Anuncian diálogo entre colectivas que mantienen toma de sede de la CNDH y Sánchez Cordero

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, visitará este jueves a las 11:00 horas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México para entablar un diálogo con las colectivas que mantienen tomado la sede del órgano autónomo.

La manifestante y madre de una víctima de feminicidio, Yesenia Zamudio, fue quien anunció la reunión con la funcionaria federal.

Cabe recordar que el pasado lunes 14 de septiembre, afuera de las instalaciones de la CNDH se llevó a cabo la “Antigrita”, que consistió en una jornada donde narraron testimonios de violencia de género y lanzaron consignas contra las autoridades.

Por su parte, la CNDH informó en un comunicado que ha buscado acercarse a las colectivas que mantienen tomado el edificio del organismo para iniciar un diálogo.

En respuesta, las mujeres del Frente Nacional Ni Una Menos manifestaron que quieren que se escuche a las madres de las víctimas de feminicidio; además reiteraron que mantendrán tomado el edificio de manera indefinida.

Fue el pasado 2 de septiembre que un grupo de 15 personas arribaron a la sede, en República de Cuba número 60, para una reunión con la ombusperson, Rosario Piedra Ibarra y fue al considerar que no habían recibido una atención adecuado, que decidieron permanecer en las instalaciones.

Las activistas feministas exigen a las autoridades que se resuelvan los casos de desapariciones de personas, así como los feminicidios en el país.

La Marina implicada en desaparición de 27 personas: CNDH

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La Marina fue implicada en la desaparición de 27 personas en 2018 y se le pidió indemnizar a las familias de las víctimas, informó el martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La entidad dijo en una nota que investigó la desaparición en Tamaulipas de 27 personas “detenidas arbitrariamente y desaparecidas (…) por elementos de la Marina”, de las cuales 12 fueron encontradas muertas, y  “logró acreditar” su probable responsabilidad.

La Comisión dijo que solicitó a la Marina “la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación por la desaparición forzada”.

La Marina respondió en cuenta de Twitter que aceptó la petición.

Del grupo de personas desaparecidas, entre marzo y mayo de 2018, “12 fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y ‘entierros clandestinos’, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León”, añadió la CNDH.

La CNDH pidió también a la fiscalía federal que continúe con la búsqueda de “forma exhaustiva” de las 15 personas aún sin localizar e investigue a los marinos señalados por los familiares de las víctimas.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se congratuló por la recomendación de la CNDH.

Autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “habían negado que la Marina hubiese participado en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, dijo a la AFP Ramos.

Añadió que las víctimas pertenecen a “distintos estratos sociales, hay una ama de casa, un panadero, un menor de 16 años (…) y pudiera pensarse que se los llevaron para obtener información de inteligencia”.

Tamaulipas, con costas en el golfo de México y fronterizo con Estados Unidos, es una de las regiones más violentas del país por ser una de las rutas para el trasiego de drogas.

El gobierno de México tiene registro de 73.201 personas desaparecidas, la mayoría tras una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006.

Desde el inicio de dicha estrategia se han registrado más de 290.000 asesinatos, según cifras oficiales pero sin detallar su vinculación con la criminalidad.

(Fuente: AFP)

Titular de la CNDH denuncia amenazas de muerte en su contra

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció este jueves haber sido víctima de amenazas de muerte contra ella y su familia a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, lo cual atribuyó a su labor al frente del organismo defensor.

Piedra Ibarra informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por estos hechos suscitados el pasado 8 de junio.

“El domingo 8 de junio fue víctima de un ataque cibernético, una serie de amenazas vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Las amanezcas eran de varias personas de diversos estados del país y fueron más de cien números telefónicos registrados y documentados, que no solo me amenazaban a mí, sino que involucraban a mi familia”, dijo la activista en conferencia de prensa.

Por otro lado, consideró que las amenazas tiene que ver con su labor en la CNDH y el cambió a una defensora del pueblo, lo que “destapó una campaña mediática donde decían que yo solamente quería atender a los pobres, solo que es falso, ya que es un concepto que engloba a todo al decir defensora del pueblo”.

