poder legislativo

Padre Solalinde: La cara progresista en la política de la Iglesia Católica

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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A lo largo de la historia, no ha existido estructura con mayor número de adeptos, así como mayor influencia en los asuntos políticos de México, como lo es la iglesia católica. Si bien los esfuerzos emprendidos por personajes como el presidente Benito Juárez contribuyeron a establecer un distanciamiento entre los asuntos del clero y del estado, así como el nacimiento de un auténtico estado laico, es indudable el peso que dicha institución continua ejerciendo en los aparatos estatales.




Sea por medio de figuras de autoridad que establecen una postura rígida frente a los asuntos que competen al poder legislativo (como lo que se presenció no hace mucho con las declaraciones del Cardenal Norberto Rivera en relación a la iniciativa presidencial sobre el matrimonio igualitario); así como a través de grupos fachada defensores de posturas conservadoras (véase Frente Nacional x la Familia o ConParticipación), una considerable parte de la iglesia ha mostrado una defensa por visiones tradicionalistas, contrarias al progresismo predicado en décadas previas bajo la óptica de la teología de la liberación.

No obstante, si bien resulta verdadero lo anteriormente dicho, es cierto que también existe un sector eclesiástico con una concepción más apegada a un progresismo y a una ruptura con el tradicionalismo predicado por variadas congregaciones. Entre los miembros de tal sector, se puede mencionar al Padre Alejandro Solalinde.

Ministro de culto, activista, defensor de los derechos humanos y defensor de los migrantes, Solalinde representa lo contrario al fundamentalismo actual: a una figura religiosa, que si bien se involucra en los asuntos políticos, lo hace bajo el estandarte de la lucha por recuperar la dignidad del prójimo; más allá de contribuir a mantener la influencia eclesial en los asuntos públicos, Solalinde contribuye más como ciudadano que como representante religioso deseoso de mantener su poder en los poderes de la unión.

Fungiendo como un ejemplo de solidaridad y valor en momentos de gran impacto, como la exigencia de que no quedaran impunes los crímenes cometidos en Ayotzinapa y las acciones de políticos como Javier Duarte, Alejandro nos hace recordar aquella teología de la liberación que orientaba hacia un progresismo en la visión del catolicismo.

Igualmente, es la sinceridad, el coraje y la calidez humana lo que distingue a dicho sacerdote de otros personajes relativos a la creencia predominante de nuestro país, los cuales se valen de su estatus para influir en las decisiones que dirigen el rumbo de la nación.

Tal ejemplo es lo que habría de hacer replantear a la iglesia sobre su postura sobre los asuntos públicos, y hacerlos ver lo fundamental que resulta un cambio en sus formas, el cual debería observarse en contemplar a una Iglesia Católica que ya no se entrometa más, de forma directa, en las decisiones de nuestros legisladores, sino que, como lo ejemplifica Solalinde con su acción diaria, actúen de forma directa en los problemas que aquejan a la población.




Es hora de ver, no solo un cumplimiento verdadero del concepto de la separación iglesia-estado, sino que también de apreciar el surgimiento de una iglesia que verdaderamente se preocupa por el bienestar de su prójimo, y en lugar de contribuir a la realización de marchas que buscan limitar los derechos de un determinado grupo, busquen la forma de ayudar a los desprotegidos y luchen por garantizar el cumplimiento de un piso mínimo de dignidad que supuestamente nos garantiza nuestra Carta Magna.

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Presupuesto Nuevo León 2017 ¿y la Austeridad y el gobierno abierto?

by Redes Quinto Poder
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El día 20 de noviembre se presentó el Paquete Fiscal del año 2017. Allí se incluye lo referente a los ingresos y egresos del Estado de Nuevo León. Respecto a esto, Redesquintopoder IDEA, subraya lo siguiente:

Primero, el Poder Ejecutivo realizó cuatro reuniones con el Poder Legislativo para definir el Paquete Fiscal. Sin embargo, estas reuniones fueran de carácter privado, por lo cual no contaron con la participación de la ciudadanía.

 




Segundo, el Gobierno anunció que el impuesto de la Tenencia se mantiene hasta 2019, además que creará nuevos impuestos derechos, y aumentará otros ya existentes como el del Hospedaje. No obstante, no aparece un Plan de Austeridad dirigido a solucionar el recorte presupuestal que argumenta tener el Ejecutivo, es necesario que todos en el gobierno también se “aprieten el cinturón”.

