SCJN falla a favor de empleadas domésticas, contarán con Seguridad Social

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

Este miércoles, la SCJN aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó queno existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual, consideraron “provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.

“Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, según el Inegi)”, detalló la Corte en un comunicado.

De acuerdo con la SCJN, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de extensas jornadas, bajos salarios y condiciones lejanas del concepto “trabajo digno”, lo que implide a los trabajadores acceder a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias”.

Por ello, concedió el amparo con el que se hará de conocimiento al IMSS de esa situación discriminatoria, y ordenará que en un plazo prudente (primer semestre de 2019) el Instituto implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Este esquema deberá contemplar facilidades administrativas que les permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales, y tendrá que ser de fácil implementación para los patrones, que en su mayoría son amas de casa o padres de familia.

De acuerdo con el amparo concedido, la inscripción no será de carácter voluntario, sino obligatorio.

En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

La Corte estima que en un plazo no mayor a tres años se logrará obtener la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” para todas las empleadas domésticas en el país.

En respuesta, el nuevo director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que acatarán inmediatamente la resolución.

“He ordenado a la la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado”, explicó el funcionario.

También dijo haber ordenado al área de Vinculación iniciar un diálogo con organizaciones civiles para hacer un trabajo “integral, puntual y claro” al respecto.

El Amparo Directo 9/2018 fue interpuesto por una trabajadora del hogar que exigió el reconocimiento de prestaciones como indemnización constitucional, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario, así como una inscripción retroactiva ante el IMSS.

Desde hace siete años, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en favor de las trabajadoras del hogar; sin embargo, este nunca fue enviado al Senado para su ratificación, y continúa sin hacerlo, a pesar de las críticas y exigencias de organizaciones sociales y trabajadoras del hogar.

Este miércoles, la senadora Patricia Mercado informó que recibieron en el Senado a un grupo de trabajadoras del hogar, con quienes se está trabajando una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo, pues hoy “laboran bajo un régimen de excepción”.

Víctor Fuentes pide mantener tarifas de transporte público en 2019

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Para buscar que no se incremente la tarifa del transporte público en Nuevo León, el Senador Víctor Fuentes Solís pidió al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, que se comprometa a mantener los precios en el 2019.

A través de una carta entregada en el Palacio de Gobierno, Fuentes Solís destacó que una de las alternativas es la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, lo cual es una es una propuesta de la siguiente administración federal, por lo cual se espera que en la Ley de Ingresos para el siguiente año no se contemple como forma de recaudación.

“Que nos defina concretamente si en caso de que se elimine, como ha sido propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el IEPS a los combustibles, con esto suspendamos el incremento al transporte público de Nuevo León en el siguiente año”, expresó.

“Nosotros estaremos esperando a que cumpla, que la propuesta que envíe, al Congreso de la Unión y que tendrá que ser revisada en el Senado, ya no aparezca el IEPS en los combustibles”, añadió.

“De no ser así, pues nosotros en el debate y en la discusión, en el trabajo propio en comisiones y en el pleno, estaremos exigiendo que se elimine para todos los combustibles, si no haremos lo posible porque se elimine los que utilizan los combustibles”.

Aseveró que en el caso de que aún se contemple el IEPS para el 2019, se podrían buscar otras alternativas, como lo que es un subsidio al transporte, figura que se tiene en la Ciudad de México.

“El Gobierno de Nuevo León para el siguiente año tendrá un presupuesto histórico”, mencionó, “tendríamos que trabajar y tengo la seguridad que los diputados locales encontrarán el mecanismo para encontrar algún tipo de subsidio al transporte público de pasajeros y no se incremente para los que menos tienen”.

Fuentes Solís destacó que desde el Senado de la República ya se envió un exhorto al Gobernador para que no se incremente la tarifa del transporte público que se contemplaba para el último trimestre de este 2018, el cuál fue suspendido.

Además, invitó a Rodríguez Calderón para trabajar en equipo en favor del Estado.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN

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Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.

Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño.

Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.

El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.

En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Optimo y Alto potencial.

Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.

Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.

“Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas -afirmó- es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir”.

En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.

Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos.

En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.

Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias.

El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad.

También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. “Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones”.

En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, “pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa”.

Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, “pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos”.

(Con información de Animal Político)

Declara la SCJN inconstitucional la Ley de Seguridad Interior

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, esto a casi un año que fue promulgada por el gobierno federal.

El ministro Fernando Franco González, aseveró que el tema de seguridad interior es una facultad del Presidente de la República, quien deberá motivar sus decisiones y apegarse a la Constitución, así como a los tratados internacionales.

