Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Dictamen plantea destitución del “Bronco” y Manuel González

by Redacción
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La Comisión Anticorrupción del Congreso Local circuló este martes un dictamen que plantea la destitución e inhabilitación por un periodo de seis años a el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y al secretario general de Gobierno, Manuel González.

“El Congreso del Estado impone a Jaime Rodríguez, en su carácter de servidor público como Gobernador del Estado de Nuevo León, la sanción consistente en destitución del cargo de Gobernador e inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen”, se lee en el proyecto.

Cabe mencionar que las sanciones presentadas en los dos dictámenes separados son las mismas que en diciembre había planteado esa Comisión y que no se votaron por considerar que el Congreso podrían incurrir en desacato de una suspensión otorgada al gobernador y al secretario de Gobierno por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Comisión Anticorrupción está siendo convocada para el jueves a las 17:00 horas para dictaminar las sanciones.

México y Cannabis: la aprobación que viene

by Rene Ramírez
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El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que regula el consumo de cannabis en nuestro país, el cual resultó ser un tema que dividió a los Senadores ante un escenario delicado respecto a la violencia relacionada al crimen organizado. La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. 

Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos tiene como origen la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde finales del  2019, en donde mandaba que el Senado de la República debe emitir legislación en la materia. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretenden colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes. 

Como podemos ver, la discusión en México sobre la regulación del consumo del cannabis se encuentra en dos sentidos: en términos del derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, siendo este último, un derecho privilegiado por el mismo tribunal constitucional declarando inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.  El Dictamen propone reformas a la  Ley  General de Salud, al Código Penal Federal y crea la  Ley General para la Regulación y Controles Cannabis. En primer término, dicha propuesta intenta reformar los artículos de la legislación en materia de salud y legislación penal que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, además de reformar y adicionar artículos  para que estén conformes a la permisión del consumo de esta planta, permitiendo hasta cuatro plantas  de cannabis controlados y posesión hasta 28 gramos, generando un uso lúdico para asociaciones formalizadas y de investigación, farmacéutico, paliativo e industrial. El punto más importante de la propuesta de Ley en este tema, es la creación del Instituto Mexicano del Cannbis, el cual dependerá de la Secretaría  de Gobernación, el cual tendría como objeto la regulación del uso, control sanitario y coadyuvar con autoridades. La discusión en Comisiones fue sumamente diversa. La bancada del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de esta regulación, argumentando que esto no abona a la lucha contra el crimen organizado y que se convierte en una amenaza para el sistema de salud. El PRI fue  sumamente cauteloso al decir que votaban el Dictamen en lo general  pero presentarían propuestas en la discusión particular. Sin  embargo, a pesar de su  aprobación general, existen varios temas pendientes que deben ser aclarados lo más pronto posible. Esta regulación no va más allá respecto a la participación privada en el ramo, que sí bien, plantea una centralización de las semillas, no analiza con mayor profundidad una mayor dinámica en este sector. Otro tema pendiente es una regulación sobre las asociaciones de cannabis y sus requisitos, autoridades de vigilancia a estos centros y cuales serán las condiciones para sus usuarios, así como medidas de atención. Los dos grandes temas que deben plantear los Senadores, son esquemas para la prevención de adicciones y políticas desde un sentido de atención integral con la entrada en vigor de la permisión del consumo de cannabis, y sobretodo, eliminar y armonizar con respeto al principio a un principio de exactitud de los delitos, ya que no queda claro el esquema de penas y delitos en esta materia. Desde otra perspectiva, tampoco queda claro cual será la participación de los estados dentro de esta discusión, ya que los impuestos establecidos para esta planta no son claros sobre si las entidades federativas podrán generar impuestos estatales o serán exclusivamente federales, así como el papel regulatorio de las entidades. 

