ONGs y MC piden juicio político contra “el Bronco”

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Organizaciones No Gubernamentales y el partido Movimiento Ciudadano (MC) pidieron ayer al Congreso Local un juicio político en contra del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”.

Además de demandar el castigo contra el mandatario por los desvíos para recabar firmar para su campaña a la Presidencia del México en el 2018, la solicitud menciona otros tres posibles casos de corrupción, como lo son el “cobijaste”, la compra millonaria del dron hechizo y el alza salarial injustificada a la suegra de Rodríguez Calderón.

La petición fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso por Carlos Navarro, del Consejo Cívico; Verónica Sada, de Pro Propuesta Ciudadana; Jesús González, de Iniciativa Ahora; Samuel García, senador de MC por Nuevo León y Agustín Basave Alanís, líder estatal de MC.

El senador de MC, explico que con la petición buscan ganar tiempo rumbo a la resolución que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el castigo contra “el Bronco” por las “broncofirmas”.

De acuerdo a García, la Primera Sala de la Corte confirmó el pasado miércoles, en un acto intraprocesal, la responsabilidad de Rodríguez y su Secretario General de Gobierno, Manuel González, en el desvío de recursos, sin embargo, los ministros todavía deben definir la vía para la sanción, que puede ser por reglas electorales o juicio político.

Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, el Congreso local cerró sesiones sin sancionar a Rodríguez por las “broncofirmas”, al argumentar que la Corte lo impedía porque aún no resolvía una controversia presentada por el gobernador, en la cual se pide declarar como inconstitucional que el Poder Legislativo pueda sancionar al Ejecutivo.

De acuerdo a Samuel García, el juicio político que solicitan al Congreso local, permite separar del cargo al “Bronco”, incluso mientras realiza su defensa.

TEPJF obligará al Congreso sancionar al ‘Bronco’

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá y votará hoy un proyecto que busca obligar al Congreso local de Nuevo León a definir una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por presuntamente desviar recursos públicos para recabar firmas para su candidatura presidencial.

Cabe recordar que el legislativo local concluyó el 18 de diciembre su periodo de sesiones sin castigar a Rodríguez Calderón, esto pese a que el TEPJF ordenó emitir una sanción en ese plazo.

Los legisladores locales argumentaron en ese momento, que no podían sancionar al mandatario estatal hasta que se resuelva la controversia constitucional que “el Bronco” promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que le otorgó una suspensión confirmada en enero, con el fin de que no se ejecute el castigo.

Tras la negativa del Congreso local, el senador Samuel García, promovió un procedimiento de incumplimiento de sentencia por desacato.

De acuerdo a fuentes cercanas al TEPJF, el proyecto del magistrado José Luis Vargas plantea dar la razón al senador de Movimiento Ciudadano y obligar al Congreso a definir una sanción, aunque el castigo no se podría cumplir hasta que la Corte resuelva la controversia.

Por otro lado, las mismas fuentes mencionaron que seis de los siete magistrados de la Sala Superior se pronunciaron ayer de forma dividida en una reunión privada, por lo que no existe hasta el momento consenso para la aprobación de dicho proyecto.

Para que un proyecto sea aprobado, se necesita el voto de cuatro de los siete magistrados.

Ya lo juzgó la sociedad

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Como es público, después de una persecución que duró poco más de un año, en la ciudad de Málaga, España, el 12 de febrero del actual fue detenido Emilio Lozoya Austin, quien fue Director general de PEMEX durante el periodo 2012 a 2016.

Detención, que fue celebrada por algunos Servidores Públicos como por ejemplo Irma Eréndira Sandoval (Secretaria de la Función Pública), varios medios de comunicación, ciertos columnistas y parte de la sociedad que le atribuye responsabilidad y no dudan sobre su “lógica” culpabilidad.

Lo anterior, por la publicidad y el contexto que las autoridades y “comunicadores” han realizado sobre las acusaciones que se le han imputado a Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, independientemente de su probable responsabilidad, lo anterior podría involucrar una indeseada violación a un derecho fundamental, a saber, la presunción de inocencia.

