Desde principio de enero a la fecha, en México y el mundo ha sido materia de análisis, medidas de seguridad y sanitarias, decisiones políticas, económicas y sociales, noticias, columnas, pláticas de café, etc., el coronavirus (en adelante COVID-19) proveniente de Wuhan, China.

Esto, pues la facilidad con la que se ha propagado el virus, testimonios de países como Italia, las muertes registradas y la declaración de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud, han despertado consternación y preocupación en gran parte de la población.

Y, aunque el porcentaje de mortalidad del COVID-19 es relativamente bajo, los ciudadanos tienen razón al estar preocupados respecto del avance que va teniendo la enfermedad, pues al tratarse de un tema de salud no hay duda de que este resulta de orden público.

En México, el avance del COVID-19 actualmente se encuentra en la fase 1 (importación de casos) y aunque el representante de la Organización Mundial de la Salud en el país Cristian Morales Fuhrimann ha señalado que hemos sido el primer país en poner a punto la técnica de detección del coronavirus; lo cierto es que tal y como ha sido reconocido por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Dr. Hugo López-Gatell probablemente en 15 días entremos a la fase 2 (transmisión comunitaria) y posteriormente a la fase 3 (etapa epidemiológica).

Derivado de lo anterior, ante el inevitable escenario de transmisión comunitaria y posteriormente epidemia, considero de suma relevancia dos cuestiones.

La primera, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (en adelante INSABI) y el desafío que enfrenta ante el avance del COVID-19.

El INSABI, fue creado por el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019 y su objetivo es que las personas que no cuenten con seguridad social tengan derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos al momento de requerir la atención.

La creación del INSABI, hoy impacta positivamente en la vida de todos aquellos mexicanos que no contaban con seguridad social, pues ante la situación que enfrenta el país en relación al COVID-19, estas personas tendrán la posibilidad de atenderse en hospitales ante un eventual contagio que requiera atención especializada.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que si bien el INSABI otorga la posibilidad para que las personas sin seguridad social tengan acceso a tratamiento médico, la realidad es que hoy el Instituto enfrenta un reto que verdaderamente pondrá a prueba su funcionamiento y que podrá terminar con las dudas de los incrédulos o bien condenarlo de ineficaz.

La segunda, la decisión de los gobiernos estatales de Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, de coordinarse y no adherirse al INSABI.

Esto, pues la decisión en defensa de su “soberanía”, que considero más bien se trato de una decisión tomada para que los Estados pudieran manejar y administrar los recursos asignados para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en términos de los artículos 77 Bis 16 y 77 Bis 16 A de la Ley General de Salud, podría poner en riesgo a sus respectivos ciudadanos.

Lo anterior, pues las referidas entidades federativas tendrán que hacerse cargo a través de sus Secretarías de Salud de la atención especializada que requiera una persona infectada por el COVID-19 que no cuente con seguridad social.

Situación que en un futuro cercano podría patentizar lo atinada de su decisión, o bien, simplemente tacharla como un acto irresponsable, al haber evidenciado incapacidad y priorizado el manejo de recursos a costa de la salud.

Por último, es importante que como ciudadanos sepamos a quién exigir respuestas.