Debemos celebrar que transitamos de un modelo de criminaliza y penaliza a los consumidores, a uno que respeta sus derechos humanos y que genera nuevos mecanismos para que las personas que decidan consumir esta sustancias, puedan hacerlo en ambientes controlados que reduzcan  algún impacto negativo en la sociedad Sin duda la discusión no es legalizar o no legalizar, sino cómo hacerlo. Estamos ante una oportunidad histórica de justicia social y de iniciar un tramo de justicia transicional con enfoque en derechos humanos que permita un México justo, tanto para los consumidores como los agricultores como los comerciantes y la salud pública. 

Manuel González presenta queja ante la SCJN por sanción

by Redacción
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El secretario de Gobierno, Manuel González, presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que el Congreso fue emplazado a aplicarle una sanción antes del 24 de abril por el caso de las “broncofirmas”.

“El día de ayer presentamos un recurso de queja en la Suprema Corta de Justicia, en la sal del Ministro que está llevando a fondo este asunto, porque consideramos que esta resolución del TEPJF es violatoria de la suspensión”, declaró González.

Por otro lado, reiteró en que las dos suspensiones otorgadas por al SCJN, y dos más por el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, protegen tanto al Gobernador como a él, por lo que consideró un error de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exigir a los diputados locales una sanción.

“No consideramos que sea lo correcto y utilizaremos todos los medios para impugnar y mantener el estatus de suspensión ante una sanción hasta que no resuelva el máximo órgano del País sobre esta condición. Hoy por hoy, las suspensiones abarcan al Gobernador y a su servidor, porque yo estoy en este caso no como Secretario General de Gobierno, sino porque fui Gobernador interino.”, dijo el funcionario.

Proponen pena de muerte por feminicidios

by Redacción
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En la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar la prohibición de la pena de muerte e imponer ese castigo a los responsables de violación, feminicidio y homicidio doloso.

“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema crueldad. Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, justificaron los legisladores encabezados por Arturo Escobar.

De acuerdo con la propuesta, firmada también por los morenistas Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas, la pena procedería contra violadores que asesinen a su víctima y feminicidas cuya víctima sea menor de edad, así como para los que resultaran responsables de homicidios agravados.

De acuerdo con la iniciativa, el artículo 22 de la Constitución prohibiría las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pero no la pena de muerte.

Asimismo, el artículo 18 señalaría que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, “excepto en los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte”.

Arturo Escobar señaló que en caso de que algún presunto delincuente presente un amparo, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decidiría la aplicación o no de la pena capital.

“Estamos asegurándonos que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes reglamentarias, factores innovadores, como, por ejemplo, que de manera oficiosa y quien prevea un amparo o no, la SCJN conozca del asunto y con 8 votos de sus 11 ministros confirme la sentencia”, declaró.

(Fuente: El Mañanero Diario)

ONGs y MC piden juicio político contra “el Bronco”

by Redacción
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Organizaciones No Gubernamentales y el partido Movimiento Ciudadano (MC) pidieron ayer al Congreso Local un juicio político en contra del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”.

Además de demandar el castigo contra el mandatario por los desvíos para recabar firmar para su campaña a la Presidencia del México en el 2018, la solicitud menciona otros tres posibles casos de corrupción, como lo son el “cobijaste”, la compra millonaria del dron hechizo y el alza salarial injustificada a la suegra de Rodríguez Calderón.

La petición fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso por Carlos Navarro, del Consejo Cívico; Verónica Sada, de Pro Propuesta Ciudadana; Jesús González, de Iniciativa Ahora; Samuel García, senador de MC por Nuevo León y Agustín Basave Alanís, líder estatal de MC.

El senador de MC, explico que con la petición buscan ganar tiempo rumbo a la resolución que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el castigo contra “el Bronco” por las “broncofirmas”.

De acuerdo a García, la Primera Sala de la Corte confirmó el pasado miércoles, en un acto intraprocesal, la responsabilidad de Rodríguez y su Secretario General de Gobierno, Manuel González, en el desvío de recursos, sin embargo, los ministros todavía deben definir la vía para la sanción, que puede ser por reglas electorales o juicio político.

Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, el Congreso local cerró sesiones sin sancionar a Rodríguez por las “broncofirmas”, al argumentar que la Corte lo impedía porque aún no resolvía una controversia presentada por el gobernador, en la cual se pide declarar como inconstitucional que el Poder Legislativo pueda sancionar al Ejecutivo.

De acuerdo a Samuel García, el juicio político que solicitan al Congreso local, permite separar del cargo al “Bronco”, incluso mientras realiza su defensa.

TEPJF obligará al Congreso sancionar al ‘Bronco’

by Redacción
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá y votará hoy un proyecto que busca obligar al Congreso local de Nuevo León a definir una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por presuntamente desviar recursos públicos para recabar firmas para su candidatura presidencial.

Cabe recordar que el legislativo local concluyó el 18 de diciembre su periodo de sesiones sin castigar a Rodríguez Calderón, esto pese a que el TEPJF ordenó emitir una sanción en ese plazo.

Los legisladores locales argumentaron en ese momento, que no podían sancionar al mandatario estatal hasta que se resuelva la controversia constitucional que “el Bronco” promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que le otorgó una suspensión confirmada en enero, con el fin de que no se ejecute el castigo.

Tras la negativa del Congreso local, el senador Samuel García, promovió un procedimiento de incumplimiento de sentencia por desacato.

De acuerdo a fuentes cercanas al TEPJF, el proyecto del magistrado José Luis Vargas plantea dar la razón al senador de Movimiento Ciudadano y obligar al Congreso a definir una sanción, aunque el castigo no se podría cumplir hasta que la Corte resuelva la controversia.

Por otro lado, las mismas fuentes mencionaron que seis de los siete magistrados de la Sala Superior se pronunciaron ayer de forma dividida en una reunión privada, por lo que no existe hasta el momento consenso para la aprobación de dicho proyecto.

Para que un proyecto sea aprobado, se necesita el voto de cuatro de los siete magistrados.

Ya lo juzgó la sociedad

by Luis Carlos Torre Garza
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Como es público, después de una persecución que duró poco más de un año, en la ciudad de Málaga, España, el 12 de febrero del actual fue detenido Emilio Lozoya Austin, quien fue Director general de PEMEX durante el periodo 2012 a 2016.

Detención, que fue celebrada por algunos Servidores Públicos como por ejemplo Irma Eréndira Sandoval (Secretaria de la Función Pública), varios medios de comunicación, ciertos columnistas y parte de la sociedad que le atribuye responsabilidad y no dudan sobre su “lógica” culpabilidad.

Lo anterior, por la publicidad y el contexto que las autoridades y “comunicadores” han realizado sobre las acusaciones que se le han imputado a Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, independientemente de su probable responsabilidad, lo anterior podría involucrar una indeseada violación a un derecho fundamental, a saber, la presunción de inocencia.

Esto, pues el principio de trato esencialmente consiste en que todo inculpado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

No obstante, debe decirse que la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia no es limitativo al desarrollo del procedimiento, sino que esta regla también debe ser aplicada de manera extraprocesal.

Me explico, la presunción de inocencia implica también el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no partícipe en hechos de carácter delictivo y en consecuencia, que no se apliquen consecuencias anudadas a hechos de esta naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

Lo anterior, pues tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, pues frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se desplaza a la acusación pública realizada por la autoridad.

En esa tesitura, es que en el caso de Emilio Lozoya Austin puede existir una violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia, pues se insiste, los señalamientos públicos influyeron tanto en la sociedad que pocos dudan sobre su culpabilidad.

Ante este escenario, lo cierto es que el verdadero juicio fue celebrado antes de la aparición de un juzgador e incluso antes de su extradición, pues hoy la realidad es que a Lozoya Austin y a su familia ya los juzgó la sociedad.