Esto, pues el principio de trato esencialmente consiste en que todo inculpado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

No obstante, debe decirse que la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia no es limitativo al desarrollo del procedimiento, sino que esta regla también debe ser aplicada de manera extraprocesal.

Me explico, la presunción de inocencia implica también el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no partícipe en hechos de carácter delictivo y en consecuencia, que no se apliquen consecuencias anudadas a hechos de esta naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

Lo anterior, pues tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, pues frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se desplaza a la acusación pública realizada por la autoridad.

En esa tesitura, es que en el caso de Emilio Lozoya Austin puede existir una violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia, pues se insiste, los señalamientos públicos influyeron tanto en la sociedad que pocos dudan sobre su culpabilidad.

Ante este escenario, lo cierto es que el verdadero juicio fue celebrado antes de la aparición de un juzgador e incluso antes de su extradición, pues hoy la realidad es que a Lozoya Austin y a su familia ya los juzgó la sociedad.

Finalmente, todo linchamiento mediático que no tiene más que la perversa intención de difamar resulta contraproducente a la sociedad mexicana.

Segob indica que consejeros del INE deben ser apartidistas

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Los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser personas sumamente honorables, apartidistas, conocedoras de la materia electoral, trabajadoras y con muchas capacidades, expresa Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella opinó, tras haber asistido al Foro de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, que los nuevos consejeros electorales deberán poder decidir sobre una situación determinada, y que “lo único más importante es cómo argumentan, cómo motivan y cómo fundamentan”.

Al haber recordado que perteneció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 25 años, la funcionaria expresó que los controles se dan entre los integrantes de cuerpos colegiados, “porque es la argumentación sólida lo que te da la validez, autonomía e independencia de tus criterios”.

(Con informacón de Excélsior)

Campesinos de Guerrero cambian cultivos de amapola por mariguana

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Naturismo Guerrerense se lee en las etiquetas de unos pequeños frascos y goteros. Son pomadas y aceites de cannabidiol (CBD), compuesto de la marihuana no psicotrópico con potencial medicinal y terapéutico.

Arturo López Torres muestra su nueva apuesta en pequeños tarros. El promotor de los productos hechos a base de cannabis es también desde hace cuatro años un activista a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales.

Él junto a Crescencio Pacheco -quien junto a su familia están en calidad de desplazados-, elaboraron la primera propuesta en 2016, para hacer legal lo que fue el cultivo que les daba de comer a de decenas de campesinos en municipios de la Sierra: la amapola.

López Torres saca del recipiente de plástico sus productos y asegura que son una verdadera medicina alternativa.

“Para desórdenes neurológicos y psiquiátricos, pero también para alimenticios y digestivos o dolores de inflamación. Entran un sin número de enfermedades que son a las que se pueda ayudar y calmar (…)”, explica sobre los efectos curativos del CBD.

A cuatro años de distancia de las primeras conferencias que dio en varios lugares, uno de ellos donde vivió durante más de 30 años, Filo de Caballos, Leonardo Bravo, sigue con el mismo discurso: la legalización de las drogas, es avalar una forma de vida que han criminalizado decenas de años. Plantas como la marihuana y la amapola, sí tienen un poder de cambiar vidas, tanto de campesinos como de usuarios.

Enseguida sustrae de una carpeta unos volantes con más información sobre las ‘aplicaciones medicinales de los cannabinoides’.

Los productos se prescriben para disminuir la rigidez o la tensión muscular que provoca la esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva del sistema nervioso. En una especie de tabla nutricional, organizada por colores, están clasificadas las enfermedades que se pueden combatir con esta sustancia. Son las mismas que mencionó el promotor.

Mujeres elaboran los aceites

La propuesta medicinal a base de cannabis es elaborada por mujeres. Las pomadas y aceites las producen 10 mujeres constituidas en Amapolas -Asociación de mujeres productoras de opio en Latinoamérica para la salud S. de R.L. -, con el propósito de impulsar un movimiento que defienda las propiedades medicinales de la marihuana y la amapola.

