¿Cómo es posible que haya sucedido un enfrentamiento tan cruento dentro de un recinto bajo la responsabilidad total del estado?

El motín de la madrugada del jueves 11 de febrero en el penal del Topo Chico, en Monterrey, N.L., es una muestra de la decadencia del sistema penitenciario en México. Menospreciado como parte fundamental de cualquier estrategia de seguridad ciudadana y olvidado como eslabón en la cadena de justicia.

La autoridad debería tener control absoluto de lo que sucede al interior de las prisiones, pero hechos tales demuestran todo lo contrario. No se tiene el control de las prisiones.

El problema tiene raíces en el uso indebido que se ha hecho de la prisión, al llevar a reclusión a una gran cantidad de personas sin contar con una sentencia, y no considerar otras alternativas a la privación de la libertad.

El problema tiene raíces en el uso indebido que se ha hecho de la prisión, al llevar a reclusión a una gran cantidad de personas sin contar con una sentencia, y no considerar otras alternativas a la privación de la libertad. La sobrepoblación ha minado los recursos, servicios y la capacidad de control de las autoridades penitenciarias.

Tal saturación penitenciaria desencadena un sinfín de problemas al interior de las prisiones como hacinamiento, violencia, contaminación carcelaria, violación de derechos humanos, y pone en riesgo la vida e integridad de internos y custodios.

Tal saturación penitenciaria desencadena un sinfín de problemas al interior de las prisiones como hacinamiento, violencia, contaminación carcelaria, violación de derechos humanos, y pone en riesgo la vida e integridad de internos y custodios.

Pero también el deficiente funcionamiento de las prisiones afecta la seguridad ciudadana, pues vulnera a las familias de las personas internas, y propicia que desde dentro se cometan delitos cuyo objetivo, incluso, es la comunidad al exterior.

En marzo de 2015, Renace convocó a los candidatos y candidata a la gubernatura del Estado —incluyendo al actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón— para que firmaran diez compromisos para retomar el control de las prisiones en Nuevo León.

En marzo de 2015, Renace convocó a los candidatos y candidata a la gubernatura del Estado —incluyendo al actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón— para que firmaran diez compromisos para retomar el control de las prisiones en Nuevo León.

Para nosotros, era evidente que el penal del Topo Chico, al igual que los otros penales estatales, estaba en una situación que requería atención inmediata. A cuatro meses desde la toma de posesión del gobernador independiente, y habiendo participado él mismo en la firma de los diez compromisos, aún no se han llevado a cabo las acciones necesarias para retomar el control de las prisiones. La tragedia nos alcanzó. Este 11 de febrero quedó demostrado que esta situación no puede esperar más.

La situación de las prisiones en Nuevo León, al igual que en México, requiere de la pronta actuación de la autoridad, para llevar a cabo un plan de acción estratégico y garantizar la inversión necesaria para hacerlo realidad.

No bastará con trasladar personas internas a otros reclusorios. Es momento de que los gobiernos estatales trabajen en conjunto con el Gobierno Federal, para colaborar hombro con hombro en la mejora integral del sistema penitenciario.

Por mucho tiempo, se ha dejado de lado el tema, y hoy somos testigos de sus consecuencias. Desde la sociedad civil hemos señalado la magnitud de la problemática, pues el óptimo funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México requiere de la respectiva reforma al sistema penitenciario.

Esta crisis es una oportunidad para retomar el control de las prisiones con base a un plan estratégico que se anticipe a los problemas. El gobierno no puede seguir reaccionando ante fatalidades.

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