México en los Olímpicos

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Como todos saben, estamos en pleno periodo olímpico donde atletas de todo el mundo están reunidos en Brasil demostrando sus habilidades en cada deporte y disciplina.

De momento, México no ha obtenido alguna medalla, aunque se vislumbraban muy pocas desde el inicio. La crisis en el deporte mexicano va más allá del talento o los entrenadores. Tiene que ver con la excesiva corrupción y la falta de una estrategia de Estado en deporte.

Decir que Federación es más o menos corrupta es quizás pegarle al perro amarrado. La corrupción es algo presente y adherido al país y eso no tiene discusión. El problema más grave es la falta de idea, de proyectos en cada Federación para competir a nivel mundial.

El ejemplo del fútbol es muy ilustrativo, un país con una afición inmensa, con grandes recursos del marketing, no tiene la capacidad para producir elementos de élite mundial.

Y el problema se vuelve a reducir en la falta de proyectos. México en todos los deportes tiene una crisis de talentos por los malos scouteos y falta de infraestructura. La base de deportistas con relación a la población total es sumamente baja.

Ciudades como México, Monterrey, Puebla, Guadalajara concentran más del 60% de la infraestructura deportiva nacional. Para muestra vea las universiadas nacionales y los medalleros de las competencias nacionales y verá donde se concentra el talento.




Es terrible la situación en la que se encuentra el deporte mexicano en todas las disciplinas, un drama caótico que nos ha condenado a vivir en la mediocridad durante años.

El ganar medallas no es solo fomentar el patrioterismo o la farándula, es una medida de escape y de motivación para que tantos jóvenes que no tienen oportunidades salgan adelante por medio del deporte.

Educación también es deporte. La violencia es falta de educación…. ¿Qué curioso, no?

Lo dicho, dicho está.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dimes y Diretes: “#LadyMedina”

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Ayer los reflectores estuvieron encima de nuestro “ex gober” Rodrigo “Golden Boy” Medina, pues a pesar de lo que muchos creían, se presentó a comparecer y a escuchar de viva voz de la justicia de que se le acusa, además de que ya se le vinculó ficialmente a proceso.

Rorro no tuvo mucho que decir, más que es inocente (ajá) y que él tiene la conciencia tranquila por qué nada hizo mal (ajá). Las otras personas que se llevaron los reflectores, incluso más que el mismo “Rorro” fueron las #LadyMedina, que desde temprano se presentaron para manifestar su apoyo al “ex gober”… Sí, leyó bien, apoyo.

Lo siento, yo creo en la libertad en que se puede apoyar a quien uno quiera, pero estas dos ñoras cayeron en lo ridículo. Las razones que dieron para ir a mostrar su apoyo a Medina fueron las siguientes: porqué él le daba mucho a las colonias populares, despensas, útiles escolares, ayuda a jefas de familia y que todos esos apoyo (es decir el lonche y el frutsi) se les fueron con el nuevo gobierno.

Verán, estas dos señoras son la muestra de lo que le ha hecho este sistema político a los mexicanos, ellas quieren que “papá gobierno” les esté dando todo, que las mantenga, que mantenga sus familias sin que ellas levanten un solo dedo.




También estas señoras no saben, o tal vez no quieren saber, que los regalitos que les daba su “Golden Boy” no eran de parte de él, sino de todos los y las que pagamos impuestos en el estado de Nuevo León, es decir “Rorro” solamente se dedicaba a repartir el dinero y claro con eso estar comprando al pueblo (y no dudemos que hasta se llevaba alguna tajadita de ahí, investíguenle) y para que en momentos como el de ayer vayan y lo apoyen.

Es el problema en nuestro país y si seguimos con el sistema actual vamos a seguir produciendo a gente floja que espera que les estén dando de a gratis en lugar de buscar trabajo, de partírsela todos los días como lo hacemos muchos de nosotros.

Ciertamente, el único sacrificio que han hecho estas señoras, al parecer, es irse a parar el día de ayer para apoyar a Rodrigo “Rorro” Medina.

Ahí se leen.

P.D. Dicen por ahí las malas lenguas que una de las ñoras es priista y controladora desde hace muchos años de zonas de San Bernabé, según esto desde el gobierno de Carlos Salinas “El Pelonchas” de Gortari, ¿alguien sabe?