Tercero, es válido recordar que el Gobernador Jaime Rodríguez prometió en su campaña política que iba a eliminar la tenencia, así lo acordaron con los diputados en 2015, sin embargo, el prorrogarlo hasta 2019, da lugar a que en el 2017 nos digan que este se vuelve hasta a prorrogar hasta el 2020.

 




Cuarto, Los formatos en los que subió el paquete fiscal  no están en datos abiertos, sino en PDF, lo cual restringe el acceso a esta información que además de ser de carácter público debe ser accesible.

Por último, esperamos que el Congreso del Estado de Nuevo León debata públicamente, y en mesas si es necesario, para contar con las aportaciones que ofrezca la ciudadanía en lo que se refiere al Paquete Fiscal y así maternizar los principios de gobierno y parlamento abierto.

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Más libertad, por favor

by María Elizondo
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Después de una incansable lucha por reconocer y transformar el sistema penal conforme a estándares internacionales de derechos humanos, en junio de 2008 se aprobó la Reforma Constitucional en materia penal. Específicamente fortaleciendo el sistema en seguridad y justicia. Dicha reforma consistió principalmente en pasar de un sistema inquisitivo (considerado obsoleto) a uno acusatorio.

El Poder Legislativo determinó que la entrada del nuevo sistema tendría un plazo de ocho años. Plazo que hace dos meses expiró, dando entrada formal al nuevo sistema acusatorio.

Además de entrar en vigor de la reforma en todo el país, también se aprobó en el mismo mes la Ley Nacional de Ejecuciones Penales (LNEP), la cual tiene como objetivo restaurar la administración y operación de los Centros Penitenciarios, y sobre todo procurar la reinserción de las personas privadas de la libertad, la cual consiste principalmente en la capacitación de áreas: sociales, deportivas, educativas, de salud y trabajo, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos fundamentales del interno(a).

LNEP contempla dos beneficios que se le pueden conceder a las personas privadas de la libertad; los cuales son la libertad condicionada y la libertad anticipada (1).

Para poder acceder a cualquiera de alguno de los beneficios penitenciarios las y los internos deben de cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran: que no exista un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, tener buena conducta, cumplir con el plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño, y no estar sujeto a otro proceso penal.




En el caso de la libertad condicionada, haber cumplido con la mitad de la pena y para la libertad anticipada haber cumplido con el setenta por ciento de la pena impuesta en caso de delitos dolosos y la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

Para ambos beneficios se tiene como limites los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es decir, las personas que fueron sentenciadas por un delito de alto impacto, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario.

En los últimos días se desató una serie de noticias en periódicos importantes de la región con titulares cómo: “Liberarán a mil 987 reos”, “Alcalde discrimina a reos”, “Acuerdan ver casos de reos que serían liberados”; En primer lugar, referirse como “reos” a una persona que esta privada de la libertad, es discriminatorio y despectivo, los términos correctos son: persona privado de la libertad o interno(a); y en segundo, las y los jueces no liberan por liberar.

El objetivo de los beneficios penitenciario es lograr disminuir la sobrepoblación y el hacinamiento que existen actualmente en las prisiones mexicanas, el cual fue provocado por el uso desmedido de la prisión por parte los operadores del sistema. La sobrepoblación y el hacinamiento se traduce a problemas cómo: el autogobierno, malas condiciones de vivienda e higiene dentro de los Centros, desigualdad, abuso de poder, y violaciones a derechos humanos, esto por solo mencionar algunos.

Cuando una persona privada de la libertad ha demostrado que está plenamente interesada en su reinserción social, y ha trabajado arduamente en su plan de actividades durante el tiempo solicitado, claro que se le debe conceder un beneficio penitenciario.

Atendiendo a la concepción del sistema de justicia penal y su finalidad.

El sistema de justicia penal, no es para castigar y quitarle todos los derechos a una persona que se le fue impuesta una sanción por cometer un delito. Es para reinsertar y vincular a una persona en la sociedad, no alejarlo(a) de ella.

Si pensamos lo contrario, entonces no estamos conscientes que nosotros(as) también somos parte del problema. Por lo tanto, si una persona demostró durante un tiempo considerable que ha trabajado para lograr su reinserción, ¿por qué no concederle su libertad anticipada? Si la finalidad del sistema penal no es castigar por castigar, es reinsertar a la persona a la sociedad.

