Solicita PEMEX préstamo para comprar pipas faltantes

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Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó a través de sus empresas filiales, un préstamo para pagar por las 671 pipas faltantes para fortalecer el abasto de combustibles en el País, con un esquema poco transparente.

PMI Norteamérica prestará la cantidad de 180 millones de dólares a la filial III Servicios, con lo cual se comprarán las pipas que tienen un costo de 92 millones de dólares, según lo explicó Rocio Nahle, titular de la Secretaría de Energía.

“Se han firmado cinco memorándum de entendimiento para la adquisición de 671 pipas por un monto de 92 millones de dólares. La empresa que está firmando estos memorándum es III Servicios, una filial de PEMEX”, dijo la funcionaria ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Los términos de las adquisiciones fueron 40 por ciento de anticipo, 30 por ciento contra entrega y 30 por ciento tras la verificación del comprador”, señaló.

Armando Gutiérrez, es el apoderado que esta firmando por parte de III Servicios.

Dicha filial recibió un préstamo de PMI Norteamericana hasta por 18 millones de dólares para el pago de auto-tanques.

“La primera transferencia se realizó el 23 de enero de 2019 por un monto de 71 millones de dólares”, expresó Nahle.

El préstamo fue aprobado por los consejeros de PMI Norteamérica, Saúl Hernandez Legarreta y Jorge Valdez Montoya, el día anterior al pago, en medio de la crisis de abasto de combustibles por el cierre de ductos.

 

 

 

#SeguridadSinGuerra acusa militarización y simulación en Guardia Nacional

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En colectivo #SeguridadSinGuerra rechaza la creación de la Guardia Nacional y acusa que el proceso para dotarla de un mando civil fue una simulación, ya que su naturaleza sigue siendo militar.

“Exhortamos a todas y a todos los miembros del Congreso de la Unión a rechazar el dictamen y las propuestas de modificación hechas, no aprobarlo en el periodo extraordinario que iniciaría el próximo miércoles y replantear la discusión del modelo de seguridad que requiere nuestro país”, dice en un comunicado.

El documento explica que decir que el mando de la Guardia Militar es civil sólo es una formalidad sin sustancia, ya que el dictamen y las propuestas para modificarlo crean un cuerpo de carácter militar que otorga facultades para realizar tareas de seguridad pública.

De acuerdo con el colectivo, el dictamen de la Cámara de Diputados conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos. “Implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de los derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia”, enlista.

Además, explica que las propuestas de cambios en el dictamen le da facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar tareas de seguridad pública al realizar modificaciones en el artículo 21, mientras que en la propuesta para el 13 se establece el fuero militar para la Guardia Nacional.

“Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, hacemos público nuestro informe sobre todo el proceso legislativo de este nuevo proyecto de militarización de la seguridad pública, en el que destacamos la ausencia de la voz de víctimas de la violencia, damos cuenta de lo expresado en las audiencias de la semana pasada y presentamos una propuesta alternativa al paradigma a la seguridad militarizada a partir de 7 elementos imprescindibles”, señala.

INE se ampara: suspenden reducción de salarios

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El Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina del Instituto Nacional Electoral (INE) logró un amparo para que el Poder Judicial suspenda el tabulador de sueldos aprobado por la Cámara de Diputados donde los funcionarios del órgano electoral tendrían disminución de sueldos para no exceder el monto que percibe el presidente de la República.

Se crea Comisión para el ‘Caso Puebla’

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En el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente aprobó la creación de una comisión especial para dar a conocer las investigaciones del accidente donde perdieron la vida Erika Alonso y Moreno Valle.

Dicha Comisión estará integrada por diputados y senadores, esto, a propuesta del senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marin, quien presentó este jueves el punto de acuerdo que respaldaron las bancadas de los demás partidos.

Consideraron como urgente se esclarezca el caso, pues el país merece saber la verdad.