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Dimes y Diretes: “Sindicatos obsoletos”

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El conflicto actual que tiene Escobedo con la CTM por los cobros a los comerciantes rodantes en el municipio y además la ventaneada que le pusieron al sobrino de Ismael Flores, Álvaro Flores con una fotografía donde sale montado en una motocicleta Harley Davidson con un costo superior a los 600 mil pesos, me pregunto, ¿acaso esta bola de rateros siguen viendo por los trabajadores?

Aclarando, Clara Luz, no es Santo de mi devoción, pero en el conflicto con la CTM le doy la razón, aunque me parece extraño de donde nace el conflicto. Según el rumor más fuerte es que este es el primer quiebre que tendrán el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la central obrera.

Esto después de que el PRI detectara que entre las cosas que más se detestan es su apoyo a sindicatos como la CROC y CTM. Además, como pudimos ver en las elecciones pasadas, el “voto duro” que les daban estos gremios ya no fue representativo y muchos se les voltean. La señal es clara, el PRI quiere levantar su imagen en estos años previos al 2018 y ver que tanto puede recuperar el voto neoleonés después del duro golpe del año pasado.

La verdad dejar morir a la CROC y CTM sería lo mejor que le podría pasar a este estado, incluso hasta al país si se pusieran las pilas a nivel nacional. Estos sindicatos solamente existen al servicio de los líderes sindicales, cómo Ismael Flores y su sobrinito el #LordChopper, Álvaro Flores.




Ya los trabajadores están tan hartos de que les estén viendo la cara, que ayer interpusieron una queja ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que aseguran que sus líderes desvían recursos de los trabajadores.

¿No me digan, apoco se acaban de dar cuenta? Parece les dieron rienda suelta y eso es bueno, pero ojala después estos trabajadores no anden “cerrando filas” detrás de su líder sindical, por miedo.

Por último, me gustaría saber la opinión del lector sobre los sindicatos, si cree que funcionan o todos son iguales como la CTM y CROC.

Ahí se leen.

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¿DÓNDE QUEDÓ EL “MEXICAN MOMENT”?

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Al inicio de la gestión del actual presidente de México, era “inminente” la llegada de una época mexicana repleta de gloria económica, mejores condiciones sociales y un paquete de reformas estructurales que transformarían al país.

Hoy, a cuatro años, el ‘mexican moment’ se ha pulverizado.

Y, como siempre, los ciudadanos- que de ciudadanos solo tienen el nombre- han decidido cargarle la totalidad de la culpa a Enrique Peña Nieto y su gabinete. Y seguramente tienen parte de razón, las reformas han entregado pocos o nulos resultados, la economía ha sufrido un fuerte golpe y la violencia no para.

Pero ¿quiénes son los otros culpables de la desaparición del mexican moment? Los más de 120 millones de mexicanos que habitamos un país necesitado de nuevos y mejores líderes sociales. No nos hemos detenido a pensar que le estamos entregando al país a los peores ciudadanos; esos que ven a sus papás darle mordida al tránsito, que se metan a la fila del banco, los que te ven comprando cerveza en depósitos clandestinos, pasarte un semáforo en rojo o quejarte todos los días de “tener que trabajar”, como si todos tuvieran ese privilegio.

Sin embargo, hoy más que nunca estoy convencido de la calidad de líderes jóvenes con los que contamos y las redes sociales nos han permitido conectarlos poco a poco para trabajar en conjunto. Hoy la mujer se refleja en “lady matemáticas” y no en las actrices de telenovelas, los jóvenes apuestan por emprender e innovar y no les da miedo enfrentarse a retos. ¿Qué más podemos perder?

El mexican moment no se ha ido solo porque un grupo de analistas haya dictado que la volatilidad económica, la caída del petróleo, el bajo desempeño de la reforma fiscal o el poco impulso del gobierno a la innovación sepulten las esperanzas de un país tan grande como sus ciudadanos lo crean.




