Desaparecidos en México: mujeres y jóvenes una crisis sin visión ni voz

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“México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y re victimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, destacó Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.

Los feminicidios, los homicidios, la tortura y un sinfín de temas de seguridad en nuestro país, pero hay un tema en particular que no solamente no se ha abordado con seriedad, sino que sostiene una deuda dolorosa y una carga inmensa de incertidumbre legal, emocional y estatal, hablo de los miles de casos de personas desaparecidas a lo largo de los últimos años.

Los desaparecidos en México deben ser un tema primordial en la agenda de seguridad del próximo gobierno federal, puesto que independientemente del dolor individual de cada víctima debemos destacar que este dolor se multiplica al saber que la mayoría de estos casos son mujeres y jóvenes…

En el periodo de enero de 2008 a octubre de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportaba 8 mil 495 mujeres desaparecidas en todo el país. En el año 2016 se registró poco menos del 20% de estas, mientras que hasta octubre del 2017 la cifra es mayor a la correspondiente al mismo periodo del año anterior, por lo que se prevé que el número de desaparecidas durante 2017 sea mayor al año previo. De estos casos, en el 10 por ciento se desconoce el municipio donde sucedió la desaparición.

Las entidades en donde se han registrado mayor número de desapariciones de mujeres son el Estado de México con 2 mil 024, Tamaulipas con mil 245, Puebla con 855, Nuevo León con 657 y Sinaloa con 365.

Ana Lorena Delgado, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho indicó, que en lo últimos doce años se reportaron oficialmente al menos 5 mil 452 menores desaparecidos de los cuales 3 mil 217 son niñas y 2 mil 235 niños, “esta cifra representa el 18 por ciento del total de casos de desaparición de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas”.

Pocas de estas víctimas aparecen muertas meses después de investigación y la mayoría siguen como “desaparecidas”. 

No podemos seguir viviendo en un país que no garantiza seguridad ni certidumbre, estamos en un momento crítico y alarmante.

Por obvias razones, la ONU-DH considera que México necesita que el Gobierno ponga en marcha un plan para la implementación de la Ley de desapariciones que dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas.

No creo que exista peor dolor ni sentimiento para una madre que no saber dónde o que pasó con su hija o hijo… a veces muchas de estas madres lo único que piden a nuestras autoridades es saber si por lo menos hay una investigación en curso.

Si más de 8 mil mujeres desaparecidas no son suficientes para que los gobiernos entiendan la gravedad del asunto ya no entiendo nada.

Las carpetas de investigación deben de dejar de ser “carpetas infinitas”.

La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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