Al hablar sobre las cárceles es importante comprender y observar la situación que se vive. Una realidad que lamentablemente existe en un mundo donde no debería.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) monitoreando el desarrollo del sistema penitenciario en el Estado de Nuevo León ha determinado dentro de sus resultados, cómo a través del tiempo nuestro sistema ha ido decayendo cada vez a nivel estratosféricos.

En el año 2006 se contaba con una calificación de 7.27 (considerándose “buena”) para nuestras cárceles, para el año 2010 se obtuvo un resultado de 7.02 y a tan solo dos años después se bajo hasta 5.81, terminando para el 2014 con una calificación de 5.2. (considerándose muy mala) (2)

Del último diagnóstico realizado al Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, la CNDH le otorgó una calificación de 5.72, exponiendo en dicho informe, el problema sobrepoblación, hacinamiento, la mala separación entre mujeres y hombres, así como la separación en área de ingreso, C.O.C., talleres, áreas escolares, servicios médicos, entre otros.

De igual forma, se obtuvo calificaciones de 5.59 en prevención de delito y atención de actos violentos dentro del penal, 5.57 en prevención y atención de la tortura y 4.23 en la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos de los internos ante la instancia competente. Sobre los aspectos para garantizar una vida “digna” dentro del Penal, se encuentra con una calificación de 2.27 en condiciones de materiales e higiene de las instanciales para alojar internos, es decir dentro de los dormitorios. (3)

Además no hay que olvidar los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, el 11 de febrero y 1 de junio de 2016. En donde en el primero 49 internos perdiendo la vida, y en el segundo, 3 personas y 19 resultaron heridos. Eventos que solo reflejan la situación preocupante de un sistema penitenciario plagado por la corrupción y violencia.

La responsabilidad y manejo de los penales le corresponden directamente al gobierno del Estado, el cual es el encargado de garantizar las condiciones necesarias para que una persona pueda vivir dignamente dentro de prisión. Por ello, es indispensable conocer y comprender la grave situación de los centros penitenciarios, sobre todo en Nuevo León.

Los acontecimientos ocurridos y las condiciones faltales que existen dentro del penal Topo Chico, son solo el resultado de una mala administración por parte de las autoridades. Además de la fuerte presencia de la delincuencia organizada, la cual en ningún momento ha sido fiscalizada.

Es indispensable recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar todos y sin excepción alguna los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, entre los que se encuentran derecho a una vida digna, libertad e integridad personal, y su seguridad dentro de los penales.

¿De qué sirve que las cárceles estén repletas de personas si su finalidad no se logra? Debemos de dejar de tener la mentalidad que la única manera en que una persona puede cumplir con su sanción es la pena privativa de la libertad, ese pensamiento solo ha ocasionado la creación de una sistema pesado y poco efectivo.

Debemos optar por la justicia restaurativa, y/u otras sanciones (4) las cuales sí reparen a la víctima u ofendido, así como procuran la reinserción verdadera de la persona privada de la libertad.

(1) Los beneficios penitenciarios consisten en: se le concede a una persona privada de la libertad para que pueda salir antes de cumplir su sentencia, dichos beneficios contemplan una serie de requisitos y limitantes, así como reglas para su revocación en caso de incumplir con alguna de los impuesta por las y los jueces de ejecución.

(2) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(3) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2014.pdf; http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(4) Pueden ser: multa, trabajo a beneficio de la comunidad, inhabilitación, suspensión y privación de derecho, caución de no ofender, amonestación, publicación especial de sentencia, confinamiento, suspensión, disolución o intervención de sociedades, prohibición de realizar determinados actos, pérdida a favor del Estado.

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Implementación de un jurado en nuestro sistema procesal: ¿Opción viable y necesaria?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Desde el año 2008, en virtud de la notoria ineficiencia y corrupción del sistema procesal mixto empleado desde hace tiempo en nuestro país, se optó por iniciar un camino para modificar dicho sistema por uno de carácter acusatorio. Actualmente, se ha llegado al plazo límite en el que cada entidad federativa debió haber adecuado todos los elementos necesarios para que estos se acoplasen con las reformas planteadas.

Aspectos que radican desde la óptima capacitación de la policía, hasta la creación de nuevos espacios donde puedan llevarse a cabo los juicios orales, constituyen algunas de las piezas imprescindibles para asegurar la correcta aplicación del proceso de carácter garantista e igualitario que se decidió poner en marcha.