Ya no nos quejamos del empleo o de la mano de obra más barata de la OCDE, ahora emprendemos y generamos nuestros propios empleos. Las mujeres autodenominadas “chingonas” que pretendían ser la mejor versión de cenicienta y que las mantuvieran sin ningún esfuerzo han quedado atrás y en su lugar estamos rodeados de una generación de mujeres talentosas que se preparan para dirigir el rumbo de México.

Hoy más que nunca, veo la posibilidad de cambiar la conversación y encumbrar un verdadero “momento mexicano”, los Mario Molina y Alejandro Gónzalez Iñarritu nos han dejado claro que el límite no es más que una barrera mental que nosotros nos ponemos.

Estamos siendo testigos de un grupo de rebeldes y aventureros descarados que no le temen al riesgo y que disfrutan la adrenalina del todo por el nada. Que venga el momento mexicano, porque como buenos mexicanos lo queremos ahora y lo queremos a nuestra manera.

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Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada

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Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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Jugada Olímpica de Slim

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Hasta hace poco tiempo, existía en México un incuestionable duopolio televisivo con el cual era imposible competir. Televisa y TV Azteca controlan un mercado donde acaparan el 99% de los ingresos por publicidad televisiva y el 94% de las estaciones de televisión abierta.

Sin embargo, las empresas de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego sufrieron un revés que deja entrever que el duopolio puede comenzar a perder su poderío: Carlos Slim posee los derechos exclusivos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 en toda América Latina, exceptuando Brasil, a través de todas las plataformas de medios.

Por medio de una app de Claro Sports, propiedad de América Móvil, más de 400 millones de personas en México y en diversos países de Sudamérica podrán disfrutar de Rio 2016 a través de sus celulares de forma gratuita y con acceso las 24 horas.




Además, con la alianza estratégica que Claro Sports celebró con Google para que éste pueda transmitir en vivo el certamen deportivo, el Ingeniero Slim reafirma que va un paso adelante que la mayoría y sabe reconocer las nuevas formas de competir y crear valor.

América Móvil, podrá vender sus derechos exclusivos de transmisión a otras plataformas y televisoras, lo que demuestra el poder de negociación y presencia que la compañía insignia de Carlos Slim tiene en el mercado de transmisión de contenidos.

Con la adquisición en 2013 de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, Slim dio un fuerte golpe y una dura lección a Televisa y TV Azteca, que dejan ver su visión de largo plazo y estilo único de hacer negocios.

La estrategia del cuarto hombre más rico del mundo tiene dos principales connotaciones contra Azcárraga Jean y Salinas Pliego.

La primera (y menos grave) es el efecto económico directo por los ingresos por concepto de publicidad que las televisoras dejarán de percibir. Si bien directivos de las televisoras niegan ver un efecto negativo en sus ventas, la realidad es que dejarán ir un potencial incremento en su negocio y sobre todo el desprestigio de sus marcas al verse imposibilitados para transmitir las Olimpiadas.

La segunda (y más importante) es que la maniobra del gigante de las telecomunicaciones deja ver la fragilidad del duopolio que comienza a resentir la presencia de una competencia emergente. Derivado de la Reforma de Telecomunicaciones y de los avances tecnológicos en materia de transmisión de video, la televisión tradicional irá perdiendo poder y presencia en el mediano plazo y dejará su lugar a las nuevas plataformas de broadcasting que han sabido adaptarse a las nuevas tendencias. La pérdida de poder mediático, más que económico, será lo que más afecte a Televisa y TV Azteca en los próximos años.

La astucia de Slim demuestra que una industria tan cerrada puede ser lentamente fracturada y desplazada con innovación tecnológica.

Aunque desde una óptica general, la transmisión exclusiva de los Juegos Olímpicos por Claro Sports es sólo un rasguño al poder de Televisa y TV Azteca, marca el inicio de una nueva etapa de alternancia y participación de nuevos competidores en la industria de la televisión mexicana.

Con información de:
www.elfinanciero.com.mx
www.cnnexpansion.com
www.milenio.com

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Dimes y Diretes: “La triple crisis de confianza en México”

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En México nos han enseñado que el Estado, centro del poder político, se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde éstos Poderes, conformados principalmente mediante elecciones democráticas, se ejerce el Gobierno, todo lo anterior de acuerdo a lo que marca la Constitución.