“El Congreso de la Unión no tiene competencia para emitir la Ley de Seguridad Interior; no obstante, debo precisar que la disposición por el Presidente de la República de las fuerzas armadas permanentes como los señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundados y motivados su acto, ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas en que se encuentra involucrados México, las cuales este tribunal pleno ha reconocido que nos son obligatorias”, dijo el ministro en la la sesión de este jueves.

Por su parte el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se pronunció a favor de impulsar una nueva ley, ya que en una legislación desarticulada podría generar un mal mayor y destacó que no debe normalizarse el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

“Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma, completa, integral, estructurada, que sea congruente y que dé certeza jurídica. En ese sentido me inclinare por pronunciarme por la invalidez de esta norma”, sugirió el Ministro Presidente de la SCJN.

Mientras tanto, Jorge Pardo Rebolledo, afirmó que no comparte la visión de quienes aseguran que dicha legislación busca regular aspectos en materia de seguridad pública o empedrar a las fuerzas armadas.

“Una legislación que me parece que es necesaria, que nuestro contexto y realidad social exige y que también me parece indispensable para salvaguardar, en primer lugar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país, como también darle un marco regulatorio a las propias fuerzas armadas para que sepan cuáles son los límites y cuáles son los lineamientos que deben seguir cuando intervengan en este tipo de acción. Concluyó diciendo que la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, ni menos empoderando a las fuerzas armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”.

La Ley de Seguridad Interior quedo invalidada por mayoría de nueve votos.

#Kleroterion: “Lo que tendría que ser…”

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El periodo de Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, está a la vuelta de la esquina, por lo que en este momento se encuentra en un estudio muy preciso cómo debe repartirse el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, dicha asignación se realiza para los Ramos Administrativos, Ramos Generales, Entidades Productivas del Estado, Entidades de Control Directo, Ramo 32, Ramo 40 y Ramos Autónomos.

Sin embargo, respecto a los ramos generales, es importante saber qué tan justa es la designación de recursos y/o presupuesto a los estados, en el entendido lógico de que mientras mejor recaudación se tenga a través de las entidades federativas, respecto a la Ley de Ingresos del ejercicio anterior, dependería de la mejor designación de presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal, es por esto, que me referiré específicamente a mi estado, Nuevo León.

Como primera aportación podemos decir que Nuevo León, es de los estados que durante muchos años ha tenido mayor participación respecto a la recaudación de impuestos (IEPS, IVA e ISR) en materia federal, por debajo de la CDMX y el EDOMEX, reportando más de 200 mil millones de pesos, sin embargo, de esta gran recaudación que el estado consigue, se reintegran aproximadamente 66 mil millones, por lo que es notoria la inequidad de asignaciones presupuestales, ya que recibe menos del 30 porciento de lo aportado. 

Es importante mencionar que tenemos muchos antecedentes respecto a esta inequidad, por ejemplo, en 2014 recibió aportaciones federales por 3,752.1 pesos per cápita, mientras que el promedio nacional era de 4,946.1, por lo de desde ese año era necesario fortalecer esta práctica, para que se permita mejorar la gestión de recursos, con el Congreso de la Unión y por supuesto, con la Administración Pública Federal y sobre todo tener una relación de estricta vigilancia  dentro del Sistema Nacional de Coordinación, para solicitar esquemas de asignación mas equitativos, reconociendo de manera efectiva la gran contribución que realiza el estado, lo que implica una gran aportación para el desarrollo del país.

Se entiende muy bien el procedimiento para la negociación del paquete económico, por lo que la Administración Pública Estatal, se presiona de manera constante, ya que los recursos que proporciona son necesarios y vitales para poder operar de manera eficaz en las diversas necesidades de la Nación, por lo que Nuevo León se vuelve una entidad económicamente relevante en el contexto nacional, otro ejemplo más, es que tan solo de 2003 a 2016, ha contribuido con el 10.2 por ciento del PIB manufacturero, asimismo en este mismo año, aporto 7.2 por ciento del PIB nacional. 

Otro factores que debemos reconocer de nuestro Estado y que hace que nuestra aportación a la Federación sea muy fuerte, es sin duda el empleo, ya que la entidad genera empleos de buena calidad y bien remunerados, cabe mencionar que el 60 por ciento de los empleos en el estado tiene acceso a la salud. Ahora bien, respecto al ingreso por hogar, el ciudadano neolonés, tiene el mayor a nivel nacional, su ingreso mensual es de 29 mil 217 pesos, cuando el nacional es de 15 mil 507, por otra parte el desarrollo económico de la entidad, es impulsado por la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera, incrementado un 2.6 por ciento en flujos de inversión extranjera directa, así como tener el 17 por ciento de las exportaciones fronterizas, ocupando el 4to. lugar a nivel nacional, por sólo mencionar algunas.