No obstante, luego de haberse cumplido el plazo para que cada estado modificara todo lo necesario, valdría la pena hacerse la pregunta: ¿Se incluyó todo lo necesario a las reformas de nuestro sistema procesal? ¿O acaso existen fundamentos que pasamos de largo y que deberíamos plantear, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito en lo que la administración de justicia se refiere? Dentro de las consideraciones que probablemente debieron contemplarse, considero la implementación de un jurado como una de las más urgentes; definido como una institución en la cual los ciudadanos contribuyen a la administración de justicia mediante la emisión de un veredicto que decide la culpabilidad o inocencia de un imputado en un juicio, la figura del jurado es aplicada actualmente en un diverso grupo de países (en los cuales es variable el rango de aplicación de dicha figura, por ejemplo: Brasil sólo utiliza al jurado para ciertos delitos) , entre los que son parte: España, Estados Unidos, Noruega, Escocia, Brasil, Italia, Suecia, entre otros. De esta forma, los países que cuentan con un jurado incluyen, de una forma mayor a la ciudadanía, en lo que la administración de la justicia se refiere.

Si bien hay actualmente objeciones a tal institución, bajo argumentos como la considerable posibilidad de persuadir a un grupo personas que no son precisamente conocedores del derecho, absolviendo así a individuos culpables de los delitos que se les imputan, habría que preguntarse ¿qué hay de los demás poderes de la unión? Pues se habla mucho del riesgo antes mencionado, sin tomar en cuenta que actualmente un gran número de nuestros legisladores no cuentan exactamente con una carrera afín a la creación de normas; lo siguiente tomando en cuenta que, son ellos los que pueden modificar nuestra ley suprema: la Constitución Mexicana.

Dicho esto, no se trata por otro lado, de sugerir la existencia de un poder legislativo donde imperen los conocedores del derecho y la política sobre la voluntad del pueblo, sino al contrario: habría que ampliar esa voluntad del pueblo hacia nuestro poder judicial, el cual hoy carece de democracia.

Igualmente, por el hecho de ser necesaria la progresividad de las leyes, entendiéndose esto como el llevar a cabo una reforma de proporción considerable por etapas, (tal como se llevó a cabo la transición del sistema mixto al sistema acusatorio) considero que la propuesta de crear un jurado debería implementarse por pasos, comenzando por implementar jurados para casos civiles, así como para delitos menores. Esto, con el fin de dotar a la democracia de un carácter progresivo, para que de esta forma los ciudadanos estemos más adentrados en los asuntos que nos conciernen.

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Nosotros mexicanos…

by Sofía Rosiles Hernández
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En México se vive alrededor de la impunidad, donde la aplicación de las leyes solo es para unos, haciendo a un lado el estado derecho, por el cual los abogados deben de realizar bien su tarea, para ejercer la democracia. Sabemos que el país cuenta con un sin fin de problemas y debilidades políticas, sociales, económicas, entre muchas otras, pero por otro lado se necesita resaltar sus fortalezas y que estas son mucho mas grandes, pero no se han dado a conocer o simplemente están echas a un lado.

Como mexicanos, debemos darnos el lujo y privilegio de aspirar a un mejor país, destacando sus bondades, su cultura, esencia y educación. Nos encontramos en un México donde sus instituciones van degradándose y junto con la sociedad mexicana poco a poco también. Estamos sobre un México donde el ejecutivo no dialoga, comunica, debate, platica o habla con el legislativo, y eso que nos encontramos en un país civilizado. Se vive un choque entre los tres poderes del país y junto con ellos se llevan de encuentro a la sociedad, como anteriormente mencioné.

Estamos sobre un México donde el ejecutivo no dialoga, comunica, debate, platica o habla con el legislativo, y eso que nos encontramos en un país civilizado. Se vive un choque entre los tres poderes del país y junto con ellos se llevan de encuentro a la sociedad, como anteriormente mencioné.

Un partido político no debe decidir sobre sus propios intereses ni por los representantes de su mismo partido, porque es ahí donde falla el país. La busca del bien común, va mas allá de los colores o principios de un partido político, sino con el apoyo de distintas perspectivas, con el cual se puede llegar a una mejor solución. Venimos de un presidencialismo exagerado, y como mejor ejemplo pongo a: Luis Echeverría. Él como presidente, era el líder real del partido, teniendo una gran influencia sobre el personal político, hasta decía que la economía se mandaba desde Los Pinos.