Por ello, señalan las enseñanzas tradicionales, en nuestro país tenemos una democracia funcional, y un Estado de Derecho basados en el dominio de la Constitución, ejercido por las instituciones del Estado.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado.

La realidad es que el sistema político en México nace, crece y se reproduce mediante una serie de prácticas que asignan poder de acuerdo a mecanismos extralegales, mientras que las elecciones son un juego de simulaciones, que por tanto, no aseguran un Estado de Derecho ni constituyen una democracia.




Me explico:

El poder en México se ejerce no por tres Poderes del Estado, sino por tres grupos de operación política, unidos por un pacto de impunidad.

El primer grupo, el más pequeño es la partidocracia. Ésta se compone por el gobierno, los partidos políticos y sus líderes.

Ellos controlan la llave para acceder a los puestos de elección popular, que son la puerta de entrada para robar.

El segundo conjunto, más numeroso, constituye los llamados grupos de interés, que son las cámaras empresariales, los medios de comunicación, los líderes sindicales, empresarios gigantes o grandes corporativos, el narcotráfico, las agrupaciones religiosas, poderes extranjeros y bancos. Ellos se encargan de legitimar social, financiera y mediáticamente a los gobernantes corruptos, a cambio de privilegios de todo tipo.

Finalmente, el conjunto más grande o numeroso, son las bases de apoyo, compuesto por los cientos de miles de afiliados a gremios, centrales obreras, sindicatos, partidos, empleados públicos, asociaciones, clubes, empresas, etc., mismos que son presionados por sus líderes para brindar apoyo electoral a los elegidos del sistema.

Esta manifestación dinámica del poder en México es el legado del PRI, adoptado posteriormente por el PAN, PRD y demás partidos, y es la esencia de la partidocracia mexicana.

Su pacto de impunidad es de lo más sencillo, y tiene solo un mandamiento: “Entre los integrantes de esta mafia, nadie, nunca, estará sujeto a los dictados de la Ley.”

Sin embargo, algo huele a podrido…

Este sistema autoritario pseudo democrático (el más longevo que se haya visto en la historia de la Humanidad), se encuentra actualmente en una profunda crisis, que se manifiesta claramente en el enfrentamiento entre Gobierno, empresarios y maestros de la CNTE y SNTE.

Recordemos: Como parte del Pacto por México, los partidos políticos y Peña Nieto plantearon una “reforma educativa” que evaluaría a los maestros, expulsando a los malos elementos de acuerdo a la Ley.

Esta expulsión de miles de maestros mediocres sería en efecto el fin de los privilegios obtenidos por las mafias sindicales de la educación durante décadas, un golpe maestro que debilitaría mortalmente a la CNTE y el SNTE, principal oposición para privatizar el sistema educativo nacional, dejándolo listo para ser entregado a la agrupación empresarial “Mexicanos Primero”, a quienes se les prometió este coto de poder.

Todo ello constituye, evidentemente, una ruptura del pacto mafioso de impunidad, puesto que los sindicatos de la educación, habiendo apoyado al PRI, al PAN y al PRD durante décadas, no están dispuestos a que sus privilegios hereditarios sean eliminados.

Para estos sindicatos, el sistema educativo es suyo, y no se lo pueden “asignar” a nadie… más que a ellos. Para los empresarios, es suyo, porque se los prometió el gobierno. Y para el gobierno, es suyo, puesto que la Ley le da la autoridad…

El saberse deshonestos, les impide sentarse a negociar.

Así de simple y así de vulgar es la crisis triple crisis de confianza que tiene paralizado a medio México:

Los maestros no confían en el gobierno ni en los empresarios;
Los empresarios no confían en el gobierno ni en los maestros;
El gobierno no confía ni en los maestros ni en los empresarios.

En resumen, los sospechosos de siempre, los que garantizaron la “paz social” a cambio de privilegios, han llegado a un punto de choque que puede ser el epitafio del verdadero sistema político mexicano.

Todos ellos quieren controlar la manzana de la discordia: el sistema educativo nacional. Ninguno está dispuesto a ceder. Por lo anterior, solo la fuerza permitirá que alguno de ellos prevalezca sobre los demás.