Finalmente, todo linchamiento mediático que no tiene más que la perversa intención de difamar resulta contraproducente a la sociedad mexicana.

Segob indica que consejeros del INE deben ser apartidistas

by Marisol Straffon
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Los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser personas sumamente honorables, apartidistas, conocedoras de la materia electoral, trabajadoras y con muchas capacidades, expresa Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella opinó, tras haber asistido al Foro de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, que los nuevos consejeros electorales deberán poder decidir sobre una situación determinada, y que “lo único más importante es cómo argumentan, cómo motivan y cómo fundamentan”.

Al haber recordado que perteneció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 25 años, la funcionaria expresó que los controles se dan entre los integrantes de cuerpos colegiados, “porque es la argumentación sólida lo que te da la validez, autonomía e independencia de tus criterios”.

(Con informacón de Excélsior)

Campesinos de Guerrero cambian cultivos de amapola por mariguana

by Redacción
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Naturismo Guerrerense se lee en las etiquetas de unos pequeños frascos y goteros. Son pomadas y aceites de cannabidiol (CBD), compuesto de la marihuana no psicotrópico con potencial medicinal y terapéutico.

Arturo López Torres muestra su nueva apuesta en pequeños tarros. El promotor de los productos hechos a base de cannabis es también desde hace cuatro años un activista a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales.

Él junto a Crescencio Pacheco -quien junto a su familia están en calidad de desplazados-, elaboraron la primera propuesta en 2016, para hacer legal lo que fue el cultivo que les daba de comer a de decenas de campesinos en municipios de la Sierra: la amapola.

López Torres saca del recipiente de plástico sus productos y asegura que son una verdadera medicina alternativa.

“Para desórdenes neurológicos y psiquiátricos, pero también para alimenticios y digestivos o dolores de inflamación. Entran un sin número de enfermedades que son a las que se pueda ayudar y calmar (…)”, explica sobre los efectos curativos del CBD.

A cuatro años de distancia de las primeras conferencias que dio en varios lugares, uno de ellos donde vivió durante más de 30 años, Filo de Caballos, Leonardo Bravo, sigue con el mismo discurso: la legalización de las drogas, es avalar una forma de vida que han criminalizado decenas de años. Plantas como la marihuana y la amapola, sí tienen un poder de cambiar vidas, tanto de campesinos como de usuarios.

Enseguida sustrae de una carpeta unos volantes con más información sobre las ‘aplicaciones medicinales de los cannabinoides’.

Los productos se prescriben para disminuir la rigidez o la tensión muscular que provoca la esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva del sistema nervioso. En una especie de tabla nutricional, organizada por colores, están clasificadas las enfermedades que se pueden combatir con esta sustancia. Son las mismas que mencionó el promotor.

Mujeres elaboran los aceites

La propuesta medicinal a base de cannabis es elaborada por mujeres. Las pomadas y aceites las producen 10 mujeres constituidas en Amapolas -Asociación de mujeres productoras de opio en Latinoamérica para la salud S. de R.L. -, con el propósito de impulsar un movimiento que defienda las propiedades medicinales de la marihuana y la amapola.

En esos propósitos incluyen comercializar el cannabidiol próximamente. Esto podrá ocurrir a partir de abril.

El Senado tiene hasta ese mes, cuando también cierra su actual periodo de sesiones, para concluir el debate sobre el cannabis. Es él último plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacerlo, pues, ha considerado inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

En 2017 quedó avalado su uso medicinal, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) todavía no lo regulariza, según lo que han documentado algunos medios de comunicación sobre el tema.

Estas mujeres comenzaron a hacer la pomada y el aceite con la asesoría de profesionales en Química. Según López Torres buscaron ese asesoramiento para extraer el CBD de la planta. Lo hacen en un espacio rentado en Guerrero, del que se reservarán detalles.