También señaló que las amenazas surgen a raíz de la investigación que realiza la Comisión por la muerte del joven Giovanni López, quien fue asesinado por la policía el pasado 4 de junio en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

“Las amenazas no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder impedir que en este país no se sigan violentando los derechos humanos”, agregó.

Proponen transformar a la CNDH en la Procuraduría de los Pobres

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso transformar la CNDH en una “Procuraduría de Pobres”.

Piedra Ibarra expuso que a través de una reforma Constitucional al artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes.

En un pronunciamiento con motivo de los 30 años de este organismo autónomo nacional, para justificar su propuesta, Piedra Ibarra, se remitió al año de 1947, cuando se aprobó “la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenían el propósito de proteger a los pobres”.

Argumentó que, en ese entonces, dicho organismo, además de defender los derechos humanos de personas de escasos recursos contra los abusos de una autoridad, contaba con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondería.

“Esa es la tradición del Defensor del Pueblo en nuestro país. y que la hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH y del agotamiento de su modelo de operación. Fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados, algo que no decimos nosotros sino que han documentado infinidad de ONGs y organismos tanto nacionales como internacionales”, se lee en el pronunciamiento.

“Entonces, una parte de la lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas. Reducir los gastos de la Comisión, optimizar los recursos, y centrarnos en lo que nos corresponde hacer: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo”.

Rosario Piedra Ibarra añadió que la tradición internacional, mantiene a los organismos defensores de los derechos humanos, al margen de la competencia de todo tribunal u órgano jurisdiccional, pero también de una conciencia efectiva en la prevención y respeto de los derechos humanos.

Por lo anterior, enfatizó que es tiempo de dejar atrás un modelo que privilegió la promoción y divulgación de los derechos humanos, pero descuidó lo esencial de su misión: su protección y defensa.

 

CNDH solicita parara labores no esenciales de Tren Maya

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para frenar labores no esenciales del Tren Maya.

En un comunicado, el organismo autónomo indicó que las medidas cautelares fueron dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Foantur), derivado de una queja interpuesta por pueblos indígenas de la Península de Yucatán.

Para la CNDH, con la crisis sanitaria por el COVID-19 se actualiza la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de la región.

La medida cautelar estará vigente mientras dure la emergencia, aclaró la CNDH.

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que envió escrito al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo López-Gatell, para que le informen si existen condiciones para viajar a Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco.

“Yo ya quiero reiniciar recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan son los especialistas, el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell me van a decir, yo ay les hice la solicitud porque ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que autoricen ellos”, señaló López Obrador en #LaMañanera.

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Citan a Gerardo Ruíz Esparza y Graco Ramírez en el Congreso por socavón en Paso Exprés.

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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para invitar al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de trabajo en un plazo no mayor a 15 días naturales, para que informen sobre las investigaciones del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

En la sesión de este martes, el pleno votó el punto de acuerdo para que ambos funcionarios se reúnan con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Ernesto Cordero.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las auditorías ya practicadas a la obra referida, a cargo del Consorcio Construcciones Aldesem y Epccor Construcción.

Exhortó a que se incluyan los procedimientos sancionatorios ya iniciados, así como de la viabilidad de realizar una nueva auditoría en caso de detectarse nuevos elementos.

Por último, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en un plazo no mayor a 15 días naturales remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las investigaciones en torno a la muerte de dos personas en ese lugar el mes pasado.

#HojaDeRuta: ¿Segunda Vuelta Electoral es necesaria?

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Decir que la democracia se trata de mayorías es una obviedad, pero decir que un sistema político democrático se trata montar un entramado legal institucional para construir mayorías legítimas, nos acerca más al meollo del asunto. México tiene un serio problema en su forma de construir mayorías consecuencia directa de décadas de autoritarismo expresadas a través del que por mucho tiempo fuera el partido hegemónico y un férreo sistema presidencialista. Pasamos de las mayorías aplastantes pero falsas, propias de un sistema de simulación democrática, a la fragmentación pragmática.