En esos propósitos incluyen comercializar el cannabidiol próximamente. Esto podrá ocurrir a partir de abril.

El Senado tiene hasta ese mes, cuando también cierra su actual periodo de sesiones, para concluir el debate sobre el cannabis. Es él último plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacerlo, pues, ha considerado inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

En 2017 quedó avalado su uso medicinal, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) todavía no lo regulariza, según lo que han documentado algunos medios de comunicación sobre el tema.

Estas mujeres comenzaron a hacer la pomada y el aceite con la asesoría de profesionales en Química. Según López Torres buscaron ese asesoramiento para extraer el CBD de la planta. Lo hacen en un espacio rentado en Guerrero, del que se reservarán detalles.

El promotor ofrece algunos datos del cultivo que hacen de marihuana, el paso que antecede la elaboración de CBD en pomada y aceite. De eso se encargan jóvenes que siembran en controlados espacios cannabis sativa.

Dice que comienzan a alinearse al esquema que contempla la propuesta de legalización total de la marihuana. Tratan de ajustarse a los espacios que autorizarán para cultivo. Lo que conoce hasta ahora es que cada persona podrá cultivar cuatro o seis plantas de marihuana con la regulación de una instancia de gobierno que deberán definan.

“Ahorita (cultivamos) en plantas y camuflajeado. Hay que poner malla ciclónica, hay que poner malla con sombra, porque son seis plantas, no nos podemos ir más allá. La ley es la ley y ellos no se fijan que lo estamos haciendo con fines médicos, ellos van a pensar en un momento dado que esas plantas las están haciendo para venderla como marihuana para fumársela”, cuenta.

La cannabis sativa, de acuerdo los datos públicos sobre la planta, tiene una carga mayor de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la marihuana, lo que implica un procedimiento más tardado para las mujeres productoras, porque deben separarlo del CBD, el compuesto que les interesa comercializar.

En sus planes, López Torres prevé una cooperativa con esos jóvenes, quienes se encargarían de cultivar el cannabis de manera orgánica. La cooperativa es una figura que les da la oportunidad de ampliar el espacio de cultivo, para una producción suficiente.

Sembrarán sólo cáñamo ruderalis, una especie que tiene un periodo de floración más corto y un contenido alto en CBD.

Con el cultivo del cannabis ruderalis no sólo garantiza la comercialización del CBD, abren una brecha de oportunidad para el cáñamo o fibra de la de planta, el cual tiene distintos usos industriales, como el textil.

Los detalles que comparte Arturo López Torres sobre los planes de comercializar cannabidiol ocurrió en un espacio de su última visita a Guerrero. Desde hace un tiempo su permanencia en el estado es itinerante.

Él no está en una condición de desplazo como familias de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, que tuvieron que dejar sus casas el 11 de noviembre de 2018, luego de que civiles armados se apoderaran de ellas como hasta ahora. Las familias no han podido regresar y recuperar sus tierras y casas.

Cada vez sube menos al pueblo donde llegó hace más de 30 años, Filo de Caballos, comunidad del municipio de Leonardo Bravo, localizada en la Sierra. En 2010 fue autoridad de la comunidad, pero desde que llegó es gestor de proyectos para los campesinos, ha sido su actividad principal.

Desde esa comunidad impulsó el movimiento por la legalización de la amapola. Primero, su argumento se sostenía en que los militares debían respetar los cultivos de amapola de los campesinos de la Sierra de Guerrero, porque eran una de las pocas opciones en la región para sobrevivir.

Los habitantes de la región destaparon esa demanda después del 28 de abril de 2016, cuando bajaron de distintas comunidades y bloquearon la autopista del Sol en la parte norte de Chilpancingo, con el reclamo a las autoridades de que reactivaran la economía en la Sierra. Esa protesta les costó que policías los desalojaran con violencia, de acuerdo con lo documentado por periodistas en distintos medios de comunicación.