Y en este momento, la fuerza está en manos de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra acorralado, en el peor momento de su sexenio y empeorando, mientras el 2018 se acerca rápidamente…

Dios nos agarre confesados.

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En focos rojos los delitos de mayor impacto en NL

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En seis meses del 2016, el delito de robo a negocios se disparó en 71%, un promedio de dos casos por hora, de acuerdo con los resultados presentados por el Observatorio Ciudadano de Nuevo León, sustentado con las cifras de la Procuraduría General de Justicia del estado.

A este contexto de incidencia delictiva se suma que durante el primer semestre de 2016 los delitos de alto impacto y patrimoniales en general han crecido, incluso comparables con periodos en los que la inseguridad se apropió de estado.

Esto viene a colación luego de la presentación del segundo reporte trimestral correspondiente al 2016 del Observatorio Ciudadano, en el que se hace referencia a los delitos de alto impacto, así como los patrimoniales que muestran alzas alarmantes.

De esta forma podemos ver datos en donde Nuevo León pasó de ocupar el décimo lugar nacional en cuanto a Robo con Violencia al octavo, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo, en consecuencia al incremento del 33% que presentó en comparación con el primer trimestre del año. El antecedente es que este tipo de atracos son un indicador de la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la entidad.




En nuestra columna pasada, a través de este medio, anticipábamos que 68% de la población del área metropolitana considera que vivir en esta ciudad es inseguro, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Y es así como como percepción ha alcanzado a nuestra realidad.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, en el delito de robo a casa, se observa un incremento del 41.7%, entre el primer y el segundo trimestre del 2016. Mientras que el robo a negocios, tan sólo en el mes de junio de 2016 se alcanzaron 516, cifra que no se presentaba desde noviembre de 2011, cuando sumaron 558.

El robo a persona es otro de los delitos que no debemos de perder de vista, y es que al comparar estos primeros dos trimestres de 2016 se han registrado incrementos del 32.9%, pasando de los 677 a 900 casos denunciados.

Hablamos en general de delitos que impactan de manera directa al ciudadano y por consecuencia incrementan la percepción de inseguridad. Misma que sumada a nuestra realidad deberían ser los indicadores para replantear estrategias.

Ante este panorama, pedimos al Estado, municipios con mayor coordinación en labores de inteligencia, homologación y alineación de acciones destinadas a resolver el problema con efectividad.

Y a nosotros, los ciudadanos, nos queda el compromiso de denunciar cuando seamos víctimas de algún delito y no sólo abonar a la cifra negra quedándonos en el papel de críticos.

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Víctima de la justicia y el machismo

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Citlali es una niña huichola que vive en el poblado de Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora. Tiene 14 años, 14 semanas de embarazo y un cuerpo que no es más su cuerpo. Ella no sólo experimentó una violación a su integridad física, moral y psicológica, tuvo además una violación a sus derechos.

En un país donde el 61% de los ciudadanos que son víctimas de algún delito no lo denuncian, debido a que no confían en las autoridades y consideran que denunciar no sirve de nada [1], Citlali denunció. Acudió a la comisaría de su pueblo donde confirmaron el hecho, se clasificó como una violación agravada.

Ella esperaba que con esto pudiera obtener un poco de paz, ante un hecho que no tiene remedio ni consuelo alguno, la justicia y el respeto de sus derechos de parte de la autoridad era lo único que le quedaba.

Al poco tiempo Citlali se dio cuenta que está embarazada y asistió al Hospital Infantil de Sonora para realizarse una interrupción legal de su embarazo [2] , una vez más perdió el poder de decidir sobre su cuerpo, pues le negaron este derecho. Esto debido a que el juez que atendió su caso decidió reclasificar el delito como estupro, entonces Citlali no fue más víctima sino parte consciente del delito de abuso sexual que denunció.

Los abogados de Citlali han confirmado que han habido muchas irregularidades en el caso y errores por parte del Ministerio Público. Estas fallas e irregularidades son inaceptables, la supervivencia y el futuro de Citlali están en juego.




Un embarazo a temprana edad representa un riesgo para la salud y puede llevar a la deserción escolar [3], perdiendose de la herramienta que le daría las oportunidades para desarrollarse íntegramente.

