países como Colombia se utilizó con gran éxito contra la delincuencia organizada y puede ser utilizado contra la corrupción“, añadió.

Coincidió en que se debe agilizar el decomiso de bienes y apuntó que, en comisiones, emitirán sugerencias de modificaciones para la iniciativa que Morena presentó.

“Lo que tenemos que hacer es que sea una figura con dientes, o sea, que de manera muy sencilla el Estado mexicano puede extinguir dominio, tanto de delincuencia organizada, como de corrupción, como todo delito”, dijo.

“Que cualquier persona que no puede explicar de dónde salen esos bienes, pues se le sean quitados. Creo que va en el sentido correcto, nosotros tenemos también propuestas al respecto”.

El vicecoordinador de la bancada del PRD, Juan Zepeda, adelantó que la siguiente semana también hará propuestas.

“No solamente nos vamos a unir, la vamos a enriquecer”, expuso.

“Si se demuestra que allí se está llevando a cabo una actividad ilícita, venta de droga que es narcotráfico, venta de autopartes, el tema de trata de blancas“, ejemplificó.

Al respecto el senador del MC, Samuel García, indicó que en el movimiento naranja se apoyará esta propuesta.

“Adelante. Toda la agenda anticorrupción que en mucho coincidimos con Morena, vamos a ir a empujarla”, aseguró.

“Tenemos que cerrar todo el círculo. Muerte civil, ir por los factureros y empresas fantasma, extinción de dominio, imprescriptibilidad por delitos de corrupción y una agenda completa que queremos sacarla en este periodo“.

PGR reclasifica delito a Javier Duarte por falta de pruebas

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Tras acabar el plazo de un año que un juez federal dio para investigar, la PGR acusó formalmente al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de lavado de dinero y asociación delictuosa y pidió que se abra juicio en su contra. Sin embargo, la Procuraduría retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que era el único que ameritaba su prisión preventiva automática.

La PGR informó este miércoles a través de un comunicado que al valorar las pruebas contra Duarte “determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación”.

Lo anterior abre la puerta a los abogados de Duarte para que  (en una futura audiencia) soliciten al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no.

El delito de lavado de dinero es uno de los que PGR imputó al ex mandatario desde la audiencia inicial realizada en julio del año pasado, y por los cuales consiguió que se le vinculara a proceso. El otro delito inicial era el de delincuencia organizada, sin embargo, en la acusación formal presentada ayer este ilícito fue reclasificado al de asociación delictuosa.

Bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio el Ministerio Público tiene la facultad de modificar o incluso retirar una imputación que haya hecho de forma inicial. Esto se debe a que los delitos que se señalan en las audiencias iniciales, como la que enfrentó Duarte el año pasado, se establecen a partir de datos preliminares.

Luego de la audiencia inicial viene el periodo de investigación complementaria, fijado dentro de un tiempo límite por el juez, en donde el Ministerio Público debe reunir pruebas con las cuales pretende sostener el caso ante un juez. De ahí que los fiscales tengan la posibilidad de modificar un caso a partir de la evidencia que logren reunir o no.

En el caso de Javier Duarte este periodo de investigación complementaria se extendió por un año debido a que la PGR pidió seis meses iniciales al juez para trabajar el caso, y luego fue la defensa la que pidió seis meses más.

De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría utilizado para gastos personales y en propiedades.

Ejecutan al hermano del Jefe de la Oficina del Gobernador de Tamaulipas

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Tan solo unas horas después de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que seguirá con su lucha frontal en contra del narcotráfico en la entidad, ayer por la tarde en Reynosa fue asesinado el hermano de Víctor Manuel Sáenz, Jefe de la Oficina del Gobernador de Tamaulipas.

Heriberto Giram Sáenz Martínez, de 45 años fue acribillado con siete balazos a las afueras de las oficinas del Periódico Hora Cero, en el crucero de la carretera Ribereña con la Calle Rivera Central de la Colonias Riveras de Rancho Grande, alrededor de las 18:30 horas.

De acuerdo a testigos, dos sujetos dispararon desde un vehículo y huyeron.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la breve visita de Sáenz Martínez a las instalaciones del diario.

El domingo pasado en un video en sus redes sociales, el gobernador de la entidad y quien fuera alcalde de Reynosa, advirtió que continuará con su lucha en contra del crimen organizado.

“La acción decidida de mi Gobierno para combatir a la delincuencia no se va a parar. Estamos enfrentando como nunca a todos los grupos de la delincuencia organizada y en eso estamos trabajando. Estamos avanzando en forma gradual pero sólida”, dice el tamaulipeco en el video.

Oposición reclama inseguridad y corrupción a Osorio Chong

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Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) reclamaron al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)Miguel Ángel Osorio Chong, por los problemas en materia de inseguridad y los escándalos de corrupción.

Durante la comparecencia de Osorio Chong en el Senado, la senadora Adriana Dávila del PAN manifestó que el país atraviesa por una de las etapas más críticas en materia de seguridad y que la sociedad no confía en sus autoridades por los problemas de corrupción que existen en las instituciones.

Asimismo, agregó que existen organizaciones civiles dedicadas con el tema de trata de personas que se han visto beneficiadas con contratos por parte del gobierno federal, por lo que pidió una investigación puntual al respecto.

Al respecto, el senador Alejandro Encinas aseguró que es un fracaso la política de seguridad del gobierno federal, y detalló que su principal error fue concentrar las tareas de seguridad con las de política interior al inicio del sexenio.

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña del PRD, reclamó que a finales del sexenio aún no hay una política efectiva para la profesionalización y capacitación de los policías, ya que estos continúan generando desconfianza a la ciudadanía, y agregó que la diversidad de la delincuencia organizada va en aumento.

La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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