A partir de entonces, los habitantes de pueblos serranos, como Filo de Caballos, comenzaron a hablar de sus plantaciones de amapola y de las agotadas opciones de una región donde, hay mucha riqueza natural -agua abundante, espeso bosque y un clima frío -, pero sin los espacios y la infraestructura (carretera, escolar, sanitaria…) para que les favorece más allá de sembrar amapola y sacar la goma de opio que suben a comprarles.

En ese año López Torres declaró a reporteros sobre que la Sierra es un territorio con mil 280 comunidades y 50 mil habitantes dedicados a sembrar amapola.

Después, se involucró junto a otros habitantes de pueblos cercanos a Filo de Caballos, en un movimiento por la legalización de la amapola. Guerrero, es una de los estados del país que más producía amapola, sobre todo en la Sierra, según los informes institucionales.

En agosto de 2018, los habitantes de la región organizaron en Filo de Caballos el Foro Regional de la Sierra de Guerrero, y debatieron sobre la legalización de la amapola con fines medicinales, con la sugerencia puntual de ser consultados. Ahí estuvo López Torres.

En ese año hubo sobresalto en la región. En noviembre, casi en una sola tanda, se salieron de sus casas unas mil 600 personas, según los números que ellos mismos manejaron. Se desplazaron a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde varias familias permanecen, otras buscan refugio en Estados Unidos.

La razón de su desplazamiento fue que se instaló un grupo armado en sus pueblos y en sus casas. Algunas familias se quedaron en la Sierra y viven en ese contexto. La amapola dejó de ser una opción rentable, por el aumento de violencia en sus comunidades y por la baja del precio de la goma de opio, extraída de la flor. La gente comenzó a buscar opciones para ganarse el sustento.

Desde entonces, los que se salieron siguen sin volver.

Al explicar las funciones de los cannabinoides, el ex comisario menciona que la legalización de la amapola pinta para demorar mucho más, y después de ese análisis es que se enfocaron al proceso de la marihuana.

La planta también se cultiva de manera abundante en Guerrero y casi siempre se le ha enunciado sólo como una droga. Sus propiedades medicinales son un tema que tiene poco reconocimiento, aunque del opioide se elaboran tratamientos para enfermos de cáncer, entre otros potentes medicamentos.

López Torres tiene una interpretación más profunda de la marihuana. La relaciona a un camino de solución. Cree que su legalización es parte de la solución al problema de violencia en México. “Por causa de esta planta, que satanizaron hace muchos años, son los problemas que hay en el país. Si se legaliza, considero, va a bajar mucho el índice delictivo. De violencia, de todo”. También la evalúa como la gran opción medicinal.

En esta segunda evaluación que hace sobre la marihuana, es donde sostiene, junto a mujeres emprendedoras, la producción de pomadas y aceite. Lo conciben en este momento más que un proyecto, porque ya toma forma de comercio.

Naturismo Guerrerense, la frase que da personalidad a los productos, dice el ex comisario, es una marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Se han amparado ante la negativa de la Cofepris de darle el visto bueno a sus productos. Esperan que tan pronto la Comisión lo tenga regularizado.

Tienen casi todo listo para comercializar el CBD, sólo esperan la legalización definitiva de la marihuana en abril.

Para Arturo López es estratégico comenzar el negocio desde ahora, ante el proyecto de legalización total de cannabis en México, para correr menos riesgos de que los dejen fuera. “Si no nos ponemos listos vamos a quedarnos, como siempre, al último”.

El promotor sabe que el mercado de la marihuana legal en el mundo es millonario. Prevés un interés repentino en México de países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, por lo atinado de su clima y suelo para producir cannabis.

“Son gente que trae mucho dinero, muchos recursos para venir y posicionarse del mercado, y como siempre, dejarnos a nosotros, los más pequeños o a los agricultores, en el suelo, sin nada, y ellos llevarse la mayor parte de ingresos de esta planta”, avizora.