“Es urgente que todo lo que haya alrededor de su trágico accidente llegue a verdades inobjetables”, afirmó Ramirez Marin.

El legislador priista indicó que la comisión especial deberá tener la capacidad de solicitar a las autoridades competentes toda la información que considere necesaria, además de que, cuando lo estime conveniente, podrá llamar a reunión a autoridades federales, estatales y municipales.

(Con información de Reforma)

Urge definir creación de la Guardia Nacional, Fasci

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El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua pidió al Congreso de la Unión definir la creación de la Guardia Nacional.

El funcionario estatal dijo que la incertidumbre no deja avanzar en materia de seguridad a los estados porque constantemente tienen que realizar cambios.

Tras llevar a cabo la reunión de seguridad número 25, aseveró que era urgente definir si se llevará a cabo o no porque no pueden avanzar ya que están divididos entre lo que queda de la Policía Militar y los militares que laboran en la zona rural.

“La forma en que trabajamos con ellos es muy diferente, cambia constantemente, el primer respondiente con la Policía Militar está muy bien definido, pero con el Ejército no, entonces llegan a tener un enfrentamiento y tenemos que estar ahí con ellos, por los informes policiales y evidencias, para luego los procesos consecuentes”.

“El tema de la Guardia Nacional es que están preparando a personal altamente capacitado desde el punto de vista táctico para ser policías de llenar los informes y tener conocimiento legal, de preservar escenas del crimen y eso es lo que haría el cambio importante en el país, critican que será una policía militarizada, yo diría que son militares policias, gente altamente capacitada que además tendrán entrenamiento desde el punto de vista jurídico, derechos humanos, preservación de la escena del crimen, etc”, refirió.

Reiteró que debido a que aún no definen la Ley para la Guardia Nacional se siguen haciendo ajustes de vigilancia.

“Constantemente tenemos que hacer cambios en materia de operatividad, todos los días hay cambios y no podemos avanzar así”.
“Tenemos que estar adaptando día a día, que definan de una vez si va a ver o no, sin estas reuniones que estamos haciendo quién sabe cómo nos estaría yendo ahorita”, expresó.

Guardia Nacional y Fiscal General, temas urgentes para enfrentar la inseguridad: Martí Batres

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La Guardia Nacional y la designación del fiscal general de la República son dos de los grandes temas relacionados con la seguridad pública que tratará el Congreso de la Unión próximamente, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres en conferencia de prensa.

Si así lo decide la Comisión Permanente, acotó, la respectiva reforma constitucional para este tema se tratará en un periodo extraordinario de sesionesa mediados de enero.

Sobre el próximo o la próxima fiscal general de la República, consideró que la honestidad, el respeto a los derechos humanos, la voluntad y determinación en la lucha contra la delincuencia, son las principales características con que debe contar.

“Es deseable” que los aspirantes para ocupar dicho cargo comparezcan ante la Comisión de Justicia, como ha sucedido en todas las designaciones. “Es un ejercicio republicano importante, sobre todo para que se puedan conocer los puntos de vista”, expresó.

Batres también hizo un llamado a los partidos políticos para alcanzar un acuerdo para reducir su presupuesto.

Explicó que el Gobierno de la República no podía tomar una decisión unilateral en esta materia, porque hay una fórmula en la Constitución de la que se deriva el reparto de los recursos públicos a los partidos políticos.

“Los partidos políticos también tienen que entrar en el proceso de la austeridad”. Si le estamos demandando a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo este tipo de medidas, si hay un debate con los órganos autónomos sobre este tema, “pues también los partidos políticos tienen que tomar medidas al respecto”, consideró.

SCJN falla a favor de empleadas domésticas, contarán con Seguridad Social

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

Este miércoles, la SCJN aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó queno existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual, consideraron “provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.

“Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, según el Inegi)”, detalló la Corte en un comunicado.

De acuerdo con la SCJN, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de extensas jornadas, bajos salarios y condiciones lejanas del concepto “trabajo digno”, lo que implide a los trabajadores acceder a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias”.