Es cierto que el sistema ha venido cambiando: la oxigenación del legislativo a través de las reformas políticas; estados que comenzaron a vivir alternancia (aunque aún hay otros que tienen casi un siglo sin conocerla); la separación del ejecutivo de la instancia encargada de organizar y vigilar las elecciones; el cambio de sistema político en la capital del país; la existencia de organismos descentralizados como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, sobre todo, la alternancia a nivel presidencial y una mayor separación de poderes. Pero esa luna tiene un lado oscuro que inevitablemente parte de la incertidumbre respecto a la legalidad y, por ende, legitimidad de los procesos electorales. Aunado a esto, los ganadores de las últimas tres elecciones presidenciales han alcanzado un umbral de victoria de 38% en promedio, lo que en términos reales significa que únicamente cerca del 20% de los mexicanos acaban eligiendo a nuestra máxima autoridad.

En este contexto, por supuesto que tiene sentido discutir el establecimiento de la segunda vuelta, pero no por sí misma. Una segunda vuelta no solamente se trata de crear una mayoría más realista y, por ende, legitima. Se trata también de negociar apoyos que se vuelvan coaliciones, lo que en sistemas semi-presidenciales y parlamentarios implica compromisos programáticos e incluso el control de ciertas áreas del gabinete por otras fuerzas políticas. De ahí viene la idea de “formar” gobierno. En un escenario donde el PRI, aun debilitado, logra triunfos con poco más de 30%, la necesidad de cambio es evidente.

Un sistema que acepta mayorías débiles no da incentivos para coaliciones sólidas y hace casi imposible cambiar de gobernantes dentro de los periodos establecidos (que un presidente o un gobernador en México pierdan su puesto es más que difícil). Además este tipo de sistema inevitablemente favorece a la política del dinero y la movilización electoral clientelar sobre la de las ideas y el convencimiento.

Aunque es muy poco probable observar cambios del sistema político de alto calado antes de la elección de 2018, la realidad está marcando el paso a las fuerzas políticas exigiendo la formación de alianzas sustanciosas que no dependan de la coyuntura ni tengan como fin último la mera supervivencia.

Como país urge comenzar a perder el miedo a destruir gobiernos y armarlos de nuevo. Dice un viejo principio taoísta que la rama verde, aunque sea más suave y débil en apariencia, resiste más que la rama seca en apariencia fuerte, pero que se quebrará a la primera ventisca. Este sistema político endurecido, rígido y, sobre todo, drenado de legitimidad, quizá no vaya a romperse de buenas a primeras, pero de seguir por el mismo camino continuará secándose y haciéndose más débil, hasta que un día el viento no le perdonará

El secreto de Antúnez: Los beneficios de la impunidad

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El próximo 19 de marzo se cumplen 6 años del lamentable enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en el cual murieron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Hasta el día de hoy, y a pesar de la exigencia de la sociedad civil regiomontana y del ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, los hechos no han sido esclarecidos.

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública…

Fue el mismísimo actual Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien en ese entonces era comandante de la Séptima Zona Militar ubicada en el municipio de Escobedo, que redacto un informe con fecha de 5 de abril de 2010, con atención “a la superioridad” y con folio 08739.

En el documento al cual Mexicoleaks y el medio de comunicación Proceso tuvieron acceso, el General Antúnez comenta que en la noche del 19 de marzo de ese año, varios individuos en una camioneta tipo Yukón dispararon contra las fuerzas militares en las inmediaciones del Tec de Monterrey sobre la Av. Eugenio Garza Sada, adicionalmente a esto Antúnez escribió, “Descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”.

En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos.

Aunque desde el 20 de marzo del 2010 se había informado que las dos personas abatidas durante el enfrentamiento eran estudiantes del la institución educativa y no miembros del crimen organizado, e incluso el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa enviaron condolencias a las familias de los dos jóvenes a través de un comunicado, el General Antúnez siguió defendiendo la versión de que los dos estudiantes de excelencia habían agredido a los militares.

A 10 días del enfrentamiento el ombudsman nacional, Raúl Pascencia Villanueva, abrió la queja CNDH/2/2010/1508/Q por la muerte de los dos jóvenes estudiantes. En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos. Adicional a esto, el ombudsman solicitó que se limpiara el nombre de Javier y Jorge puesto que no eran miembros de la delincuencia organizada como lo había manejado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública. Tal parece como si fuera un regalo tras tal irresponsabilidad del militar, esos son los beneficios de la impunidad.

#TodosSomosJorgeyJavier

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

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