Sin embargo, surgió una nueva generación libre de ataduras, atreviéndose a modificar el “establishment” del país, y como consecuencia viene la alternancia en el año 2000. Vivimos en una generación que ya no se cree lo que se dice en una televisión abierta, debido a las influencias políticas que han caído sobre ella. Por otro lado, se necesita una sociedad mas proactiva, generando mas democracia en el país, defendiendo los valores que aún esta todavía tiene y conserva.

Vivimos en una generación que ya no se cree lo que se dice en una televisión abierta, debido a las influencias políticas que han caído sobre ella. Por otro lado, se necesita una sociedad mas proactiva, generando mas democracia en el país, defendiendo los valores que aún esta todavía tiene y conserva.

El gobierno no se debe de considerar como un negocio de político, sino como una instancia de servicio a una nación. El debilitamiento de las instituciones es una de las razones de donde surgen los problemas, sin embargo se pueden hacer mejores las cosas. Además, me atrevo a decir que el gobierno mexicano se encuentra un con déficit de capacidad de atender a las necesidades de su propia población, generando así inestabilidad en la misma.

Por último, contamos con una sociedad abierta y viva, que quiere más democracia en el país, que sea escuchado, que proclama sus derechos. Y con una juventud mexicana que sale de la comodidad para salir a contribuir con lo que es de todos, que no se queda callada, sino que alza la voz.

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Caso Medina: el trampolín presidencial del Bronco

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Ante el hartazgo del abuso y del hambre de poder de los partidos políticos, la ciudadanía de Nuevo León optó, en las elecciones del año pasado, por votar al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, para la gubernatura. Apreciando a este mismo como una esperanza última que resolvería todos los problemas heredados por su antecesor (esto, como producto de hacer creerle a la población, o bien mantenerla en el error, que tenemos una democracia electoral cuando en realidad tenemos una democracia representativa), los nuevoleoneses le confiaron el cumplimiento de diversas problemáticas, entre las cuales, se encontraban promesas realizadas por el actual gobernador en campaña; casos como Monterrey VI, transporte público gratuito para estudiantes, la eliminación de la tenencia y la resolución de los escándalos de corrupción de Medina, constituyen una parte intrínseca de aquellas promesas electorales que, de una u otra manera, contribuyó a que los electores le confirieran su voto a la opción independiente.

…los nuevoleoneses le confiaron el cumplimiento de diversas problemáticas, entre las cuales, se encontraban promesas realizadas por el actual gobernador en campaña; casos como Monterrey VI, transporte público gratuito para estudiantes, la eliminación de la tenencia y la resolución de los escándalos de corrupción de Medina, constituyen una parte intrínseca de aquellas promesas electorales…

Ahora bien, remontándonos al día de hoy, habríamos de preguntarnos ¿cuántas promesas, de las dichas previamente, ha cumplido Jaime Rodríguez? En cuanto a la tenencia, por el momento se promete una eliminación “gradual” de la misma, hasta llegado el 2018, año donde se asegura, será eliminada. Por parte de Monterrey VI, la mayoría hemos presenciado la exagerada variabilidad con la que el gobernador responde: unos días asegura la cancelación del proyecto, otros asegura que dicho proyecto es la única opción, por lo que podría decirse, al igual que la tenencia, que actualmente se encuentra en espera el cumplimiento de la cancelación definitiva. Asimismo, en el caso de la gratuidad del transporte público para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, la historia no es muy distinta a lo dicho previamente, pues si bien el poder legislativo votó a favor de la mencionada gratuidad del transporte, actualmente no se ha comunicado un proyecto oficial al secretario de transporte, que explique a detalle cómo será llevada a la práctica dicha propuesta.

De las promesas que continúan (viéndolo de forma optimista) “en espera”, no puede faltar una que se encuentra, con más fuerza que las demás, en la mente de la sociedad de Nuevo León. Se trata de Medina, aquel gobernador acusado de extraer cantidades monetarias exorbitantes del erario (o mejor dicho, tu dinero y el mío que pagamos de los impuestos) y el cual continua libre y sin ser investigado de forma seria. Esto mismo, aunado al hecho de como Jaime ha mencionado en reiteradas ocasiones a través de los medios, su intención de contender a la presidencia, deja claro un aspecto: o logra llevar ante la justicia a Medina y compañía, o se despide de su sueño de fungir como candidato presidencial.