El promotor ofrece algunos datos del cultivo que hacen de marihuana, el paso que antecede la elaboración de CBD en pomada y aceite. De eso se encargan jóvenes que siembran en controlados espacios cannabis sativa.

Dice que comienzan a alinearse al esquema que contempla la propuesta de legalización total de la marihuana. Tratan de ajustarse a los espacios que autorizarán para cultivo. Lo que conoce hasta ahora es que cada persona podrá cultivar cuatro o seis plantas de marihuana con la regulación de una instancia de gobierno que deberán definan.

“Ahorita (cultivamos) en plantas y camuflajeado. Hay que poner malla ciclónica, hay que poner malla con sombra, porque son seis plantas, no nos podemos ir más allá. La ley es la ley y ellos no se fijan que lo estamos haciendo con fines médicos, ellos van a pensar en un momento dado que esas plantas las están haciendo para venderla como marihuana para fumársela”, cuenta.

La cannabis sativa, de acuerdo los datos públicos sobre la planta, tiene una carga mayor de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la marihuana, lo que implica un procedimiento más tardado para las mujeres productoras, porque deben separarlo del CBD, el compuesto que les interesa comercializar.

En sus planes, López Torres prevé una cooperativa con esos jóvenes, quienes se encargarían de cultivar el cannabis de manera orgánica. La cooperativa es una figura que les da la oportunidad de ampliar el espacio de cultivo, para una producción suficiente.

Sembrarán sólo cáñamo ruderalis, una especie que tiene un periodo de floración más corto y un contenido alto en CBD.

Con el cultivo del cannabis ruderalis no sólo garantiza la comercialización del CBD, abren una brecha de oportunidad para el cáñamo o fibra de la de planta, el cual tiene distintos usos industriales, como el textil.

Los detalles que comparte Arturo López Torres sobre los planes de comercializar cannabidiol ocurrió en un espacio de su última visita a Guerrero. Desde hace un tiempo su permanencia en el estado es itinerante.

Él no está en una condición de desplazo como familias de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, que tuvieron que dejar sus casas el 11 de noviembre de 2018, luego de que civiles armados se apoderaran de ellas como hasta ahora. Las familias no han podido regresar y recuperar sus tierras y casas.

Cada vez sube menos al pueblo donde llegó hace más de 30 años, Filo de Caballos, comunidad del municipio de Leonardo Bravo, localizada en la Sierra. En 2010 fue autoridad de la comunidad, pero desde que llegó es gestor de proyectos para los campesinos, ha sido su actividad principal.

Desde esa comunidad impulsó el movimiento por la legalización de la amapola. Primero, su argumento se sostenía en que los militares debían respetar los cultivos de amapola de los campesinos de la Sierra de Guerrero, porque eran una de las pocas opciones en la región para sobrevivir.

Los habitantes de la región destaparon esa demanda después del 28 de abril de 2016, cuando bajaron de distintas comunidades y bloquearon la autopista del Sol en la parte norte de Chilpancingo, con el reclamo a las autoridades de que reactivaran la economía en la Sierra. Esa protesta les costó que policías los desalojaran con violencia, de acuerdo con lo documentado por periodistas en distintos medios de comunicación.

A partir de entonces, los habitantes de pueblos serranos, como Filo de Caballos, comenzaron a hablar de sus plantaciones de amapola y de las agotadas opciones de una región donde, hay mucha riqueza natural -agua abundante, espeso bosque y un clima frío -, pero sin los espacios y la infraestructura (carretera, escolar, sanitaria…) para que les favorece más allá de sembrar amapola y sacar la goma de opio que suben a comprarles.

En ese año López Torres declaró a reporteros sobre que la Sierra es un territorio con mil 280 comunidades y 50 mil habitantes dedicados a sembrar amapola.

Después, se involucró junto a otros habitantes de pueblos cercanos a Filo de Caballos, en un movimiento por la legalización de la amapola. Guerrero, es una de los estados del país que más producía amapola, sobre todo en la Sierra, según los informes institucionales.