El 7 de febrero, hace cuatro días, el diario español El País publicó una noticia con el cabezal: ‘Canadá quiere el negocio de la marihuana legal en México’. Es una información que da cuenta como cabilderos de grandes empresarios recorren los pasillos del Senado para “quedarse con una tajada de un negocio multimillonario”.

En la nota citan lo que un empresario canadiense, dedicado al negocio del cannabis, Erick Factor, fundador de MYM Nutraceuticals, dijo a legisladores: “Su localización en el mundo es perfecta, sus costos laborales son perfectos, su clima es perfecto (…) Dejen que las empresas privadas expandan sus negocios, que hagan lo que saben hacer”.

Arturo López sabe de lo que dice.

(Fuente: Animal Político)

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Pelea en tribunales y veto a Peña, son las reacciones de los partidos a la Ley de Seguridad Interior

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Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior, que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, los partidos políticos que se opusieron a la iniciativa anunciaron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad e incluso exigen al presidente Peña Nieto que vete el proyecto.

Por un lado, dos partidos de la alianza de Por México al Frente,  Movimiento Ciudadano y PRD, dicen que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.

El secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada  “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.

Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley y aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional“.

Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.

Defendiendo al plurinominal

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Como expresara el politólogo italiano Giovanni Sartori, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de las libertades y derechos de las minorías; esta definición viene al caso para analizar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 26 de octubre de 2017 que validó las reformas a ley electoral del estado de Nuevo León, que entre otras cosas, amplían el espectro para la distribución de diputaciones plurinominales: los partidos locales podrán inscribir una lista de candidatos plurinominales al Congreso Local, por ello, ahora van representación partidos y ciudadanos, que de lo contrario, difícilmente podrían entrar al Poder Legislativo, con ello, se dará lugar a las minorías de que habla Sartori para que más sectores o grupos de la población estén representados.

Esto es positivo porque posibilita a personas con perfiles profesionales elevados tener derecho (derecho político a ser votado) a obtener un cargo de elección popular, ya que, si sólo existieran diputaciones uninominales, es decir aquellas por las que se vota de forma directa, podría ocurrir que no ganasen los perfiles mejor preparados sino los que desarrollan una campaña más atractiva, los que tengan mejor presencia ante medios, o los más “populares”, o en su caso sólo los operadores políticos que de manera sistemática traban sus zonas de influencia.

Los diputados plurinominales son un mecanismo para representar a la sociedad, que tienen las credenciales profesionales que los avalan y nutren el debate democrático, mismo caso de otros grupos como los pueblos indígenas o las personas que viven con algún tipo de discapacidad, los expertos que trabajan por causas como los derechos de las mujeres en determinados ámbitos, o en juristas de amplia trayectoria que saben en forma y contenido reformar y escribir leyes.

Sin esta figura, que en su momento se consideró progresista y abonó para bien a nuestra democracia, se darían escenarios en los que un partido podría tener el control del congreso sin haber obtenido la mayoría de la votación. Por ejemplo, sin los plurinominales el PRI, que en la elección federal del 2015 obtuvo apenas el 29.18% de la votación emitida, tendría 160 diputados federales de los 300 que integrarían la Cámara, dándose el caso de que una minoría mandaría sobre la mayoría. Algo que la correlación de fuerzas de un congreso con plurinominales impide en este momento.

El que escribe estas líneas, diputado plurinominal federal y que entre otras cosas, tiene preparación en la abogacía y se ha desempeñado en el Congreso de la Unión, obtuvo diversos reconocimientos, como el Borde Score al ser considerado el legislador mejor rankeado obteniendo una puntuación de 100, y Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional donde impulsó exposiciones, foros y Congresos sobre la Seguridad Nacional y el fomento al amor y respeto a los Lábaros Patrios sólo por mencionar algunas de las acciones realizadas.