…aunado al hecho de como Jaime ha mencionado en reiteradas ocasiones a través de los medios, su intención de contender a la presidencia, deja claro un aspecto: o logra llevar ante la justicia a Medina y compañía, o se despide de su sueño de fungir como candidato presidencial.

¿Por qué se menciona esto? Porque hasta ahora no ha cumplido con alguna de las promesas que aseguraba, llevaría a cabo al ser electo, por lo que faltando dos años para las votaciones para presidente de la república, su último bastión habría de ser el encarcelar a Medina, para lograr posicionarse como un candidato “decente”, y además, para bien o para mal, no ensuciar el nombre de los candidatos independientes (esto, debido a la captación que hay hacia el como un “representante de los mismos, a raíz de ser el primer gobernador electo que no contaba con un partido político que lo respaldara). Será el tiempo el que dicte el destino de su carrera política, mas sin embargo, sería la ciudadanía la que al final deberá reclamar el poder que tienen como pueblo para exigirle al ejecutivo, que cumpla con cada compromiso que hizo en campaña, y no lo deje como un simple conjunto de palabras demagógicas a las que estamos tan acostumbradas de parte de los demás servidores públicos.

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¿Fuero mal entendido?

by Luis Garnica
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Era una noche de octubre de 1913 y el Senador Belisario Domínguez se encontraba en su habitación de su hotel cuando fue sacado y llevado al cementerio de Xoco en Coyoacán en la Ciudad de México donde fue asesinado a punta de balazos, no sin antes que le cortara la lengua su enemigo profesional, el Dr. Aureliano Urrutia, con el fin de enviársela al entonces presidente, Victoriano Huerta. Tras darse a conocer los hechos y que Huerta había estado detrás del asesinato del Dr. Domínguez, Victoriano disolvió el Congreso y mando encarcelar a 90 diputados.

Con ese oscuro capítulo de la historia posrevolucionaria de México, en 1917 nació la figura de la inmunidad procesal o mejor conocido como “fuero”. Lo que entendemos con esto es que realmente este artículo de nuestra Constitución, nace no para darle privilegios infinitos a los Diputados y Senadores de la República, al contrario la idea original era protegerlos del Presidencialismo que existía en la época, ¿qué fue lo que pasó?

Lo que nació como una ley que protegía a los Diputados y Senadores de cualquier acusación en su contra por sus declaraciones y que adicionalmente garantizaba un balance entre poderes, puesto que de ésta manera se salvaguardan de eventuales acusaciones sin fundamento, es hoy por hoy el máximo símbolo de impunidad y corrupción en nuestro país.

La inmunidad procesal o fuero se ha ido viciando con el tiempo hasta llegar a lo que es, una cobija de protección para funcionarios públicos que han hecho algún delito, como el robo al erario, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otras cosas. Hoy para iniciar un proceso penal contra un funcionario público tiene que realizarse un juicio de desafuero, que solamente el Poder Legislativo puede proponer, tal y como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En el caso de Diputados y Senadores es de la misma forma, sus propios compañeros tanto de Cámara como de Partido.

La inmunidad procesal o fuero se ha ido viciando con el tiempo hasta llegar a lo que es, una cobija de protección para funcionarios públicos que han hecho algún delito, como el robo al erario, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otras cosas.

Durante las recientes semanas se ha propuesto y discutido, tanto en el Congreso Local de Nuevo León, como a nivel federal eliminar el fuero que tienen alrededor de mil 854 servidores públicos, entre los que figuran desde Diputados Locales, hasta el Presidente de la República. El fin de eliminar el fuero, para los que lo han propuesto, es que los servidores públicos no puedan seguir escudándose con esta norma.

Tal y como lo dijo esta semana por este portal Jorge Rodríguez, el chapulineo es uno de los males de la política mexicana, y yo consideró que otro de los males es el “fuero” que hoy gozan todas nuestras autoridades. Por otro lado, como Mauricio López lo mencionó, la #Ley3de3 no es lo único que se debe de hacer para combatir la corrupción, algo con lo que concuerdo, pues de igual manera tenemos a la inmunidad procesal impidiendo en más de una ocasión los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.