En agosto de 2018, los habitantes de la región organizaron en Filo de Caballos el Foro Regional de la Sierra de Guerrero, y debatieron sobre la legalización de la amapola con fines medicinales, con la sugerencia puntual de ser consultados. Ahí estuvo López Torres.

En ese año hubo sobresalto en la región. En noviembre, casi en una sola tanda, se salieron de sus casas unas mil 600 personas, según los números que ellos mismos manejaron. Se desplazaron a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde varias familias permanecen, otras buscan refugio en Estados Unidos.

La razón de su desplazamiento fue que se instaló un grupo armado en sus pueblos y en sus casas. Algunas familias se quedaron en la Sierra y viven en ese contexto. La amapola dejó de ser una opción rentable, por el aumento de violencia en sus comunidades y por la baja del precio de la goma de opio, extraída de la flor. La gente comenzó a buscar opciones para ganarse el sustento.

Desde entonces, los que se salieron siguen sin volver.

Al explicar las funciones de los cannabinoides, el ex comisario menciona que la legalización de la amapola pinta para demorar mucho más, y después de ese análisis es que se enfocaron al proceso de la marihuana.

La planta también se cultiva de manera abundante en Guerrero y casi siempre se le ha enunciado sólo como una droga. Sus propiedades medicinales son un tema que tiene poco reconocimiento, aunque del opioide se elaboran tratamientos para enfermos de cáncer, entre otros potentes medicamentos.

López Torres tiene una interpretación más profunda de la marihuana. La relaciona a un camino de solución. Cree que su legalización es parte de la solución al problema de violencia en México. “Por causa de esta planta, que satanizaron hace muchos años, son los problemas que hay en el país. Si se legaliza, considero, va a bajar mucho el índice delictivo. De violencia, de todo”. También la evalúa como la gran opción medicinal.

En esta segunda evaluación que hace sobre la marihuana, es donde sostiene, junto a mujeres emprendedoras, la producción de pomadas y aceite. Lo conciben en este momento más que un proyecto, porque ya toma forma de comercio.

Naturismo Guerrerense, la frase que da personalidad a los productos, dice el ex comisario, es una marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Se han amparado ante la negativa de la Cofepris de darle el visto bueno a sus productos. Esperan que tan pronto la Comisión lo tenga regularizado.

Tienen casi todo listo para comercializar el CBD, sólo esperan la legalización definitiva de la marihuana en abril.

Para Arturo López es estratégico comenzar el negocio desde ahora, ante el proyecto de legalización total de cannabis en México, para correr menos riesgos de que los dejen fuera. “Si no nos ponemos listos vamos a quedarnos, como siempre, al último”.

El promotor sabe que el mercado de la marihuana legal en el mundo es millonario. Prevés un interés repentino en México de países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, por lo atinado de su clima y suelo para producir cannabis.

“Son gente que trae mucho dinero, muchos recursos para venir y posicionarse del mercado, y como siempre, dejarnos a nosotros, los más pequeños o a los agricultores, en el suelo, sin nada, y ellos llevarse la mayor parte de ingresos de esta planta”, avizora.

El 7 de febrero, hace cuatro días, el diario español El País publicó una noticia con el cabezal: ‘Canadá quiere el negocio de la marihuana legal en México’. Es una información que da cuenta como cabilderos de grandes empresarios recorren los pasillos del Senado para “quedarse con una tajada de un negocio multimillonario”.

En la nota citan lo que un empresario canadiense, dedicado al negocio del cannabis, Erick Factor, fundador de MYM Nutraceuticals, dijo a legisladores: “Su localización en el mundo es perfecta, sus costos laborales son perfectos, su clima es perfecto (…) Dejen que las empresas privadas expandan sus negocios, que hagan lo que saben hacer”.

Arturo López sabe de lo que dice.

(Fuente: Animal Político)

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

by Redacción
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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.