Cuestionar a los diputados plurinominales porque no hacen campaña o porque no  han dedicado su vida de tiempo completo a la política rompe un principio sustancial de la democracia representativa; porque en democracia hasta el que pierde una elección habría de quedar representado. El partido que no se vio beneficiado con una votación mayoritaria tiene derecho a que su voz tenga eco en el Poder Legislativo, por ello la definición de Sartori es pertinente: sí con el voto de la mayoría pero respetando a las minorías, así se debe vivir en democracia. 

Pretender establecer un sistema donde el que gane, gana todo, y que pierde, pierda todo, constituye una regresión a los Congresos absolutos, donde se diluiría la representación de diversos colectivos; debe considerarse que puede ocurrir que sólo los cuadros con mayores capacidades de llevar votos a los urnas dominen -como de hecho ya lo hacen- los partidos políticos, sin que exista una franja para sus cuadros mejor preparados o bien actores políticos o de la sociedad civil que representan minorías que sólo a través de este mecanismo encontrarán una posición en el Congreso de la Unión o en los 32 Congresos Locales. 

La SCJN aprueba diputados plurinominales en Nuevo León

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su visto bueno a la nueva Ley Electoral de Nuevo León, por lo que tendrá validez en las elecciones del 2018.

El ministro Ramón Cossío presentó ante el pleno la petición de inconstitucionalidad que promovieron por separado los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PT, así como la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Luego de la discusión, con seis votos en contra y dos a favor, fue desechado el proyecto, ya que se requerían ocho votos a favor para invalidar la ley.

Esta reforma fue aprobada en el Congreso Local el 29 de junio, generando la inconformidad de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el Gobierno del Estado.

En la sesión se ausentaron los magistrados Luis María Aguilar, presidente, Tomás Medina Mora y Alberto Pérez, por lo que Cossío, quien fungió como presidente, solicitó al pleno se retornara el tema.

La ministra Margarita Luna votó en contra basándose en el precedente 13/2001, en el cual la Suprema Corte estableció que “la obligatoriedad de las normas ocurre en dos momentos, uno al publicarse en el periódico oficial y otro en que la propia ley lo disponga. Por ese solo hecho adquiere obligatoriedad por imperio constitucional”.

Aunque Luna se dijo en desacuerdo con ese criterio e invitó a cambiarlo, consideró que se debía seguir el precedente para dar certeza jurídica al proceso electoral.

Además encontró extemporánea la acción de inconstitucionalidad, ya que dijo esta fue promovida cuando el pleno se encontraba en receso.

Luego de realizada la votación, el ministro Fernando Franco indicó que “el pleno esta desintegrado y faltan tres ministros que podrían definir una mayoría que me parece que por la importancia del asunto valdría la pena esperar”.

Sin embargo su petición igualmente fue desechada y se definió que el año electoral empezará, para Nuevo León, en Noviembre próximo como establece la ley vigente.

En esta resolución sólo se definió la ley en lo general, queda pendiente definir la validez de los diputados plurinominales, los límites de los candidatos independientes, el proceso de reelección y la paridad horizontal.

 

Valida SCJN Reforma a la Ley Estatal Electoral

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En un fuerte revés para el gobierno estatal de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalo, esta mañana, las reformas a la Ley Estatal Electoral de Nuevo León.

La reforma que había sido aprobada por el Congreso Local el 29 de junio, fue impugnada por el gobierno estatal, puesto que este la consideraba inconstitucional en varios de sus puntos.

Por su parte el ministro-presidente de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, presento un proyecto donde se planeaba que la Ley se tenía que rechazar al tener partes que ser podrían considerar inconstitucionales, entre ellas que fue publicada el 10 de julio por el Ejecutivo estatal, fecha que era pasado el plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral.

El proyecto del ministro fue rechazado con una mayoría de 6 votos en contra y 2 a favor. Ahora la controversial Ley entrará en un proceso de returno, donde la SCJN tendrá que determinar si la Ley es aplicable en el 2018, de igual manera si los temas de paridad, candidaturas independientes, selección, financiamiento, candidaturas comunes y Diputaciones plurinominales, son validas o no.