Por ello, concedió el amparo con el que se hará de conocimiento al IMSS de esa situación discriminatoria, y ordenará que en un plazo prudente (primer semestre de 2019) el Instituto implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Este esquema deberá contemplar facilidades administrativas que les permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales, y tendrá que ser de fácil implementación para los patrones, que en su mayoría son amas de casa o padres de familia.

De acuerdo con el amparo concedido, la inscripción no será de carácter voluntario, sino obligatorio.

En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

La Corte estima que en un plazo no mayor a tres años se logrará obtener la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” para todas las empleadas domésticas en el país.

En respuesta, el nuevo director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que acatarán inmediatamente la resolución.

“He ordenado a la la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado”, explicó el funcionario.

También dijo haber ordenado al área de Vinculación iniciar un diálogo con organizaciones civiles para hacer un trabajo “integral, puntual y claro” al respecto.

El Amparo Directo 9/2018 fue interpuesto por una trabajadora del hogar que exigió el reconocimiento de prestaciones como indemnización constitucional, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario, así como una inscripción retroactiva ante el IMSS.

Desde hace siete años, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en favor de las trabajadoras del hogar; sin embargo, este nunca fue enviado al Senado para su ratificación, y continúa sin hacerlo, a pesar de las críticas y exigencias de organizaciones sociales y trabajadoras del hogar.

Este miércoles, la senadora Patricia Mercado informó que recibieron en el Senado a un grupo de trabajadoras del hogar, con quienes se está trabajando una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo, pues hoy “laboran bajo un régimen de excepción”.

Víctor Fuentes pide mantener tarifas de transporte público en 2019

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Para buscar que no se incremente la tarifa del transporte público en Nuevo León, el Senador Víctor Fuentes Solís pidió al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, que se comprometa a mantener los precios en el 2019.

A través de una carta entregada en el Palacio de Gobierno, Fuentes Solís destacó que una de las alternativas es la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, lo cual es una es una propuesta de la siguiente administración federal, por lo cual se espera que en la Ley de Ingresos para el siguiente año no se contemple como forma de recaudación.

“Que nos defina concretamente si en caso de que se elimine, como ha sido propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el IEPS a los combustibles, con esto suspendamos el incremento al transporte público de Nuevo León en el siguiente año”, expresó.

“Nosotros estaremos esperando a que cumpla, que la propuesta que envíe, al Congreso de la Unión y que tendrá que ser revisada en el Senado, ya no aparezca el IEPS en los combustibles”, añadió.

“De no ser así, pues nosotros en el debate y en la discusión, en el trabajo propio en comisiones y en el pleno, estaremos exigiendo que se elimine para todos los combustibles, si no haremos lo posible porque se elimine los que utilizan los combustibles”.

Aseveró que en el caso de que aún se contemple el IEPS para el 2019, se podrían buscar otras alternativas, como lo que es un subsidio al transporte, figura que se tiene en la Ciudad de México.

“El Gobierno de Nuevo León para el siguiente año tendrá un presupuesto histórico”, mencionó, “tendríamos que trabajar y tengo la seguridad que los diputados locales encontrarán el mecanismo para encontrar algún tipo de subsidio al transporte público de pasajeros y no se incremente para los que menos tienen”.

Fuentes Solís destacó que desde el Senado de la República ya se envió un exhorto al Gobernador para que no se incremente la tarifa del transporte público que se contemplaba para el último trimestre de este 2018, el cuál fue suspendido.

Además, invitó a Rodríguez Calderón para trabajar en equipo en favor del Estado.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN

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Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.

Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño.

Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.

El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.

En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Optimo y Alto potencial.

Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.

Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.

“Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas -afirmó- es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir”.

En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.

Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos.

En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.

Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias.

El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad.

También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. “Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones”.

En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, “pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa”.

Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, “pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos”.

(Con información de Animal Político)