Derivado de lo anterior, estamos convencidos que ha existido una inequidad para nuestra estado, respecto a la designación de recurso federales, si hacemos un promedio y/o balance resulta que por cada peso que Nuevo León aporta a la Federación, se reintegran en promedio de 29 a 33 centavos, si comparamos otros estados fronterizos como Baja California o Chihuahua reciben en promedio, 76 y 97 centavos respectivamente y tenemos otros ejemplos que para el estado son totalmente desfasados como el de Chiapas, que por cada peso recaudado, recibe 9.73 pesos, o el de Guerrero, que recibe 14.67 pesos; por supuesto en ningún momento se soslaya el esfuerzo o las aportaciones de todos los estados, me refiero específicamente a lo asignado para los respectivos ejercicios fiscales.

En mi opinión, veo reflejada una discriminación mayor en esta administración, por ejemplo en 2015, se recibieron por concepto de infraestructura,  9 mil 69 millones, en 2016, 3 mil 7 millones, en 2017, mil 975 millones, así como 2 mil 621 millones en el corriente, sabiendo  que nuestro estado genera casi el 10 por ciento del los recursos que el país recauda, otro ejemplo fue respecto a las asignaciones presupuestales para programas y proyectos de inversión federal durante este sexenio, donde se designaron 37,053,609,60 pesos, la más baja en comparación con otros estados que aportan de manera significativa a la Federación, como CDMX, EDOMEX y Jalisco, cuando al cierre del segundo trimestre de 2018, los ingresos totales del estado ascendieron a 54 mil 560 millones de pesos, un incremento de 3.3 por ciento, además de tener un ahorro y austeridad de 5,750 mdp, así como en 2016, de acuerdo al IMCO, fuimos el tercer estado con el menor gasto público en comunicación social, después de Colima y Tlaxcala.

Muchos han considerado como opción el abandonar el Pacto Federal, pero estoy convencido que la solución es simplemente la asignación justa de recursos, por lo que una propuesta viable es modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que el reparto sea más justo, la ventaja es que en estos meses se está vislumbrando un cambio benéfico para el estado, ya que se tiene la oportunidad de que el Gobierno entrante nos ayude, pues el propio presidente electo y los futuros secretarios nos han demostrado apertura y equidad en muchos aspectos, como en la designación de recursos, así como de los diputados federales, coincidiendo que el estado debe y tiene la necesidad de recibir más recursos.

Concluyo diciendo que no se piden porcentajes irracionales, ni cifras incoherentes, lo anterior es para poder seguir aportando al crecimiento y prosperidad de la Nación, sabiendo que Nuevo León tiene como una de sus banderas principales el desarrollo y la prosperidad, es así que simplemente se solicita lo que tendría que ser…

Consulta sobre NAIM es ilegal de origen.- PRD

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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que la consulta que el próximo Gobierno aplicará sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es de carácter “inconstitucional e ilegal”.

Por voz de su presidente, Manuel Granados, el partido del sol azteca consideró que el ejercicio tiene un vicio de origen, en tanto que no lo convocará, como lo marca la Constitución, el Congreso de la Unión.

“Esta consulta es ilegal de origen porque la convoca un ciudadano, aunque sea el Presidente electo; porque la organizará un partido político, Morena; porque el cómputo lo realizará una asociación civil, y porque sólo se convoca a una parte de la ciudadanía, la que habita en 538 municipios”, argumentó el dirigente.

Granados explicó que, para promover una consulta, la convocatoria la debe formular el Congreso de la Unión, mientras que la petición debe provenir del Presidente de la República en funciones.

La organización, el desarrollo, la vigilancia, el cómputo y la publicación de los resultados de la consulta deben ser manejados por el INE.

“Nada de la Constitución, nada de la Ley Federal de Consulta Popular, se está respetando. Por eso afirmamos que la consulta sobre el nuevo aeropuerto es inconstitucional e ilegal”, aseguró el presidente del sol azteca.

Monreal pide apartar tabúes y revisar despenalización de drogas

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El presidente de la Junta de Coordinación Política del SenadoRicardo Monreal, aseguró que el Congreso de la Unión debe dejar de lado los tabús y los mitos para entrar a revisar de inmediato la despenalización de las drogas.

Al participar en el Primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018, el senador por Morena destacó que mientras en algunos estados de la Unión Americana ya está permitida la venta y consumo de marihuana, en México nos encontramos en una guerra cruenta contra las drogas.

Señaló, en este sentido, que ha llegado el momento de analizar la despenalización de estupefacientes, sin el ánimo del que el tema sea “intocable”.  