Durante las recientes semanas se ha propuesto y discutido, tanto en el Congreso Local de Nuevo León, como a nivel federal eliminar el fuero que tienen alrededor de mil 854 servidores públicos, entre los que figuran desde Diputados Locales, hasta el Presidente de la República.

Coincido con los puntos de vista de que se debe de eliminar el fuero de todos los funcionarios públicos, puesto que ya en nuestros tiempos no existe más el presidencialismo que había antes y después de la Revolución Mexicana. Al contrario, hoy en día el Poder Legislativo tiene en ocasiones más poder que el mismo Poder Ejecutivo. De igual forma, el fuero ha entorpecido en más de una ocasión las investigaciones contra funcionarios corruptos. Los que han cometido algún delito de una u otra manera consiguen la forma de “chapulinear” a otro puesto con el fin de seguir con el fuero, esto lo hemos visto en casos como el del ex edil de Monterrey, Fernando Larrazábal, quien en su momento saltó de alcalde a Diputado Plurinominal, con el fin de protegerse de una potencial investigación en su contra.

El fuero es en sí uno de los males del sistema político mexicano. Sin su eliminación completa no habrá Sistema Nacional Anticorrupción o leyes que puedan procesar de manera correcta a servidores públicos que han delinquido durante sus funciones. Por lo tanto, me uno a las voces ciudadanas que han pedido que se elimine por completo el fuero, ya que, desde mi punto de vista, ha sobrevivido a su propósito original.

Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

by Mauricio López
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Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.– Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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La inmunidad de los diputados de Nuevo León

by Javier Náñez Pro
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Desesperanzadora y frustrante mañana con la que despertó Nuevo León ayer, al ser puesto en evidencia otro escándalo más de MOCHES en el Congreso de Nuevo León. Si las cuentas no me fallan, ya es el tercer caso en apenas cuatro meses.

El primero siendo el de diciembre en donde se ventiló en redes sociales (quizá porque no salió en medios tradicionales para no exhibir su complicidad algunos no lo sabían) que los diputados les organizaron una posada en donde regalaron televisiones, pantallas y otros premios (de acuerdo a la publicación [https://www.facebook.com/AnonMty/posts/187975711553875], comprado todo esto con dinero público y avalado por la Comisión de Adquisiciones del Congreso) a periodistas de El Horizonte, Televisa, Reporte Índigo, Milenio, Multimedios y otros medios de comunicación que se dedican a golpear y desprestigiar al Gobierno Independiente de Jaime Rodríguez, pero que guardan silencio de la gran mayoría de tropelías que sufrimos los ciudadanos a manos de los partidos políticos.

El segundo escándalo, publicado por El Norte no hace más de un mes, en donde por lo menos ocho alcaldes rurales de Nuevo León acusaron anónimamente (debido a que fueron amenazados) a diputados del PRI y del PAN, de condicionarles apoyos del Fondo de Desarrollo Municipal y de Ultracrecimiento…

¿Hubo renuncias, culpables señalados o comparecencias en donde se les cuestionara o exigiera la renuncia? No.

El segundo escándalo, publicado por El Norte no hace más de un mes, en donde por lo menos ocho alcaldes rurales de Nuevo León acusaron anónimamente (debido a que fueron amenazados) a diputados del PRI y del PAN, de condicionarles apoyos del Fondo de Desarrollo Municipal y de Ultracrecimiento (fondos recién creados con la Ley de Coordinación Hacendaria que aprobaron apenas en diciembre del año pasado) al pago de un porcentaje (moche) de hasta el 40% del monto total de las obras. Y no solo eso, sino que solamente podrían realizar cierto tipo de obras con ese dinero y con constructoras favoritas que ellos les indicarían. Para acabarla, fueron AMENAZADOS que de no aceptar, bloquearían sus apoyos federales y les rechazarían las cuentas públicas de sus municipios, lo que les podría representar responsabilidad penal.

Y la gran vergüenza de ayer, hecha pública por Periódico ABC, donde se revela un acuerdo económico de 20 millones de pesos entre los operadores de negocios afectados por la Ley Antitabaco de Nuevo León

¿Hubo renuncias, culpables señalados o comparecencias en donde se les cuestionara o al menos exigiera la renuncia? Tampoco.