El caso de Citlali no es aislado, refleja muchos de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas: la violencia de género, los embarazos prematuros y la mortalidad materna. Además, pone de manifiesto la discriminación que sufren las mujeres y el supuesto acceso a la justicia en casos de violencia. Niñas como Citlali, mujeres indígenas y en situación de pobreza presentan mayores dificultades para ejercer sus derechos [4].

Las mujeres víctimas de violencia no tienen un acceso fácil, oportuno y efectivo a recursos judiciales que las ayuden a sancionar y reparar los actos de los que fueron víctimas. Aunque formalmente, la Constitución y leyes promueven una vida libre de violencia, la igualdad está reconocida – meramente en el papel –pero no asegurada en la realidad.

En nuestro país la violencia contra las mujeres parece ser entendida como un asunto privado y no prioritario en la agenda política.

Nuestro gobierno carece de una visión de género que impulse efectivamente políticas integrales que ayuden para prevenir, sancionar y reparar la violencia de género; la reclasificación del delito y la descalificación de Citlali como víctima de violación lo confirman.

Citlali no decidió ser víctima de violencia, ni víctima de la justicia, pero sí decidió alzar su voz y denunciar ante el sistema de justicia y de salud que le falló. Citlali tampoco decidió ser mujer en un país, donde el machismo y la violencia de género son el pan de cada día y la justicia el lujo de unos cuantos, pero ésta es su realidad. Citlali vive en un país donde su sexo es opresión, su origen étnico discriminación y su edad vulnerabilidad.

[1] Página 49: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe
_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

[2] En todo México se permite el aborto, incluso después de las primeras 12 semanas de gestación,
cuando el embarazo es producto de una violación.

[3] De acuerdo a la OCDE 9 de cada 10 niñas que son madres dejan de asistir a la escuela en México.

[4] Página 38: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_
pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

#Lords y #Ladys: “Unas leyes a modo para llevar por favor”

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La mentalidad de nosotros los mexicanos es un tanto chistosa. Pedimos más orden y justicia, mejores instituciones, y mejores gobernantes. Pero cuando se implementa la ley, aunque sea una simple multa de tránsito o que se lleven su automóvil por estar mal estacionado, se tacha al gobierno y a las leyes como “corruptas”, “recaudadoras” y “al servicio del estado”.

Esta semana en una plática con mi amigo Eduardo Quintanilla, miembro del colectivo “La Banqueta se Respeta”, comentábamos el nuevo reglamento de tránsito homologado de Monterrey y su Área Metropolitana.

Eduardo me comentaba, que tal parece que la gente cree que los reglamentos están para interpretarse y ponerse a consideración de suposiciones, adicionalmente me comentó que la gente consideraba el reglamento “engorroso”, debido a que no se ajustaba a sus “gustos”.




Esto me hizo pensar, y la verdad sea dicha, en México nos gustan las leyes a modo, si no estamos de acuerdo ya están mal, si las implementan contra nosotros están mal, son incorrectas. Lamento decirle lector, que si ustedes están violando cualquier reglamento o ley, no es que las leyes estén siendo manipuladas en su contra, al contrario acepten su error y aprendan de ello.

Los videos de #Lords y #Ladys que han estado llenando las redes sociales, son un claro reflejo que la sociedad mexicana quiere leyes a modo. También que critican cuando alguien no respeta, pero si son ellos entonces se justifican diciendo que también lo hacen los demás. El error es sistemático y hasta parece existir una doble moral entre los mexicanos.

Las leyes a modo no pueden existir, no se le puede dar satisfacción a unos, simplemente por qué es lo que han venido haciendo siempre.

Las leyes tampoco se aplican según como actúen nuestros gobernantes, me parece lamentable que la gente critique a los políticos y luego ellos se estén pasando altos, estacionen sus automóviles sobre la banqueta o manejen en estado inconveniente.

Así como exigimos mejores gobernantes, justicia y orden a nuestros políticos, debemos nosotros cooperar respetando los reglamentos que se nos marcan y no esperar que “papá gobierno” nos ponga todo en la boquita y todo sea a modo. Sino, todos somos #Lords y #Ladys que nos gusta quejarnos de nuestro gobierno, pero no nos gusta respetar las leyes ni a los demás.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”