Ricardo Monreal recordó que hace unos días se presentó una iniciativa para despenalizar el uso de la amapola y eliminar la prohibición de su siembra.

Indicó que estos temas ya están ingresando al Congreso de la Unión y serán ineludibles, por lo que se tratarán desde el punto de vista académico y de salud.

Finalmente, el senador por Morena reconoció que el tema de la inseguridad será el reto de mayor dificultad que enfrentará el nuevo gobierno.

Y es que, señaló, existen territorios completos sin control institucional de ninguna autoridad y bajo el dominio del crimen organizado en entidades como Tamaulipas, Guerrero y el Estado de México.

No es lo mismo ser oposición a ejercer el poder como gobierno

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Morena está sintiendo la presión de ejercer el poder con la realidad de no cumplir al 100% sus promesas.

A casi 3 meses del 1 de julio, ya con el cambio en el Congreso de la Unión, lo que estamos viendo es un adelanto en el cambio de poderes. Enrique Peña Nieto ha desaparecido desde que dio su último informe de gobierno, si no es que había desaparecido ya, opacado por la figura de López Obrador. 

Hoy prácticamente todos en México ven a Morena y a AMLO como el gobierno en funciones. Esto se potencia más con el cambio en el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados tienen un control casi absoluto. 

Pero no es lo mismo prometer que ejercer el poder y cumplir los compromisos. El nuevo gobierno y su congreso se han enfrentado a distintas realidades, haciéndoles ver que no será fácil conseguir su anhelada cuarta transformación. 

Entre decisiones controversiales, como el apoyo a Manuel Velasco para que obtuviera su licencia y volviera como gobernador, o el que la disminución al salario de los diputados se discutirá hasta el próximo año, hay ciertos sin sabores que le pueden costar en un futuro al Movimiento de Regeneración Nacional. 

A todo esto hay que sumarle la inexperiencia del nuevo equipo de gobierno, falta coordinación en las decisiones del movimiento. Mientras Esteban Moctezuma organiza foros y asegura que muchas de las cosas en la Reforma Educativa se tienen que mantener, los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia sacan un exhorto para que el gobierno federal suspenda la evaluación docente. 

Hasta el momento no hay puntos rojos y el bono democrático de López Obrador sigue creciendo, pero lo que es un hecho es que la figura de un solo hombre, no bastará para asegurar el buen resultado de las cosas. La inexperiencia, la novatez o lo que sea que esté pasando al interior del nuevo gobierno, deberán matizarse pronto, porque el país no espera y los problemas se deberán atender a la brevedad. 

Paridad numérica

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Muchos aplauden el hecho de que en el Congreso de la Unión hay un número similar de hombres y mujeres, ¿pero con esto ya podemos decir que tendremos una verdadera paridad de género? Técnicamente que exista esta equidad en las Cámaras es producto de las cuotas de género, lo cual no es una medida mal intencionada, pero sólo causan que los partidos llenen las listas de candidaturas con mujeres que puede resultar en dos escenarios: 1) mujeres preparadas que por fin tendrán la oportunidad de poder formar parte de la vida política de México, o 2) mujeres que solo están para cumplir con la cuota, seguir las órdenes de su partido y que no necesariamente tienen la intención de contribuir en la legislación. 

Si nos fijamos en las 18 coordinaciones de bancada sólo una es mujer: Sasil de León por el Partido Encuentro Social en el Senado; y quién sabe si sí se quede debido a que el PES puede perder su registro como partido. En la Junta de Coordinación Política del Senado, 3 de los 11 integrantes son mujeres, y de la Cámara de Diputados todos son hombres. En las Mesas Directivas ya hay un poco más de diputadas y senadoras habiendo dos vicepresidentas de 3 en la Cámara Baja y una vicepresidenta de 3 en la Cámara Alta. Donde sí predominan dentro de las Mesas Directivas es en el puesto de secretarias, donde todas son mujeres a excepción de un hombre en cada Cámara. 

Así como en el próximo gabinete tendremos a Olga Sánchez Cordero, María Luisa Albores e Irma Eréndira Sandoval, que prueban estar altamente preparadas para sus puestos, así también se deberían de formar a todas las mexicanas para que puedan alcanzar su máximo potencial. 

Esperemos que las diputadas resulten ser del primer escenario y demuestren la falta que hacían para poder cambiar la política. No solo puede haber unas cuantas diputadas capacitadas; tienen que ser todas. La representación de las mujeres no se puede quedar en términos numéricos, también tienen que llegar a roles de alto nivel dentro del Congreso para que haya una verdadera paridad de género.