Y la gran vergüenza de ayer, hecha pública por Periódico ABC, donde se revela un acuerdo económico de 20 millones de pesos entre los operadores de negocios afectados por la Ley Antitabaco de Nuevo León con los diputados para lograr una reforma en donde permita fumar en espacios cerrados dentro de establecimientos como restaurantes, bares y discotecas; misma reforma que de hecho aprobaron en diciembre del año pasado los diputados, pero que fue oportunamente detenida por el veto del Gobernador. Así es, de no ser por el Gobierno Independiente, el Congreso ya habría vendido el derecho a la salud de los nuevoleoneses por unos milloncitos.

Yo no sé si habrá renuncias, culpables o comparecencias en donde los diputados respondan a estos cuestionamientos, pero lo que sí sé como abogado, es que los diputados son los ÚNICOS funcionarios de todos los poderes de Nuevo León que prácticamente gozan (y abusan) de inmunidad total sobre sus acciones.

Como tienen fuero, no se les puede iniciar una acción penal, salvo que sean desaforados. ¿Y quién decide si se desafora o no a un funcionario? Los diputados.
De igual forma, ¿quién decide sobre el inicio o no de un juicio político contra un funcionario? Los diputados.

¿Cómo ven? ¿Estaremos condenados a funcionarios que además de no rendirle cuentas a nadie, creen sus propias reglas y se autojuzguen? ¿O ustedes qué sugieren?

Así es: La Constitución Estatal (que ellos mismos modifican a su voluntad, sin intervención de nadie más), establece que la única manera de sancionar a un diputado es si ellos mismos se autojuzgan.

¿Cómo ven? ¿Estaremos condenados a funcionarios que además de no rendirle cuentas a nadie, creen sus propias reglas y se autojuzguen? ¿O ustedes qué sugieren?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Las implicaciones del Mando Único Policial

by Rodolfo Gómez Acosta
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Hace poco más de un año el Ejecutivo envió al Legislativo una propuesta para la creación de un mando único policial en cada uno de los estados, con esto se busca crear economías de escala para alcanzar mayor equipamiento y capacitación, así como mantener una sola línea que dirija los esfuerzos de combate del crimen organizado y prevención del delito. La consolidación del mando único se ha dificultado porque actualmente existen más de 1800 grupos policiales, operados por los municipios del país, lo que implica un esfuerzo importante de coordinación en el interior de los estados.

Existen opiniones diversas referentes a las implicaciones de la consolidación de las policías municipales en las entidades.

Por un lado están quienes opinan que esto puede fortalecer a las fuerzas policiales, aplicando los recursos en una misma dirección y combatiendo con mayor fuerza las infiltraciones dentro de estos grupos. Pero hay quienes opinan que los municipios son los que conocen de cerca los problemas de seguridad que enfrenta la población y por lo tanto son ellos quienes deben de tener a su cargo la administración de la policía.

Considero que tener un mando único otorga ventajas importantes para los estados, pero es importante no perder de vista las implicaciones económicas que esto puede tener. Muchos municipios del país no cuentan con los recursos necesarios para capacitar y equipar a sus elementos policiales y la creación del mando único exigirá que los estados destinen dinero para estos conceptos. Las entidades no tendrán los beneficios que esperan con la creación del mando único si no están preparados económicamente para asumir el gasto que representa la consolidación de las policías municipales.

En Nuevo León hemos sido testigos de los buenos resultados que se obtienen cuando a nivel estatal se tiene una policía equipada, capacitada y con estrictos procesos de reclutamiento.Pero esto ha representado un importante gasto para el Gobierno del Estado, que no sólo se detona en el momento de la implementación, sino que se mantiene como parte del gasto corriente de año con año.

Para la creación de un mando único en Nuevo León, los municipios tendrían que ceder al Estado la operación de sus policías municipales y los recursos con los que actualmente operan.

No obstante, estos recursos de los municipios no bastarían para alcanzar el nivel de calidad que se espera que tenga el cuerpo policial estatal, por lo que el Estado tendría que encontrar la forma de destinar mayores recursos que los que actualmente se aportan para el tema de seguridad.

La creación de 32 grandes grupos policiales en el país no será posible sin el apoyo económico de los tres órdenes de gobierno, no solo se trata de unificar los grupos policiales de los municipios, sino de crear toda una estrategia para mejorar las condiciones que tienen estos grupos. El establecimiento de un mando único en cada estado es una estrategia de seguridad de mediano y largo plazo que puede mejorar el nivel de seguridad de las entidades, pero para ello es importante que los gobiernos estén preparados para el impacto que tendrá sobre las finanzas de los gobiernos subnacionales.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”